Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122020
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.020, "Sosa, Juan Manuel contra Prevención ART S.A. Enfermedad accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez rechazó la acción deducida, imponiendo las costas -con el beneficio de gratuidad- a la parte actora vencida (v. fs. 223/233 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 245/259).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó íntegramente la acción instaurada por el señor Juan Manuel Sosa contra Prevención ART S.A., por la que reclamaba el cobro de una indemnización integral -con sustento en las normas del derecho común-, por la minusvalía que adujo derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 25 de julio de 2011 (v. fs. 223/233 vta.).
Para así resolver, ponderó especialmente las conclusiones plasmadas por el perito médico en su informe, en cuanto determinó que el actor no padecía incapacidad laborativa de origen físico ni psíquico vinculada al infortunio laboral denunciado y no controvertido.
Asimismo, juzgó no acreditados los incumplimientos de las normas de higiene y suministros de elementos de seguridad en el trabajo atribuidos a la empleadora; así como tampoco la inobservancia de las obligaciones a cargo de la aseguradora demandada.
En ese contexto, consideró que el accionante no había logrado demostrar la existencia del daño y la relación de causalidad en la que sustentó su reclamo (art. 375, CPCC); por ello, rechazó la demanda en todas sus partes.
Finalmente, impuso las costas a la actora en su calidad de vencida -si bien con el beneficio establecido en el art. 22 de la ley adjetiva laboral- y reguló los honorarios de los letrados intervinientes en el proceso con fundamento en la ley arancelaria vigente (ley 14.967).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 28, 31, 33 y 75 inc. 2 de la Constitución nacional; 8 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 16, 17 y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15 y 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 730 del Código Civil y Comercial; 8, 20, 25, 270 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 34 incs. 4 y 5 apartado "b" del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 26, 27 y 47 de la ley 11.653; ley 24.557 y la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer término, cuestiona que el órgano de origen rechazara la demanda promovida. Alega que dicha decisión proviene de una arbitraria apreciación de la prueba.
Impugna que se concluyera que el actor no padece minusvalía alguna.
Afirma que si bien el dictamen parcial médico -efectuado más de seis años después del infortunio- estableció la ausencia de secuelas incapacitantes, el a quo no evaluó íntegramente su contenido, que da cuenta de la existencia de lesiones óseas.
Censura que no se considerara el informe presentado por su parte (del que surge una afectación irreversible de su capacidad en el orden del 8% del índice de la total obrera; v. fs. 15) denotativo, a su entender, de la existencia de sus padecimientos y su persistencia hasta el momento de realizarse la pericia.
Aduce que los elementos preteridos contrarían lo afirmado en el veredicto, al tiempo que objeta la ponderación efectuada por los jueces de origen acerca del desempeño continuado del trabajador en tareas habituales.
II.2. Impugna la condena en costas. Alega que no ha sido culpable de los resultados de las pericias y su imposición carece de justificación legal válida. A todo evento, solicita que se establezcan en el orden causado.
Luego, señala que los honorarios de los profesionales fueron estimados conforme las normas arancelarias provinciales sin tener en consideración el art. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente denuncia violación del límite previsto en los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 24.432) y 730 del Código Civil y Comercial, explicando que las estimaciones de los estipendios superan el 25% del importe del reclamo, tomado como base regulatoria.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho esta Corte que analizar el material probatorio aportado por las partes al proceso a fin de establecer si el trabajador se encuentra afectado por una incapacidad laboral, así como verificar la concurrencia de los presupuestos que tornan viable la acción de daños y perjuicios, corresponde al ámbito de las potestades privativas de los jueces de mérito, exentas de revisión salvo que se demuestre absurdo (causas L. 116.978, "Dalfonso", sent. de 8-IV-2015; L. 117.177, "G., P. V.", sent. de 18-V-2016; L. 119.131, "Peredo", sent. de 6-XII-2017; L. 117.459, "G., J. L.", sent. de 21-VI-2017 y L. 120.626, "Torrea", sent. de 14-VIII-2019).
III.2. Siguiendo tales lineamientos la impugnación resulta insuficiente para neutralizar la decisión que causa agravio.
No controvertida la existencia del infortunio laboral acontecido el 25 de julio de 2011 (registrado por la aseguradora demandada bajo número de siniestro 977731), el tribunal de origen evaluó que el informe pericial médico daba cuenta que el trabajador no presenta minusvalía física vinculada a dicha contingencia. Asimismo, descartó que estuviera perturbado psíquicamente (v. fs. 199/201).
Establecida la ausencia de incapacidad física o psíquica derivada del accidente, el juzgador analizó los reproches vinculados a la falta de observancia de las normas de higiene y seguridad y del debido control por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo demandada.
En ese orden concluyó que no existía en la causa elemento que permita acreditar los extremos argüidos para cimentar el reclamo instaurado en los términos del art. 1.074 del Código Civil.
III.3. Hallándonos en presencia de típicas cuestiones de índole fáctica, la crítica resulta por completo ineficaz (art. 279, CPCC).
Sin controvertir frontalmente el razonamiento que llevó al tribunal de origen a la solución que impugna, el agraviado expone -tan sólo- su disconformidad con la solución alcanzada en el fallo, sin desarrollar una crítica eficaz tendiente a desvirtuar las conclusiones que dieron soporte a la decisión de grado.
En definitiva, el impugnante no se hace cargo de las líneas argumentales del fallo, y tan sólo se dedica a confrontarlas con su propia interpretación del tema, dejando incólumes las afirmaciones que le dan sustento (art. 279, CPCC; causas L. 74.824, "Guevara", sent. de 17-VII-2003; L. 88.332, "Brusa", sent. de 25-IV-2007 y L. 95.560, "Peralta", sent. de 26-XI-2008; e.o.). Se sigue de ello que el recurso interpuesto no cumple la carga de una adecuada fundamentación, pues no se basta a sí mismo para que de su lectura pueda advertirse los errores que se atribuyen a la decisión (causas L. 92.636, "Drago", sent. de 7-VI-2010 y L. 79.507, "Saravia", sent. de 1-III-2004; e.o.).
III.4. Definida la suerte adversa de lo sustancial de la impugnación, sigue analizar los planteos que refieren a los gastos del proceso.
III.4.a. Es sabido que la imposición y distribución de costas constituye una típica cuestión de índole fáctica en principio exenta de censura en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causa L. 90.768, "Vitkauskas", sent. de 13-XI-2013).
A tenor de lo señalado en los antecedentes, el agraviado también expresa en esta temática una mera discrepancia, de suyo insuficiente para concitar la revisión del extremo cuestionado.
Por último, frente a la invocación del principio de gratuidad (art. 20, LCT), cabe advertir al recurrente que la sentencia ha ordenado la imposición de costas con el beneficio que acuerda el art. 22 de la ley 11.653.
III.4.b. Sigue analizar el límite en la imposición de costas.
El tribunal mensuró los estipendios de los abogados intervinientes a tenor de lo normado por los arts. 15 y 16 incs. "a", "b", "c" y "g" de la ley 14.967. Así computó el importe reclamado con más intereses y fijó los honorarios del letrado de la contraria en 150 ius con más el 10% correspondiente a los aportes.
Este método no fue motivo de disputa.
El agraviado afirma que tal estimación infringe el límite previsto del 25% en los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 730 del Código Civil y Comercial y la doctrina del precedente L. 77.914, "Zuccoli", sentencia de 2-X-2002.
Llegados a este punto, interesa destacar que no obra en autos regulación motivada en la actuación pericial.
En función de lo dicho -dejando a un lado la insuficiencia de los cálculos aportados por el recurrente- no resulta posible en esta instancia avanzar en el análisis propuesto.
Ello sin perjuicio de reiterar la plena vigencia de las directrices sentadas por la doctrina legal de esta Corte a partir del precedente indicado, reafirmado por la Corte nacional en ocasión de pronunciarse en el precedente "Latino, Sandra Marcela c/ Sancor Coop. de Seg. Ltda. y otros s/ daños y perjuicios", sentencia de 1-VII-2019 (Fallos: 342:1193).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Genoud en los puntos III.1., III.2., III.3. y III.4.a. de su sufragio.
I.2. También concuerdo en que debe ser desestimada la crítica que gira en torno a la limitación en la responsabilidad por el pago de las costas previstas en los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 730 del Código Civil y Comercial. Ello, toda vez que el recurrente, en un discurso apartado de las cuantías que surgen de la regulación efectuada en autos, en modo alguno evidencia la eventual infracción a las normas citadas.
II. En virtud de lo expuesto, acompaño al ponente con la solución que eleva a este acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/08/2020 11:40:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2020 19:10:00 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 09:16:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/08/2020 09:32:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 14:10:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2020 15:21:35 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia