Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123995
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 123.995 "DAMONTE GUILLERMO ALBERTO C/ VESPOLI RICARDO ANTONIO S/ ACCION RECLAMACION ART.8 LEY 13.512 (TRAM./INTERD.)"
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- hiciera lugar a la acción real incoada por Guillermo Alberto Damonte contra Ricardo Antonio Véspoli, al encontrar reunidos los recaudos necesarios para su admisión (v. fs. 602/613 y fs. 646/656).
II. Frente a ello, el accionado vencido -por medio de asistencia letrada- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce violación a los arts. 8 de la ley 13.512; 615 del Código Procesal Civil y Comercial; 1, 14 31 y concs. de la Constitución nacional y 1, 10, 11, 15, 31 y 163 inc. 3 de su par local. Asimismo, esgrime infracción al principio de congruencia, transgresión de doctrina legal que cita y se desconforma con la imposición de costas (v. fs. 661/679 vta.).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada a fs. 646/656 que -a la luz de las constancias reunidas en autos- le permitieran mantener la solución de origen y, en consecuencia, estimar la acción impetrada, sobre la base de la antirreglamentaria obra que llevara a cabo el accionado y la falta de consentimiento de los restantes consorcistas (v. fs. 647/653 vta.), no logran ser conmovidos por los agravios volcados a fs. 668 vta./671 y fs. 672 vta./677 vta., en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (relacionados con la aplicación inadecuada de la normativa, la finalidad de la obra, la ponderación de la prueba y el abuso del derecho) se desentienden de las razones expuestas por el a quo , exteriorizándose una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre el tipo de acto celebrado y la verdadera causa fin del mismo (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el iter lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para repeler esta fracción revisora y permite descartar las infracciones normativas indicadas a lo largo de la pieza en estudio (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Igual suerte adversa debe correr la invocada transgresión al principio de congruencia (v. fs. 671/672), ya que no se han desarrollado argumentos suficientes que permitan visualizar el apartamiento del juez del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, mostrándose la sentencia en crisis atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la controversia (conf. doctr. causas C. 120.313, "Espíndola", resol. de 13-VII-2016; C. 121.270, "Barbizan", resol. de 29-III-2017; C. 122.100, "Mendivil", resol. de 7-III-2018; e. o.).
III.3. Tampoco cabe atender el achaque referido a la imposición de los gastos causídicos (v. fs. 677 vta.), puesto que constituyendo esta temática una típica cuestión de hecho propia de las instancias de mérito y exenta, como tal, de censura en casación, salvo absurdo, esto es, que se haya alterado burdamente el carácter de vencido o exista iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (conf. doctr. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 119.933, "Martinetti", resol. de 26-X-2016 y C. 121.805, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 13-IX-2017), al no haberse acreditado ninguna de estas situaciones, no queda otro camino que su repulsa (conf. art. 279, CPCC).
III.4. El mismo camino debe seguir la transgresión a las garantías constitucionales citadas a fs. 678, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.5. Finalmente, corresponde desestimar el tópico que alega violación a la doctrina legal expuesta a fs. 434, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga ésta última no abastecida por el impugnante que conlleva a repeler este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/08/2020 10:49:08 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 11:09:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 12:11:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/08/2020 13:23:52 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 14:06:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2020 13:08:13 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia