Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121015
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.015, "Verón, Jorge Luis contra Provincia ART S.A. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Pettigiani, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 202/209).
Se interpuso, por Provincia ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 236/245 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Jorge Luis Verón y condenó a Provincia ART S.A. al pago de las prestaciones dinerarias establecidas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto en la ley 26.773.
Para así decidir el a quo tuvo por acreditado que, el día 9 de noviembre de 2014, el actor protagonizó un accidente in itinere en el que sufrió afecciones físicas (fractura de tercio medio de tibia y peroné izquierdo y traumatismo de rodilla izquierda con lesión de menisco interno) que le provocaron una incapacidad permanente del 23% del índice de la total obrera (v. fs. 202/203).
Luego, cuantificó la prestación dineraria que le correspondía percibir al accionante "sobre la base de las disposiciones de los arts. 6, 14 inc. A de la LRT, 3 y 8 de la ley 26.773 y resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16 (B.O.1/3/2016)" (fs. 207 vta.). En ese orden, fijó el monto de acuerdo a las pautas indicadas en la norma del citado art. 14 apartado 2 inc. "a", y lo multiplicó por el índice "RIPTE marzo 2016" (1,44), arribando a la suma total de $247.012,30 (v. fs. 208).
Finalmente dispuso que el capital de condena, desde la fecha del infortunio hasta el total y efectivo pago, devengase intereses a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos plazo fijo digital a 30 días (v. fs. cit.).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso, legalidad e igualdad; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 236/245 vta.).
Señala que el tribunal ha interpretado en forma errónea la ley 26.773 y el decreto 472/14, toda vez que sus disposiciones expresamente establecen que sólo los pisos mínimos y las compensaciones adicionales de pago único deben ser actualizados conforme el índice RIPTE (v. fs. 240 vta.).
Asimismo, le reprocha al juzgador haber considerado la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16 cuando, de acuerdo a la mentada normativa, la resolución aplicable al caso es la correspondiente a la fecha del accidente (22/14) y no a la de la sentencia (v. fs. cit. y 243 vta.).
En apoyo de su postulación invoca los precedentes L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) de este Superior Tribunal, y "Espósito" (sent. de 7-VI-2016) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 241/243).
A su vez, cuestiona la fecha de inicio del cómputo de los intereses que estableció el sentenciante alegando que no existió incumplimiento ni mora alguna de su parte (v. fs. 243 vta.).
Explica que, en virtud de lo que prescribe el art. 2 de la resolución 414/99, la mora en el cumplimiento de la obligación de otorgar las prestaciones dinerarias se produce transcurridos treinta días corridos desde la fecha en que la prestación debió ser abonada. Sobre esa premisa entiende que dicha hipótesis recién podría configurarse con el alta médica o el dictado del fallo (v. fs. 245).
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. Inicialmente corresponde señalar que, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3840/17), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.2. Sin perjuicio de lo anterior, el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e. o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Siendo ello así y siguiendo el criterio adoptado por esta Suprema Corte en el precedente L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), entiendo que le asiste razón a la interesada en cuanto se agravia del modo en que el juzgador dispuso la aplicación del índice RIPTE previsto en la indicada ley.
En dicha oportunidad se señaló que el referido índice debe aplicarse a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2, las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4, y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6 de la ley 26.773; resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; decreto 472/14).
Por ello, corresponde revocar la sentencia, en tanto el tribunal aplicó erróneamente el mentado índice sobre el importe de las prestaciones previstas en el artículo 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
III.3. También debe prosperar el planteo por el que se objeta la aplicación al caso de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16.
Como en el apartado anterior, la cuestión debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal vigente.
En la causa L. 120.206, "Ponce" (sent. de 22-VI-2020), así como en otras de similar tenor (causas L. 119.954, "Rodríguez", sent. de 8-VII-2020 y L. 120.061, "Bruno", sent. de 14-VII-2020), esta Corte resolvió que corresponde aplicar el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el señalado índice publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio antes citado, en el contexto definido por la doctrina emergente del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (reiterada en las causas L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016 y L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016; e. o.), en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 -y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación- para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
Teniendo en cuenta que -según puede extraerse del pronunciamiento de grado- aquel suceso aconteció el día 9 de noviembre de 2014, no resulta aplicable la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16 sino la resolución 22/14 de dicha cartera.
En consecuencia, también cabe revocar la sentencia de grado en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa normativa, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
III.4. En cambio, es inadmisible la restante impugnación concerniente a la fecha de inicio del cómputo de los intereses, toda vez que en su formulación la interesada prescinde de toda denuncia tendiente a demostrar el quebrantamiento de la doctrina legal de esta Corte (v. fs. 243 vta./245). Al respecto expresamente se ha declarado que no se configura la hipótesis de excepción prevista por el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, si el despliegue argumental del recurrente carece de la necesaria denuncia de violación de la doctrina legal de esta Corte (causas L. 92.472, "Gnemmi", sent. de 30-XI-2011; L. 115.488, "Cahuapé Pereyra", sent. de 10-IX-2014 y L. 100.654, "Reising", sent. de 15-VII-2015; e. o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, revocar la sentencia en lo concerniente al modo de aplicación del índice RIPTE (ley 26.773) y en cuanto a la resolución a cuyo influjo se dispuso el mejoramiento de la prestación otorgada. En la instancia de origen deberá practicarse nueva liquidación, con arreglo a lo expuesto.
Costas de esta instancia por su orden, atento a la procedencia parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso debe prosperar parcialmente.
I.1. Como señala el doctor de Lázzari, el valor de lo cuestionado en esta instancia no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En tales condiciones, la revisión del pronunciamiento debe efectuarse en el marco que provee el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Bajo tales lineamientos considero que la impugnación al modo en que el tribunal aplicó el índice RIPTE satisface los recaudos de una adecuada fundamentación, y en ese marco, cobran virtualidad las directrices que sobre la temática examinada ha fijado este Tribunal a partir del precedente L. 118.695, "Staroni" [v. sent. de 24-V-2016 y, en particular, el punto III.2.d.(v)], con derivación en la causa L. 118.532, "Godon", sentencia de 5-IV-2017, cuyos fundamentos doy por reproducidos merced a motivos de brevedad.
En esos términos, comparto la propuesta efectuada por el colega en el punto III.2. de su exposición de rescindir la mensura de la prestación sistémica, en tanto el juzgador de origen se sustrajo de la recta interpretación de las normas aplicables al caso.
I.2. También, suscribo las propuestas decisorias contenidas en los apartados III.3. y III.4. del sufragio inaugural.
II. Con el alcance indicado, corresponde admitir parcialmente el recurso de inaplicabilidad de ley traído. Costas de esta instancia por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/07/2020 17:18:13 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 24/07/2020 10:11:32 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 24/07/2020 15:27:57 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 24/07/2020 16:02:52 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 26/07/2020 14:09:47 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 27/07/2020 13:12:52 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia