Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122207
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.207, "Barrionuevo, Héctor Paulino contra Electroingeniería S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Soria .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 144/155).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 11 de julio de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Héctor Paulino Barrionuevo contra Electroingeniería S.A. condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias salariales, fondo del cese laboral (art. 15, ley 22.250), y aquellas con sustento en los arts. 80 de la ley 20.744 y 53 ter de la ley 11.653 (v. sent., fs. 144/155).
Rechazó en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Al respecto consideró que del informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), daba cuenta que en ciertos períodos no se había pagado el aporte a la seguridad social. Ponderó también que del informe del Instituto Mandatarios de Recaudaciones surgía que la accionada había abonado los conceptos referidos a las liquidaciones mensuales correspondientes a la obra social Ospecon, mas no había desembolsado aportes sindicales con excepción de un período. Destacó la falta de solicitud de un informe a la entidad sindical que representa a los trabajadores de la construcción.
No obstante, en la sentencia, desestimó el reclamo instaurado al juzgar que el trabajador no había cumplido con lo establecido en el decreto 146/01 para hacerse acreedor de la multa reclamada, en tanto la intimación no especificaba el importe que el demandado debía ingresar a los organismos de seguridad social, ni a cuál de ellos correspondía (v. sent., fs. 150 y vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional; 57 y 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 inc. "c", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 11 de julio de 2018).
Se agravia del rechazo a la pretensión fundada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, denunciando la transgresión de la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 107.254, "Alveira" (sent. de 5-VI-2013; e. o.).
Afirma que el sentenciante interpretó erróneamente los alcances de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis citado al establecer que en la intimación cursada debió precisarse el monto, el período y el destino de los aportes efectivamente retenidos y no ingresados, toda vez que tales recaudos no se encuentran previstos en la norma.
Por otro lado, alega que el juzgador de grado realizó una absurda valoración de las constancias probatorias -el telegrama (v. fs. 9), los recibos de sueldo (v. fs. 11/50) y el informe realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 116/117)-; ello, en tanto, afirma, de su análisis surge con claridad que en los períodos diciembre 2014 a febrero 2015 y enero 2016, la empleadora procedió a la retención y no ingreso de los aportes de la seguridad social.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Es del caso destacar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones devengadas mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acredite de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent de 20-XII-2017).
III.2. Corresponde rescindir aquella parcela del pronunciamiento en la que el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del decreto 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma al no incluir el importe no ingresado a los destinos pertinentes de la seguridad social, ni su origen (v. fs. 150 vta.).
La norma citada establece que para la procedencia de la sanción conminatoria objeto de reclamo, el trabajador "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores...".
En ese marco, y no sin señalar que en su intimación (v. fs. 9) el accionante indicó el período correspondiente a la infracción denunciada, se colige que el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión fundada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por conducto de exigir al actor el cumplimiento de un requisito -referido a la materialización económica del reclamo- que no reconoce sustento en la correcta exégesis del texto de la norma.
III.3. Aclarado ello, asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que al rechazar la procedencia de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el tribunal de grado incurrió en absurdo, vulnerando el citado precepto y la doctrina legal de este Tribunal.
III.3.a. Este Tribunal ha declarado que para la procedencia de dicha sanción debe concurrir la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y la subsistencia de esa omisión al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
III.3.b. De ese marco, se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, tal como lo postula el quejoso (causa L. 121.919, "Cabrera", sent. de 12-II-2020).
Como fuera señalado a partir del cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 11/50 y el informe emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el juzgador tuvo por acreditado que en vigencia del vínculo el empleador realizó descuentos con destino a los organismos de la seguridad social sin ingresarlos en su totalidad (v. fs. 146 y vta.).
Por otro lado, tuvo por reconocido el telegrama glosado a fs. 9, por el que Héctor Paulino Barrionuevo intimó a su empleadora (14 de septiembre de 2016) para que en el plazo de treinta días (art. 1 del decreto 146/01) deposite los importes retenidos en concepto de aportes de la seguridad social y sindical.
A partir de lo expuesto, se colige que el tribunal de grado, sobre la base de un análisis equivocado de la prueba, ha delineado conclusiones genéricas desconectadas de las circunstancias particulares del caso, incurriendo en el absurdo denunciado (causas L. 108.109, "Vanucci", sent. de 29-V-2013 y L. 117.626, "Celestino", sent. de 14-XII-2016).
III.3.c. En definitiva, demostrado el vicio imputado al a quo y encontrándose acreditados los presupuestos que tornan viable la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
III.3.d. Ante ese resultado y en virtud de la regla de la adhesión a la apelación cuya vigencia en la sede extraordinaria ya ha sido sostenida por esta Corte (causas L. 80.404, "Daneri", sent. de 13-IX-2006; L. 103.748, "Caniglia", sent. de 18-VI-2014 y L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; e. o.), cabe señalar que las escuetas defensas esgrimidas por la patronal respecto del tópico -afincadas en la simple afirmación de su cumplimiento en lo tocante al depósito de las deducciones efectuadas y, por ende, en la falta de justificación del reclamo (v. contestación de demanda, fs. 77 y vta.)- fueron abastecidas con la argumentación desplegada en los apartados que preceden, con virtualidad adversa a sus pretensiones. Conforme ello, y en ausencia de elementos que permitan abonar el cumplimiento de la obligación a cargo del empleador, debe admitirse la impugnación traída.
IV. Por lo dicho, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo aquí resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Los recaudos que a juicio del tribunal de grado debió contener la intimación cursada por el trabajador, desbordan el texto del art. 1 del decreto 146/01 aplicable al caso. Bajo tal afirmación, adhiero al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Genoud.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/07/2020 18:55:55 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 31/07/2020 10:27:16 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 31/07/2020 11:54:45 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 04/08/2020 12:47:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2020 14:32:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia