Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121632
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declaran nulos de oficio el veredicto de fs. 186/190 y la sentencia de fs. 191/198 y se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, renueve los actos procesales necesarios y dicte nuevo pronunciamiento.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.632, "Poledo, Jorge Raúl contra Temis Lostalo S.A. Indemnización por clientela", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la demanda deducida, con costas (v. fs. 186/198).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 208/221 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio el veredicto de fs. 186/190 y la sentencia de fs. 191/198?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Jorge Raúl Poledo contra Laboratorios Temis Lostalo S.A., y condenó a esta última a abonarle al actor la suma de dinero que indicó en concepto de indemnizaciones previstas en los arts. 14 de la ley 14.546 y 9 punto 4 de la ley 10.851, con más los intereses que fijó a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "home banking" (v. fs. 186/198).
II. La parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 16, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 163 inc. 6, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 208/221 vta.).
III. Corresponde responder en forma afirmativa al interrogante planteado.
III.1.a. Es dable advertir que si bien el magistrado Reynaldo Domingo Simone integró el órgano jurisdiccional de grado al celebrarse en autos la audiencia de vista de la causa (v. fs. 185) y nominalmente figura emitiendo su sufragio en las cuestiones que se plantearon para resolver en el veredicto, no lo ha suscripto (v. fs. 190), deficiencia que justifica la anulación oficiosa del pronunciamiento.
III.1.b. Es doctrina reiterada de esta Corte, que la ausencia de firma de uno de los magistrados que figura en el veredicto como integrante del tribunal de trabajo y emitiendo su voto, constituye transgresión a la cláusula del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto el pronunciamiento no puede considerarse emanado del órgano jurisdiccional que específicamente estructura la ley (art. 44 incs. "c", "d" y "f", ley 11.653; causas L. 66.887, "Rojas", sent. de 14-VII-1998; L. 70.604, "Machado", sent. de 29-IX-1998; L. 82.360, "Datola", sent. de 8-VIII-2008; L. 100.649, "Gimenez Bobadilla", sent. de 6-X-2010; L. 117.962, "Zandomenighi", sent. de 2-III-2016 y L. 120.317, "Rivera Molina", sent. de 21-XI-2018).
Es que con arreglo a lo que determina la citada norma constitucional, los magistrados que componen los tribunales de trabajo deben expedirse en todas las cuestiones esenciales sometidas a su decisión, siendo necesario que concurra la mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas. De lo expuesto se colige que no existe fallo si no votan los tres miembros del tribunal colegiado en el proceso determinado por la ley 11.653.
III.1.c. Corresponde señalar, además, que las consecuencias de la omisión en el veredicto de la firma de uno de los jueces que integran el tribunal de trabajo no se subsanan por la circunstancia de que dicho magistrado hubiere firmado luego la sentencia (v. fs. 196 vta./198), ni tampoco, con la certificación del actuario (v. fs. 198), atento que la exigencia constitucional se encuentra dirigida directamente a los jueces, obligación que no es delegable en ningún otro funcionario (art. 168, Const. prov.; causas citadas L. 70.604; L. 82.360; L. 100.649 y L. 87.474, "Luna", sent. de 7-V-2008).
III.2. Por último, convencido que la nulidad que conllevan este tipo de infracciones no resulta gratuita para los justiciables al prolongar más allá de lo razonable los procesos judiciales, me veo en la obligación de requerir a los miembros del tribunal de trabajo interviniente y a su secretaria extremo celo en el cumplimiento de los requisitos formales exigibles a los pronunciamientos y decisiones que emita el tribunal.
IV. En consecuencia, corresponde anular oficiosamente el pronunciamiento de grado y remitir la causa al tribunal de origen para que, debidamente integrado, renueve los actos procesales necesarios y dicte un nuevo pronunciamiento conforme los requerimientos constitucionales y legales aplicables.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declaran nulos de oficio el veredicto de fs. 186/190 y la sentencia de fs. 191/198 y se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, renueve los actos procesales necesarios y dicte nuevo pronunciamiento.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2020 19:26:04 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 17/07/2020 08:50:37 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 17/07/2020 20:19:03 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 19/07/2020 11:51:50 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 21/07/2020 07:57:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia