Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121673
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.673, "García, Rodrigo Damián contra Construcciones Térmicas S.A. Diferencias salariales", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, de Lázzari, Genoud, Soria .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 108/116 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 119/123 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo .
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Rodrigo Damián García contra Construcciones Térmicas S.A. condenándola al pago de las sumas que estableció en concepto de diferencias salariales y por el fondo de cese laboral (art. 15, ley 22.250); así como de las indemnizaciones previstas en los arts. 80 de la ley 20.744 y 53 ter de la ley 11.653 (v. sent., fs. 108/116 vta.).
Rechazó en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así resolver, declaró que los informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA; v. fs. 71/72 y 77, respectivamente) daban cuenta de que la accionada solo habría retenido un período del aporte a la obra social (OSUPCN), a la cual no se le había requerido informe alguno al respecto. Expresó, asimismo, que el examen de los recibos de haberes (v. fs. 10/27) no reveló que al actor -no afiliado- se le retuvieran aportes sindicales, lo que coincidió con lo informado por la UOCRA (v. fs. 77). Destacó, además, que el trabajador no cumplió con lo establecido en el decreto 146/01 para hacerse acreedor de la multa reclamada, en tanto en la intimación no especificó cuál era el importe que el demandado debía ingresar a los organismos de seguridad social, ni a cuál de ellos correspondía (v. vered., fs. 109 y vta. y sent., fs. 113 y vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17 de la Constitución nacional; 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 inc. "c", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6, 354 inc. 1, 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita (v. fs. 119/123 vta.).
En esencia, se agravia del rechazo a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que -entiende- transgrede la doctrina elaborada por esta Corte en la causa L. 107.254, "Alveira Garcilazo" (sent. de 5-VI-2013).
En tal sentido, afirma que el tribunal realizó una absurda valoración de las constancias probatorias -los recibos de sueldo (v. fs. 10/27), el acuerdo firmado por la UOCRA (v. fs. 95/97) y el informe realizado por el Instituto Mandatarios de Recaudaciones del citado sindicato (v. fs. 77)-; ello, en tanto, afirma, de su análisis surge con claridad que entre los meses de abril y diciembre de 2015 la empresa demandada le dedujo al trabajador el 1,5% de su salario en concepto de aporte solidario "no afiliado" (código 5.303) y nunca ingresó los correspondientes pagos efectivamente retenidos.
Sostiene que el tribunal de trabajo no advirtió que el aporte extraordinario solidario con destino a la UOCRA que surge retenido en los recibos de sueldo del actor resulta obligatorio para todos los trabajadores -estuvieran o no afiliados a aquella- en virtud del art. 4 del acuerdo celebrado por la citada entidad sindical con la Cámara Argentina de Construcción, la Federación Argentina de Entidades de la Construcción y el Centro de Arquitectos, Ingenieros, Constructores y Afines (homologado por la resol. S.T. n° 726), y en el que se pactaron condiciones salariales en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75. Por ello, afirma, el hecho de que el trabajador no fuera afiliado de la UOCRA no puede justificar el rechazo de la pretensión.
Por otro lado, manifiesta que el juzgador interpretó erróneamente los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis del citado cuerpo legal al establecer que la intimación efectuada debió precisar el monto y el destino de los aportes no ingresados, requisitos que no se encuentran en el texto de la norma.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ante todo, es del caso destacar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent. de 20-XII-2017).
III.2. Inicialmente, corresponde rescindir aquel aspecto del fallo por el que el juzgador declaró que la intimación formulada por el trabajador en los términos del art. 1 del decreto 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma al no incluir con precisión el monto y destino de los aportes presuntamente retenidos.
El citado precepto normativo establece que, para la procedencia de la sanción conminatoria mensual en favor del trabajador, este "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores...".
En ese marco, y no sin destacar que en el telegrama de fs. 8 se indicó el período en que se denunció la infracción -que, adelanto, coincide con las constancias de la causa-, se colige que el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión dirigida al cobro de la penalidad contemplada por el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por conducto de exigir al actor el cumplimiento de un requisito -referido a la materialización económica del reclamo- que no reconoce sustento en la correcta exégesis del texto de la norma.
III.3. Aclarado ello, asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que al rechazar la procedencia de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el tribunal de grado incurrió en absurdo, vulnerando el citado precepto y la doctrina legal de este Tribunal.
III.3.a. Ha declarado en forma reiterada esta Corte que la citada norma (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 107.254, "Alveira", sent. de 5-VI-2013, cuya doctrina se denuncia transgredida en el recurso, v. fs. 121; L. 110.591, "Argüello", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
Asimismo, ha precisado este Tribunal que para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, cit.).
III.3.b. En este esquema de análisis, se verifica en el caso la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del citado art. 132 bis, tal como lo postula el quejoso.
En el estadio procesal del examen y determinación de los hechos controvertidos, en atención a la situación planteada y en orden al objeto del litigio, se advierte que no se ha concretado el estudio idóneo de las circunstancias fácticas y probatorias imprescindibles para la solución del caso. Ello así, pues el juzgador de grado rechazó la pretensión a partir de un deficiente análisis de la prueba, que derivó en una incorrecta conclusión.
En efecto -contrariamente a lo sostenido por el sentenciante-, con sustento en el cotejo de los recibos de sueldo acompañados por el actor a fs. 10/27 y el informe emitido por el Instituto Mandatarios de Recaudaciones de la UOCRA (v. fs. 77), es posible constatar que, durante el período reclamado, la patronal -de conformidad con lo establecido en el art. 4 del acuerdo firmado por la UOCRA con fecha 20 de mayo de 2015- realizó deducciones al trabajador del 1,5% en concepto de aporte solidario "no afiliado" (código 5.303) -obligado por la norma convencional- y nunca dio cumplimiento con su carga de ingresarlos formalmente.
Por otro lado, no habiendo sido controvertida en autos la recepción de las comunicaciones postales, surge claramente del telegrama glosado a fs. 8, que el señor García intimó a su empleadora (4 de junio de 2016) para que en el plazo de treinta días (art. 1, dec. 146/01) deposite los importes retenidos en concepto de aportes de la seguridad social y sindical.
A partir de lo expuesto, se colige que el tribunal de grado, sobre la base de un análisis equivocado de la prueba, ha delineado conclusiones genéricas desconectadas de las circunstancias particulares del caso, incurriendo en absurdo (causas L. 108.109, "Vanucci", sent. de 29-V-2013 y L. 117.626, "Celestino", sent. de 14-XII-2016).
III.3.c. En definitiva, habiéndose demostrado el absurdo imputado al a quo y encontrándose acreditados los presupuestos que tornan viable la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744, corresponde revocar la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
III.4. Ante el resultado del agravio, y en virtud de la regla de la adhesión a la apelación cuya vigencia en la sede extraordinaria ya ha sido sostenida por esta Corte (causas L. 80.404, "Daneria", sent. de 13-IX-2006; L. 103.748, "Caniglia", sent. de 18-VI-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; e.o.), se impone atender los particulares reclamos esgrimidos en autos, así como las defensas que a ellos opuso la demandada en su oportunidad y que no tuvo ocasión de renovar atento el resultado favorable -en la parcela- obtenido en la instancia de grado.
Ahora bien, en atención a que las escuetas defensas esgrimidas por la patronal respecto del tópico -afincadas en la simple afirmación de su cumplimiento en lo tocante al depósito de las deducciones efectuadas, y, por ende, en la falta de justificación del reclamo (v. contestación de demanda, fs. 50 y vta.)- fueron abastecidas al resolver la presente crítica, y con virtualidad adversa a sus pretensiones, he de sostener la procedencia del recurso en los términos expuestos.
IV. Por lo dicho, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo progreso aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique la liquidación que corresponda de conformidad a lo que aquí se ha resuelto.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada, atento a su condición de vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Genoud y Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/08/2020 12:25:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2020 20:02:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2020 10:42:50 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 15:50:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 17:01:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia