Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122280
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.280, "Langol, Marcelo Omar contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Pettigiani , Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 129/137 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 7 de junio de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Marcelo Omar Langol contra Construcciones Térmicas S.A. condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias salariales y aquellas con sustento en los arts. 80 de la ley 20.744 y 53 ter de la ley 11.653; además, a entregar el certificado contemplado en el citado art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Rechazó en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 129/137 vta.).
Para resolver esto último, si bien tuvo por acreditado el incumplimiento referido al depósito de los aportes destinados a los organismos de la seguridad social efectivamente retenidos por el empleador (v. vered., fs. 131 y vta.), juzgó que el trabajador no intimó a su empleador "...conforme lo previsto en el art. 1 del dec. 146/2001" (sent., fs. 134 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional; 57 y 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 incs. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita.
En esencia, se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que -entiende-transgrede la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 107.254, "Alveira" (sent. de 5-VI-2013).
Afirma que el juzgador interpretó erróneamente el alcance de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis de la ley 20.744 (art. 43, ley 25.345) al determinar -en un exceso de rigor formal- que no se intimó conforme lo prescribe la mentada norma.
Por otro lado, alega que el juzgador de grado realizó una absurda valoración de las constancias probatorias -el telegrama (v. fs. 4), los recibos de sueldo (v. fs. 5/33) y el informe realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (v. fs. 120/123)-; ello, en tanto, asevera, de su análisis surge con claridad que en el período reclamado la empleadora procedió a la retención de los aportes de la seguridad social, sin ingresarlos luego al sistema.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Inicialmente cabe aclarar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent de 20-XII-2017).
III.2. Sentado lo anterior he de anticipar que le asiste razón al interesado cuando impugna lo resuelto por el a quo en lo tocante a la intimación prevista en el art. 1 del decreto 146/01.
En el veredicto el tribunal de trabajo consideró acreditado que el actor intimó a la demandada a que en el plazo de treinta días ingrese los aportes de la seguridad social retenidos y no ingresados a los organismos correspondientes (v. fs. 131), sin embargo, luego en la sentencia dispuso el rechazo -precisamente- del reclamo que perseguía el cobro de la sanción establecida en el art. 132 de la Ley de Contrato de Trabajo bajo la expresión que indica que el trabajador "...no ha intimado a su empleador conforme lo previsto en el art. 1 del dec. 146/2001" (fs. 134 vta.).
Si se recuerda que el art. 1 del decreto al que aludió el juzgador establece que para que sea procedente aquella sanción conminatoria "...el trabajador deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos Organismos recaudadores", claramente puede advertirse que lo resuelto en este tramo de la sentencia es fruto del absurdo, ya sea porque muestra una contradicción interna en su razonamiento, o bien -si se desechara esa hipótesis- porque contiene una afirmación dogmática que en modo alguno se encarga de precisar cuál sería eventualmente el incumplimiento en el que habría incurrido el actor en el marco de la prescripción reglamentaria.
Conforme lo indica la doctrina de este Tribunal, tan graves yerros ameritan la rescisión de esta parcela del pronunciamiento (causas L. 46.573, "Lagares", sent. de 20-VIII-1991 y L. 118.503, "Piazze", sent. de 7-III-2018).
III.3. Debiéndose casar entonces el pronunciamiento con el alcance indicado, corresponde ahora, en virtud de la regla de la "adhesión a la apelación" (causas L. 80.404, "Daneri", sent. de 13-IX-2016; L. 103.748, "Caniglia", sent. de 18-VI-2014 y L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015), analizar si concurren los recaudos que hacen a la procedencia de la sanción pretendida. Ello así, pues si bien el tribunal tuvo por probado que el empleador no depositó los aportes retenidos destinados a los organismos de la seguridad social (v. vered., fs. 131), la parte demandada (vale recordar: que en oportunidad de contestar la demanda sostuvo que había cumplido con el depósito de las deducciones efectuadas; v. fs. 62 vta.) no pudo recurrir esa decisión toda vez que la sentencia, en fin, le resultó favorable.
III.3.a. Ha declarado este Tribunal que, para la procedencia de la mencionada sanción, debe concurrir la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia, la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados, y la persistencia de dicha omisión al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
III.3.b. En este marco, se verifica en el caso la concurrencia de tales recaudos (conf. art. 132 bis, Ley de Contrato de Trabajo).
Tal como lo sostuvo el propio sentenciante, con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 5/29 y el informe emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se constata que, a excepción del mes de marzo de 2015, la patronal realizó deducciones al trabajador en concepto de aportes a la seguridad social y no cumplió con su carga de ingresarlos en su totalidad (v. fs. 102/104).
Asimismo, ya se adelantó que surge del telegrama glosado a fs. 4 (que se tuvo por auténtico a tenor de lo informado por el Correo Oficial a fs. 95) que el actor Marcelo Omar Langol intimó a su empleadora para que en el plazo de treinta días deposite los importes retenidos en concepto -entre otros- de aportes de la seguridad social y sindical .
Luego, se evidencia en la especie la observancia de los requisitos pertinentes, debiéndose modificar en este aspecto la sentencia de grado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo fundado en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro cuyo progreso aquí se declara. Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/07/2020 18:55:58 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 31/07/2020 10:27:08 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 31/07/2020 11:54:34 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 04/08/2020 12:47:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2020 15:31:05 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia