Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121845
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.845, "Romero, Cristian Emanuel contra Provincia ART S.A. Accidente de trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Kogan, Torres, de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 257/262 vta. y fs. 264/276).
Se interpusieron, por el Fisco provincial (v. fs. 291/299 vta.) y la actora (v. fs. 300/303 vta.), sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco provincial a fs. 291/299 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el deducido por la parte actora a fs. 300/303 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda promovida por el señor Cristian Emanuel Romero, y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización integral por daños y perjuicios, derivados de la incapacidad atribuida al accidente de trabajo que sufrió mientras prestaba tareas como "oficial subayudante" en la Estación de Policía Comunal de la ciudad de 9 de Julio.
Para así decidir tuvo por demostrada la existencia del infortunio, ocurrido el día 11 de abril de 2015, oportunidad en la que al subir al techo de una vivienda ubicada en la calle Garmendia n° 973 de la mencionada localidad, para verificar una denuncia de robo, pisó una chapa de fibra de vidrio que se rompió y provocó su inmediata caída desde aproximadamente tres metros de altura (v. vered., cuarta cuestión, fs. 259).
También juzgó comprobado que a consecuencia del evento el actor padece secuelas de lesiones, acuñamiento vertebral L2 y secuela de fractura en la zona de la muñeca derecha y trastorno por estrés postraumático, que lo incapacitan en un 30% y 17,5%, respectivamente (v. vered., quinta cuestión, fs. 259 vta. in fine /261).
En la sentencia, el a quo halló verificados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil objetiva de la empleadora en los términos del art. 1.113 del Código de Vélez Sarsfield y la condenó al pago de las sumas que específicamente determinó para resarcir los daños material y moral (v. fs. 267 vta./276).
II. El letrado apoderado de la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 3 del Código Civil (ley 340); 12 de la ley 24.557; 3, 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773 y su decreto reglamentario 472/14; leyes 23.928 y 25.561; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En el inicio de la crítica desarrolla argumentos tendientes a cuestionar el quantum indemnizatorio reconocido en la sentencia.
En este aspecto, sostiene que el fallo en crisis desconoce las disposiciones de la ley 13.236, ya que determinó el importe del resarcimiento utilizando el parámetro de 65 años como edad jubilatoria del actor con fundamento en el art. 19 de la ley 24.241, pero sin tener en consideración que este último régimen legal no le resulta aplicable al encontrarse el promotor del pleito afectado al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires como personal policial.
Explica que la ley 13.236 dispone que el retiro o jubilación móvil ordinaria al 100% del haber se alcanzará cuando el agente reúna treinta y cinco años de servicios, prescindiendo de su edad, restándole al señor Romero treinta y un años de vida útil profesional (ya que a la fecha del infortunio llevaba cuatro años trabajados) para gozar de tal beneficio, por lo que mal pudo el a quo establecer el período de reparación en los treinta y nueve años y dos meses como propuso en la sentencia. Al respecto, invoca vulnerada la doctrina legal de esta Corte emanada de los precedentes L. 78.500, "Bucetta", sent. de 21-V-2002 y L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014.
II.2. En segundo lugar, controvierte la declaración de inconstitucionalidad llevada a cabo por el tribunal de la instancia ordinaria respecto de la ley 24.432, en cuanto modifica los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Explica que la normativa en crisis se ha mantenido vigente con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, que en su art. 730 reitera la aplicación del tope del 25% para los honorarios del juicio.
Alega que esta Corte ha señalado que el derecho del profesional a percibir su emolumento no es absoluto, sino que está sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio (conf. art. 28, Const. nac.).
Cita en apoyo de su postura a las directrices plasmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los distintos fallos donde determinó que la solución consagrada por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo -en tanto se refiere a la responsabilidad por el pago de costas, con un tope del 25% del monto de sentencia incluidos los honorarios profesionales y prorrateo en caso de superarse ese porcentaje- se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando la razonable satisfacción de las costas del proceso por parte de la vencida, sin convalidar excesos o abusos.
Señala, además, que de dicha doctrina emerge el criterio de que la ley 24.432 no conculca el derecho de igualdad, ya que no evidencia un fin persecutorio o discriminatorio, sino que, por el contrario, otorga el mismo tratamiento a todos los profesionales que asisten a la parte no condenada en costas, sea ésta actora o demandada, trabajador o empresario, con el objetivo de disminuir los gastos procesales.
