Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121286
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.286, "Cantoni, María Rosa contra Provincia ART S.A. y otra. Indemnización por muerte (art. 248, LCT)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Kogan , Pettigiani, Genoud .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 412/428 y aclaratoria, fs. 436).
Se dedujo, por la accionante, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 437/445).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen, en lo que resulta de interés para resolver el presente, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por María Rosa Cantoni -madre y única heredera del señor Leandro César Rinaldi, quien falleciera en un accidente in itinere ocurrido el 29 de julio de 2012, cuando se dirigía a prestar servicios dependientes en favor del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires- y condenó a Unidos Seguros de Retiro S.A. (previo pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del art. 15 apdo. 2 seg. párr. de la Ley de Riesgos del Trabajo -LRT-, vigente al momento infausto) a abonar a la actora en un pago único y en forma de ley (art. 51 y sigs., ley 20.091), la prestación dineraria prevista en la normativa laboral citada (ley 24.557), con deducción de los pagos mensuales percibidos por la beneficiaria.
En cuanto a los intereses, juzgó que se calcularían a partir de la fecha de la sentencia, con fundamento en que hasta ese momento la norma cuestionada (art. 15 apdo. 2 seg. párr., LRT), no había sido tachada de inconstitucional en el caso (v. sent., fs. 423 vta.).
Asimismo, juzgó que -no obstante encontrarse Unidos Seguros de Retiro S.A. en proceso de ejecución forzosa- no correspondía, a los fines del pago, afectar el Fondo de Reserva estatuido por el art. 34 de la ley 24.557, atento no revestir aquella el carácter de aseguradora de riesgos del trabajo.
Con base en ello, rechazó la citación de la Superintendencia de Seguros de la Nación y declaró abstracto expedirse respecto de las demás excepciones opuestas por ésta (v. sent., fs. 424 primer párr.); con costas a la accionante, en calidad de vencida (art. 19, ley 11.653).
II. Contra el pronunciamiento de grado, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 19 de la ley 11.653; 1 apartado 1, 11 apartado 1, 19 apartado 2, 36 apartado 2, 75 segundo párrafo y 76 de la ley 24.557; 11 del Convenio 17 de la Organización Internacional del Trabajo y del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Halabi, Ernesto c/ PEN ley 25.873 y decreto 1.563/04 s/ amparo".
II.1. En primer lugar, se agravia de la sentencia de grado por cuanto, si bien declaró la inconstitucionalidad del art. 15 apartado 2 segundo párrafo de la ley 24.557 y condenó al pago único de la prestación allí prevista a Unidos Seguros de Retiro S.A., rechazó -en cambio- su cancelación a través del Fondo de Reserva normado en el art. 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo, ordenando se lo abone en forma de ley (art. 51 y sigs., ley 20.091), es decir -aclara la recurrente- acudiendo al proceso falencial dispuesto en la ley 20.091.
Entiende que, al resolver de este modo, el a quo consideró la indemnización por muerte del trabajador como cualquier deuda corriente de la compañía, tirando por tierra cualquier expectativa concreta de cobro por parte de la beneficiaria.
Aduce que la decisión cuestionada conculca el art. 11 del Convenio 17 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual prevé que las legislaciones nacionales establecerán las disposiciones que, de acuerdo con las condiciones particulares de cada país, sean más adecuadas para garantizar, en toda circunstancia, el pago de la indemnización a las víctimas de accidentes y a sus derechohabientes, y para garantizarlos contra la insolvencia del empleador o asegurador.
Afirma que, ante la falta de reglamentación del art. 19 de la Ley de Riesgos del Trabajo (dispositivo vigente al momento de ocurrencia del infausto -29 de diciembre de 2012- luego derogado por la ley 26.773 -B.O. de 26 de octubre de 2012-, que establecía que el Poder Ejecutivo nacional debía fijar la forma y cuantía de la garantía del pago de la renta periódica en caso de quiebra o liquidación de las compañías de seguros de retiro), el juzgador debió recurrir al procedimiento más rápido y efectivo, compatible con los principios que rigen en materia de reparación, protectorio y la naturaleza alimentaria del crédito en cuestión (art. 11 apdo. 1, ley 24.557).
En este orden, considera que el a quo debió resolver el referido vacío normativo, dentro del régimen especial de la Ley de Riesgos del Trabajo (art. 1 apdo. 1, ley 24.557) disponiendo -por aplicación analógica- la efectivización del crédito de la actora mediante el Fondo de Reserva creado por el art. 34 de la ley 24.557.
Cuestiona, también, el rechazo de la citación -en carácter de tercero- de la Superintendencia de Seguros de la Nación, con imposición de costas a su parte.
Alega, al respecto, que el a quo soslayó considerar que la Superintendencia de Seguros de la Nación, además de administrar el Fondo de Reserva de la Ley de Riesgos del Trabajo, es autoridad de contralor de las compañías de seguro de retiro, conforme lo establece el art. 36 apartado 2 de la ley 24.557, que remite a su vez a la ley 20.091.
II.2. Rebate, igualmente, el fallo en crisis, por haber dispuesto que los intereses debían correr a partir de la fecha de la sentencia definitiva y hasta el momento de su total y efectivo pago. Señala que, habiendo cesado Unidos Seguros de Retiro S.A. en el pago de la renta desde hacía varios meses -aún antes de su liquidación forzosa- debió considerarse que lo era desde momento que se tornaron exigibles, debiendo -por lo tanto- ser ese el punto a tener en cuenta para el inicio de su cómputo.
II.3. Finalmente, se agravia de la decisión de grado por cuanto impuso a la accionante las costas derivadas del rechazo de la citación de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Funda su réplica en el art. 19 de la ley 11.653, que faculta al juzgador a eximir -total o parcialmente- de su pago a la vencida, y que su parte pudo haberse considerado verosímilmente con derecho a litigar.
III. Entiendo que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe prosperar.
III.1. Para desestimar la pretensión de la actora de que su acreencia le fuera abonada a través del Fondo de Reserva instituido por el art. 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo, el tribunal actuante dio sus fundamentos en la cuarta de las cuestiones que se propusieran al acuerdo para dictar sentencia (v. fs. 424 y vta.).
Tales fundamentos pueden resumirse de esta manera: la Suprema Corte ha dicho en la causa L. 119.128, "Nuñez", sentencia de 23-XI-2016, que aquel fondo de reserva debe atender, de modo exclusivo, el pago de las prestaciones contempladas por la ley 24.557 cuando las aseguradoras dejaran de hacerlo en virtud de su liquidación. A ello se agregó: "[E]n el caso de Compañía obligada al pago de la acreencia actoral en los términos de los art. 15 apdo. 2, seg. párr. y 18 de la Ley de Riesgos de Trabajo 24.557, en los términos resueltos precedentemente, en proceso de liquidación judicial por liquidación forzosa, no es una ART y por cuya razón no podrá prosperar el mentado Fondo de Reserva previsto normativamente en distinta legislación (art. 34 LRT 24.557) a la que autoriza la creación de dichas Compañías aseguradoras (Ley 20.091) debiendo en consecuencia rechazarse la citación de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN como tercero en estas actuaciones..." (fs. 424 y vta.).
III.2. La nueva ley civil (art. 3, Cód. Civ. y Com.) exige que los pronunciamientos de los jueces sean razonablemente fundados. Este es un precepto (como los otros del capítulo inicial del nuevo Código) que va dirigido especialmente a los jueces: tienen el deber de que sus fallos, sentencias, resoluciones, pronunciamientos, etcétera, resulten respaldados por argumentos y razones capaces de justificar la decisión que han tomado. La expresión de tales argumentos y razones debe cumplir, en la mayor medida posible, con los tácitos presupuestos de racionalidad propios del uso del lenguaje entre los cuales se encuentra, ni más ni menos, que la intangibilidad.
No es necesario remontarnos a las profundidades de Habermas y su teoría de la acción comunicativa, ni revisar las reglas de Alexy para la racionalidad de los discursos argumentativos, para advertir que el lenguaje es un instrumento construido para la comunicación, el entendimiento y el acuerdo entre los hombres. En lo que ahora nos importa, las sentencias, aunque expresadas en un lenguaje técnico, deben informar, con claridad y transparencia, cuáles son las razones por las que se resuelve como se lo hace, dónde reside la atinencia -o la falta de conexión- de los argumentos que las partes han traído con el sentido de la resolución, por qué se aplica cierto texto normativo (sea una ley o, como en el caso, un precedente) y el sentido que se le otorga, etcétera. Sólo así la decisión que se tome podrá considerarse razonablemente fundamentada en los términos del art. 3 del Código Civil y Comercial.
El párrafo que he transcripto, donde las reglas y modalidades de la sintaxis castellana no han sido puntillosamente respetadas, incumple con tales exigencias del discurso racional, o -si se prefiere- con los recaudos insoslayables que impone la ley ritual (arts. 163 inc. 6, CPCC y 52, ley 11.653).
En efecto, ante la denuncia (v. fs. 216 y sigs.), por parte de la actora, de un hecho nuevo consiste en el estado de liquidación judicial de la aseguradora demandada y ante su puntual requerimiento para que se dispusiera el recurso más rápido y efectivo a fin de garantizar su crédito (y obtener el pago) a través del Fondo de Reserva, el tribunal dispuso la citación de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Probablemente en razón de una defectuosa redacción, en el punto XI de la sentencia resulta que tal citación es rechazada (¿se habrá querido decir que se rechazaba el reclamo?) según las razones volcadas en el párrafo transcripto.
Tales argumentos, sin embargo, no solo devienen insuficientes, sino que también resultan inválidos. Insuficientes, porque no resultan sino una afirmación meramente dogmática, que trasluce la falta de un examen detenido respecto del tema sometido a juzgamiento (causa L. 108.109, "Vanucci", sent. de 29-V-2013). La escueta fundamentación y la remisión que se efectúa en algún indeterminado precepto de la ley 20.091, distan de constituir un fundamento razonable para decidir el caso, provocando -de tal modo- un pronunciamiento absurdo y absolutamente desapegado de las especiales circunstancias del caso concreto de las alegaciones articuladas oportunamente por la parte interesada (causa L. 117.135, "Stadelman", sent. de 29-VIII-2017).
Inválidos, porque el precedente de esta Corte que se cita refiere a un caso que no guarda, con el que aquí se resuelve, las analogías indispensables como para que la doctrina que de él surge pueda serle aplicada. Baste observar que en la citada causa L. 119.128, se modificó una sentencia donde se condenaba al Fondo de Reserva a pagar, en forma solidaria con la empleadora, la reparación de unos daños reclamados con sustento en el derecho común, mientras que la pretensión de la aquí actora se funda en la ley 24.557, de riesgos del trabajo.
Lo expuesto resulta suficiente para revocar la sentencia impugnada.
Atento la solución que propicio, entiendo que no corresponde el tratamiento de los restantes agravios que formula la quejosa, por su directa vinculación con la parcela del fallo que se revoca.
IV. En virtud de las consideraciones vertidas, propicio hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y revocar la sentencia impugnada. Los autos deberán volver al tribunal de grado para que -integrado nuevamente con jueces hábiles- se renueven los actos procesales necesarios, y se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente.
Costas de esta instancia, atendiendo a cómo se resuelve, por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1.a. En lo que interesa, con sustento en los arts. 34 de la ley 24.557; 22 y 23 del decreto reglamentario 334/96; de la resolución 28.117/01 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y la doctrina legal proveniente de la causa L. 119.128, "Núñez" (sent. de 23-XI-2016), el tribunal de grado juzgó que las sumas de condena no debían ser abonadas mediante el Fondo de Reserva previsto en el referido art. 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Sostuvo que dicho instrumento se encuentra orientado a tutelar el debido cumplimiento de las prestaciones que tienen a su cargo las aseguradoras de riesgos del trabajo en los supuestos de liquidación con la finalidad de proteger los créditos de las víctimas de infortunios laborales derivados de la aplicación de la ley; que se trata de un órgano que debe atender el pago de las prestaciones contempladas en la ley de modo exclusivo por ser el propósito para el cual ha sido concebido y que a esos fines se le asignan recursos (v. sent., fs. 424).
Bajo ese análisis, considerando que en el caso la obligada al pago de la acreencia actoral (Unidos Seguros de Retiro S.A.) se encuentra en proceso de liquidación forzosa y no es una aseguradora de riesgos del trabajo, rechazó la pretendida solución amparada en el mentado Fondo de Reserva y el reclamo impetrado respecto de la Superintendencia de Seguros de la Nación (encargada de la administración del Fondo en cuestión), declarando abstracto el tratamiento de las demás excepciones opuestas por esta última, citó en este tramo de la resolución los arts. 31 y 63 de la ley 11.653 y 345 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 424 y vta.). Finalmente, condenó a la compañía de seguros de retiro a abonar la prestación dineraria debida conforme lo regulado en el art. 51 -y siguientes- de la ley 20.091 (v. fs. 425 vta.).
I.1.b. En tanto a ello se hace referencia en el sufragio que antecede, debo señalar liminarmente que no observo que corresponda efectuar reproche alguno a la sentencia de grado con sustento en la eventual infracción al art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial, menos aún si se recurre al art. 52 de la ley 11.653 (precepto que regula el trámite referido a las acciones que persiguen el cobro de créditos reconocidos por instrumento público o privado).
Recordando que la facultad revisora de esta Corte está circunscripta al contenido de la sentencia y la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso (causas L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016; L. 117.775, "J. Q., F.", sent. de 29-III-2017 y L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018), cabe destacar que la recurrente no ha formulado ningún cuestionamiento fundado en dichas normas.
Para más, aun cuando pueda ser opinable la redacción empleada en el pronunciamiento, es evidente -así también lo ha entendido la impugnante- que el tribunal de la instancia desestimó la pretensión antes descripta incoada contra la Superintendencia de Seguros de la Nación en el escrito obrante a fs. 216/227 y no su citación en sí, que fuere ordenada ésta durante la sustanciación del proceso y que trajo como resultado la efectiva incorporación del mentado organismo nacional (v. fs. 331/333; 348; 359/379; sent., fs. 424 y vta.). Sin analizar aquí su acierto, también se advierte que tal decisión estuvo motivada en el estudio que desplegó el a quo en torno a la estructura del Fondo de Reserva contemplado en el art. 34 de la ley 24.557 y la fisonomía de la persona jurídica obligada en estas actuaciones al pago de la prestación prevista en la mentada ley (en tanto dijo que se trataba de una compañía de retiros y no de una aseguradora de riesgos del trabajo), en una labor que lo condujo a juzgar aplicable -sin indeterminación- el art. 51 de la ley 20.091 (v. sent., fs. 425 vta.); ello indica que no nos hallamos frente a una decisión meramente dogmática y que por dicha razón la recurrente no ha estado imposibilitada de atacar sus argumentos, lo que al cabo hizo en el recurso en estudio.
I.1.c. Dicho lo anterior, limitado a la petición incorporada al proceso con el objeto de que se apliquen analógicamente las pautas previstas en el art. 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo, entiendo que no es de recibo el agravio traído contra lo decidido al respecto en el fallo.
Las conclusiones del sentenciante, sintetizadas en párrafos anteriores, no logran ser rebatidas por el recurrente, quien se limita a reeditar los argumentos expuestos en la instancia para fundar aquel pedimento, pero sin concretar una crítica concreta y eficaz a lo decidido en el pronunciamiento en crisis (causas L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016; L. 119.529, "Williman", sent. de 18-X-2017 y L. 119.644, "Salas", sent. de 6-II-2019).
Alejándose de la línea reflexiva expuesta por el tribunal, la recurrente sólo exterioriza su mera discrepancia personal, ofrece una opinión que no resulta apta para evidenciar que la definición que porta el fallo sea representativa de algunas de las infracciones a las que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial. En lo fundamental, no se encarga de atacar idóneamente aquel cardinal argumento que indica que no siendo en autos una aseguradora de riesgos del trabajo la obligada al pago de la prestación debida a la accionante no cabe aplicar la solución que contiene el régimen de infortunios laborales recurriendo al Fondo de Reserva. Ello, en el marco de la doctrina de esta Corte, marca la insuficiencia del recurso (causas L. 94.481, "Villalba", sent. de 15-VII-2009; L. 104.897, "Serra", sent. de 13-VII-2011 y L. 119.143, "Correa", sent. de 29-III-2017).
Mereciendo similar reflexión la falta de consideración en el recurso de la doctrina que emana de la causa L. 119.128, empleada por el juzgador de la instancia (citada inicialmente); refuerza la conclusión antes expuesta la omisa denuncia de violación del art. 51 de la ley 20.091, norma sobre la cual terminó de estructurarse esta parcela de la sentencia (causas L. 104.698, "Crizaldo", sent. de 26-IX-2012; L. 116.001, "Cabral", sent. de 26-III-2015 y L. 120.519, "Barbas" sent. de 28-XI-2018).
I.2. No es atendible lo expuesto por la quejosa respecto a la fecha a partir de la cual Unidos Seguros de Retiro S.A. habría incurrido en mora en el marco de lo resuelto por el tribunal al fijar intereses.
Es que en ella la impugnante pretende la revisión de una cuestión fáctica y sin embargo no denuncia la eventual concurrencia del vicio de absurdo, lo que sella su suerte adversa (causas L. 80.710, "Rodríguez", sent. de 7-IX-2005 y L. 97.914 "Iturralde", sent. de 7-III-2012).
I.3. Tampoco es de recibo el agravio vinculado con las costas.
Si frente al resultado del pleito el a quo juzgó que éstas debían imponerse a quien resultó derrotado y no hacer uso de la facultad que le concede el segundo párrafo del art. 19 de la ley 11.653, no corresponde entonces que esta Corte sustituya el criterio del sentenciante de grado (causas L. 82.645, "Lescano", sent. de 24-V-2006; L. 94.975, "Sassani", sent. de 24-VI-2009 y L. 101
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