Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121918
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.918, "Avilés, Alexis Maximiliano contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Genoud, Kogan .
El Tribunal
de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 129/138).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 142/145 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Alexis Maximiliano Avilés contra Construcciones Térmicas S.A., condenándola a entregar al primero "un certificado de trabajo, conforme lo previsto por el art. 80 de la LCT, t.o., con las constancias allí consignadas", con más la multa contemplada en el cuarto párrafo del citado dispositivo (v. fs. 133 vta.).
Rechazó, en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 134 vta.).
Para así resolver, tuvo en cuenta el informe emanado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el cual -a criterio de juzgador- daba cuenta de los aportes realizados al actor. Destacó -asimismo- que no se le cursó informe a la obra social, ni a la entidad gremial respectiva (v. vered., fs. 130).
Finalmente, ya en etapa de sentencia, declaró que, si bien mediante la intimación que remitió el trabajador a la empleadora (v. fs. 7) le exigió el ingreso de los aportes previsionales, sindicales y de obra social retenidos y no ingresados, no individualizó los importes respectivos, ni su origen. Con fundamento en esta última circunstancia, declaró que el accionante no cumplió con lo preceptuado en el art. 1 del decreto 146/01, razón por la cual desestimó la sanción objeto de análisis (v. sent., fs. 134 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17, 19 de la Constitución nacional; 57, 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 incs. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita (v. fs. 142/145 vta.).
En esencia, se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que -entiende- transgrede la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 107.254, "Alveira" (sent. de 5-VI-2013).
Afirma que el sentenciante interpretó erróneamente los alcances de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis citado, al establecer que en la intimación efectuada debió precisarse el monto y el destino de los aportes efectivamente retenidos y no ingresados, toda vez se trata de recaudos no previstos en el texto de la norma.
Por otro lado, alega que el juzgador de grado realizó una absurda valoración de las constancias probatorias. Ello así, por cuanto en el veredicto el a quo tuvo por cumplido el ingreso de los aportes al actor, cuando -contrariamente a ello- del informe acompañado por la AFIP surge la no integración de los períodos octubre de 2014 a febrero de 2015 y de abril de 2015 a enero de 2016 al citado organismo de recaudación (v. rec., fs. 144 vta. y 145).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ante todo es del caso destacar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio a los fines del recurso resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent. de 20-XII-2017).
III.2. Liminarmente, corresponde descalificar aquel aspecto del fallo por el que el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del decreto 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma al no incluir con precisión el monto y destino de los aportes presuntamente retenidos.
El citado precepto normativo establece que, para la procedencia de la sanción conminatoria mensual en favor del trabajador, este "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta (30) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores...".
En ese marco, el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión dirigida al cobro de la penalidad contemplada por el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por conducto de exigir al actor el cumplimiento de dos requisitos -cuantificación del importe no ingresado e identificación del organismo respectivo- que no reconocen sustento en la correcta exégesis del texto de la norma.
III.3.a. Descartadas, entonces, las exigencias formales en las que el tribunal de grado fundó su decisión, cabe analizar si se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria mensual del citado art. 132 bis.
Luego, y por aplicación de la figura de la "apelación adhesiva", corresponde tener en cuenta lo alegado por la parte ausente en la tramitación del recurso porque la sentencia le fue favorable (causas L. 95.784, "Vicenzi", sent. de 21-XII-2011; L. 107.586, "Escalada", sent. de 4-VII-2012 y L. 100.916, "Andrews", sent. de 5-IV-2013), ya que, en caso contrario, se podría dejar sin razón a quien la tenía (causa Ac. 81.298, "Reboredo", sent. de 11-VI-2003).
Desde esta óptica se advierte que, la legitimada pasiva sostuvo en oportunidad de contestar la demanda haber cumplido con el depósito de las deducciones efectuadas (v. fs. 66 vta.).
III.3.b. Ha declarado en forma reiterada esta Corte que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 107.254, "Alveira", sent. de 5-VI-2013, cuya doctrina denuncia transgredida el recurrente; L. 110.591, "Argüello", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
Asimismo, ha precisado este Tribunal que para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, cit.).
III.3.c. En este esquema de análisis, se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción materia de análisis, en los términos en que efectivamente fue solicitado por la actora.
III.3.c.i. En efecto, de los recibos de sueldo acompañados por el accionante a fs. 9/41 surge que se le practicaron deducciones con destino a los organismos de seguridad social y sindicales. Luego, tal como lo afirma el recurrente, con el informe de la AFIP, se acredita la falta de depósito de los períodos octubre de 2014 a febrero de 2015 y de abril de 2015 a enero de 2016, oportunamente descontados (v. fs. 101/102)
III.3.c.ii. Asimismo, conforme se desprende del veredicto (v. fs. 129), el actor intimó a su empleadora (v. interpelación de fs. 7) para que en el plazo de treinta días (art. 1, dec. 146/01) deposite los importes retenidos en concepto de aportes de la seguridad social y sindicales.
III.3.c.iii. En este marco, considero -como anticipé- que se evidencia en el caso el cumplimiento de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, tal como lo postula el quejoso. Por ello, quedando -a partir de lo dicho- atendidos los argumentos traídos, propongo revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario traído, y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/07/2020 18:55:47 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 31/07/2020 10:27:32 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 31/07/2020 11:54:58 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 04/08/2020 12:47:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2020 14:31:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia