Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 120917
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique la liquidación que corresponda.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.917, "Chávez, Héctor contra Argencraft S.A. y otro/a. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza acogió la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 390/411 vta.).
Se dedujeron, por Provincia ART S.A. y Argencraft S.A., sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 426/437 vta. y 439/443 vta., respectivamente), los que fueron concedidos por el citado tribunal a fs. 453/454 vta. Sin perjuicio de ello, el último de los mencionados fue rechazado por esta Suprema Corte mediante resolución de fs. 473/474, por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Héctor Chávez y condenó a Argencraft S.A. a abonar la suma que estimó en concepto de reparación integral como consecuencia de las secuelas incapacitantes contraídas en el desempeño de sus labores. Asimismo, dispuso -por mayoría- que Provincia ART S.A. debía otorgar, en los límites que surgen del contrato de afiliación, las prestaciones dinerarias previstas por las leyes 24.557 y 26.773. En ambos casos, con más $3.900, correspondiente al costo del tratamiento psicoterapéutico.
Para así decidir, tras analizar el material probatorio aportado al proceso, el a quo tuvo por acreditado que Chávez padece hipoacusia perceptiva bilateral por trauma acústico y reacción vivencial anormal neurótica grado II, que lo incapacitan en un 20,5% del índice de la total obrera, relacionadas con las tareas cumplidas para su empleador (v. vered., primera y segunda cuestión, fs. 390 vta./392).
Frente a los términos en que quedó trabada la litis y en ausencia de otra prueba, resolvió que el actor "tomó cabal y definitivo conocimiento de las minusvalías que lo aquejan", el día 19 de diciembre de 2013, en ocasión de otorgar la carta poder a su letrado para iniciar la demanda (v. vered., segunda cuestión, fs. 392).
En la etapa de sentencia, el órgano de grado juzgó verificados los presupuestos de la responsabilidad civil objetiva y subjetiva de Argencraft S.A. en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación y -por mayoría- cuantificó el resarcimiento según las pautas que fija dicha normativa (v. sent., fs. 406 vta./407 vta.).
Luego, en lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, el tribunal de grado desestimó la responsabilidad civil extracontractual endilgada a la aseguradora de riesgos del trabajo y determinó la prestación dineraria que debía afrontar en los límites del contrato de afiliación suscripto con la empresa codemandada. Así, sostuvo que con arreglo a las pautas de la ley 24.557, el cálculo era el siguiente: 53 x $12.659,81 x 20,5% x -65/57-, el cual arrojaba la suma de $156.805,67 (art. 14 apdo. 2 inc. "a"; v. sent., fs. 405 y vta.).
A dicho monto, adicionó el porcentual indemnizatorio (20%) del art. 3 de la ley 26.773 -$31.361,13-, arribando a un total de $188.166,80 (v. sent., fs. 405 y vta. y 408).
Posteriormente, consideró -también por mayoría- que este último importe debía ser incrementado por conducto del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Para ello tuvo en cuenta un coeficiente de 2,19 (entre diciembre de 2013 y agosto de 2016) y recompuso el capital de condena a cargo de Provincia ART S.A., hasta alcanzar la suma de $413.180 ($188.666,88 x 2,19; v. sent., fs. 408 y vta.).
También, ordenó abonar a ambas demandadas la suma de $3.900 para los gastos del tratamiento psicoterapéutico al que debía someterse el actor (v. sent., fs. 406 y 408 vta.).
Finalmente, dispuso aplicar intereses sobre el capital de condena desde la fecha de toma de conocimiento de la afección incapacitante, con arreglo a la tasa pasiva "digital" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (v. sent., fs. 409).
II. Contra dicho pronunciamiento, el apoderado de Provincia ART S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la apreciación de la prueba y arbitrariedad (v. fs. 426/437 vta.).
II.1. En primer lugar, controvierte que el tribunal de grado estableciera como "fecha de toma de conocimiento de la incapacidad del trabajador" el día 19 de diciembre de 2013 y con ello, el ingreso base para calcular las prestaciones y la ley aplicable al caso (v. fs. 430 vta. y 431).
Alega que tal decisión transgrede el principio de congruencia, toda vez que el a quo se apartó de lo denunciado por el actor en la demanda, en la que situó tal momento el día 20 de agosto de 2012, es decir, con anterioridad a la fecha establecida en el fallo de grado (v. fs. 431).
Agrega que esta última circunstancia fue corroborada tanto por la pericia contable, que determinó un ingreso base de $8.629,52 al mes de agosto de 2012, como por la experticia médica, que fijó esta última fecha como de toma de conocimiento de la afección. Sin embargo -continúa-, el tribunal se apartó de lo consignado en ambos peritajes incurriendo en absurdo (v. fs. cit.).
En tales condiciones, entiende que el criterio utilizado por el juzgador es erróneo, dado que -por un lado-, determinó la aplicación de la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) a un evento ocurrido con anterioridad a su entrada en vigencia; y -por el otro-, incrementó la cuantía de la prestación dineraria que originariamente hubiera estado a su cargo, elevándola de $110.806,96 (53 x $8.629,52 x -65/55- x 20,5%) a $156.805 (v. fs. cit.).
Manifiesta que dicha decisión contraviene las garantías constitucionales del debido proceso y su derecho de propiedad (v. fs. 431 y vta.).
II.2. Sostiene que lo resuelto en el fallo de grado transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 3 del Código Civil (ley 340), así como también la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de doctrina legal de esta Suprema Corte que cita (v. fs. 431 vta./432 vta.).
Señala que la aplicación de las mejoras establecidas por la ley 26.773 afecta su patrimonio, toda vez que las alícuotas fueron abonadas oportunamente según las condiciones económico-financieras vigentes a ese momento (v. fs. 433/434).
II.3. Denuncia que el a quo aplicó erróneamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 al utilizar el índice RIPTE sobre la fórmula polinómica establecida en el art. 14 de la ley 24.557. En este sentido, alega que dicho mecanismo fue diseñado para actualizar los pisos mínimos y sumas de pago único previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo y del decreto 1.694/09 (v. fs. 434 y vta.).
Sostiene que la decisión de grado es contraria a aquella normativa, toda vez que no dispone que el mentado mecanismo deba ser aplicado del modo en que se determinó en la sentencia. Cita con apoyo de su postura a las directrices plasmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016) e invoca transgredida la doctrina que fluye del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) de esta Suprema Corte (v. fs. 434 vta.).
II.4. Cuestiona también, que el sentenciante concediera al actor el beneficio establecido en el art. 3 de la ley 26.773, aplicando retroactivamente esta norma (v. fs. 435).
II.5. Por último, se agravia de que el fallo de grado no aplicara al caso el decreto 472/14, ya que -argumenta- allí se despejó la cuestión en torno al modo de aplicación del mencionado índice RIPTE (v. fs. 435 y 436).
III. El recuso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, se advierte que la secretaria del tribunal de trabajo no rubricó el veredicto (v. fs. 395 vta.), ni la sentencia (v. fs. 411), limitándose a suscribir el orden de sorteo (v. fs. 389 vta. in fine ) y registro de la sentencia (v. fs. 396).
Al respecto, cabe precisar que, si bien los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2.a. Sentado lo anterior, corresponde ingresar en el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
III.2.b. En lo que concierne al primer agravio que porta la queja, su improcedencia luce manifiesta.
Como fuera anticipado, el juzgador de origen consideró que no existía en autos constancia probatoria que permitiera ubicar la "toma de conocimiento" de la incapacidad del trabajador en la fecha denunciada al promover la demanda (v. vered., fs. 392).
Ponderó lo alegado en esa oportunidad respecto del diagnóstico obtenido en la consulta realizada a un otorrinolaringólogo el día 20 de agosto de 2012 y la negativa en torno a tal extremo, concluyendo que no mediaba elemento alguno que permitiese corroborar aquel aserto motivo de disputa.
Destacó que el informe expedido por el "Hospital Naval Buenos Aires", daba cuenta que la división de guardia médica no registraba apertura de historia clínica ni antecedentes de atención médica que correspondieran a Chávez (v. fs. 335 y 392) y, por lo tanto, el a quo consideró inválidos los estudios acompañados a fs. 6 y 7. Agregó, que la autenticidad de dicha documentación también había sido expresamente desconocida.
Bajo tales premisas, juzgó que -a falta de otra fecha cierta denunciada- debía considerarse operada la toma cabal y definitiva de conocimiento de las afecciones incapacitantes que aquejaban al actor, el día 19 de diciembre de 2013, "en ocasión de otorgar la respectiva carta poder a su letrado para iniciar el presente reclamo" (v. fs. 3 y vered., fs. 392).
Con tales elementos encuadró la responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo demandada, en los términos del contrato de afiliación conforme el régimen instituido por las leyes 24.557 y 26.773. Así, determinó que el ingreso base mensual del actor conforme surgía de la pericia contable, era de $12.659,81, teniendo en cuenta las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones devengadas durante los doce meses anteriores a la fecha de toma de conocimiento de su incapacidad (v. sent., fs. 405).
III.2.c. Siguiendo igual terminología a la empleada en la sentencia (que tributa a una legislación anterior a la aquí evaluada), el agraviado impugna el momento en que el actor "tomó conocimiento" de la incapacidad que lo aqueja, predicando la inaplicabilidad al caso de la ley 26.773.
Ese dato fáctico, dirimente en el razonamiento del juzgador para resolver como lo hizo, es controvertido por el recurrente mediante un desarrollo por completo ineficaz (art. 279, CPCC).
Afirmado en una disímil valoración del escrito de inicio, con implicancias para aducir vulneración de la congruencia -aunque sin cumplir con la carga de denunciar la violación de las normas que receptan dicho postulado- el recurrente propugna otra solución sin brindar razones que permitan desvirtuar los fundamentos dados por el juzgador para elaborar la conclusión en pugna.
Cobra virtualidad la doctrina de este Tribunal que establece que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es insuficiente si el interesado se limita a exponer su discrepante opinión acerca del temperamento adoptado por el juzgador de origen, y en ese cometido prescinde formular una crítica frontal, certera y eficaz a las motivaciones que dotan de sustento a la decisión que le causa agravio, a las que sólo alude en forma parcial (causas L. 91.059, "Faccia", sent. de 14-V-2008; L. 112.861, "Villagra", sent. de 6-III-2013; e.o.).
III.3. Firme el hito a cuyo amparo se estableció la aplicación de la ley 26.773 y la procedencia de la indemnización prevista en su artículo tercero, resulta improcedente la denuncia de violación de la doctrina legal que emana de la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en la que se cimentó este tramo del recurso.
III.4. Sigue analizar el cuestionamiento sobre el modo en que se ajustaron los importes de condena.
Por mayoría, el tribunal de origen determinó que la prestación contemplada en el art. 14 de la ley 24.557 y la adicional del citado art. 3 de la ley 26.773 debían ser incrementadas por aplicación del índice vigente a la "fecha de toma de conocimiento" (sic. fs. 408) y la correspondiente al mes de agosto de 2016.
Justificó ese proceder en la falta de previsión expresa o excepción que pudiera extraerse de la ley 24.557 o decretos 1.278/00 y 1.694/09, descartando la aplicación al caso del ulterior decreto 472/14. Finalmente desconoció las directrices que emanan del antecedente de la Corte nacional en el fallo "Espósito" (sent. de 7-VI-2016), porque "únicamente resuelve no aplicar en forma retroactiva" la ley 26.773 (v. fs. 408 vta.).
A tenor de los lineamientos de la doctrina legal de la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), el agravio es procedente.
En efecto, allí se estableció que la razonable lectura de los preceptos de la ley 26.773 en juego permite concluir que el índice RIPTE debe ser aplicado a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y a la base de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 para los casos de muerte o incapacidad total (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773 -actualmente derogadas por la ley 27.348- resols. de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; v. también causa L. 119.986, "Pipito", sent. de 20-XII-2017).
En función de lo expuesto corresponde rescindir la mensura volcada con los alcances ya explicados y devolver la causa para que se practique nueva liquidación del capital e intereses.
III.5. Lo precedentemente expuesto torna inoficioso el tratamiento de los demás agravios traídos.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto en el punto III.4. del presente voto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance expuesto, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique la liquidación que corresponda.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/07/2020 17:18:10 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 24/07/2020 10:11:38 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 24/07/2020 16:02:54 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 26/07/2020 14:09:48 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 27/07/2020 12:55:17 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia