Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121667
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.667, "Tula, Carlos Alberto contra Federación Patronal Seguros S.A. Enfermedad accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Kogan, Genoud, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón rechazó la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 243/251 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 254/259).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó la demanda promovida por el señor Carlos Alberto Tula contra Federación Patronal Seguros S.A., por la que se pretendía el cobro de una suma de dinero con motivo de la minusvalía que el trabajador denunció padecer (v. fs. 254/259).
En su veredicto, tras valorar la prueba producida, el a quo juzgó acreditado que el actor sufrió un accidente en ocasión de prestar sus funciones para la empleadora quien se hallaba asegurada por la aquí accionada; además, que luego de recibir la denuncia del siniestro la aseguradora lo aceptó y procedió a su cobertura brindando las prestaciones médicas correspondientes. Señaló que las partes concordaron en que al accionante se le otorgó "alta médica sin incapacidad" el día 13 de marzo del 2013 y que la actora no probó haber impugnado con anterioridad al inicio de este litigio dicha alta (v. vered., fs. 243 vta. y 244).
Seguidamente, determinó que el actor es portador de una incapacidad física del 2%, padeciendo asimismo un daño psicológico cuya minusvalía es del 10%, en ambos casos del índice de la total obrera (v. vered., fs. 244).
Luego de referirse a la cobertura del contrato celebrado entre el empleador y la aseguradora demandada, agregó que las partes reconocieron que al accionante no se le abonó indemnización alguna por el siniestro denunciado en autos (v. vered., fs. 244 vta.).
Continúo precisando que al contestar la demanda la accionada desconoció "que exista relación causal entre el supuesto daño sufrido por el actor y un eventual incumplimiento de su parte, o actitud negligente [...] como que en demanda se les haya imputado concretamente los mismos, como que exista por ende su responsabilidad en dicho evento dañoso"; expresó además, que la "actora no ha imputado en demanda [...] que la accionada de autos haya incumplido con los deberes y prestaciones previstas por la ley 24.557, ni alegó que el accionar de ésta hubiera devenido condición necesaria para generar el daño que padece, para imputarle responsabilidad... " (vered., fs. 245).
Ya en la sentencia, en lo relevante, después de relatar -entre otras circunstancias- que al promover la demanda el actor procuró el cobro de una indemnización por daños y perjuicios contra la aseguradora (v. sent., fs. 246) y expedirse sobre la inconstitucionalidad de varias normas de la Ley de Riesgos del Trabajo (así, su art. 39), juzgó que no habiendo identificado el demandante el factor de causación del daño, como el incumplimiento atribuible a la aseguradora o su accionar negligente, ni ofrecido prueba, en virtud del principio de congruencia y frente a los hechos no probados por la accionante, cabía responsabilizar a la parte que debió justificar sus afirmaciones y no logró formar convicción judicial frente a los hechos controvertidos. En virtud de ello, sostuvo que "no correspondía expedirse sobre circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo en el escrito inicial" y desestimó en todas sus partes la demanda promovida por falta de acción (v. fs. 249/250 vta.).
II. La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia concretamente la violación de los arts. 3, 6 apartado 1 y 26 de la ley 24.557; 6 del decreto 717/96 y 109 de la ley 17.418 y de la doctrina legal que individualiza (v. fs. 254/259).
Haciendo referencia a aquella parcela de la sentencia en la que el tribunal indicó que en autos se demandó el cobro de una indemnización por daños y perjuicios, expresa el impugnante que si bien por un error involuntario se consignó en el título de la demanda que esta se iniciaba por "Enfermedad Accidente fundado en el Derecho Común", de varios de sus acápites se desprende que el objeto del reclamo sólo fue la "indemnización de pago único establecida por el art. 14 inc. 'a' de la Ley de Riesgos del Trabajo".
Bajo esa afirmación, y habiendo juzgado acreditado el accidente de trabajo sufrido por el actor y la incapacidad que este le generó, sostiene que el a quo debió hacer lugar a la demanda condenando a la accionada a abonar la mencionada prestación dineraria .
A su juicio, en lo fundamental, resulta equívoco el razonamiento que condujo al sentenciante de grado a desestimar el reclamo con sustento en la falta de imputación en el escrito de inicio -así como de ofrecimiento de prueba- de incumplimientos por parte de la accionada de los deberes y prestaciones a su cargo previstas por la ley 24.557. Aduce que en materia de accidentes laborales, le alcanza al trabajador con probar la ocasionalidad del trabajo en el iter causal para que quede alcanzado por la tipología del art. 6 apartado 1 de la ley 24.557.
Cita algunas síntesis de doctrina de este Tribunal en las que se califica de absurdo al fallo que considera no demostrado el accidente de trabajo invocado y reconocido por el demandado en las actuaciones administrativas, o bien otras, en las que se señala que vulnera el postulado previsto en el 375 del Código Procesal Civil y Comercial el fallo que impone a la parte actora la prueba de un hecho que fue reconocido por la contraria. También plasma extractos de pronunciamientos de otros órganos jurisdiccionales en los que se señala que luego de recibir la denuncia y brindar las prestaciones médicas al trabajador, la aseguradora debe expedirse expresamente, aceptando o rechazando la pretensión y notificar fehacientemente su decisión, siendo que el silencio guardado supone la aceptación de su reclamo.
III. El recurso no prospera.
III.1. El medio de impugnación es marcadamente insuficiente (art. 279, CPCC).
Los sucintos argumentos que trae el recurrente parten de aquella propia valoración que propone de los términos del objeto de la demanda, ello -recordemos- en cuanto asegura que el reclamo de autos consistió en la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. Esa posición, por cierto, contrasta con la que adoptó el tribunal de la instancia cuando precisó que con su demanda la parte actora persiguió la percepción de una indemnización por daños y perjuicios (v. sent., fs. 246).
En este contexto, es necesario recordar que la doctrina de esta Corte indica que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto sólo puede revisarse en sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe el absurdo en dicha labor y la violación al principio de congruencia (causas L. 94.807, "Iasevoli", sent. de 1-XII-2010; L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 117.694, "Martínez", sent. de 19-X-2016).
En el sub examine el interesado se ha limitado a discrepar con la tesitura blandida por los magistrados de grado pero sin satisfacer ninguno de esos recaudos, déficit que -como en numerosas ocasiones lo ha destacado esta Corte- sella de modo adverso la suerte del recurso (causas L. 116.453, "B., I. E.", sent. de 4-VI-2014; L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016 y L. 119.347, "Bernardi", sent. de 14-VIII-2019).
Es así, que circunscripta la facultad revisora de este Tribunal al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule, la insuficiencia del recurso interpuesto impide, pues, revisar el acierto o desacierto de la decisión de grado (causas L. 107.439, "Pérez", sent. de 26-IX-2012; L. 102.603, "Sebastiani", sent. de 4-XII-2013 y L. 118.280, "Martín", sent. de 9-XI-2016).
III.2. A partir de la conclusión que antecede, pierden todo vigor el resto de las reflexiones que trae el interesado, que -como se anticipó- suponen admitir que el reclamo de autos consistió en el cobro de una prestación sistémica.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Discrepo con la propuesta de mi distinguido colega doctor Soria pues, en mi opinión, el recurso debe prosperar.
I.1.a. En su libelo inicial, la parte actora -en lo que aquí interesa-, reclamó a Federación Patronal Seguros S.A. el cobro de determinada suma de dinero en concepto de reparación, a raíz del accidente de trabajo que denunció.
Cabe aclarar que si bien puede notarse cierta confusión del accionante en varios pasajes de su escrito postulatorio respecto del encuadre normativo de su reclamo (puntualmente, a fs. 6, en el título "inicia demanda por enfermedad accidente fundado en el derecho común..." y luego, al consignar en el "objeto" que procuraba el "cobro de indemnización por daños y perjuicios"), una lectura armónica del mismo indica que lo que pretendía eran las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial (leyes 24.557 y 26.773).
Ello se desprende -entre otras- de lo expuesto a fs. 6 vta. en el que señala "la causal por la que inicia la presente es por cobro de la indemnización por accidente de trabajo in itinere, por el monto que emergerá de la liquidación que en el acápite respectivo se indica y/o por lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse en autos [...] reclamo este importe en concepto de la indemnización de pago único, establecida por el art. 14 inc. A) de la Ley de Riesgos del Trabajo para el caso de incapacidad permanente, parcial y definitiva".
Luego, dedicó un capítulo a abordar la responsabilidad de la aseguradora y expresó que: "La causa fuente de la responsabilidad de la ART aquí demandada no está dada por el hecho que da origen al daño en la integridad psicofísica del trabajador, sino por el contrato celebrado con su empleadora, en virtud del cual aquélla se hace cargo de las prestaciones previstas en la LRT, en razón de ese contrato y en los términos de esa norma (art. 109, ley 17.418 y arts. 3, 6.1, y 26 de la LRT), cuya constitucionalidad no se cuestiona por el presente" (fs. cit.).
A su vez, al relatar los hechos en los que sustentó su reclamo, expresó que "desde la fecha del accidente y más aún, desde la fecha del alta médica definitiva, la A.R.T. no se pronunció expresamente respecto del accidente denunciado. Conforme lo dispuesto por el art. 22 del decr. 491/97 y art. 6 del decr. 717/96, este silencio de la Aseguradora debe entenderse como aceptación de la pretensión del trabajador [...] desde la fecha del alta médica han transcurrido más de 3 meses sin que la A.R.T. lo haya citado para determinar el grado de incapacidad laboral permanente parcial y definitiva [...] No recibió notificación fehaciente alguna de parte de la ART de los importes que le correspondía percibir, precisando cada concepto en forma separada, e indicando que se encontraban a su disposición para el cobro (cfr. Ley 26.773, art. 4, primer párrafo; v. fs. 7 vta.)...".
Asimismo, al realizar la liquidación de la prestación dineraria solicitada, lo hizo teniendo en cuenta las pautas de las leyes 24.557 (art. 14 apdo. 2 inc. "a") y 26.773 (art. 3), la cual ajustó conforme el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en esta última; arrojando un total de $584.022 (v. fs. 8 vta.).
Para más, en acápite el X. de su presentación ("Inconstitucionalidad del ingreso base"), también expuso: "Se reclama que la ART demandada responda en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo por las lesiones que padece mi mandante por el infortunio laboral acaecido abonando el mismo en base al grado de incapacidad que se determine en autos y a la real remuneración percibida por el actor..." (fs. 9).
Planteó -además-, la inconstitucionalidad del procedimiento administrativo ante las Comisiones Médicas (v. fs. 12 vta.).
I.1.b. Por otro lado, al contestar su demanda -en esencia-, la aseguradora manifestó que luego de recibir la denuncia del accidente, dio cumplimiento con todas las obligaciones a su cargo. Sostuvo que, de igual manera, tampoco había sido imputado o -eventualmente- probado incumplimiento alguno u omisión de su parte, y que existiera relación causal entre este y el daño denunciado (v. fs. 46 vta. y 47).
Destaca que el actor no sólo recibió las prestaciones y tratamientos correspondientes, sino que le otorgó el alta médica sin incapacidad el día 15 de febrero de 2013, resolución que no fue impugnada ante la Comisión Médica correspondiente (v. fs. 48 vta.).
I.1.c. El tribunal de trabajo, por su parte, cuando brindó respuesta a las cuestiones planteadas en el veredicto, concluyó que el señor Tula sufrió un accidente de trabajo en ocasión de prestar tareas para su empleadora y que, luego de recibir la denuncia del siniestro, la aseguradora procedió a su cobertura y brindó las prestaciones médicas correspondientes hasta que fue dado de alta, sin determinación de incapacidad y sin abonarle indemnización dineraria alguna (v. vered., fs. 243 vta. y 244).
Seguidamente, tras valorar las pericias médica y psicológica producidas en autos, determinó que el actor es portador de una incapacidad del 12% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 244).
Luego, en el tercer interrogante del fallo de los hechos, expuso que la demandada había desconocido la existencia de "relación causal entre el supuesto daño sufrido por el actor y un eventual incumplimiento de su parte, o actitud negligente...", a la vez que tampoco se les había imputado concretamente los mismas y -por ende-, la existencia de responsabilidad de su parte en dicho evento dañoso. Expresó además, que "la parte actora no ha imputado en demanda -ni tampoco ofreció prueba al respecto a las que tenía a su alcance, a pesar de la carga que le impone el art. 375 del CPCC- que la accionada de autos haya incumplido con los deberes y prestaciones previstas por la ley 24.557, ni alegó que el accionar de ésta hubiera devenido condición necesaria para generar el daño que padece, para imputarle responsabilidad... " (vered., fs. 245).
En la sentencia, sostuvo que la presentación inicial del actor procuraba el cobro de una indemnización por daños y perjuicios contra la aseguradora demandada (v. sent., fs. 246). En ese orden de ideas, tras declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, juzgó que -atento las conclusiones acreditadas en el veredicto-, por el principio de congruencia y frente a los hechos no probados por la accionante, cabía responsabilizar a la parte que debió justificar sus afirmaciones y no logró formar convicción judicial frente a los hechos controvertidos. Por ello, ante la falta de imputabilidad y pruebas para responsabilizar a la aseguradora demandada, sostuvo que "no correspondía expedirse sobre circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo en el escrito inicial" y desestimó en todas sus partes la acción promovida.
I.2.a. Esta Corte ha declarado que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y la definición de los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto no puede ser revisada en casación, salvo que se alegue la existencia de absurdo, que debe ser eficazmente demostrado por quien lo invoca (causas L. 111.863, "Coronel", sent. de 24-IV-2013 y L. 121.236, "Santillán", sent. de 25-IX-2019).
Para juzgar configurado el absurdo se requiere la verificación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 110.253, "Diez", sent. de 11-VII-2012; L. 118.169, "Pucheta", sent. de 14-X-2015 y L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016).
I.2.b. En el caso, el recurrente demuestra tal vicio en la lectura del escrito inicial, pues -en atención a lo reseñado- fácil es advertir el error en el que incurrió al interpretar la pretensión deducida por el accionante.
Se advierte entonces, que el objeto del pleito sometido a conocimiento al juzgador se encontraba definido -como se anticipó- por un reclamo dirigido a obtener el cumplimiento de las prestaciones dinerarias previstas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, no así una reparación por daños y perjuicios.
Lo dicho es suficiente para tener por verificada la mentada anomalía, sin que corresponda ingresar en consideraciones de otro orden.
I.2.c. Ahora bien, dicho esto corresponde, atendiendo lo peticionado por el accionante al iniciar su demanda y las consideraciones acreditadas en fallo de los hechos por el órgano de grado, juzgar sobre la procedencia de la petición.
Siendo así, habiendo sido demostrado -en conclusión que arriba firme a esta instancia- el accidente de trabajo sufrido por el trabajador, la determinación del alta sin incapacidad por parte de la aseguradora, sin abonarle indemnización alguna y que, como consecuencia del siniestro padece una incapacidad del 12% del índice de la total obrera, cabe concluir que se encuentran reunidos los presupuestos para hacer lugar a la acción deducida, en los términos señalados.
En consecuencia, corresponde casar la sentencia de origen en cuanto -incurriendo en el vicio de absurdo- desestimó la demanda mediante la cual se procura el cobro de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, rubro cuya procedencia aquí se declara.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, revocar el fallo de grado con los alcances señalados.
Los autos deberán volver a la instancia de origen para que, dicte pronunciamiento de conformidad con lo que aquí resuelto.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/08/2020 10:40:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2020 11:39:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2020 19:10:45 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 09:16:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/08/2020 14:11:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2020 15:27:35 - DI TOMMASO Analia Si
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