Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122784
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.784, "Fideicomiso Linehouse Güemes contra Alma Estructuras S.R.L. y otro. Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual (Exc. Estado)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata confirmó, por mayoría, la sentencia de primera instancia que, oportunamente, había desestimado la excepción de falta de legitimación activa opuesta por San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales. Le impuso a esta última las costas de alzada (v. fs. 243/254 vta.).
Se interpuso, por la compañía aseguradora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 14 de junio de 2018, págs. 1 a 10).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Se presentó la letrada apoderada, doctora Mariela Santilli, en representación del Fideicomiso Linehouse Güemes, promoviendo demanda de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato contra la empresa Alma Estructuras S.R.L. y la aseguradora San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.
Explicó que la administradora del fideicomiso, señora Susana Graciela Ceotto, había suscripto, con fecha 29 de abril de 2011, un contrato de locación de obra por ajuste alzado absoluto con la empresa Alma Estructuras S.R.L. por el cual la locataria debía ejecutar y construir la carpintería de aluminio y herrería en el inmueble objeto del fideicomiso, sito en la calle San Lorenzo 1.550/1.565 de la localidad de Mar del Plata. Ante la falta de cumplimiento por la locataria de su obligación, la locadora comenzó el intercambio epistolar con aquélla, el que finalizó cuando la locadora dio por resuelto el contrato.
Peticionó en su demanda como daño patrimonial la suma que se le había abonado por adelantado a la empresa demandada, pidió la citación de la aseguradora en virtud del seguro de caución del que era beneficiaria la señora Susana Graciela Ceotto y la aplicación de la ley de defensa del consumidor para que se imprimiera el trámite sumarísimo y el beneficio de gratuidad, reclamando, además, el daño punitivo y la aplicación de intereses (v. fs. 114/134).
Corrido el traslado de ley se presentaron la aseguradora San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales y la empresa Alma Estructuras S.R.L, ambas interponiendo excepción de falta de legitimación activa y, en subsidio, contestaron demanda repeliendo la acción; la última de las mencionadas también articuló la excepción de suspensión en el cumplimiento de la prestación que regula el art 1.031 y 1.032 del Código Civil y Comercial (v. fs. 174/182 y 199/202, respectivamente).
La parte actora contestó las excepciones planteadas por la demandada Alma Estructuras S.R.L., solicitando el rechazo de esas defensas (v. fs. 209/210 vta.).
Seguidamente la magistrada rechazó las excepciones de falta de legitimación activa opuestas, difiriendo la resolución de la restante excepción planteada para la oportunidad de dictar sentencia. Impuso las costas a la actora en razón de las circunstancias del caso (v. fs. 211/212 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado y fundado por la aseguradora (v. fs. 213/216) y por la actora (v. fs. 218 y vta.), quienes repelieron sus respectivos memoriales (v. fs. 222/223 y 225/228 vta.). También apeló la locataria (v. fs. 230) presentando su memorial (v. fs. 234/235), el que fue contestado por la actora (v. fs. 237/240 vta.).
I.2. Elevados los autos a la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, ésta ratificó, por mayoría, el pronunciamiento dictado en la anterior instancia.
Para decidir como lo hizo, en la medida del recurso interpuesto, tuvo en cuenta que la aseguradora, al fundar el recurso de apelación, introdujo cuestiones que no habían sido esgrimidas al plantear la excepción, pues había basado su defensa en que el fideicomiso no era sujeto de derecho en nuestra legislación. En ese marco contestó la actora el planteo y resolvió la magistrada de primera instancia disipando la confusión presentada en la demanda al designar al fideicomiso como el reclamante y no a la fiduciaria (v. fs. 250 vta. y 251).
Señaló entonces el sentenciante que los extremos que la apelante había invocado a fs. 214 puntos 1 y 2 de su expresión de agravios eran extraños a la función que competía a esa instancia, pues eran aclaraciones sobre las personas demandadas y los contratos que las vinculaban y también manifestaciones sobre los firmantes y la fecha de constitución del fideicomiso, todo lo cual caía fuera de la apelación al ser alcanzado por el art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 251 vta.).
Seguidamente circunscribió el examen a los restantes argumentos esgrimidos por la apelante en los que insistía sobre los errores contenidos en la demanda referidos a la legitimación del reclamante.
Consideró el Tribunal de Alzada que tanto de la propia demanda como de los elementos adunados a la causa surgía, al margen del desliz de la letrada al consignar al reclamante, que la acción había sido impulsada por la fiduciaria Susana Graciela Ceotto y que en el acápite "Personería" la letrada había dejado asentado que venía a promover la acción siguiendo expresas instrucciones de su mandante, desprendiéndose del Poder, sin hesitación, que las instrucciones habían sido recibidas de aquélla por sí y en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso Linehouse Güemes (v. fs. 251 vta./252 vta.).
Tuvo en cuenta, además, que la póliza de seguro había sido emitida a favor de la señora Susana Graciela Ceotto como fiduciaria del Fideicomiso en cuestión (v. fs. 252 vta. y 253).
A mayor abundamiento, el sentenciante apreció que, según la documental adjuntada por la aseguradora, el seguro había sido contratado el día 6 de junio de 2013 y, a esa fecha, el Fideicomiso se encontraba legalmente constituido desde hacía tiempo con la protocolización del respectivo acto. Concluyó que en base a ese negocio la aseguradora había comenzado a percibir la prima y los dividendos generados por el aseguramiento, lo que a la luz de la teoría de los actos propios constituía una esclusa infranqueable para la pretensión impugnativa de la apelante. Consideró, además, que al haber percibido la prima se configuraría un enriquecimiento sin causa si al propio tiempo pretendía sustraerse de cumplir con la garantía asumida (v. fs. 253 y vta.).
II. Se agravia la recurrente -San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales- denunciando la infracción de los arts. 163 inc. 6, 272 y 345 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial; 2 y 3 de la ley 17.418 y 523, 524, 525 y 1.994 del Código Civil; alega absurdo.
En su escrito electrónico de fecha 14 de junio de 2018 comienza su impugnación señalando que la Cámara ha violado el art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial y producido una decisión viciada por el absurdo cuando entendió que el agravio estaba ceñido a la incapacidad del Fideicomiso para ser parte en juicio por carecer de aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones cuando, de la lectura de su responde a la demanda a fs. 174/182, se advierte, a diferencia de lo que sostiene el sentenciante, una explícita y concreta referencia de los aspectos y cuestiones que fueron sometidas a la jueza de primera instancia (v. págs. 4/5).
Describe que esas argumentaciones consistían en que no había contrato de obra alguno que vinculara al Fideicomiso o a la señora Susana Graciela Ceotto con la empresa Alma Estructuras S.R.L., pues el instrumento fechado el día 29 de abril de 2011 que se acompañó con la demanda estaba suscripto por el señor Julián Lamarre, invocando la representación de la fiduciaria que a ese momento no existía, pues la protocolización del fideicomiso se hizo el día 10 de agosto de 2011 (v. págs. 5/6).
Reafirmando la configuración del absurdo, cita fallos de la Corte nacional en los que se ha debatido sobre el derecho de la aseguradora de articular la inexistencia de la causa de afectación de la caución, refiriéndose al contrato previo, que sería el principal, para que tenga virtualidad el de garantía, que sería su accesorio (v. págs. 6/7).
Arguye que quien procura disponer de los derechos que dimanan del seguro de caución no solo los detenta con la posesión y titularidad de la póliza, sino que además requiere de la invocación y prueba de aquel contrato previo que acredite su calidad de parte, como también el incumplimiento del tomador, señalando que ello obedece a que toda garantía o finanza requiere para su validez de una obligación igualmente válida. Cita el art. 1.994 del Código Civil (v. pág. 7).
Alega que no solo la demanda fue promovida por una entidad que no es parte contratante de la póliza, sino que aun salvando el desliz incurrido en la designación de la persona del demandante y que en realidad fue la fiduciaria, no alcanza para abastecer la cuestionada legitimación a poco que se repara en que el contrato llamado a ser garantizado por la caución es muy anterior a la fecha de la constitución regular del fideicomiso, convenio que no fue suscripto por la fiduciaria sino por un tercero (v. págs. 7/8).
Se agravia también de lo que a mayor abundamiento expresó la Cámara, pues entiende que se soslayó la nota al art. 2.997 del Código Civil sobre obligaciones principales y accesorias, agregando que es jurídicamente irrelevante la conducta del asegurador ya que no puede entenderse que por el solo hecho de emitir la póliza se puedan sanear las deficiencias que existen en los contratos que precedieron al de seguro (v. págs. 8/9).
Sostiene, por último, que la aseguradora ha sido inducida a un yerro al emitir la póliza de caución respecto de obligaciones de las que no era acreedor ni el fideicomiso ni la fiduciaria, motivo por cual nada habilita a que el asegurador responda por el incumplimiento de una deuda inexistente (v. pág. 9).
III. El recurso no prospera.
III.1. Tal como se desprende de la reseña de antecedentes que precede, el fallo en crisis se apoyó, para desestimar los agravios llevados a esa instancia, en dos órdenes de consideraciones:
III.1.a. De un lado, estimó que todo lo que atañe al carácter accesorio que tiene el seguro de caución en relación con el contrato de obra al que en la especie le accede (tópicos estos que el apelante había desarrollado a fs. 214, apdos. 1 y 2, capítulo II de esa pieza procesal) y por la necesidad de que el propio fideicomiso tuviera existencia como tal al momento de formalizarse el primero de los acuerdos, no correspondía ser tratado en esa oportunidad por revestir el carácter de una alegación tardía y que, por lo tanto, su conocimiento excedía los límites trazados por el art. 272 del ritual. Ello así, desde que -conforme la apreciación del tribunal a quo - al tiempo de oponer la defensa de falta de legitimación activa (v. fs. 174 vta. y 175) el recurrente nada había dicho a ese respecto, quedando así al margen de la materia litigiosa. Tal conclusión de la Cámara partió de interpretar -en ejercicio de una potestad que, por vía de principio, ostenta en grado privativo- que el acápite III de la presentación efectuada a fs. 174 vta. delimitaba los confines de dicha defensa (v. fs. 250 vta.).
III.1.b. Del otro, que al quedar de tal modo circunscripta la competencia revisora de esa alzada, no advertía que el juez de origen hubiera incurrido en error de interpretación de los escritos constitutivos de la litis a la luz de la documental acompañada y demás elementos obrantes en el expediente, al concluir que quien demandó era precisamente la fiduciaria y no el fideicomiso, como ensayó el demandado al plantear la excepción en cuestión.
III.2. Bien se advierte a esta altura que ambos tópicos así descriptos y traídos a revisión de esta instancia extraordinaria versan sobre la interpretación y alcances de las piezas procesales obrantes en el expediente. Y con relación a ello, con insistencia ha señalado este Tribunal que aquella labor constituye una cuestión circunstancial, o sea, de hecho, exenta de censura en sede extraordinaria y reservada a las instancias ordinarias o de mérito, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo (causas C. 100.941, "Romero", sent. de 4-XI-2015; C. 107.546, "Plaza Compañía Financiera", sent. de 29-IV-2015; C. 103.366, "Ecoave S.A.", sent. de 21-XII-2011 y C. 121.682, "Gómez", sent. de 10-VII-2019), vicio lógico que -por lo demás- no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, ya que se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (conf. doctr. causas C. 102.310, "Pacheco", sent. de 27-IV-2011; C. 97.796, "Bogarin", sent. de 31-VIII-2011; C. 106.711, "Navarro", sent. de 28-IX-2011; C. 118.064, "Zubillaga", sent. de 13-V-2015 y C. 119.875, "Consorcio", sent. de 23-XI-2016).
En ese escenario, y para tener éxito en su impugnación, la pretensión recursiva debe rebatir, mediante la condigna denuncia y demostración del vicio lógico de absurdo, aquella valoración del plexo documental y de los términos de los escritos constitutivos del proceso elaborada por la Cámara, evidenciando luego el error palmario y grosero en el que hubiere incurrido el juzgador en la interpretación de tales piezas procesales. Solo si se logra acreditar que el razonamiento de los sentenciantes está viciado de absurdo quedaría permitida la actuación de las excepcionales facultades revisoras de la Corte (causas Ac. 61.443, "Bello", sent. de 13-IV-1999; Ac. 83.505, "Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado", sent. de 1-IX-2004 y C. 98.185, "Falabella Hnos. S.A.", sent. de 12-XI-2008).
III.3. Anticipo que el líbelo recursivo no logra tener éxito en tal cometido, lo que conduce a su desestimación (art. 289, CPCC). Veamos.
III.3.a. Con relación al primer tramo de su embate, dirigido a cuestionar lo resuelto por el Tribunal de Alzada en torno a la tardía alegación de los agravios que porta la expresión de agravios a fs. 214, el recurso extraordinario en tratamiento denuncia absurdo e infracción del art. 272 del ordenamiento adjetivo, señalando que "...la completa lectura del escrito de réplica ensayado a fs. 174/182 (ver en especial capítulo V) permite advertir que contiene una explícita y concreta referencia de los aspectos y cuestiones que la cámara afirma no fueron sometidos al escrutinio de la Sra. Jueza de grado" (pág. 5, escrito electrónico de fecha 14 de junio de 2018).
Recordemos que el fallo impugnado comenzó por señalar que el aquí recurrente había circunscripto la excepción exclusivamente en el argumento de que quien pretendía accionar era el fideicomiso y no la fiduciaria. Así lo afirmó a fs. 250 vta. cuando precisó: "En suma, apuntaló su excepción exclusivamente en ese argumento; circunstancia que emerge de la lectura del acápite III de la presentación efectuada a fs. 174 vta., apartado que -a mi entender- delimita los confines de la defensa".
Frente a ello, y sin realizar esfuerzo alguno en demostrar el desacierto del Tribunal de Alzada respecto del análisis hermenéutico de dicho escrito -a partir del cual, insisto, concluyó que la defensa quedaba circunscripta a lo desarrollado en el acápite III intitulado "Excepción previa de falta de legitimación activa manifiesta"-, este tramo de la impugnación se limita a controvertir tal conclusión, a partir de la mera afirmación de que tales capítulos habían sido propuestos, aunque en el capítulo V de ese escrito (pág. 5, presentación electrónica en estudio). El pasaje al que alude, por lo demás, comienza anunciando que lo que allí se desarrolla lo es "...al margen de la manifiesta falta de legitimación activa ya planteada" (fs. 177 vta.).
Esta Corte tiene dicho que cuando se pretenden atacar las conclusiones de un fallo sobre las circunstancias fácticas de la litis, no basta con presentar la propia versión sobre el mérito de las mismas, sino que es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar cabalmente que padecen de un error grave, trascendente y fundamental (conf. doctr. causas C. 112.130, "Ramírez", sent. de 4-IX-2013; C. 121.938, "De Lóizaga", sent. de 7-XI-2018; e.o.). Y precisamente, no encuentro que con tan escueta afirmación la impugnante haya demostrado el yerro que endilga al fallo cuando estableció que la apelante había introducido cuestiones novedosas al apelar.
A partir de allí, la recurrente solo confronta el pronunciamiento atacado insistiendo con argumentos que la Cámara consideró extemporáneos, lo que así surge del contenido de los escritos postulatorios, de modo que insistir en ello provoca la ineficacia de este tramo del embate (v. pto. IV, escrito electrónico), pues ataca la decisión sin aportar elemento alguno que demuestre la configuración del vicio del absurdo invocado (art. 289, CPCC).
Debe tenerse presente que esta Corte tiene dicho que aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, ello no es suficiente para tenerlo por absurdo, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. causas C. 118.266, "Hagen", sent. de 8-IV-2015 y C. 116.915, "Bevilacqua", sent. de 3-XII-2014), lo que no ha logrado demostrar la recurrente y sella el resultado adverso del intento revisor.
III.3.b. No mejora la suerte en relación con el restante tramo de la impugnación, atento a su manifiesta insuficiencia (art. 279, CPCC).
En efecto. Si bien el recurrente se ha cuidado de precisar, al reseñar los fundamentos del Tribunal de Alzada (pág. 4, apdo. III, inc. ii.), que este concluyó que "...de ninguna manera el 'desliz' en la designación (al fin y al cabo errónea) de la persona del demandante, incurrido por la letrada que la suscribe, permite concluir como lo hace el apelante acerca de la señalada carencia de legitimación, pues 'es lógico entender que el Poder permite discernir con precisión que el rol de actor en autos fue ocupado por la fiduciaria'"; luego, en el desarrollo de los agravios traídos ante esta instancia extraordinaria frente a lo así decidido, no ha esbozado -ni tan siquiera elípticamente- argumento o mención alguna con relación al error en el que pudiera haber incurrido el sentenciante, déficit que -como es de toda lógica- deja incólume este tramo de la decisión por ausencia de embate (art. 279, CPCC).
En vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -insisto, al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas C. 95.758, "Volpe", sent. de 9-XII-2010; C. 101.569, "Vacatello", sent. de 22-XII-2010; C. 94.540, "Banco de La Pampa", sent. de 10-III-2011; C. 108.027, "B., J. D. y otros", sent. de 11-V-2011; A. 72.392 "B., A. V.", sent. de 16-III-2014; e.o.).
III.3.c. Por otro lado, frente a las argumentaciones desplegadas acerca de las manifestaciones que a mayor abundamiento efectuó la Cámara (v. págs. 8/9), es dable recordar que e
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