Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75698
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.698, "C., S. M. contra Ministerio de Seguridad. Pretensión de Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Pettigiani, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- hizo lugar a la pretensión deducida por la señora L. R. C., en el carácter de curadora de su hermana S. M. C. y en su representación, contra la Provincia de Buenos Aires -Ministerio de Seguridad- (v. fs. 269/280 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-X-2018), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 285/286.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 295/297 vta.), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 290 y 298) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- hizo lugar a la pretensión deducida por la señora L. R. C., en el carácter de curadora de su hermana S. M. C. -en su representación- y, en consecuencia: i) anuló la resolución 1.989/09 dictada por el Ministerio de Seguridad, mediante la cual se dispusiera la baja de la actora por haber agotado el máximo de licencia por enfermedad, sin alcanzar los 2/3 de incapacidad para obtener el beneficio jubilatorio por invalidez (conf. art. 219 in fine , dec. 3.326/04); ii) reconoció su derecho a obtener la jubilación por incapacidad laborativa, para lo cual ordenó la intervención de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y iii) condenó a la demandada a abonarle -en concepto de indemnización- una suma equivalente al 45% de los salarios dejados de percibir, con más intereses.
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- la mayoría del Tribunal de Alzada, con base en las constancias de autos y las obrantes en la causa judicial de insania tramitada respecto de la actora (expte. 47.789/09, "C., S. M. s/ Insania y Curatela", Juzgado de Familia n° 5, del departamento Judicial de La Plata), consideró:
I.1. Improcedente la excepción de falta de legitimación activa articulada por la Fiscalía de Estado como defensa de fondo.
Para ello, ponderó la designación de la señora L. R. C. como curadora de su hermana S. M. C. -con carácter provisoria en julio de 2010 y definitiva el 18 de junio de 2014-, así como los alcances con que la misma fuera efectuada -en el marco de la manda del art. 152 bis del derogado Código Civil y en los términos del art. 468 de dicho plexo normativo-.
A todo evento, señaló que el planteo trasuntaría una cuestión encuadrable en la excepción de falta de personería en el representante, solo susceptible de ser articulada como defensa de previo y especial pronunciamiento (conf. art. 35 apdo. 1 inc. "b", CCA) y no como defensa de fondo, por lo cual, concluyó en su extemporaneidad.
A tal fin, meritó que la Fiscalía no postulaba que la señora S. M. C. no revistiera el carácter de titular de la relación jurídica sustancial, sino que aducía la insuficiencia o improcedencia del carácter de curadora de su hermana para representarla y demandar en autos a nombre de aquélla. En su aval, citó el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registrado en Fallos: 323:452 ("López", del 14-III-2000).
I.2. Luego, puntualizó que la cuestión a decidir comprendía -además del derecho actoral al goce de la jubilación por incapacidad y los haberes reclamados- la dilucidación de la legitimidad de la resolución 1.989/09, por medio de la cual se dispusiera la baja de la accionante en los términos del art. 219 in fine del decreto 3.326/04. A dicho respecto, señaló que la invocada firmeza de la causal de cese -reiterada por la demandada en su recurso- había precluido en el marco de la excepción previa de inadmisibilidad de la pretensión, oportunamente articulada y rechazada en ambas instancias.
I.3. Posteriormente, consideró insuficiente lo alegado por la accionada sobre la debida acreditación del exceso de licencias por enfermedad como causal de cese, para cuestionar lo resuelto por la jueza de grado en torno a la ilegitimidad de la resolución 1.989/09, con sustento en que el cese fue dictado durante el curso de una licencia médica y sin mediar informe de una junta especializada a la fecha de la baja, extremos que no encontró rebatidos por la recurrente.
Agregó, que la propia autoridad ministerial fundó el acto de cese en lo preceptuado por el art. 219 del decreto 3.326/04, el que justamente exige el previo dictamen de la junta referida para disponer la baja, con lo que tuvo por ajustada a derecho la ilegitimidad del acto de cese dispuesta en autos.
I.4. Por otro lado, convalidó lo resuelto por la jueza de grado al conceder el beneficio jubilatorio por incapacidad en virtud de lo normado por el art. 32 del decreto ley 9.650/80 -incapacidad producida dentro de los dos años siguientes al cese-, aplicable por conducto de lo dispuesto por el art. 54 de la ley 13.236 de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Recordó que en ese sentido se expidieron la Dirección Provincial de Personal, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado.
En este contexto y a la luz de las constancias obrantes en el expediente administrativo e informes médicos producidos en el juicio de insania, estimó demostrada la incapacidad determinante de la procedencia de la jubilación por invalidez.
I.5. Finalmente, ante la ilegitimidad del acto de baja, la Cámara consideró procedente -con base en doctrina de esta Suprema Corte- indemnizar a la actora por los daños materiales irrogados, confirmando el decisorio de grado en cuanto la fijó en un 45% de los salarios dejados de percibir, desde el momento del cese y hasta la fecha de otorgamiento del beneficio jubilatorio por invalidez.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-X-2018), en el que reitera argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia la violación y errónea interpretación de los arts. 152 bis del Código Civil, entonces vigente; 13 del Código Contencioso Administrativo; 219 del decreto 3.326/04; 32 del decreto ley 9.650/80 y 54 de la ley 13.236. Además, acusa absurdo valorativo.
II.1. En primer lugar, insiste en postular la falta de legitimación activa de la señora L. R. C. (quién se presentó en autos en el carácter de curadora de su hermana S. M. C.) afirmando que su función se limita a asistirla, pero no a representarla ni a sustituirla en juicio (art. 152 bis, Cód. Civ., entonces vigente).
En tal orden, manifiesta que, si bien la señora S. M. C. fue inhabilitada judicialmente en los términos del citado art. 152 bis, lo cual limitó su capacidad en lo relativo a la ejecución de actos de disposición de bienes que involucren valores de gran envergadura económica, lo cierto es que resultaría plenamente capaz para interponer la presente acción, ya sea por su propio derecho o por apoderado. A partir de allí, concluye que -en el caso-, la circunstancia de que no haya venido a juicio ni manifestado su voluntad en ese sentido, denota una deficiencia en torno a la legitimación activa y no -como reprocha al a quo - de falta de personería.
Finalmente señala que el precedente invocado por la Cámara (CSJN Fallos: 323:452, "López", resol. de 14-III-2000), confirma y abona su postura.
II.2. En segundo término, alega absurdo en la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de Alzada para confirmar la ilegitimidad de la resolución 1.989/09 y la procedencia de la jubilación por invalidez. Al efecto, afirma:
II.2.a. Que la causal de cese -agotamiento de licencia por enfermedad-, se encuentra debidamente acreditada y nunca estuvo controvertida. En esa línea señala que el cuestionamiento de la actora a la resolución 1.989/09 se dirigía exclusivamente a obtener un porcentaje mayor de incapacidad que autorice el otorgamiento de la jubilación por invalidez y el pago de los salarios caídos; advirtiendo que la nulidad alegada se vinculaba con la notificación de la resolución en cuestión.
II.2.b. Que, previo al acto de baja, se realizó la junta médica exigida por el art. 219 del decreto 3.326/04, dando cuenta de ello el dictamen del día 24 de junio de 2008 -realizado luego de verificado el agotamiento de las licencias por enfermedad-, que determinó un porcentaje de incapacidad laboral de la actora menor al exigido para acceder a la jubilación por incapacidad.
II.2.c. Que se concedió la jubilación por invalidez con base en dictámenes médicos obrantes en el juicio de insania de la actora que: i) nada dicen sobre su incapacidad laboral ni determinan un porcentaje al respecto; ii) son posteriores a la fecha de baja y no reflejan la situación de salud de la actora al momento en que se agotaron las licencias por enfermedad y iii) resultan inoponibles a su parte.
II.2.d. Que no se dan los presupuestos de aplicación del art. 32 del decreto ley 9.650/80 para el otorgamiento del beneficio en cuestión, en tanto el acto de cesantía se encuentra causado y no existen constancias de que la actora estuviere -o no- percibiendo algún otro beneficio previsional derivado de los organismos de la seguridad social.
II.2.e. Que resulta ilegítima la condena al pago de salarios caídos, pues el cese de la actora importó la imposibilidad de desempeñar tarea alguna en el ámbito de la administración pública. En su aval cita jurisprudencia de este Superior Tribunal y de la Corte federal.
Agrega que también obsta a ello la circunstancia de que la actora no solicitó la reincorporación al cargo, por lo cual -entiende- no existiría continuidad en el empleo que sustente el pago de los salarios dispuesto en la sentencia.
III. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
III.1. Este Tribunal ha señalado que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el recurrente insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados con suerte adversa ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que lejos están de patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia impugnada (doctr. causa A. 73.210, "Emar Salud S.R.L.", sent. de 18-IV-2018; e.o.).
Tal déficit exhibe la pieza recursiva, habida cuenta que los reproches que se presentan como agravios y causales de casación, no hacen más que reeditar argumentos ya desestimados en la causa, sin lograr un embate preciso que permita evidenciar el yerro en el razonamiento que funda la decisión impugnada.
III.2. En efecto, la Cámara compartió la conclusión a la que arribó la jueza de grado, para así desestimar la defensa opuesta por la Fiscalía de Estado y, de ese modo, pronunciarse a favor de la legitimación actoral para articular la demanda, ponderando para ello -a la luz de las constancias de autos y las obrantes en el juicio de insania- la designación de la señora L. R. C. como curadora de su hermana S. M. C., como así también los alcances con que la misma fuera efectuada.
De este modo, convalidó también la parcela del fallo de grado que estableció el marco normativo aplicable (conf. arts. 152 bis, 377, 380, 468, 471, 475, 481 y concs., Cód. Civ., entonces vigente y 13, CCA), y rechazó el agravio intentado.
Para más, meritó que -en la especie- no se encontraba controvertida la titularidad de la relación jurídica sustancial en cabeza de la señora S. M. C., sino que se aducía la insuficiencia o improcedencia del carácter de curadora de su hermana para representarla y demandar en autos a nombre de aquélla. En virtud de ello, y con cita del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 323:452, "López", indicó que el planteo trasuntaría -eventualmente- una cuestión encuadrable en la excepción de falta de personería en el representante, sólo susceptible de ser articulada como defensa de previo y especial pronunciamiento (conf. art. 35 apdo. 1 inc. "b", CCA) y que, habiendo sido planteada como defensa de fondo, resultaba extemporánea.
Frente a ello, la recurrente insiste en postular que la curadora no se encuentra legitimada para interponer la presente acción, ya que la inhabilitación judicial de la señora S. M. C., dispuesta en los términos del art. 152 bis del derogado Código Civil, no le impedía venir a juicio ni manifestar su voluntad en ese sentido y, con base en ello, cuestiona que se encuadre la cuestión como relativa a la falta de personería.
Como surge de lo expuesto, la recurrente no impugna los motivos que estructuran el pronunciamiento de la Cámara y deja, de esa forma, incólume su fundamento central, por el que luego de analizar las constancias de la causa y las obrantes en el juicio de insania, confirma la legitimación para actuar en los presentes obrados, con sustento en lo normado por los arts. 152 bis, 377, 380, 468, 471, 475, 481 y concordantes del Código Civil, entonces vigente.
En efecto, la demandada limita su ataque recursivo a reproducir en esta instancia extraordinaria planteos que ya fueron debidamente tratados en la instancia y da su propia interpretación de lo normado por el art. 152 bis de dicho cuerpo normativo. Tal embate, lejos de dar las razones por las que la interpretación de la Cámara resulta absurda o no se ajusta a los preceptos del derecho aplicables en la materia, parte de su propia interpretación, la que contrapone a la seguida por el Tribunal de Alzada.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si los argumentos utilizados en la sentencia no han sido adecuadamente rebatidos por el quejoso, habiéndose limitado a discrepar con la solución adoptada en la sentencia impugnada (doctr. causa A. 71.745, "Barrera", sent. de 9-V-2018; e.o.).
También se ha señalado que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que desinterpreta los términos expuestos por la Cámara, parte de premisas erróneas o contrapone argumentos dogmáticos, limitándose a disentir con las conclusiones del fallo (doctr. causas C. 120.605, "Guzmán", sent. de 7-III-2018; C. 121.912, "Cos", sent. de 26-XII-2019; e.o.).
Para más, frente a esta parcela del decisorio, era tarea de la recurrente impugnar debidamente la apreciación de la Cámara interviniente por la que consideró que -en rigor- la defensa intentada se sustentaba en la falta de personería puesto que no se impugnó la titularidad de la relación jurídico sustancial sino solo la representación, teniendo -sobre ese postulado- a la defensa intentada como extemporánea (conf. art. 35 apdo. 1 inc. "b", CCA). Al respecto, cabe advertir que ese valladar sólo puede ser sorteado por esta Suprema Corte frente a la denuncia y acreditación de absurdo, extremo no cumplido en el particular.
III.3. Igual suerte adversa debe correr el planteo dirigido a tildar de absurda la sentencia impugnada, por cuanto confirma la declaración de ilegitimidad de la resolución en crisis y otorga la jubilación por invalidez.
En este punto el recurso tampoco cumple con la carga técnica que es requerida en la instancia extraordinaria que se pretende transitar.
Así, el desarrollo que sobre la cuestión se intenta en la pieza recursiva exhibe un criterio disímil al del juzgador en la fijación de los hechos litigiosos y en la valoración de la prueba, limitándose a denunciar el apartamiento de la Cámara de las constancias probatorias de la causa, sin lograr demostrar que la misma haya incurrido, al dictar la sentencia, en un error grosero y manifiesto, que supere lo meramente opinable y que permita el ingreso de este Tribunal en el conocimiento de cuestiones propias de los jueces de la causa.
En efecto, la recurrente refiere que el a quo incurrió en absurdo y, para ello, sostiene: i) que la causal de cese -exceso de licencia por enfermedad- no se encuentra controvertida y surge acreditada; ii) que se descalificó el dictamen médico realizado previo a la baja (conf. art. 219, dec. 3.326/04); iii) que la incapacidad se funda en dictámenes obrantes en el juicio de insania, que nada prueban al respecto, son posteriores a la baja y le resultan inoponibles; iv) que no se dan los presupuestos de aplicación del art. 32 del decreto ley 9.650/80 y v) que la baja impide el pago de los salarios caídos.
Ninguno de estos reproches evidencia la presencia de un supuesto de absurdo. Veamos:
III.3.a. Con relación al primer tópico, la Cámara ponderó -a la luz de las constancias de autos y en especial de las postulaciones de las partes- que la contienda abarcaba -además del reconocimiento del derecho a la jubilación por incapacidad y los haberes reclamados- la dilucidación de la legitimidad de la resolución 1.989/09 que dispusiera la baja de la actora. A dicho respecto, señaló que la invocada firmeza de la causal de cese -planteada también por la demandada en su apelación ordinaria- resultaba extemporánea por haber precluido en el marco de la excepción previa de inadmisibilidad, que oportunamente articulara y fuera rechazada en ambas instancias (v. fs. 274 in fine ).
Como surge de lo expuesto, en la impugnación se insiste con que no fue controvertida en autos la causal de cese, perdiendo de vista que la razón por la cual la Cámara rechazó ese agravio es por haber precluido la etapa procesal para hacerlo, calificación que no fue debidamente impugnada, por lo que llega firme a esta instancia extraordinaria.
En tal contexto, resulta aplicable la doctrina de este Tribunal por la cual ha señalado que las cuestiones debatidas que arriban firmes a la instancia extraordinaria quedan excluidas de la revisión de esta Suprema Corte y conducen al rechazo del recurso extraordinario (doctr. causa A. 74.831, "Fontana", sent. de 8-V-2019).
Siendo ello así, el tópico en cuestión no puede ser abordado en el presente recurso, lo que me releva de ingresar a su consideración (art. 279, CPCC).
III.3.b. Tampoco tendrá acogida favorable la crítica tendiente a cuestionar la declaración de ilegitimidad de la resolución 1.989/09, sustentada en que no se habría ponderado adecuadamente el dictamen médico previo.
Ello en tanto, el Tribunal de Alzada ponderó que la impugnación no rebatía ni cuestionaba la conclusión a la que arribara la iudex -y que compartía- en relación a que al dictarse el acto de baja con fecha 15 de mayo de 2009, la actora se encontraba cursando una licencia de 30 días de Reposo Ambulatorio Terapéutico, que la Junta de Reconocimientos Médicos le otorgara con fecha 5 de mayo de 2009, así como que en esa misma oportunidad dicha junta dispuso citarla para una nueva evaluación médica a realizarse el día 5 de junio de 2009, como la falta -en ese particular contexto- del dictamen previo de la junta médica requerido por la normativa aplicable (conf. art. 219, de
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