Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121432
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.432, "Gómez, Ivana contra Alpargatas S.A.I.C. Diferencia indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani, Torres, de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la acción deducida, imponiendo las costas -con el beneficio de gratuidad- a la actora vencida (v. fs. 274/283 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 293/299 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por la señora Ivana Gómez contra Alpargatas S.A.I.C., mediante la cual procuraba el cobro de diferencias correspondientes al sueldo anual complementario del primer semestre de 2014 y por vacaciones proporcionales; así como las indemnizaciones previstas en el art. 2 de la ley 25.323 y la especial estatuida en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 274/283 vta.).
Para así decidir, el órgano de grado juzgó probado que la trabajadora se desempeñó bajo la dependencia de la demandada desde el día 1 de abril de 2012 -en la categoría de vendedora del Convenio Colectivo de Trabajo 123/90- hasta el día 24 de abril de 2014, en que recibió la comunicación de su despido directo, fundado en el cierre del establecimiento en donde prestaba sus tareas (v. vered. primera cuestión, fs. 274/276).
Seguidamente, tuvo por no controvertido que el local comercial finalizó su actividad y cerró el día 30 de mayo de 2014. También, que allí se desempeñaban otras dos personas y que sus bajas fueron también asentadas -como la de la actora- el día 22 de abril de 2014 (v. vered. segunda cuestión, fs. 276/277).
Además, con sustento en la pericia contable, señaló que la accionante había percibido por parte de Alpargatas S.A.I.C. las indemnizaciones por antigüedad, falta de preaviso y vacaciones no gozadas e integración de los días del mes de abril -esta última, con el sueldo anual complementario incluido- (v. fs. cit.).
Sobre esa base fáctica, consideró que no se verificó en el caso que el distracto hubiere sido consecuencia de una conducta discriminatoria por parte de la empleadora, sino que, por el contrario, tuvo por acreditado que la causal objetiva del despido fue el cierre del establecimiento (v. vered., fs. 277 vta./278 vta. y sent., fs. 280).
Con sustento en tales premisas, determinó que no resultaba de aplicación al caso la presunción prevista en el art. 178 de la ley 20.744 y que -por lo tanto- tampoco correspondía diferencia indemnizatoria alguna a favor de la reclamante, desde que el pago había sido realizado por la empresa demandada en debido tiempo y forma (v. sent., fs. 279 vta./281 vta.).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 9, 62, 63, 80, 178 y 182 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 inc. "d" de la ley 11.653; 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y la doctrina legal que cita (v. fs. 293/299 vta.).
II.1. En primer lugar, controvierte la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de grado.
Manifiesta en este sentido, que el juzgador debió tener en cuenta al momento de tomar su decisión -entre otras cuestiones-, que el local en donde prestaba tareas no era el único que poseía la empleadora, sino que, por el contrario, era dueña de varios establecimientos comerciales cercanos a aquella zona y que, en ningún momento, le ofreció la posibilidad de trasladarse a otra sucursal para que pudiera mantener su puesto de trabajo, máxime conociendo su especial situación de embarazo.
Agrega que la accionada nunca esbozó razón alguna -especialmente de naturaleza económica- para justificar el cierre de dicho establecimiento y demostrar la ausencia de otro medio para la continuación del contrato de trabajo (v. fs. 296/297).
Aduce que el art. 178 de la ley 20.744 ha creado una presunción especial de modo tal que en caso de ruptura del vínculo laboral debe entenderse que la misma fue a causa del embarazo; ello, salvo que se compruebe lo contrario mediante elementos contundentes, hipótesis que -según entiende- no se verifica en el caso (v. fs. 297 vta.).
II.2. Por otra parte, en apoyo de su postura, denuncia la trasgresión de la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana del precedente L. 58.369, "Maña", sentencia de 25-III-1997 (v. fs. 298).
Añade, que de acuerdo a lo establecido en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, el sentenciante debió interpretar las normas y apreciar el material probatorio en el sentido más favorable a la actora (v. fs. 298 vta.).
III. El recurso, en mi opinión, debe prosperar.
III.1.a. Inicialmente, cabe destacar que -a contrario de lo sostenido por la recurrente a fs. 294- en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Ac. 3.867/17). A tenor de lo señalado, y resultando que la recurrente ha denunciado que el fallo atacado vulnera la doctrina legal de este superior Tribunal, el remedio procesal debió haber sido concedido en el estrecho marco delimitado por la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En ese contexto, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando esta Corte ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 96.956, "Berestycki", sent. de 11-VII-2012 y L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013).
III.1.b. En el esquema de análisis reseñado, es inadmisible el embate dirigido a objetar las conclusiones del tribunal de grado en orden a las circunstancias fácticas en que se definió la extinción contractual, las que -por tratarse de cuestiones de hecho y prueba que, como tales, se encuentran privativamente reservadas al tribunal de trabajo y detraídas del ámbito de la excepcional vía de la casación (causas L. 118.466, "Bergier", resol. de 11-III-2015; L. 118.352, "Prieto", resol. de 1-IV-2015 y L. 118.048, "Medina", resol. de 15-VII-2015)- deben permanecer firmes.
III.1.c. Empero, por otro lado, advierto que la doctrina legal que emerge de la causa L. 58.369, "Maña" (sent. de 25-III-1997), cuyo quebrantamiento invoca la recurrente, resulta eficaz para desvirtuar lo decidido en la instancia ordinaria en orden a la interpretación que el juzgador hubo de formular en torno al art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En efecto, si bien no se me escapa que la referida doctrina ha sido modificada por esta Corte -por mayoría que no integré- al dictar sentencia en el precedente L. 86.534, "Soraire" (sent. de 6-IV-2009), no participo de este último criterio, tal como quedó plasmado en la citada causa, en la que presté mi adhesión a mi entonces distinguido colega doctor Negri, lamentablemente ya fallecido.
En efecto, haciendo mía la consideración allí vertida por él, es mi opinión que "...La presunción contenida en el art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo está enmarcada en la singular protección que dicho ordenamiento legal proporciona a la mujer trabajadora y, específicamente, responde al interés de otorgar un mayor resguardo, con lo que allí se dispone, al vínculo laboral de la dependiente con motivo de su maternidad, por lo que corresponde interpretar y determinar el alcance de esa previsión legal a la luz de tales principios...".
Desde esta perspectiva de análisis, he de acompañar los lineamientos que emergen de la ya citada causa L. 58.369, en el sentido que cualquiera fuese la causa invocada por el empleador para despedir a la trabajadora en la condición aludida, sólo puede eximirse del resarcimiento adicional impuesto por el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando el despido obedece a una justa causa en los términos del art. 242 del régimen legal, o bien cuando concurra alguna de las causas de extinción del contrato que lo desobligue total o parcialmente de pagar una indemnización con motivo del distracto. Ninguna de estas alternativas, a mi modo de ver, se presentan en la especie, como tampoco hubieron de verificarse en el precedente L. 86.534, "Soraire" (sent. de 6-V-2009).
Fuera de las mencionadas hipótesis -como sucede, reitero, respecto del despido de la señora Gómez, según conclusión firme del fallo- se encuentra el acto ilícito del principal que decide extinguir el contrato sin justa causa o por una causa irrelevante para el ordenamiento (art. 245, LCT), en cuyo caso adquiere plena vigencia la citada presunción legal quedando en consecuencia el empleador obligado a pagar también la indemnización especial prevista por embarazo (causas L. 37.096, "Espinosa", sent. de 24-III-1987; L. 48.049, "Pereyra", sent. de 18-II-1992 y L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010 -mi voto-).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el cobro de la indemnización especial derivada del despido por razón de embarazo (arts. 178 y 182, LCT). La causa deberá volver al tribunal de origen a fin de que practique la liquidación que corresponda.
Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado , así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no debe prosperar.
II.1. Coincido con los señalamientos efectuados por la doctora Kogan en orden al valor de lo cuestionado ante esta instancia, como también que resultan inadmisibles los agravios que refieren a la causa del distracto.
II.2. Firme que la extinción del vínculo obedeció al cierre del establecimiento donde la reclamante prestaba servicios, es posible avanzar en el análisis de la denuncia de violación de doctrina legal elaborada en torno al agravante indemnizatorio contemplado en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.3. En el caso, el tribunal de origen juzgó demostrado que, con motivo de la culminación de la actividad comercial, todos los trabajadores -incluida la actora- fueron despedidos por la situación antedicha.
De tal modo resolvió que ese desenlace comportaba una causal objetiva susceptible de enervar la presunción del art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, invocado en la demanda como fundamento de la pretensión.
II.4. El temperamento adoptado por el órgano de origen se adecua al contenido de la doctrina legal vigente a partir del antecedente L. 86.534, "Soraire", sentencia de 6-V-2009. En efecto, allí se resolvió que no se vulnera el art. 178 de la ley 20.744 si el rechazo del reclamo indemnizatorio impetrado en los términos del art. 182 de la misma ley se ha fundado en la comprobación de que el despido de la trabajadora obedeció al cierre del establecimiento en el que prestaba servicios, con cesación total de las actividades que se desarrollaban en él, pues dicha circunstancia -invocada y debidamente comprobada- revela la existencia de un motivo ajeno o desvinculado a la situación de maternidad.
Conforme lo expuesto, emerge sin cavilaciones la ineficacia del intento revisor.
Aduno a lo expuesto que, situados en la hipótesis que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la crítica se afirma en un antecedente pretérito (causa L. 58.369, "Maña", sent. de 25-III-1997), y dispar al ya reseñado.
III. Por lo señalado, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a lo manifestado por mi distinguida colega doctora Kogan.
Sólo habré de aclarar que, teniendo en cuenta, por un lado, el acotado ámbito de conocimiento en que nos encontramos (conf. art. 55 primer párrafo in fine , ley 11.653), y que no participo de la conformación de la actual doctrina legal surgida de la causa L. 86.534, "Soraire" (sent. de 6-V-2009) en donde me encuentro en la postura minoritaria, y, por otro parte, el razonamiento que he efectuado en mi voto en la causa L. 84.283, "Ferrero" (sent. de 18-III-2009; esencialmente en los apdos. VIII a X del mismo) sobre las posiciones minoritarias en este contexto, a los cuales -por razones de brevedad- me remito, habré de seguir manteniendo mi posición en la presente causa, es decir, tal como he votado en la causa L. 58.369, "Maña" (sent. de 25-III-1997).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero a lo manifestado por mi distinguido colega doctor Genoud en razón de la doctrina legal de esta Corte sentada en la causa L. 86.534, "Soraire", sentencia de 6-V-2009 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
II. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/07/2020 17:18:23 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 24/07/2020 10:11:02 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 24/07/2020 15:27:50 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 24/07/2020 16:02:35 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 26/07/2020 14:09:39 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 26/07/2020 18:55:31 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 27/07/2020 12:57:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia