Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121025
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.025, "Antúnez, Laura Marcelina contra Pepsico de Argentina S.R.L. y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, de Lázzari, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 339/354 vta. y aclaratoria de fs. 366/368 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 373/392 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que aquí interesa, el tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por la señora Laura Marcelina Antúnez y condenó a Pepsico de Argentina S.R.L. al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización por antigüedad y preaviso, haberes adeudados, vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales al año 2010, así como las indemnizaciones previstas en los arts. 53 ter de la ley 11.653; 8 de la ley 24.013; 15 de la ley 25.013; 80 y -por mayoría- 275 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, condenó a la citada demandada a entregar el certificado previsto en el art. 80 de la ley 20.744. En cambio, rechazó en todas sus partes la demanda contra Servicios Temporarios S.A.
Dispuso luego, que a los importes de condena se le adicionaran intereses, desde que cada obligación se hizo exigible, a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en depósitos a treinta días en los distintos períodos de aplicación hasta que quede firme o ejecutoriada la sentencia (v. fs. 339/354 vta. y aclaratoria de fs. 366/368 vta.).
II. La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad, la violación del derecho de propiedad del acreedor amparado por el art. 17 de la Constitución nacional y de la "doctrina" emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 373/392 vta.).
II.1. Inicialmente, en lo atinente a la admisibilidad del medio de impugnación, sostiene que, al estar en juego la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, se justifica la intervención del Tribunal Superior de la Provincia para agotar la instancia local, sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales (v. fs. 374 in fine ).
En tal sentido, afirma que los fallos del Máximo Tribunal "deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario que deberá ser articulado contra la decisión adversa a ella emitida por el Tribunal superior de la causa que en autos no es otro que la Suprema Corte de la Provincia" (fs. 374 vta.).
Expresa, a su vez, que esta Corte ha concedido efectos vinculantes a los pronunciamientos emanados de la Corte federal. A tales fines, invoca lo que a su criterio constituyen las pautas sentadas en la causa Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1997; v. fs. 375 y vta.).
II.2. En lo medular de su crítica, se agravia de la tasa de interés aplicada por el tribunal de origen al capital de condena.
En ese orden, manifiesta que mediante la aplicación de las "tasas de interés" -ya sean activas o pasivas- los tribunales inferiores actualmente han favorecido la "licuación" de las deudas de quienes incumplen sus obligaciones económicas y financieras, afectando el valor adquisitivo final de los créditos de quienes deben recurrir a la justicia para cobrarlos (v. fs. 376 vta./377 vta.).
Aduce que si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado fallos progresistas, los mismos han sido desvirtuados por la Suprema Corte, al permitir que aquellas doctrinas sean desnaturalizadas por la inflación (v. fs. 378).
Seguidamente, tras reiterar la inaplicabilidad de la tasa pasiva de interés en los juicios laborales, cita en apoyo de su postura los precedentes S.722.XXIV "Simonet, Mario A. c/ La primera de Ciudadela S.A. s/ Despido" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV "Chaine, Gerardo M. c/ ODE S.A. s/ Despido" (sent. de 13-X-1994) del Máximo Tribunal federal y afirma que la doctrina emanada de aquellos considera como créditos alimentarios a todos los que reclaman los trabajadores ante los tribunales del fuero del trabajo (v. fs. 379 y vta.).
Continúa señalando que la aplicación de la mencionada tasa de interés no otorga ningún interés real y positivo, por cuanto es muy inferior a la inflación que sacude a nuestra economía, la cual -alega- ni siquiera cubre la depreciación monetaria, afectando gravemente el poder adquisitivo de la accionante (v. fs. 379 vta.).
Con el objeto de acreditar el perjuicio invocado, el recurrente cuantifica el crédito de autos aplicando un "coef. ajuste por depreciación monetaria (419,79%)" e intereses al 15% anual como los que se aplicaban en épocas de estabilidad plena, siendo esta una de las posibilidades que expone para evitar la confiscación de los créditos alimentarios del acreedor laboral (v. fs. 383 vta. y 384).
Concluye que la aplicación de tasas de interés fuertemente negativas es un hecho de gravedad institucional, por cuanto despoja al actor de gran parte del poder adquisitivo de su crédito y lo deja durante largos años sin interés alguno, violándose el derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional (v. fs. 384 vta./385 vta.).
A tenor de lo expuesto, propone tres métodos a fin de evitar la confiscación -a favor del deudor- de los créditos alimentarios del acreedor laboral: i) a través de la indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 23.561 (v. fs. 386/388); ii) fijando una tasa que otorgue un rendimiento positivo puro de interés del 918,73% sobre el monto nominal de condena (v. fs. 1.005 vta.) y; iii) en caso de que se utilicen intereses bancarios, aplicando la tasa activa con capitalización periódica de intereses prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 388/389 vta.).
A continuación, afirma que la sentencia atacada vulnera los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil -ley 340-; 768, 769, 770 y 1.738 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 389 vta./390 vta.).
Para finalizar, ratifica su tesis respecto a la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema, citando opinión doctrinal en apoyo de su postura (v. fs. 390 vta./391 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, verificándose que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141- (Acordada 3.840/17), pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones con las que la recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002; L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007 y L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014).
III.2. Ingresando al tratamiento del agravio que define el contenido de la crítica; -y sin perjuicio de señalar que lo transcripto por la interesada en lo relativo al precedente de este Tribunal Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1997) para justificar el "carácter vinculante" que le atribuye a los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación corresponde sólo a la opinión personal de uno de los ministros votantes en la mencionada causa-, se advierte una errada lectura por parte de la recurrente de los fallos del más Alto Tribunal del país individualizados como S.722.XXV "Simonet" (sent. de 4-X-1994) y C.161.XXV "Chaine" (sent. de 13-X-1994), toda vez que en ellos, en modo alguno se pronunció por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma. Lo dicho por la quejosa -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse, en verdad, en los votos en disidencia -y que no conformaron la postura mayoritaria- formulados en ambos casos por el entonces ministro doctor Fayt.
III.3. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el planteo traído por el quejoso como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, pretende sustentarse en una tesis que colisiona con el criterio adoptado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012), y ello sin que se aporten nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la citada doctrina.
III.4. A su turno, el planteo afincado en que el tribunal de origen debió aplicar la capitalización de los intereses prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial, también debe ser desestimado.
III.4.a. En oportunidad de presentar su alegato, la parte actora solicitó la aplicación del art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial. Expresó allí que "...se deben capitalizar los intereses devengados desde la mora y hasta la notificación de la demanda (art. 770 inc. 2 Cód. Civil y Comercial Unificado). Que a partir de allí se deben capitalizar los intereses mensualmente. En efecto, el art. 770 del Código Civil y Comercial unificado autoriza el anatocismo para el caso de los créditos demandados judicialmente. Dicha norma agrega que la 'acumulación' opera desde la fecha de la notificación de la demanda. Al decir 'opera' lo que la ley afirma es que desde allí corresponde la capitalización de intereses: desde la mora y hasta la notificación de la demanda los intereses se calculan sobre el capital histórico sin acumulación. A partir de la notificación la acumulación se vuelve operativa y debe producirse hasta el momento del efectivo pago. Como la ley no establece con qué periodicidad deben capitalizarse los intereses, creo que debe hacerse mensualmente..." (fs. 332 vta.).
En la sentencia, el órgano de grado rechazó aquel planteo formulado por la accionante, con sustento en la doctrina legal de esta Corte, en cuanto establece que "hasta el 31 de julio de 2015 se aplicaban las disposiciones del Código Civil y a partir del 1 de agosto de 2015 la nueva normativa".
El traslado de la demanda a las coaccionadas -prosiguió- fue efectuado el 21 de agosto de 2013 -ver fs. 73- y el 27 de agosto de 2013 -ver fs. 166,- fecha en la que el dispositivo invocado no estaba vigente. Luego, concluyó que -con arreglo a la doctrina emergente del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016)- la argumentación de la actora en relación al art. 7 del Código Civil y Comercial no era correcta (v. fs. 349 vta.).
Por tanto, juzgó que dicha capitalización no era aplicable al caso de autos.
Posteriormente, en su pieza recursiva, la impugnante insiste en la aplicación del mentado art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial. Plantea allí que -previa declaración de inconstitucionalidad del art. 623 del Código Civil de Vélez Sarsfield por violación del art. 17 de la Constitución nacional- se deben capitalizar mensualmente los intereses devengados desde la mora y hasta el 1 de agosto de 2015, fecha a partir de la cual se deben capitalizar los intereses mensualmente. En efecto, entendió que "...el art. 770 del Código Civil y Comercial unificado autoriza el anatocismo para el caso de los créditos demandados judicialmente. Dicha norma agrega que la 'acumulación' opera desde la fecha de la notificación de la demanda. Como en este caso la norma no estaba en vigencia al momento de la notificación de la demanda, corresponderá que la capitalización prevista en la norma opere a partir del 1.08.15. Al decir 'opera' lo que la ley afirma es que desde allí corresponde la capitalización de intereses: desde la mora y el 1.08.15 los intereses se calcularán de acuerdo a lo pedido precedente. A partir del 1.08.15 la acumulación se vuelve operativa y debe producirse hasta el momento del efectivo pago. Como la ley no establece con qué periodicidad deben capitalizarse los intereses, creo que debe hacerse mensualmente, previa declaración de inconstitucionalidad en este aspecto, del art. 770 inciso 'a' del Código Civil y Comercial. Sin embargo ello también conduce a resultados confiscatorios. Por ello esta norma también es inconstitucional..." (fs. 389 y vta.).
III.4.b. Corresponde destacar -entonces- que frente al fracaso de su pretensión inicial, cual era considerar la aplicación del mentado artículo a partir de la notificación de la demanda, procura -ahora- reconducir en esta instancia casatoria con renovados fundamentos, su posición anterior.
En tal sentido, este Tribunal ha declarado que no resulta atendible el agravio que se sustenta en una circunstancia o pedimento diferente del que fuera presentado ante los jueces de grado, porque sólo traduce el intento extemporáneo de modificar en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el enfoque, alcance y dimensión con que las cuestiones fueron articuladas en la sede ordinaria (causas L. 117.725, "Giribaldi", sent. de 10-VIII-2016; L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; e.o.).
III.4.c. Para mayor satisfacción de la recurrente, he de agregar que las restantes argumentaciones esbozadas en el recurso bajo examen tampoco resultan suficientes para conmover las esenciales motivaciones expresadas por el órgano de grado para disponer el rechazo de su petición.
III.4.d. Finalmente, cabe recordar que la opinión de autores no constituye la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 119.683, "Pineda Muñoz", sent. de 14-VI-2017 y L. 119.604, "Altamirano", sent. de 21-VI-2017).
III.5. Definido lo anterior, también corresponde desestimar el agravio por el que se cuestiona la tasa de interés moratorio que aplicó el sentenciante al monto de condena.
Al efecto, debe señalarse que esta Suprema Corte en las causas L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016); L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016) y L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016) -entre muchos- resolvió -por mayoría- que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital , mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Siendo así, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado se ajusta a la doctrina legal de esta Corte, por lo que corresponde desestimar la réplica en este tramo.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan y remito, en lo pertinente, a lo resuelto en los precedentes L. 121.303, "Vargas"; L. 120.898, "Albarracín" (sents. de 12-II-2020); L. 121.678, "Huide" (sent. de 26-V-2020) y L. 121.746, "Medina" (sentenciada en la misma fecha); entre otras.
Con el alcance expresado, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por la doctora Kogan en los puntos III.1., III.2., III.3., y III.4. de su voto.
II. En lo concerniente a los intereses que corresponde aplicar sobre el capital de condena, habré de señalar que tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
III. No obstante lo expuesto, y en atención a los agravios traídos, he de formular algunas consideraciones adicionales.
En el caso, la recurrente alude a la tasa de interés fijada por el tribunal de origen con los dicterios de "despojo", "violatoria del derecho de propiedad", "confiscatoria", etcétera. Prefiere (v. fs. 386 y sigs.) que se declare la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y sus modificatorias, o bien que se fije discrecionalmente una tasa que otorgue un rendimiento positivo puro, o -tercera posibilidad- que se usen los intereses de las tasas restantes, sin definirse abiertamente por ninguna de las tres propuestas y presentar alguna como principal, reservando a las otras el carácter de subsidiarias.
Sin perjuicio de la respuesta adversa que debe darse a tales planteamientos, en mi caso con reserva de mi opinión personal, no puedo dejar de anotar algunas observaciones que me provoca el enjundioso discurso de la recurrente. En primer lugar, y tal cual se desprende de mis votos en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009), y tal como lo reafirmé en la causa L. 118.587, citada, es evidente que soy de la idea de que debe autorizarse al juez a fijar, con prudente atención de las circunstancias de la causa, la tasa a la que deberán estimarse los intereses, postura que no ha variado (en todo caso, se ha fortalecido) con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial.
Por otra parte, y así como podría estar de acuerdo con la recurrente en lo anterior, hay una cuestión en la que discrepamos claramente: no hay -ni puede haber- un silogismo sólido (sin importar que sea válido) cuando se parte de premisas falsas, y mucho menos un silogismo puede ser justo, que es un calificativo absolutamente inapropiado para un proces
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