II.3. Por último, se agravia de que el tribunal de grado ordenara al Fisco provincial depositar el importe íntegro de condena dentro de los tres días de quedar consentida o ejecutoriada la sentencia.
Sostiene que de conformidad con lo normado por los arts. 157, 158 y 163 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de las disposiciones contenidas en la Ley de Administración Financiera (n° 13.767), para los casos en que el Estado provincial resulte condenado a pagar sumas de dinero, nunca podrá cumplir con tal cometido dentro de dicho plazo.
Aduce que los mecanismos de control establecidos por la citada normativa obedecen a elementales principios del Estado de Derecho, en la medida que el movimiento de fondos públicos requiere de una particular fiscalización, y la eventual imposición de un plazo exiguo, como si se tratara de una persona privada, impone al Fisco provincial un deber de imposible cumplimiento.
Refiere, asimismo, que tal definición genera una gran sobrecarga de trabajo en los diferentes órganos jurisdiccionales, ya que cada sentencia condenatoria dictada contra la Provincia de Buenos Aires trae aparejada el inicio de un proceso de ejecución, trabas de embargo sobre cuentas públicas, tramitación de su consecuente levantamiento y giros de dinero de devolución, generándose una inagotable fuente de intereses que no pueden ser satisfechos en tiempo y forma.
En suma, peticiona que, para el hipotético caso de ser condenado el Fisco provincial en las presentes actuaciones, se establezca un plazo de cumplimiento no inferior a sesenta días hábiles contados a partir de que la sentencia adquiera autoridad de cosa juzgada.
Agrega que los plazos fijados actualmente por los tribunales del fuero laboral provocan un triple resultado disvalioso, a saber: a) el dictado de un fallo de cumplimiento imposible por ausencia de recursos; b) una sobrecarga de las exigencias presupuestarias con desarreglo o desatención de partidas existentes y c) un espiral de pleitos e incidentes de ejecución que generan un sinfín de costas y esfuerzos para las partes y el propio tribunal.
Finalmente señala que esta Suprema Corte ha convalidado la prerrogativa pública especial de que goza el Estado provincial para contestar las demandas en un tiempo más prolongado (conf. art. 31, dec. ley 7.543/69, texto según ley 12.748), así como también lo ha eximido del depósito previo en materia laboral para la interposición de los recursos extraordinarios (art. 56, ley 11.653, texto según art. 86, ley 14.552), encontrándose por ende facultado dicho órgano jurisdiccional para ampliar el plazo de cumplimiento de la sentencia firme en pos de una mejor administración de justicia, teniendo en cuenta el interés público y el principio de legalidad.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. La crítica orientada a controvertir el monto del resarcimiento establecido en el fallo no puede tener favorable recepción.
III.1.a. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que es facultad privativa de los jueces ordinarios la elección de las pautas para determinar la indemnización por daños y perjuicios, así como la fijación de su quantum . Esta prerrogativa sólo puede ser analizada en casación cuando no es ejercida con la necesaria prudencia jurídica y el grado razonable de acierto que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, es decir, en el supuesto de absurdo (causas L. 116.759, "Chalfon", sent. de 6-VIII-2014; L. 106.313, "Panigutti", sent. de 15-VII-2015; L. 118.280, "Martín", sent. de 9-XI-2016 y L. 120.349, "Rosales", sent. de 27-III-2019; e.o.).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 103.502, "Peñalva", sent. de 10-VIII-2011; L. 116.828, "Altamirano", sent. de 26-II-2014; L. 117.458, "Vidal", sent. de 27-V-2015 y L. 119.179, "Santana", sent. de 7-III-2019; e.o.).
III.1.a.i. Bajo tales premisas, la crítica que trae el quejoso resulta inhábil, pues se funda con argumentos que no fueron esgrimidos en la instancia de grado.
III.1.a.ii. Al promover la demanda el accionante adujo que sufrió un accidente de trabajo el día 11 de abril de 2015 (v. fs. 13) y que a la fecha del infortunio contaba con veintiséis años de edad (v. fs. 17 vta.). Con esos datos -sumado el porcentaje de incapacidad que consideró padecer- calculó la indemnización reclamada al amparo de las normas del derecho civil, utilizando para su estimación el parámetro de treinta y nueve años, que representaba el plazo que le restaba para alcanzar la edad jubilatoria -los sesenta y cinco años- (v. últ. fs. cit.).
En su escrito de responde la Fiscalía de Estado efectuó una negativa general de todos y cada uno de los hechos que no fueran materia de expreso reconocimiento, desconoció la documentación acompañada que no revestía carácter de instrumento público y se opuso al agregado de aquella nueva que fuera conocida por el actor (v. fs. 50 vta.). Negó particularmente -entre otras circunstancias- la existencia del infortunio, las secuelas incapacitantes derivadas del evento, el salario percibido por el agente policial al momento del suceso y el ingreso base mensual denunciado. También, que el señor Romero padeciera daño moral, lesiones estéticas, pérdida de chance y daño psicológico por estrés postraumático. Finalmente solicitó que la demanda sea rechazada en todas sus partes (v. fs. 51 y vta. y 53/56 vta.).
En el pronunciamiento recurrido, el tribunal de grado expuso que para la determinación del monto indemnizatorio tendría en cuenta los datos objetivos que surgen de la causa, considerando que la incapacidad no solo afecta a la víctima en su condición de trabajador, sino que hay una disminución genérica de su aptitud física que le dificulta de manera integral el desarrollo y funcionamiento de su vida cotidiana. Así, basado en el porcentaje de minusvalía (30%), la remuneración habitual ($13.905,19); la edad con la que contaba el agente policial a la fecha del suceso (veinticinco años) y el tiempo faltante para acceder al beneficio jubilatorio (sesenta y cinco años) por el régimen general de la ley 24.241 (treinta y nueve años y dos meses), estimó prudente fijar el importe por daño material en la suma de $2.123.322,50 -conf. art. 1.083 del Código Civil- y moral en la de $630.000 -conf. art. 1.078 del mismo digesto- (v. fs. 270/271).
En lo fundamental -y también según lo detallado- puede observarse que en el recurso extraordinario en análisis, alegando razones que no esgrimió ante el tribunal de la instancia y a partir de sus propias consideraciones, el recurrente sostiene que el fallo desconoce la letra expresa de la ley 13.236 "...que en sus arts. 25/28 disponen que el retiro o jubilación ordinaria al 100% del haber se alcanzará cuando el agente reúna 35 años de servicios, prescindiendo de su edad"; y que "...al momento del accidente ya habían transcurrido 4 años de los 35 años con que el mismo necesita contar a fin de acceder al beneficio jubilatorio, es decir que los períodos de reparación nunca pueden llegar a los treinta y nueve años y dos meses (39 años y 2 meses) propuestos en la sentencia en crisis, en tanto solo restaban cumplir treinta y uno (31) años para que Romero llegara a gozar de su jubilación" (fs. 292 vta.).
III.1.a.iii. De lo expuesto surge evidente que el agravio no puede tener favorable acogida. En numerosas oportunidades esta Suprema Corte ha sostenido que resultan ineficaces para habilitar la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley las argumentaciones novedosas -fruto de una reflexión tardía-, toda vez que no han sido introducidas oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado (causas L. 91.863, "Gómez", sent. de 17-VIII-2011; L. 104.096, "Aranda", sent. de 29-II-2012; L. 116.646, "M., I. A.", sent. de 4-XII-2013; L. 116.945, "Bernachea", sent. de 26-III-2014 y L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; e.o.).
III.1.a.iv. En el contexto descripto, la doctrina legal citada por el interesado no logra variar la suerte de la crítica, desde que ha sido elaborada sobre la base de presupuestos que no guardan similitud con los del caso bajo juzgamiento (causa L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015; e.o.).
III.2. Diferente solución, en cambio, merece el cuestionamiento en torno a la aplicación de la ley 24.432, cuya invalidez constitucional fuera decretada en la instancia de grado.
Con la aclaración de que los honorarios fueron regulados con fundamento en la ley arancelaria vigente al momento de dictarse el pronunciamiento que dispuso su liquidación (esto es, el dec. ley 8.904/77), considero que le asiste razón al recurrente en su planteo.
En primer lugar, se impone destacar que la doctrina legal de esta Corte, vinculada a los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (según ley 24.432) y 505 del Código Civil, ha de mantenerse vigente aún bajo el régimen normativo del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto último, toda vez que la reforma introducida por la ley 24.432 al art. 505 del Código (ley 340) fue receptada en idénticos términos en el art. 730 del ordenamiento de fondo.
La limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en las citadas normas legales ha sido declarada aplicable en el ámbito provincial en reiterados pronunciamientos emitidos por esta Suprema Corte (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 73.148, "Sciandra", sent. de 12-III-2003; L. 84.329, "Maldonado", sent. de 7-III-2007; L. 112.832, "G., D. H.", sent. de 2-V-2013; L. 114.617, "Ruiz Campos", sent. de 3-VII-2013; L. 117.427, "Caraballo", sent. de 20-V-2015 y L. 118.434, "Virgili", sent. de 12-IV-2017; e.o.).
En el caso sub examine , es dable advertir que en la estimación de los conceptos integrantes de la condena en costas el a quo excedió el límite (25% del monto de la sentencia) establecido en las leyes 24.432 y 26.994. Lo expuesto autoriza a casar este aspecto del pronunciamiento y a devolver las actuaciones a la instancia ordinaria para que el tribunal de trabajo, teniendo en cuenta los lineamientos provenientes de la doctrina legal transgredida, limite la condena en costas conforme a lo preceptuado en la mencionada normativa.
III.3. Resta abordar el agravio vinculado al plazo otorgado por el a quo para el cumplimiento de la condena impuesta en el fallo.
III.3.a. Sostuvo el juzgador que la accionada debía "depositar el importe íntegro de la liquidación a practicarse por Secretaría (art. 48 Ley 11.653), dentro del término de tres días de quedar consentida o ejecutoriada la sentencia (art. 163 inc. 7º CPCC), bajo apercibimiento de ejecución..." (fs. 274 vta.).
III.3.b. Con fundamento en las disposiciones de los arts. 155, 158 y 163 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 104 de la ley 13.767 y 63 a 66 del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Fisco provincial peticiona que "...en el hipotético supuesto de condena [...], se fije un plazo de cumplimiento no inferior a 60 días hábiles contados a partir de que la sentencia adquiera autoridad de cosa juzgada" (rec., fs. 296). Ello, por considerar que "Toda esta normativa constitucional y legal debe ser aplicada en forma analógica en cualquier caso en el que el estado resulte condenado en jurisdicción extraña al fuero contencioso administrativo..." (rec., fs. 298).
III.3.c. Estas alegaciones no alcanzan para obtener la modificación de esta parcela del fallo de grado.
III.3.c.i. En lo que interesa, el art. 163 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que "La Suprema Corte de Justicia, al igual que los restantes tribunales, dispone de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus decisiones. En las causas contencioso-administrativas, aquélla y los demás tribunales competentes estarán facultados para mandar a cumplir directamente sus sentencias por las autoridades o empleados correspondientes si el obligado no lo hiciere en el plazo de sesenta días de notificadas. Los empleados o funcionarios a que alude este artículo serán responsables por el incumplimiento de las decisiones judiciales".
La norma en cuestión modificó el anterior art. 151 de la Carta local que regulaba lo relativo a la facultad de esta Suprema Corte para mandar a cumplir con las sentencias contencioso administrativas. Así, como consecuencia de la supresión de su competencia originaria en tales causas, actualmente tanto este órgano como los restantes tribunales de justicia disponen de la fuerza pública necesaria para el cumplimiento de sus decisiones. Ahora bien, el precepto también confiere la facultad de ordenar cumplir directamente las sentencias recaídas en causas contencioso administrativas, ya sea por los tribunales competentes o por la propia Suprema Corte (en los expedientes remanentes o en los casos que lleguen por interposición de recursos extraordinarios).
Ésta ha sido definida como una "...Auspiciosa iniciativa del constituyente que implica una garantía de mayor independencia del Poder Judicial, debido a que los magistrados no deberán estar sujetos a la colaboración que les preste el Departamento Ejecutivo, en la medida que éste ejerce la jefatura policial" (Quiroga Lavié, Humberto; Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Comentario a la reforma y notas de jurisprudencia; Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 199). También refiere el citado autor que "En lo relativo al cumplimiento de las sentencias contencioso administrativas se mantiene el texto anterior, adecuando su redacción al hecho de que ya la Suprema Corte no ejerce jurisdicció
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