Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121490
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto V. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Asimismo, también por mayoría, se exhorta a los señores jueces del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín intervinientes para que extremen el control de los funcionarios a su cargo, de modo tal que su desempeño resulte compatible con una buena administración de justicia.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.490, "Quinteros, Gustavo Martín contra Provincia ART S.A. y otro. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, de Lázzari, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires en su condición de vencida (v. fs. 462/473 vta.).
Se dedujo, por ésta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 482/485 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen hizo lugar a la demanda deducida por el señor Gustavo Martín Quinteros -en su condición de docente dependiente del Estado provincial- y, en consecuencia, condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires -autoasegurado- al pago de diferencias por la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según ley 26.773-.
Para así resolver, juzgó acreditado que el día 5 de junio de 2013 el actor sufrió un accidente in itinere que le provocó una incapacidad del 41,94% del índice de la total obrera, incluyendo los factores de ponderación.
Asimismo, declaró probado que el reclamante percibió -en relación al 21,5% de incapacidad reconocida (v. fs. 190)- la suma de $126.364,42 en concepto de prestación sistémica (v. vered., fs. 462/464).
En la etapa de sentencia, tras formular ciertas disquisiciones en torno a la normativa aplicable, el juzgador cuantificó inicialmente el resarcimiento en $245.702,38 ($5.288,82 x 53 x 41,94% x 2,09 -65/31-), importe que supera el mínimo emergente de la eventual aplicación de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 ($416.943 x 41,94% = $174.865,89).
Al guarismo así determinado agregó el 20% adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773, por considerar que no hay motivo para no aplicar esta última a los accidentes in itinere . Sobre el valor resultante ($294.842,85), descontó la suma oportunamente abonada al trabajador (v. sent., fs. 469 vta. y 470).
II. El letrado apoderado de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 482/485 vta.) en el que denuncia la transgresión de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 3 de la ley 26.773 y de la doctrina que identifica.
Se agravia -exclusivamente- de la condena al pago de la prestación adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773. En lo esencial, afirma que esta última no resulta aplicable a los accidentes in itinere , toda vez que en tales hipótesis no se verifican los presupuestos a que la propia norma supedita su implementación (esto es: que el daño se produzca en el lugar de trabajo o que el dependiente lo sufra mientras se encuentre a disposición del empleador). En apoyo de su argumentación, cita -entre otros- el precedente "Espósito" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente, dable es advertir que el veredicto carece de fecha y de la indicación del lugar en el que se dictó (incumpliendo así las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47, ley 11.653). Tampoco se ha incluido la firma de la actuaria (v. fs. 464 vta.).
Ahora bien, aun cuando la ausencia de firma de la secretaria en el veredicto -omisión que se reitera en la sentencia (v. fs. 472 vta.; donde sólo se advierte su rúbrica en la constancia de registro de la misma) y en el acuerdo por el que se concede el recurso, tampoco registrado (v. fs. 492 y vta.)-, así como los restantes defectos apuntados, constituyen falencias de forma (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009); no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento.
III.2. Por su parte, el recurso ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014.
III.3.a. Dicho ello, cabe poner de resalto que el tribunal interviniente admitió el recurso en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 492 y vta.), decisión que arriba firme a esta instancia casatoria. Siendo ello así, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 113.436, "Núñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013 y L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.963, "Lloret", sent. de 15-VII-2015 y L. 117.551, "Farelo", sent. de 26-VIII-2015).
III.3.b. En ese contexto, debo señalar que la respuesta al cuestionamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida, e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 98.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.834, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 289:33; 301:693; 304:1649 y 1.761; 308:1087; 311:870 y 1.810; 312.555 y 891; e. o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
III.3.c. De modo tal que la cuestión, entonces, debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
III.4. Sentado ello, adelanto que asiste razón a la recurrente al impugnar la condena al pago de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la mencionada ley 26.773.
En efecto, en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018), en criterio reiterado -entre otros- en el precedente L. 120.170, "Fleita" (sent. de 29-VIII-2018); este Tribunal ha establecido, con un sentido semejante al que contiene la impugnación, que en el caso de accidentes in itinere no corresponde contemplar la indemnización adicional de pago único prevista en la citada norma pues no se verifican los presupuestos a los que esta última condiciona su aplicación.
Resulta claro entonces, que lo resuelto por el tribunal de grado en el punto es contrario a la doctrina legal vigente y debe ser revocado.
IV. Atento el señalamiento formulado en el punto III.1., y teniendo en cuenta las reiteradas irregularidades que esta Corte viene advirtiendo en diferentes causas del Tribunal de Trabajo de Junín (a saber: L. 120.274, "Calderón", resol. de 8-III-2017; L. 120.955, "Biset", resol. de 31-V-2017; L. 121.043, "Figueroa", resol. de 27-XII-2017; L. 119.312, "Ponce"; L. 119.635, "Milla" y L. 119.305, "Díaz"; sents. de 11-IV-2018, por citar sólo algunas), considero necesario e impostergable exhortar nuevamente a los señores jueces del órgano actuante al mayor esmero en el cumplimiento de las obligaciones que el ejercicio de su cargo les impone, así como también para que extremen el control de los funcionarios a su cargo, de modo tal que su desempeño resulte compatible con una buena administración de justicia.
V. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada en cuanto declaró la procedencia de la prestación adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se dispone.
Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero a lo expuesto por mi distinguida colega doctora Kogan en los puntos III. y V. de su sufragio.
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Coincido con lo señalado por la doctora Kogan en los puntos III.1., III.2. y III.3.a. de su exposición.
II. Luego, en el acotado marco de revisión que provee el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 la crítica resulta inadmisible, por no mediar en el recurso denuncia de violación de doctrina legal alguna que se identifique con el agravio traído, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por el conducto de la excepcional hipótesis habilitante prevista en el mencionado precepto.
La deficiencia técnica del recurso radica en que el interesado cita en su apoyo doctrina elaborada a partir de un distinto contenido fáctico y jurídico (causas L. 103.909, "Fernández", sent. de 9-XI-2011; L. 118.308, "Sosa" y L. 118.309, "Di Rocco", resols. de 19-II-2015; e. o.), como también fallos provenientes de otros órganos jurisdiccionales distintos a esta Suprema Corte, hipótesis que se encuentra excluida del concepto de doctrina legal contenido en los arts. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y el citado art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 112.025, "Carta", resol. de 22-IX-2010; L. 108.361, "Errecalde", sent. de 5-IX-2012 y L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015).
III. En consecuencia, el recurso debe rechazarse, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores de Lázzari , Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto V. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Asimismo, también por mayoría, se exhorta a los señores jueces del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín intervinientes para que extremen el control de los funcionarios a su cargo, de modo tal que su desempeño resulte compatible con una buena administración de justicia.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/07/2020 17:18:25 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 24/07/2020 10:10:56 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 24/07/2020 15:27:48 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 24/07/2020 16:02:33 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 26/07/2020 14:09:38 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 26/07/2020 18:55:28 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 27/07/2020 13:05:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia