Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122424
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.424, "González Giménez, Alejandro Martín contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. sent., fs. 127/134).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 19 de junio de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Alejandro Martín González Giménez contra Construcciones Térmicas S.A. condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias salariales, fondo del cese laboral (art. 19, ley 22.250), y aquellas con sustento en los arts. 80 de la ley 20.744 y 53 ter de la ley 11.653 (v. sent., fs. 127/134).
Rechazó, en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual regulada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así resolver, si bien tuvo por acreditado el incumplimiento del depósito de los aportes destinados a los organismos de la seguridad social efectivamente retenidos por el empleador (v. vered., tercera cuestión, fs. 128 vta. y 129), juzgó que, para hacerse acreedor de la sanción pretendida, la intimación debe cursarse con anterioridad a la extinción contractual y con indicación precisa de los conceptos e importes impagos.
Por ello, en razón de que tales recaudos no se encontraban cumplidos y pese a que el ingreso de los importes en cuestión al sistema de seguridad social no se había producido, desestimó la pretensión (v. sent., fs. 131 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional; 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 inc. "c", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita.
En esencia, se agravia por el rechazo del reclamo correspondiente a la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que -entiende- vulnera la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 107.254, "Alveira" (sent. de 5-VI-2013), entre otras.
Denuncia que el juzgador transgredió e interpretó erróneamente el alcance de los arts. 132 bis citado y 1 del decreto 146/01 al establecer que la intimación debió realizarse con antelación a la extinción contractual y precisando los montos y períodos por aportes efectivamente retenidos y no ingresados, toda vez que tales requisitos no se encuentran en el texto de las normas.
Por otro lado, alega que el sentenciante de grado realizó una absurda valoración de las constancias probatorias -telegrama de fs. 4, recibos de sueldo de fs. 5/26 e informe realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de fs. 98-; ello, toda vez que, afirma, de su análisis surge con claridad que en el período reclamado el empleador retuvo los importes para la seguridad social, sin ingresarlos luego al sistema.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ante todo es del caso destacar que ningún reparo admite la impugnación bajo análisis, en cuanto a su admisibilidad, pues el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones devengados mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, por lo que el litigio -a los fines del recurso- resulta de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent. de 20-XII-2017).
III.2. Inicialmente corresponde dejar sin efecto el tramo del fallo en el que el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador no abasteció los recaudos exigidos por las normas aplicables al caso, por no haber sido realizada antes de la desvinculación contractual y por no incluir indicación precisa de conceptos y montos de los importes adeudados.
Se observa que el fundamento central esgrimido por el juzgador para desestimar la sanción conminatoria mensual (v. sent., fs. 131 vta.) deriva de una errónea interpretación del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pues esta norma no exige que la intimación sea realizada durante la vigencia del vínculo laboral o que incluya la cuantificación del reclamo, tampoco lo hace -por cierto- su decreto reglamentario (art. 1, dec. 146/01).
III.3.a. Descartadas, entonces, las exigencias formales en las que el órgano de grado fundó su decisión, corresponde analizar si se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria mensual del citado art. 132 bis.
Ello así, pues si bien es cierto que el tribunal tuvo por probado que el empleador no depositó los aportes destinados a los organismos de la seguridad social efectivamente retenidos (v. vered., fs. 128 vta. y 129 y sent., fs. 131 vta.), no lo es menos que la demandada no pudo recurrir esa decisión, toda vez que la sentencia le resultó favorable.
Desde esa óptica, se advierte que la legitimada pasiva sostuvo, en oportunidad de contestar la demanda, que correspondía el rechazo de la sanción peticionada, en tanto afirmó que había cumplido con el depósito de la totalidad de las deducciones efectuadas (v. fs. 54).
Luego, y por aplicación de la figura de la "apelación adhesiva", corresponde tener en cuenta lo alegado por la parte ausente en la tramitación del recurso porque la sentencia le fue favorable (causas L. 95.784, "Vicenzi", sent. de 21-XII-2011; L. 107.586, "Escalada", sent. de 4-VII-2012 y L. 100.916, "Andrews", sent. de 5-IV-2013), ya que, en caso contrario, se podría dejar sin razón a quien la tenía (causa Ac. 81.298, "Reboredo", sent. de 11-VI-2003).
En tal sentido, deviene necesario revisar el acierto de la conclusión fundada en la inexistencia de transferencia a los organismos correspondientes de los aportes retenidos.
III.3.b. Ha declarado en forma reiterada esta Corte que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011; L. 107.254, "Alveira", sent. de 5-VI-2013, cuya doctr. denuncia transgredida el recurrente; L. 110.591, "Argüello", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
Asimismo, ha precisado este Tribunal que para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, cit.).
III.3.c. En este esquema de análisis, se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis.
En efecto, con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 5/26 y el informe emitido por la AFIP, es posible verificar que, en los meses de diciembre de 2014 a octubre de 2015, a excepción del mes de marzo de 2015, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social y no dio cumplimiento con su carga de ingresarlos formalmente en su totalidad (v. fs. 96/101).
Asimismo, teniendo en cuenta que el informe del Correo Argentino, obrante a fs. 92, permitió autenticar el telegrama glosado a fs. 4, surge claramente del mismo que el señor González Giménez notificó la intimación a su empleadora el día 24 de octubre de 2016, para que en el plazo de treinta días (conf. art. 1, dec. 146/01) ingresara los importes retenidos a los organismos a los que hace referencia el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por otro lado, cabe agregar que no se advierte de la lectura de la causa que el demandado haya aportado elemento de prueba alguno en condiciones de demostrar el cumplimiento de su carga de ingresar las retenciones realizadas con destino al sistema de seguridad social en los períodos adeudados.
A partir de ello, considero -como anticipé- que se evidencian reunidos en el caso los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria prevista en el citado art. 132 bis, tal como lo postula el recurrente. En consecuencia, quedando -a partir de lo dicho- atendidos los argumentos traídos por la accionada, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
IV. Por lo expuesto, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, pretensión cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y de Lázzari , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/07/2020 18:55:59 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 31/07/2020 10:27:03 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 31/07/2020 11:54:31 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 31/07/2020 16:16:16 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 04/08/2020 15:29:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia