Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76068
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
El depósito previo efectuado en autos queda perdido para la recurrente (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a los arts. 6 y 7 de la resolución 425/2002 (texto resol. 3135/13).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.068 "Leonardo D. Seggiaro S.A. contra Provincia de Buenos Aires sobre pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Torres, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar a la defensa articulada por la Fiscalía de Estado; revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar parcialmente a la pretensión indemnizatoria promovida por Leonardo D. Seggiaro S.A. contra la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, declaró prescripta la acción interpuesta (v. sent. de fecha 12-XII-2018).
Disconforme con ese pronunciamiento la accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 31-01-2019 7:02:51 p.m.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 26-III-2019.
Dictada la providencia de autos para resolver, agregado el memorial de la parte demandada (v. presentación electrónica de fecha 12-09-2019 11:09:27 a.m.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La firma Leonardo D. Seggiaro S.A. inició demanda contra la Provincia de Buenos Aires a los fines de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la inundación de fracciones de su campo, situadas en el Partido de Pehuajó.
En su escrito inicial atribuyó la causa de la inundación de sus tierras a la defectuosa implementación de diversos canales de desagüe en la zona por parte de la Provincia de Buenos Aires y a los desbordes provocados por el cierre de compuertas.
I.2. Frente a ello la Fiscalía de Estado opuso la excepción de prescripción de la acción.
I.3. La sentencia de primera instancia rechazó la defensa planteada e hizo lugar parcialmente a la demanda entablada (v. pronunciamiento de fecha 10-V-2017).
Para así decidir, consideró que ante la carencia de elementos probatorios que permitieran determinar la fecha exacta en la cual se inundó el campo del accionante, correspondía tomar como circunstancia decisiva la de mayor invasión hídrica, esto es, abril de 2002, es decir, 23 meses antes a la promoción de la Diligencia Preliminar.
I.4. Contra tal decisión se alzó la Fiscalía de Estado.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al planteo de la impugnante, revocó el fallo de grado y, en consecuencia, declaró prescripta la acción (v. sent. de fecha 12-XII-2018).
II.1. Señaló que la primera actuación procesal de la parte actora se produjo con la diligencia preliminar, presentada en la Receptoría General de Expedientes el día 30 de marzo de 2004 (v. escrito "promueve prueba anticipada", fs. 59/62 del expediente "Leonardo D. Seggiaro S.A. s/Diligencia Preliminar").
Entendió que, a los efectos de determinar si la acción se encontraba prescripta o no, correspondía dilucidar si la inundación del campo de la actora aconteció antes o después del 30 de marzo de 2002. Ello, en atención a que no había sido controvertido el plazo de prescripción aplicable al caso, el previsto en el art. 4.037 del Código Civil (ley 340).
II.2.a. Indicó que la actora en su escrito de inicio había afirmado que, más allá de los pequeños focos de agua que ya existían en la zona con anterioridad, su campo había resultado severamente anegado el día 20 de abril de 2002, cuando -para evitar la inundación de la ciudad de Pehuajó- la Dirección de Hidráulica taponó en el predio de su propiedad dos compuertas de hormigón armado que evacuaban el agua de la zona del canal y, como consecuencia de ello, en una semana casi la totalidad del campo había quedado cubierto de agua.
Destacó la Cámara que, no obstante lo expuesto por la accionante en ese escrito de demanda, esa misma parte al solicitar las diligencias preliminares (expte. 36.345) había referido que el inmueble de su propiedad se encontraba afectado de graves inundaciones, que ese fenómeno "...se viene arrastrando desde hace varios años, adquiere particular intensidad y repercusión pública..." y que "la causa de dicho estado de cosas resulta ser, como se pretende demostrar con esta prueba anticipada, la inadecuada construcción de canales por parte de la provincia de Buenos Aires que han transformado la zona donde se encuentra el establecimiento propiedad de mi poderdante, en un reservorio de aguas"... "valga como demostración de lo que se afirma la imagen satelital que se trae con la presente y de la cual surge que el 28 de abril de 2002 el campo tenía 407 hectáreas inundadas sobre un total de 607 hectáreas".
II.2.b. Luego, el Tribunal de Alzada tuvo en cuenta que en el citado expediente 36.345, el perito ingeniero civil, señor Campanelli, había expresado en relación al inicio del anegamiento que "...Con motivo del evento ocurrido en marzo de 1987, donde se produjeron importantes anegamientos en todo el NO bonaerense, la DPHBA (hoy DIPSOH) efectuó una serie de obras de derivación y control (cortes de lomas y estructuras con compuertas) que condujeron los excedentes en dirección OE hacia el partido de 9 de julio, con destino final en el Río Salado. La importante masa de agua que fue derivada de ese evento, originó una importante inundación en este Partido, principalmente sobre aquellos campos ubicados linderos a la vía preferencial sobre la cual se derivaron los excedentes. La conducción y derivación de estos acumulados en la región del NO bonaerense hacia el Rio Salado, se plasmó en el proyecto y construcción de llamado Rio del OE...El canal A. Jauretche transporta las aguas desde la laguna Las Tunas y en su discurrir por el Partido de Pehuajó, desde el mes de marzo de 1994 inunda las fracciones de campo propiedad del actor de estos autos...".
Y que asimismo había agregado que "...las precipitaciones no fueron suficientes por sí mismas para provocar el anegamiento, en determinada época (año 2000) y en zona lindera al predio..." y que las obras construidas por la Provincia de Buenos Aires habían sido la causa de las inundaciones provocadas .
Además, resaltó que, al contestar el pedido de explicaciones que se le formuló, el experto aclaró que "...lo correcto sería expresar que los grandes canales afectan el equilibrio hídrico normal de la región y del campo de la actora desde marzo de 1994. Dicha fecha fue la época de conexión final de esta obra con el sistema lagunar Hinojo-Las Tunas. El sistema de grandes canales había comenzado a construirse aguas abajo en Bragado a fines de la década de 1980 (1989)".
El Tribunal de Alzada consideró que el citado dictamen pericial se complementaba con el elaborado por el ingeniero agrónomo, también en el marco de la aludida diligencia preliminar.
Puso de relieve que el experto, al comentar las imágenes satelitales (v. fs. 177 vta. y 178), había consignado que era posible observar superficies inundadas en el campo ya desde la imagen correspondiente a enero de 1986. No obstante ello, al referirse a la imagen de noviembre de 2001 expuso que "...con esta imagen aparece una importante superficie inundada (72%) y la misma interrumpe todas las vías de comunicación terrestre...se puede hablar de una reducida superficie aprovechable circunscripta al caso del campo en estudio...".
Destacó que el perito ingeniero hidráulico había informado que en la imagen satelital provista por la Dirección de Aplicación de Imágenes Satelitales correspondiente a la fecha 3-11-2001 el porcentaje de inundación del campo del actor era del 49%, mientras que en la imagen del 28-4-2002 dicha superficie era del 74%.
La Cámara valoró que, independientemente de la distinción que el profesional estableciera respecto a lo acontecido en los años 2000-octubre de 2001 y noviembre-diciembre de 2001 a abril-mayo de 2002 (v. dictamen, fs. 353 y explicaciones, fs. 388 vta.) y la referencia a una mayor superficie inundada para este último período, de las conclusiones del perito ingeniero hidráulico se desprendía que el predio objeto de esta litis se encontraba inundado con antelación al 30 de marzo de 2002.
Asimismo, indicó que al interpretar la imagen satelital correspondiente al día 3 de noviembre de 2001, el perito ingeniero Arturi había informado que, para ese momento el campo de Seggiaro S.A. ya se encontraba anegado en un 49%, y precisó que el actor había solicitado certificados de emergencia agropecuaria con anterioridad a marzo de 2000.
II.2.c. A mayor abundamiento, aludió a la postura adoptada por esta Suprema Corte al abordar la trascendencia de los certificados de emergencia agropecuaria en relación al cómputo del plazo prescriptivo.
Entendió que el carácter vinculante de este tipo de documentación no podía ser ignorado en este proceso, puesto que fue el propio actor quien emitió el documento y se benefició de él, sin que fuera posible contradecir la veracidad de la información allí jurada (en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz).
Consideró que esa circunstancia, daba cuenta de que el período de inundación del campo había comenzado -como mínimo- en el año 2000, época en que la parte actora peticionó, obtuvo y se benefició con el régimen asistencial establecido para los regímenes de emergencia agropecuaria, y que esa documentación debía ser interpretada en consonancia con el resto de las constancias probatorias examinadas que también demostraban el anegamiento del campo con anterioridad a esa fecha.
II.3. Con base en lo expuesto concluyó que la acción intentada se encontraba prescripta, puesto que el plazo para su interposición había vencido en forma previa al inicio de la diligencia preliminar (interpuesta el 30-III-2004).
III. Contra esa decisión del Tribunal de Alzada la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación del art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial y alega absurdo en la valoración de la prueba.
Aduce que la Cámara no tuvo en cuenta ninguna de las probanzas que ella trajo al proceso, ni siquiera para rebatirlas.
Manifiesta que se omitió ponderar el dictament del perito ingeniero Campanelli, que no deja lugar a dudas acerca de que el cierre de las compuertas -dispuesto por la Dirección de Hidráulica- del canal Arturo Jauretche en abril de 2002, tuvo como propósito la salvaguarda del casco urbano de Pehuajó y derivó en la inundación de los campos aledaños al canal citado.
Sostiene que existe una relación directa de causalidad entre la mencionada decisión estatal y el ingreso incontrolado de agua en el predio de su propiedad.
Alude a publicaciones periodísticas con base en las cuales sostiene que su campo tenía pequeños focos de agua únicamente en una minúscula franja de la parcela adyacente al referido canal, que no dificultaba la explotación del predio, y que a partir del día 20 de abril de 2002 -al colapsarse las defensas y terraplenes del canal- se inició la inundación completa.
Refiere que el ingeniero Arturi indicó que desde finales de 2001 hasta abril/mayo de 2002 el ingreso de agua tuvo una magnitud grandiosa, traduciéndose la crecida en la imagen del 28-4-2002 con el 74% del campo inundado, en un ingreso vertiginoso de aguas al predio, en pocos días.
Afirma que tampoco se ponderaron las fotografías del campo por ella aportadas y las declaraciones testimoniales rendidas en autos, que coincidían en que la preexistencia de partes encharcadas no impidió la explotación del establecimiento, en el carácter súbito del ingreso de las aguas y en la fecha de ese acontecimiento.
Arguye que la totalidad de la prueba demuestra que el momento desde el cual debe comenzar a computarse el plazo prescriptivo es el mes de abril del año 2002, cuando la Provincia decidió el cierre de las compuertas. Elementoséstos que no fueron meritados por la Cámara, que sólo valoró el acogimiento del actor a los beneficios del régimen de emergencia agropecuaria y estableció, sin mayor análisis, que la inundación se inició en el año 2000. Por ello, entiende que la sentencia impugnada es absurda y arbitraria.
Por último, se agravia de que la Cámara admitió la defensa opuesta tras entender que se trataba de un mero agravamiento de la situación existente y no reparó en que la causa generadora del daño fue el cierre de las compuertas del canal Jauretche. Indicó que el perjuicio ocasionado por una decisión estatal debe marcar la fecha de inicio del cómputo de la prescripción.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. No hay controversia entre las partes respecto a que la cuestión debatida se enmarca en el ámbito de la responsabilidad extracontractual del Estado y que el plazo de prescripción es de dos años en los términos del art. 4.037 del Código Civil, conforme ley 340 (aplicable al presente caso en virtud de la fecha en que se produjeron los hechos que dan lugar a la causa).
Ahora bien, toda vez que la primera actuación procesal de la parte actora, al promover la diligencia preliminar, data del 30 de marzo de 2004, a los efectos de determinar si la acción se encuentra prescripta o no, corresponde establecer si la producción de los daños reclamados resultó anterior o no al 30 de marzo de 2002.
Sentado ello, destaco que esta Suprema Corte ha expresado que la cuestión vinculada con el cómputo de la prescripción -motivo de agravio en el presente- su interrupción o punto de arranque, alude a un aspecto circunstancial y casuístico extraño a la competencia de la vía extraordinaria (conf. C. 100.008, "Greco", sent. de 21-IV-2010 y C. 117.910, "Agrati", sent. de 16-III-2016, e. o.).
Determinar la existencia del perjuicio que ha de marcar el comienzo del plazo prescriptivo es una tarea que le compete exclusivamente a las instancias ordinarias y sólo es revisable en casación cuando se denuncia y demuestra que el camino seguido por el juzgador evidencia absurdo, en franca infracción a las normas que gobiernan la valoración de la prueba (conf. Ac. 68.355, "Giacusa", sent. de 28-II-2001 y C. 117.910, cit., e. o.), situación que no acontece en la especie.
IV.2.a. La Cámara analizó la prueba producida en autos, llegando a la conclusión de que el predio propiedad de la firma actora se encontraba inundado con anterioridad al 30 de marzo de 2002.
En particular, tuvo en cuenta que el experto en ingeniería, había sostenido que los canales afectaban el sistema hídrico normal de la región y del campo de la actora desde marzo de 1994; en la época de conexión final de esa obra con el sistema lagunar Hinojo-Las Tunas y que el sistema de grandes canales había comenzado a construirse aguas abajo en Bragado a fines de la década de 1980.
Sostuvo que las conclusiones de ese dictamen se complementaban con el elaborado por el ingeniero agrónomo quien, al comentar las imágenes satelitales, había consignado que era posible observar superficies inundadas en el campo desde la imagen correspondiente a enero de 1986, y que en la de noviembre de 2001 aparecía una superficie inundada (72%) que interrumpía todas las vías de comunicación terrestre.
Indicó que el ingeniero hidráulico en relación a las imágenes satelitales atribuyó a la de fecha 3-11-2001 un porcentaje de inundación del campo de la actora en el 49%, mientras que en la imagen del 28-4-2002 dicha superficie la determinó en el 74%.
Destacó que más allá de la distinción efectuada en el informe respecto a una mayor superficie inundada para el período noviembre de 2001-mayo de 2002 (que pudo dar cuenta de un agravamiento de la situación mas no su causación), de las conclusiones del perito ingeniero hidráulico también se desprendía que el campo de la actora se encontraba inundado con anterioridad al día 30 de marzo de 2002.
Así, tuvo en cuenta la solicitud de certificados de emergencia agropecuaria efectuada por la actora antes del mes de marzo de 2000, las manifestaciones vertidas por la actora al promover la diligencia preliminar y el resto de las constancias probatorias para, finalmente, concluir que el anegamiento del campo se había producido con anterioridad a esa fecha y en ese sentido determinar que al inicio de la referida diligencia preliminar (el 30-III-2004) la acción se encontraba prescripta.
IV.2.b. Esos fundamentos expuestos por la Cámara no resultan conmovidos por las manifestaciones desplegadas por la recurrente, en tanto se desentiende de ellos, limitándose a exteriorizar su opinión discrepante con el resultado obtenido y a esgrimir su punto de vista subjetivo, manifestando así su parecer acerca del inicio del cómputo de la prescripción y la valoración del material probatorio.
De la lectura del fallo recurrido se advierte que el Tribunal de Alzada no sólo valoró el acogimiento del actor a los beneficios del régimen de emergencia agropecuaria, en el año 2000, para establecer el inicio del plazo de prescripción -como lo afirma la impugnante- sino que interpretó dicha documentación en consonancia con el resto de las constancias probatorias examinadas que también dieron cuenta del anegamiento del campo con anterioridad a la fecha indicada por el actor.
En consecuencia se observa que las expresiones de la recurrente no constituyen base idónea de agravios ni configuran el absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que esa anomalía queda configurada cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental, única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de las cuestiones de hecho y prueba (conf. C. 107.923, "Mercedo", sent. de 30-VI-2010; C. 120.693, "Arias", sent de 11-IV-2018 y C. 117.910, cit.; e. o.).
Sabido es que en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. Ac. 73.447, sent. de 3-V-2000; Ac. 81.965, sent. de 19-III-2003 y C. 118.274, sent. de 23-XII-2014).
V. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 68, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres y Genoud por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
El depósito previo efectuado en autos queda perdido para la recurrente (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a los arts. 6 y 7 de la resolución 425/2002 (texto resol. 3135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/08/2
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.