Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121627
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.627, "Mandagaran, Rosana Analía contra Colores Especiales S.A. y otros. Despido-cobro de pesos", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 624/638).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 644/657 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen, en lo que aquí interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por Rosana Analía Mandagaran y condenó a Colores Especiales S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, así como a entregar los certificados previstos en dicha norma conteniendo la remuneración y categoría que se tuvieran por acreditadas. En cambio, tras hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por los demandados Ana María Duggan, Luis Eugenio Chavanne, Luis Eugenio Chavanne (h), Francisco Alejandro Chavanne y Colores Especiales S.A., rechazó la demanda en cuanto reclamaba los haberes por los días trabajados del mes de septiembre de 2002, sueldo anual complementario proporcional a dicho año, vacaciones proporcionales, integración del mes de despido, indemnización sustitutiva de preaviso, indemnización por antigüedad y aquella prevista en el art. 43 de la ley 25.345. Asimismo, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por las personas físicas demandadas, por entender que no existió causalidad jurídica para el reclamo (v. sent., fs. 624/638).
Para así resolver, juzgó probado que la actora prestó tareas en relación de dependencia para la firma Colores Especiales S.A. desde el día 4 de agosto de 1996, que fue registrada el día 1 de mayo de 1998 y despedida sin expresión de causa el día 27 de septiembre de 2002. Asimismo, señaló que la actora no percibió monto alguno por los conceptos reclamados en la demanda (v. vered. puntos I.1, 4 y 6, II.4., fs. 624 vta. y 625).
Adunó que no se encontraba acreditado que la demandada Colores Especiales S.A. hubiere recibido la misiva obrante a fs. 4, a través de la cual la actora la hubo de intimar para que le abonara diversos rubros reclamados. Puntualizó que la firma demandada desconoció su recepción en su presentación de fs. 129 y no obrando en autos prueba alguna tendiente a acreditar esa circunstancia. Sobre tal plataforma, y con sustento en el art. 3.986 del Código Civil velezano, consideró que, ante la ausencia de intimación, la firma demandada no fue constituida en mora. Adunó que tampoco correspondía considerar que hubiera renunciado tácitamente a la prescripción ganada -tal como lo alegara la parte actora-, porque la intención de renunciar no se presume y, fundamentalmente, porque al oponer expresamente la excepción de prescripción claramente dejó en evidencia su intención de no abdicar de la misma. En ese trance, rechazó la demanda en cuanto procuraba el cobro de haberes adeudados, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, integración del mes de despido, las indemnizaciones por antigüedad y preaviso como así también la prevista en el art. 43 de la ley 25.345, al considerar que dichos rubros se encontraban prescriptos (v. vered. punto III.2, fs. 626 vta. y sent., fs. 630/631 vta.).
En cambio, consideró probada la autenticidad y recepción de las piezas postales de fs. 5 y 6, por medio de las cuales la trabajadora efectivamente constituyó en mora a Colores Especiales S.A. en lo relativo a la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la ley 20.744, constancia documentada de ingreso de los aportes y contribuciones jubilatorias, de obras sociales y ley 19.032 y certificación de servicios prestados y aportes retenidos. Precisó, luego, que tal misiva surtía los efectos del art. 3.986 segundo párrafo del Código Civil, habiendo en consecuencia interrumpido el curso de la prescripción por los rubros en ella contenidos por el plazo de un año, por lo que declaró procedente el relamo previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered. punto II.1, fs. 625 y sent., fs. 630/633).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 979 inc. 2, 980, 3.983 y 3.986 del Código Civil velezano; 29 de la ley 11.653; 354 y 421 del Código Procesal Civil y Comercial; 132 bis de la ley 20.744; y de la doctrina legal que individualiza (v. fs. 644/657 vta.).
II.1. Inicialmente, en lo atinente a la admisibilidad del medio de impugnación, alega, por un lado, que el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo es de monto indeterminado.
Por otra parte, sostiene que los rubros reclamados que no prosperaron y que son materia de agravio, a valores históricos, superan la limitación contenida en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. En ese camino, aduce que en virtud del proceso inflacionario que padece nuestro país desde el año 2002, los montos mínimos para la admisibilidad de los recursos solo pueden medirse con valores comparables, por lo que propone diversos métodos comparativos para no vulnerar los derechos de propiedad y de razonabilidad (v. fs. 645 y vta. y 657).
II.2. Ya en lo medular, expresa que, en el marco del intercambio telegráfico generado a partir del despido directo decidido por la empleadora, la trabajadora remitió el telegrama CD 466825653 el día 7 de octubre de 2002 por medio del cual rechazó el despido e intimó a Colores Especiales S.A. al pago de sus créditos laborales. Señala que no recibió constancia alguna de que el mismo no hubiera sido entregado, y que se trata de un instrumento público que contiene presunción de autenticidad hasta que se demuestre lo contrario con un incidente de redargución de falsedad. Agrega que el citado telegrama suspendió el curso de la prescripción por un año, por lo que habiendo sido la actora despedida el 27 de septiembre de 2002, al momento de iniciarse el presente juicio, es decir el 22 de septiembre de 2005, la acción no se encontraba prescripta (v. fs. 646).
Arguye que la firma demandada negó el intercambio telegráfico con gruesas fallas técnicas, ya que lo hizo genéricamente y en forma temeraria y maliciosa. Puntualiza que la demandada recibió la intimación fehaciente del telegrama laboral de fecha 7 de octubre de 2002 y que expresamente reconoció el derecho de la actora a cobrar los créditos derivados de la ruptura incausada de la relación laboral. Agrega que, de la prueba informativa, pericial contable, testimonial y -especialmente- de la absolución de posiciones del absolvente designado por la firma demandada, se acredita la autenticidad y recepción de los telegramas laborales remitidos por la parte actora (v. fs. 646/649 y 653/655).
Asimismo, señala que el pronunciamiento impugnado viola el art. 3.989 del Código Civil, ya que la demandada expresamente reconoció la deuda laboral con la trabajadora en el punto XIII de su contestación, al ofrecer pagar las indemnizaciones por despido y liquidación final conforme los valores que surgían de los recibos adjuntos. Agrega que dicho ofrecimiento también importó la voluntad de la demandada de remitir la prescripción ganada (v. fs. 647 vta. y 650/653).
II.3. A continuación, tilda de absurda la conclusión del tribunal de grado que consideró prescripto el derecho de la actora a reclamar la indemnización progresiva y continuada prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Puntualiza que en el veredicto el a quo tuvo por probado que la demandada retuvo a la actora los importes de la seguridad social y que no los ingresó en los organismos correspondientes (v. fs. 655/657).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Corresponde efectuar una primera consideración sobre la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, más precisamente, en lo referente al valor del litigio.
III.1.a. En efecto, los cuestionamientos traídos por la actora versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), constatándose que una de ellas -la aplicación de la sanción conminatoria mensual establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta de valor indeterminado (causas L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 118.398, "Amor", sent. de 24-V-2016). En este aspecto, no hay objeciones que oponer a la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
III.1.b. En cambio, el monto de lo cuestionado ante esta instancia por conducto de los restantes agravios que trae el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo análisis, no supera el monto mínimo para recurrir previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (t.o. ley 14.141), ni aun cuando aceptáramos que, en casos como el presente, donde la parte sustancial de la demanda es rechazada, el valor del litigio estuviera representado por la diferencia entre la suma reclamada y la concedida, adicionando a la misma los intereses devengados a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, tal cual es mi opinión (v. causas C. 122.668, "D'Angelo", resol. de 13-XI-2019 y C. 122.699, "Vallejos", resol. de 20-II-2020). Al respecto cabe recordar que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002; L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007 y L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014).
III.1.c. Ahora bien, resultando indudable tal como anticipé, la insuficiencia del valor del litigio en esta parcela de la crítica, su examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
III.1.d. La exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral en este aspecto se impone nítida.
En efecto, el recurrente acude a una sistemática recursiva inapropiada e ineficaz, pues somete a revisión en esta instancia extraordinaria (habilitada por conducto del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653) típicas cuestiones de índole fáctica tal como es el comienzo del curso de la prescripción, así como su eventual interrupción o suspensión (causas L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012; L. 118.067, "Fernández", sent. de 4-XI-2015 y L. 118.880, "Benítez", sent. de 30-III-2016).
Tampoco acierta el recurrente al denunciar la violación de la doctrina emergente del precedente L. 81.317, "Miranda" (sent. de 9-IV-2014), ya que en dicho precedente expresamente se señaló que carece de significación la indagación de la naturaleza jurídica que corresponda otorgar a la carta documento, si el aviso de recibo no cumple con los recaudos exigidos por la reglamentación (esto es haber sido firmado por el destinatario o persona autorizada por éste y que el empleado que efectúa la entrega -además de asentar dicha autorización- certifique la recepción bajo su firma), ya que la accionada -también ahí- hubo de desconocer expresamente la recepción de las cartas documentos enviadas por los actores, razón por la cual su cita no resulta apta para modificar lo resuelto por el tribunal de grado.
III.2. En cambio, y conforme lo señalé en el inicio, en relación al agravio referido a la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) es dable habilitar la instancia extraordinaria sin las restricciones a la admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653), toda vez que el valor de lo cuestionado -representado por el importe que resulta de la aplicación de la referida multa- es de monto indeterminado.
III.2.a. En este marco, asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que al rechazar la procedencia de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (incorporado por el art. 43, ley 25.345), el tribunal de grado interpretó absurdamente la prueba de autos, vulnerando el citado precepto y la doctrina legal de esta Corte.
En efecto, ha declarado en forma reiterada esta Corte que la citada norma prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011; L. 107.254, "Alveira", sent. de 5-VI-2013; L. 110.591, "Arguello", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
Asimismo, ha precisado este Tribunal que para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, cit.).
III.2.b. En lo que aquí resulta relevante, el tribunal de grado consideró probado que la empleadora retuvo los aportes de obra social y de seguridad social de la actora, y que los mismos no fueron depositados en su totalidad en los organismos correspondientes al momento de extinguirse el vínculo laboral ni con posterioridad. Precisó que a la actora se le habían descontado en los meses de mayo a julio de 1998 sumas de su salario correspondientes a sumas destinadas a los organismos de la seguridad social, y que del informe de la AFIP de fs. 319 surgía que durante los meses mencionados las sumas retenidas no fueron depositadas (v. vered. punto II.7, fs. 625 vta. y 626). Asimismo, y en decisión que arriba firme a esta instancia a tenor de lo resuelto precedentemente, juzgó no acreditada la recepción de la misiva obrante a fs. 4 (v. vered. punto III.2, fs. 626 vta.) mientras que consideró probado la autenticidad y recepción de las piezas postales de fs. 5 y 6 (v. vered. punto II.1, fs. 625). Adunó que del contenido de la misiva de fs. 5 surge que la actora efectivamente constituyó en mora a Colores Especiales S.A. en lo relativo a la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la ley 20.744, constancia documentada de ingreso de los aportes y contribuciones jubilatorias, de obras sociales y ley 19.032 y certificación de servicios prestados y aportes retenidos (v. fs. 630 vta.). En ese marco, hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por las demandas, "...con excepción de los créditos reclamados a favor del actor por omisión -en caso de ser de configurarse los presupuestos para su procedencia- de entrega de los certificados que norma el citado art. 80, constancia documentada de ingreso de los aportes y contribuciones jubilatorios, de obras sociales y ley 19.032 (art. 80, LCT) y certificación de servicios prestados y aportes retenidos art. 12 inciso 'g' ley 24.241..." (fs. 630 vta. in fine y 631). Luego, propuso rechazar la demanda por los rubros que individualizó y por la "...indemnización art. 43, ley 25.345 por encontrarse dichos rubros prescriptos..." (sent. fs. 631 vta., 635 vta. y 637/638).
III.2.c. De lo expuesto se colige -como anticipé- que el rechazo del rubro bajo análisis es producto de una absurda interpretación del tribunal de grado, puesto que éste expresamente excluyó tal crédito de la prescripción que alcanzó a aquellos rubros reclamados en la carta documento de fs. 4.
Consecuentemente, lo relevante es que -como se desprende del punto II.7 del veredicto, fs. 625 vta. y 626- la demandada durante los meses de mayo a julio de 1998 no cumplió con las concretas obligaciones de ingresar los aportes y contribuciones de la seguridad social que efectivamente retuvo a la actora; circunstancia que persistía tanto al extinguirse el vínculo laboral como con posterioridad y por la que fue efectivamente constituida en mora (v. vered. punto II.1, fs. 625 y sent., fs. 630 vta. in fine y 631).
En este análisis, no puedo dejar de resaltar que en el marco de las normas antievasión en que fue dictada la ley 25.345, que incorporó el art. 132 bis al texto de la ley 20.744, la faena interpretativa no puede concebirse con un criterio interpretativo restrictivo en beneficio del evasor, pues ello contraría la finalidad de la ley, la cual es erradicar el incumplimiento al régimen de aportes y contribuciones a la seguridad social.
III.2.d. En definitiva, habiéndose demostrado el absurdo imputado al a quo y encontrándose acreditados los presupuestos que tornan viable la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
IV. Por lo dicho, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. art. 43 de la ley 25.345), rubro cuya procedencia aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique la liquidación que corresponda con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. A excepción de lo señalado en el punto III.1.b., en lo tocante a la eventual consideración de los intereses moratorios a los fines de ponderar el valor del agravio pertinente, adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor de Lázzari en el punto III.1. de su sufragio.
I.2. Diferenciándolo del resto de sus cuestionamientos, el recurrente dedica un capítulo de su recurso a impugnar la decisión del tribunal que juzgó prescripta la acción fundada en el
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