Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121342
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de origen declaró de oficio su incompetencia. En consecuencia, se remiten los autos al órgano de origen para que continúe entendiendo según el estado del proceso.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.342, "Benítez, Adriana Verónica contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes resolvió declarar su incompetencia para entender en la presente causa e impuso las costas a la parte actora (v. fs. 38/40).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 45/49).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La señora Adriana Verónica Benítez promovió demanda contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Aqua Group S.R.L., en procura del cobro de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo y de la reparación integral de los daños y perjuicios, derivada de la incapacidad que alegó padecer como consecuencia de las dolencias que denuncia (v. fs. 10/34 vta.).
En su liminar intervención, el tribunal de grado, se declaró incompetente de oficio para conocer en la presente litis, toda vez que no encontró configurado ninguno de los supuestos que autorizan admitir la competencia territorial conforme lo estatuido en el art. 3 de la ley 11.653 (v. fs. 38/40); dispuso el archivo de las actuaciones.
Para así decidir, a partir de lo denunciado en el escrito de inicio, señaló que el domicilio de Prevención ART S.A. se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el de la codemandada Aqua Group S.R.L. en la localidad de Tigre. Asimismo, a tenor de las manifestaciones de la actora, destacó que esta desempeñó sus tareas en el Sanatorio Sagrado Corazón de la calle "B. Mitre al 1.995 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
II. La parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la transgresión de los arts. 14 y 14 bis de la Constitución nacional; 3, 10, 12, 36 y 39 de la Constitución provincial; 2 y 3 de la ley 11.653; 1, 2, 4, 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que individualiza (v. fs. 45/49).
Aduce que el tribunal incurrió en una errónea aplicación de los principios procesales que rigen la producción y valoración de la prueba.
Sostiene que conforme lo establecido en el art. 3 de la ley 11.653, el trabajador se encuentra facultado para iniciar la acción en el lugar del domicilio del demandado, el de prestación de trabajo o ante el lugar de celebración del contrato.
Menciona que en el capítulo IV de la demanda se expresó detalladamente que la actora fue contratada en la ciudad de Quilmes para cumplir tareas de maestranza en el bingo "Golden Jack" sito en las calles Alem y Mitre de esa ciudad y que cumplió tareas allí por aproximadamente trece años.
Destaca que los datos aportados son determinantes de la aptitud jurisdiccional y competencia de los tribunales de Quilmes y no fueron tenidos en cuenta en la resolución en crisis; agrega que resultan cuestiones de hecho que hasta el momento no han sido controvertidas por las demandadas, a las cuales todavía no se les corrió traslado de la acción.
Sostiene que lo resuelto es de una arbitrariedad manifiesta y que somete a la parte actora a un estado de indefensión insanable.
En apoyo de su postura, denuncia transgredida la doctrina legal que emerge de las causas L. 120.905, "Díaz" y L. 121.090, "Escobar" (resols. de 16-VIII-2017), entre otras, en cuanto -alega- en ellas se señala la imposibilidad de los jueces de inhibirse de oficio por cuestiones territoriales en asuntos de naturaleza patrimonial.
III. El recurso prospera.
III.1.a. Cabe aclarar que hallándose en juego la posible atribución de competencia a un juez extraprovincial, el pronunciamiento atacado debe considerarse como asimilable a definitivo en los términos del art. 278 tercer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 97.552, "Silva", sent. de 15-VII-2009; L. 109.402, "Cuellar", sent. de 4-V-2011 y L. 115.653, "Torres", sent. de 6-III-2013).
III.1.b. Sentado lo anterior, acierta el recurrente en impugnar la solución a la que arribó el tribunal de la instancia ordinaria.
Tiene dicho esta Corte que, siendo la competencia territorial prorrogable en asuntos patrimoniales, el juez ante quien se articula la demanda no puede inhibirse de oficio (arts. 1 y 2, CPCC; 3 y 63, ley 11.653; causas L. 115.895, "Menna", resol. de 5-X-2011; L. 121.096, "Luna", resol. de 29-VIII-2017; L. 121.177, "Dell' Orto", resol. de 20-IX-2017 y L. 121.458, "Maza", resol. de 27-XII-2017).
Tales directrices aplicables al caso, han sido violadas en la resolución de grado, desde que el juzgador -de modo oficioso- analizó su competencia territorial soslayando el principio de prorrogabilidad que rige en la materia, en cuanto se trata de una controversia de índole patrimonial.
Luego, la decisión recurrida merece ser revocada debiendo volver la causa al tribunal de origen para que continúe entendiendo según el estado del proceso.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la decisión impugnada con arreglo a lo aquí decidido.
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de origen declaró de oficio su incompetencia. En consecuencia, se remiten los autos al órgano de origen para que continúe entendiendo según el estado del proceso.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2020 12:25:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2020 20:02:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2020 09:35:47 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 15:50:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:57:58 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia