Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120468
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.468, "Ferreyro, María Marta contra Clínica Privada Monte Grande S.A. y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Pettigiani, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó la demanda promovida, con costas a la parte actora (v. fs. 1.350/1.357 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.367/1.392 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado desestimó la acción promovida por María Marta Ferreyro contra Clínica Privada Monte Grande S.A., Carlos Horacio Santoro, Carlos Alberto Rimoldi, Carlos Gherardi, Pedro Frambratti y Carlos Scaglia, mediante la que pretendía el cobro de distintos rubros salariales e indemnizatorios derivados de la extinción del contrato de trabajo que -adujo- la uniera a la clínica demandada (v. fs. 1.350/1.357 vta.).
Lo hizo por considerar que en el caso no resultó demostrada la relación laboral denunciada en el escrito de inicio.
Evaluó que, si bien al contestar la demanda la accionada negó tal extremo, reconoció que existió con la actora una vinculación comercial de tipo "asociativa", a través de la cual Ferreyro estuvo ligada a la institución por una locación de servicios y alquiler de consultorios dentro del establecimiento; que en función de ello, en su calidad de médica atendía tanto a pacientes propios como de la clínica; además, dada su especialidad de cirujana plástica reparadora, realizaba intervenciones quirúrgicas, viéndose beneficiada la demandada por toda aquella atención que pudiera facturar a los pacientes o a la obra social (v. fs. 1.350 y vta.).
Explicó luego que, en el caso de los pacientes particulares, la actora percibía el total del honorario en efectivo y si provenían de obras sociales o prepagas lo cobraba según los métodos impuestos por cada entidad (si era la vía, a través del Círculo Médico o bien las obras sociales le abonaban directamente a la clínica por facturación y ésta liquidaba el importe correspondiente a la galena según la práctica realizada y lo dispuesto por el nomenclador vigente). Es decir que la accionada ponía la estructura y la médica sus conocimientos, resultando de dicha relación un beneficio económico para ambas partes. Agregó que la actora elegía sus horarios y días de atención y establecía a su discreción el valor de la consulta y los honorarios, como así también que disponía a voluntad los períodos en que no atendía y que si era de su conveniencia derivaba pacientes a otros centros asistenciales (v. vered., fs. 1.350 vta.).
En ese marco, consideró el a quo que recaía en la demandada la carga de probar el carácter no laboral del vínculo conforme lo dispuesto en los arts. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, y ponderó los elementos de juicio de la causa (v. vered., fs. 1.350 vta. y 1.351).
Señaló que en relación con los hechos en debate los testigos de la actora demostraron tener poco o nada de conocimiento y que ningún aporte realizaron para su dilucidación. Por el contrario, sostuvo que los declarantes ofrecidos por la demandada fueron precisos y contundentes ante la insistente requisitoria del tribunal y que se mostraron veraces en sus dichos y sin ánimo de perjudicar o ayudar a las partes.
En este sentido, resaltó que las empleadas administrativas encargadas de la recepción de pacientes en consultorios declararon que con frecuencia la demandante llegaba tarde porque venía de atender en otros lugares, que no estaba en la institución "full time", que era ella quien decidía los días y horarios que atendía y fijaba el valor de la consulta, que las testigos eran quienes recibían los bonos de los pacientes y cobraban a los particulares y al final del día le entregaban el dinero y los referidos bonos a la doctora, como así también que ésta facturaba directamente a las obras sociales; y que en caso de tener que practicar una cirugía la médica fijaba el día y horario y que nunca la vieron recibir una directriz. Asimismo, que el restante testigo expresó que conocía a la accionante desde hacía muchos años y que dada su especialidad (anestesista) operaba frecuentemente con ella tanto en la clínica demandada como en otros establecimientos a los que ésta lo convocaba (v. vered., fs. 1.351 y vta.).
Finalmente, destacó que surgía del informe emitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (v. fs. 627) que la accionante prestaba servicios en relación de dependencia de planta permanente en hospitales de esa jurisdicción, con una carga de treinta horas semanales, desde varios años antes; lo que -refirió- marginaba la posibilidad de una disponibilidad "full time" como lo alegara la demandante (v. vered., fs. 1.351 vta.).
Sobre tal base, ya en sentencia, concluyó que los elementos de prueba corroboraban la tesis de la demandada en cuanto a que la relación con la actora no fue de carácter laboral y destacó que, pese a la inversión de la carga probatoria a su favor, la reclamante no había aportado pruebas para demostrar que entre ella y la institución hubiera existido un contrato de trabajo. Por tal motivo, dispuso el rechazo de la demanda interpuesta (v. sent., fs. 1.354/1.355 vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia la violación de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 4, 14, 21, 22, 23 y 37 de la Ley de Contrato de Trabajo; 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 1.367/1.392 vta.).
Cuestiona la decisión de grado que tuvo por no acreditada la relación laboral invocada al demandar. Aduce que el a quo interpretó erróneamente las declaraciones testimoniales, especialmente los dichos de los testigos ofrecidos por la contraria, todos ellos empleados de la clínica accionada y, por lo tanto, comprendidos en las generales de la ley.
Sostiene que la prueba informativa y documental agregada a la causa (v. fs. 140/150, 726 y 772/778) demuestran la relación de dependencia habida entre las partes y que la accionada no acreditó -como era su carga- que el vínculo fuera de carácter "asociativo", en tanto siquiera produjo la prueba pericial contable que ofreció. Aduce, además, que debió aplicarse al caso la teoría de la carga dinámica de la prueba.
Refiere que tampoco tuvo en cuenta el juzgador el informe emitido por el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 563/566) del que surge claramente que la mayoría de las retenciones efectuadas a la actora fueron de la clínica demandada o la prepaga de dicha institución. Agrega a ello que la circunstancia de que su parte cumpliera una guardia semanal en otro establecimiento no tiene la importancia que le confirió el tribunal, desde que la exclusividad no es una nota tipificante del contrato de trabajo.
Con cita de doctrina legal, cuestiona el modo en que el tribunal atribuyó la carga probatoria y denuncia la errónea aplicación de los arts. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Reitera que no pudo el sentenciante considerar demostrada la tesis de la institución demandada a partir de la declaración testimonial de sus empleados y sin que ésta se hubiera ocupado de la producción de la pericia contable ofrecida. Postula que la contraria debió demostrar que la actora tenía una organización de medios personales y materiales que permitieran definirla como "asociativa" para así justificar una relación profesional y autónoma, lo que -aduce- no fue logrado. Alega que, por el contrario, su parte acreditó haber desempeñado tareas propias de la sociedad demandada dentro de su establecimiento y utilizando a tal fin los bienes de propiedad de aquélla.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Es doctrina de esta Suprema Corte que la evaluación del material probatorio, como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren para establecer si entre las partes medió -o no- un contrato de trabajo, corresponde privativamente a los magistrados de los tribunales de trabajo, siendo su decisión irrevisable en esta sede extraordinaria salvo la demostración de absurdo (causas L. 103.558, "Cecconi", sent. de 5-III-2014; L. 117.888, "Garrigou", sent. de 29-VIII-2017; L. 119.927, "Olivera", sent. de 19-IX-2018 y L. 119.705, "Molinaro", sent. de 10-X-2018).
III.2. Bajo tales premisas, el medio de impugnación deducido es insuficiente.
A las conclusiones sentadas por el a quo la interesada se limita a oponer su propia interpretación sobre los hechos y las pruebas de la causa, ignorando que la mera exhibición de un criterio discrepante o la crítica basada sólo en razones de preferencia o conveniencia personal, no resultan idóneas para demostrar la configuración de aquel grave vicio (causas L. 98.181, "Duarte", sent. de 28-V-2010; L. 113.301, "O., V. A.", sent. de 3-VII-2013 y L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016).
En efecto, la personal apreciación de la impugnante acerca del valor e idoneidad que cabría asignar a las declaraciones testimoniales -ponderadas en el fallo, aunque con un alcance distinto al pretendido-, sumada a la entidad probatoria que le confiere a la prueba documental e informativa que indica y al hecho de que no se hubiera producido la pericia contable ofrecida por la demandada, no alcanza para descalificar el razonamiento que condujo al tribunal a juzgar no acreditada la relación laboral invocada por su parte y aceptar el relato esgrimido por la contraria.
En cuanto a los cuestionamientos vinculados con la prueba testimonial, cabe recordar que su valoración queda reservada a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 117.804, "Humaño", sent. de 26-III-2015; L. 118.642, "Torres", sent. de 15-VI-2016; L. 119.582, "Dam", sent. de 3-V-2018; e.o.).
Luego, respondiendo a la oralidad propia de la estructura del proceso laboral regulado por la ley 11.653, no constan en el acta de audiencia de vista de la causa celebrada en autos las declaraciones testimoniales, siendo que tampoco la interesada -en la etapa correspondiente- hizo uso de la facultad contemplada en la última parte del art. 46 de la referida ley. En tales condiciones, no puede la Suprema Corte pronunciarse sobre una versión del contenido de las declaraciones testimoniales incorporada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que colisiona con la apreciación en conciencia que al respecto ha efectuado el tribunal (causas L. 73.654, "Lamaison", sent. de 11-VII-2001; L. 79.334, "Aspitia", sent. de 1-IV-2004 y L. 89.910, "Calvigioni", sent. de 9-IV-2008).
Seguidamente, situados en el análisis de la invocada omisión de las pruebas y comportamiento de las partes que señala la impugnante como relevantes, ha de recordarse que los jueces del trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que le propongan a su consideración, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el fallo, pues al prevalecer la apreciación en conciencia, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros, sin que su opinión pueda revisarse en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 108.694, "Barrera", sent. de 26-IX-2012; L. 118.700, "Leyes", sent. de 15-VI-2016 y L. 118.890, "Navarro", sent. de 26-IV-2017), vicio cuya existencia -como se adelantó- no se logra evidenciar. Al respecto, en el contexto del análisis integral que llevó al tribunal a rechazar la tesis actoral, se advierte que al señalar ciertas pruebas y conductas procesales que a su juicio resultarían demostrativas de la existencia de un vínculo de linaje laboral, la recurrente sólo revela su subjetiva versión, un mero intento de disputarle al juzgador el uso de facultades que por regla le son privativas, técnica reiteradamente calificada como inhábil para evidenciar el vicio de absurdo (causas L. 112.532, "Sánchez", sent. de 3-VII-2013; L. 111.695, "Villanueva", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.696, "Scarelli", sent. de 3-V-2018).
Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015; L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016 y L. 119.160, "Candia", sent. de 12-VII-2017).
Corresponde recordar una vez más que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014; L. 118.441, "Alonso", sent. de 14-X-2015; L. 117.899, "Marchetti", sent. de 20-IX-2017; e.o.), extremo que -como se dijo- no evidencia la quejosa.
III.3. Tampoco resulta atendible la denunciada infracción de los arts. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
El órgano jurisdiccional de origen evaluó que la parte demandada admitió en su responde que la accionante se desempeñó en su clínica, pero en un marco ajeno al de una relación de trabajo dependiente, dijo: por medio de una vinculación comercial de tipo "asociativa"; a partir de ello el a quo atribuyó a la accionada la carga de probar el carácter "no laboral" del vínculo (v. vered., 1.350/1.351).
El razonamiento así plasmado se ajusta a la doctrina legal de esta Corte que establece que, negada por el accionado la relación laboral, pero reconocida la prestación de servicios aduciendo que lo fue por una causa jurídica ajena a un contrato de trabajo, pesa sobre aquel demostrar tal extremo (causas L. 96.667, "Iurescia", sent. de 15-IV-2009; L. 99.017, "Iglesias", sent. de 9-XII-2010 y L. 116.437, "Verdera", sent. de 4-VI-2014).
Pero además, este Tribunal tiene dicho que la presunción iuris tantum que consagra el citado art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo queda desvirtuada si la prueba producida acredita que la actividad desarrollada por el actor reconoce un origen o causa ajena a un contrato de trabajo (causas L. 111.998, "Vázquez Flores", sent. de 17-IV-2013; L. 117.236, "Cassini", sent. de 29-IV-2015 y L. 120.081, "Mercuri", sent. de 25-IV-2018), hipótesis que precisamente juzgó configurada el tribunal a partir de la valoración que realizó de las pruebas en una labor que no ha sido objeto de embate eficaz.
Y con lo dicho, queda claro que tampoco se apartó el a quo de lo preceptuado en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 117.071, "García", sent. de 9-IV-2014; L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015 y L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018).
IV. Por dichos motivos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Soria, con excepción del tercer párrafo del punto III.3. de su sufragio.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2020 12:24:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2020 20:02:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2020 09:36:07 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/08/2020 10:43:07 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 15:50:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:59:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia