Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120636
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.636, "López, Saúl Omar contra Telefónica de Argentina S.A. y otro. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari , Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas a las demandadas vencidas (v. fs. 643/672 vta.).
Se dedujeron, por Prevención ART S.A., Telefónica de Argentina S.A. y la parte actora, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 694/718, 720/725 y 726/736 vta., respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Telefónica de Argentina S.A. a fs. 720/725?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el deducido por Prevención ART S.A. a fs. 694/718?
En tal caso:
3ª) ¿Lo es el incoado por la parte actora a fs. 726/736 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -previa declaración de inconstitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557- hizo lugar parcialmente a la demanda que el señor Saúl Omar López promovió contra Prevención ART S.A. y Telefónica de Argentina S.A., en cuanto les había reclamado -con sustento en las normas del derecho común- el cobro de una indemnización integral, por las secuelas incapacitantes atribuidas al accidente de trabajo que protagonizó mientras prestaba sus tareas como supervisor/líder de operación de redes.
Para así decidir tuvo por probado que el siniestro se produjo el día 4 de abril de 2012 cuando, al bajar un grupo electrógeno -de aproximadamente setenta kilogramos- de una camioneta, sintió un fuerte latigazo en su columna vertebral (v. vered., cuarta cuestión, fs. 645 y vta. y sent., fs. 655).
Con apoyatura en las conclusiones del peritaje médico, halló acreditado que dicho evento le provocó al actor un síndrome lumbar doloroso crónico con secuelas de hernia de disco en L4-L5 (por el que debió ser operado en dos oportunidades) y con tejido de granulación que engloba raíces nerviosas, que lo incapacita en un 16% del índice de la total obrera (v. vered., quinta cuestión, fs. 646/647 vta.).
Ponderó asimismo que la experticia técnica producida en autos aludía a los riesgos de salubridad, distinguiendo entre ellos a los "sobreesfuerzos". Por ello consideró que, en este caso, las continuas maniobras empleadas para descargar elementos y herramientas de trabajo efectuadas por la cuadrilla que integraba el trabajador, configuraban una cosa riesgosa o peligrosa en los términos del art. 1.113 del Código Civil (ley 340; v. vered., séptima cuestión, fs. 648/649).
Manifestó también que con dicha peritación y las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa, surgían verificadas las falencias en que Telefónica de Argentina S.A. había incurrido al no otorgar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Por todo ello, concluyó que el daño se produjo al manipular elementos de peso que, con sus características peligrosas, actuaron como nexo causal adecuado para generar la contingencia bajo análisis (v. vered., octava cuestión, fs. 649).
Consideró, además, que en autos no quedó demostrada la culpa de la víctima en la aparición de su dolencia (v. vered., décima cuestión, fs. 650).
Por tales razones, juzgó cumplidos los presupuestos de responsabilidad de Telefónica de Argentina S.A. con relación al reclamo sustentado en el Código Civil (ley 340), referido a la existencia del daño, la existencia de la cosa riesgosa, la propiedad de esta última y el nexo causal adecuado entre aquella cosa y el daño ocasionado (v. sent., fs. 666 in fine y vta.).
Desde otro vértice, tuvo por acreditado que Prevención ART S.A. no dictó cursos, capacitaciones, charlas, instructivos o procedimientos de trabajo en materia de seguridad e higiene y que tampoco constaban visitas realizadas al establecimiento de la empleadora (v. vered., fs. 649 vta. y 650 y sent., fs. 666 y vta.).
En virtud de ello, extendió solidariamente a dicha aseguradora la responsabilidad por el daño provocado en la salud del trabajador. Ello así, toda vez que el incumplimiento de los deberes contenidos en los arts. 4 apartados 1, 2 y 4 y 31 apartado 1 inc. "c" de la ley 24.557; 18 y 19 del decreto 170/96 y lo establecido en este sentido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Torrillo c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ Recurso de hecho", coadyuvó necesariamente a la producción del siniestro laboral (v. sent., fs. 666 vta. y 667).
A partir de todo esto, el tribunal hizo lugar parcialmente a la demanda promovida y condenó solidariamente a las codemandadas al pago de la suma de $357.598,67 ($297.598,67 en concepto de lucro cesante y $60.000 por daño moral; v. sent., fs. 665 vta., 666 y 670). Asimismo, dispuso aplicar intereses "...desde que fueron debidos (4 de abril de 2013) y hasta el momento del efectivo pago, aún con posterioridad al 31 de julio de 2015", a la tasa pasiva plazo fijo digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos comprendidos (v. sent., fs. 671 y vta.).
II. Contra el pronunciamiento de grado, Telefónica de Argentina S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y arbitrariedad en la apreciación de la prueba.
II.1. Inicialmente, cuestiona la definición de grado en cuanto tuvo por probado que el actor sufrió un infortunio laboral sobre la base de la declaración brindada por un único testigo (v. fs. 721 vta.).
Agrega que, de todas las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa, surgía que López era supervisor/jefe del área de la cuadrilla, y no un integrante más de la misma.
Aduce que las circunstancias del siniestro no son claras (en cuanto al día, hora, lugar, entre otras) y que tampoco de la prueba pericial médica puede nítidamente extraerse que las hernias de disco que presenta el actor fueran consecuencia de esfuerzos y mucho menos que ello haya ocurrido trabajando (v. fs. 722 vta.).
II.2. En otro orden, afirma que la acción incoada debió rechazarse y que, los propios términos de la demanda y toda la prueba producida, dan cuenta de que, en caso de admitirse que ha existido un accidente de trabajo, éste se produjo por culpa de la víctima, configurándose en consecuencia la eximente de responsabilidad contemplada en el segundo párrafo del art. 1.113 del Código Civil (ley 340; v. fs. 723).
Alega que el accionante tenía asignadas a su cargo labores que no requerían esfuerzo físico, por lo cual, si efectuó las tareas que describió en su demanda, "...actuó necesariamente con culpa, ya que no estaba autorizado para ello ya que su función como se ha dicho se limitaba exclusivamente a ser Supervisor o líder de grupo" (fs. cit.).
II.3. Por último, se agravia de que el tribunal utilizara "erróneamente" la fórmula establecida por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el fallo "Méndez c/ Mylba S.A." (sent. de 28-IV-2008), para arribar al monto indemnizatorio otorgado al trabajador (v. fs. 723 vta./724 vta.).
Ello, por cuanto entiende que a través de su uso se obtienen indemnizaciones por incapacidad o valor vida disparatadas, desmesuradas, abusivas y confiscatorias (v. fs. 723 vta.).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1.a. En primer lugar, habré de señalar que no le asiste razón a la recurrente en cuanto se agravia de la valoración de la prueba que realizó el a quo para tener por acreditado el siniestro laboral denunciado.
III.1.b. En lo que interesa, el tribunal de grado juzgó demostrado que el actor desempeñaba sus labores como supervisor/líder de operaciones de redes a favor de Telefónica de Argentina S.A. (v. vered., segunda cuestión, fs. 644 vta.).
A partir de las declaraciones de los tres deponentes de la audiencia de vista de la causa, halló verificado que la cuadrilla que integraba López realizaba esfuerzos físicos de distinta índole al cargar y descargar elementos de las camionetas (equipos electrógenos de aproximadamente setenta kilogramos, cajas de herramientas, bidones de veinte litros de combustible, e.o.) y que, en ocasiones de reparar fibras ópticas, el accionante debía trabajar a la par del resto del equipo para cavar pozos (de profundidad variable -de uno a dos metros- y con un ancho aproximado de tres a diez metros; v. vered., cuarta cuestión, fs. 645 y vta.).
Destacó, además, que el señor Adolfo Aurelio Ismael atestiguó que "...hace cuatro o cinco años atrás, al bajar un grupo electrógeno grande desde la camioneta de la empresa junto al demandante, éste le manifestó que no podía sostenerlo y que desde ese momento tuvo problemas en su salud. También dijo que con posterioridad fue operado en dos oportunidades" (fs. cit.).
Agregó que el galeno, en su dictamen, sostuvo que "...los esfuerzos físicos de la columna lumbosacra importantes y/o reiterados y traumatismos (de grado leve o moderado pero múltiples en el tiempo) pueden originar que el disco protuya (se deslice) o extruya (se rompa). Descarta en el actor una patología congénita al no haberse detectado en la resonancia magnética" (fs. cit.).
Por todo ello, tuvo por acreditado que el accionante sufrió un siniestro laboral el día 4 de abril de 2012, al bajar un grupo electrógeno de la camioneta de la empresa (v. vered., cuarta cuestión, fs. 246).
Luego, puntualizó que la experticia técnica ilustraba las falencias para prevenir accidentes de trabajo, tales "...como la utilización de camionetas de mayor porte que permitieran utilizar grúas hidráulicas para evitar sobrecarga física en los trabajadores, que en ocasiones tienen que mantener posturas forzadas o en difícil posición durante algún tiempo. Agrega también que no se proveyó al personal de cuadrilla de fajas lumbares. Dicha omisión fue refrendada por los testimonios de los Sres. Izurieta, Ismael y Degue en la audiencia de vista de causa" (vered., octava cuestión, fs. 649).
Con todo, el sentenciante de origen determinó que "La secuencia fáctica corroborada por el testimonio coincidente de los deponentes citados revela que el daño padecido por el accionante se produjo al manipular elementos de peso, que con sus características peligrosas al ser desarrolladas con el método utilizado por la empleadora, actuó como nexo causal adecuado para generar la contingencia bajo análisis" (vered., fs. cit.).
III.1.c. Cabe recordar que establecer si el trabajador acreditó o no con la prueba aportada el acaecimiento del accidente de trabajo invocado constituye una típica cuestión de hecho, en principio irrevisable en la sede extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014 y L. 117.129, "Vázquez", sent. de 11-III-2015).
Con tales premisas, la sola discrepancia que exhibe la interesada, basada en la apreciación de las pruebas testimonial y médica, no bastan para demostrar la existencia del vicio que denuncia.
En lo relativo al primer medio de prueba mencionado, tiene dicho esta Corte que resultan inatendibles las consideraciones formuladas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto a la prueba oral rendida en la audiencia de vista de la causa, toda vez que -atento las características del proceso laboral- no puede ser revisada por la Corte, quedando su valoración reservada a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones (en razón del sistema de "apreciación en conciencia"), tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 107.592, "Talpa", sent. de 29-V-2013; L. 117.589, "Silva", sent. de 10-XII-2014 y L. 118.642, "Torres", sent. de 15-VI-2016; e.o.).
En este marco, carece de eficacia la crítica relativa a que el tribunal tuvo por probado el infortunio denunciado en la demanda con la declaración de un único testigo, pues sabido es que el principio testis unus, testis nullus no rige en materia laboral y, por lo tanto, si bien en el caso del testigo singular la regla de apreciación en conciencia adquiere mayor significación, lo cual se traduce en una estricta apreciación del testimonio, ello en modo alguno importa el cercenamiento de las facultades privativas que la regla procesal de aplicación -art. 44 inc. "d" de la ley 11.653- otorga a los jueces de grado (causas L. 89.910, "Calvigioni", sent. de 9-IV-2008; L. 87.271, "Vanag", sent. de 4-XI-2009 y L. 116.956, "Jiménez", sent. de 15-VII-2015), sin que las circunstancias del declarante a las que se alude en la crítica resulten suficientes -por sí solas- para restarle virtualidad probatoria a su declaración, siempre que del contexto de ésta surja -según la convicción del tribunal- su objetividad.
En este sentido, el a quo consideró que las declaraciones testimoniales brindadas en autos fueron coincidentes entre sí y, a su vez, respaldaban lo expuesto por el perito técnico en su informe con relación a los trabajos que realizaban el señor López junto con la cuadrilla, así como también las condiciones en las que los mismos se llevaban a cabo.
Por otro lado, tampoco deviene eficaz la crítica efectuada respecto de la valoración de la experticia médica.
Sobre el punto es dable recordar que, en la tarea de valorar dicho medio probatorio y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013 y L. 119.974, "Cuevas", resol. de 7-IX-2016), vicio que, como se anticipó, no logra ser acreditado.
En este aspecto, el a quo valoró lo expuesto por el galeno en su dictamen, a través del cual estableció que "...cuando se combinan fenómenos degenerativos y sobrecarga puede producirse protrusión del núcleo pulposo. Así es el trauma o sobrecarga el factor desencadenante en la aparición de la hernia" y agregó que descartaba, en el accionante, factores congénitos y específicamente puntualizó que "...los microtraumatismos originados por esfuerzos realizados durante un período sostenido de tiempo pueden desencadenar una hernia de disco..." (dictamen, fs. 423 vta. y 424 y vered., fs. 646/647).
Por todo ello, determinó que las dolencias que afectan al trabajador se relacionan causalmente con las tareas de esfuerzo descriptas, realizadas a favor de Telefónica de Argentina S.A.
Frente a estas definiciones, no advierto que la recurrente aporte ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, dado que -de su atenta lectura- se desprende que el a quo valoró toda la prueba producida en autos, por lo cual logró formar su convicción para tener por acreditado el acaecimiento del infortunio en las circunstancias expuestas por el testigo.
Lo aquí expresado basta para descartar la presencia del absurdo denunciado por la interesada, ya que la crítica sustentada en la propia interpretación y conclusiones que extrae de la pericia médica, como así también de la prueba testimonial, deviene ineficaz para demostrar el vicio invocado, poniendo sólo en evidencia la pretensión de disputarle al sentenciante la facultad privativa que tiene de meritar la prueba (causas L. 95.687, "Duarte", sent. de 16-IX-2009 y L. 99.449, "Barrionuevo", sent. de 28-XII-2010; e.o.).
III.2. Por otra parte, considero que no es de recibo el agravio que gira en torno a la configuración -en la especie- de la eximente de responsabilidad por exclusiva culpa de la víctima en la producción del siniestro, toda vez que constituye el fruto de una reflexión tardía, resultando -por ende- novedosa.
Ello así, pues se advierte que, al contestar la demanda, Telefónica de Argentina S.A. se limitó a negar que en el caso se encontraran tipificados los requisitos exigidos por el art. 1.113 del Código Civil (ley 340) para hacer procedente la responsabilidad civil (v. fs. 155).
En primer lugar, alegó inexistencia de daño alguno por parte del actor; en segundo término, sostuvo que el lugar donde éste prestaba servicios no podía ser considerado peligroso o riesgoso y que tampoco las tareas que desarrollaba lo fueran (v. fs. cit.).
Por otro lado, negó que el accidente denunciado haya derivado o sea consecuencia de incumplimientos o violaciones -por su parte- de las normas de seguridad e higiene. Por último, manifestó que no existió relación causal entre las tareas desarrolladas por López y la dolencia que invocó padecer (v. fs. cit.).
En este contexto se observa claramente que, ante el resultado desfavorable de su postulación, intenta -de modo claramente impropio- innovar sobre la posición que asumió al contestar su demanda, denunciando -ahora- en su pieza recursiva que el accidente ocurrió por culpa de la víctima, quien no estaba autorizada a realizar las tareas de esfuerzo denunciadas en su demanda y por ello, "actuó necesariamente con culpa", operando la misma como eximente de responsabilidad (v. fs. 723).
En tales condiciones la deficiencia técnica que porta esta parcela del recurso se patentiza al observarse que recién ante el resultado del fallo, adverso a sus intereses, pretende la impugnante introducir en casación un argumento que nunca fue puesto a consideración del sentenciante, constituyendo por ello una cuestión novedosa no susceptible de ser evaluada en esta sede extraordinaria (causas L. 98.773, "Martinez", sent. de 3-XI-2010; L. 98.492, "Molina", sent. de 23-XI-2011 y L. 98.450, "Cabello", sent. de 14-III-2012).
III.3. Por último, tampoco merece favorable recepción el agravio dirigido a rebatir la fórmula utilizada por el a quo para arribar al monto indemnizatorio.
III.3.a. Esta Suprema Corte ha declarado que la determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común constituye -por regla- una cuestión privativa de los jueces de la instancia ordinaria y ajena al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y la consecuente infracción de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 89.027, "Kautz", sent. de 24-VIII-2011; L. 113.239, "B. de A., M.", sent. de 29-V-2013; L. 107.430, "Medina", sent. de 30-X-2013 y L. 117.850, "Argüello", sent. de 10-VI-2015; e.o.).
También lo es la elección de las pautas que tales magistrados consideren adecuadas a los fines de establecer el referido monto. En cuyo caso, la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 100.966, "Zapata", sent. de 14-IX-2011; L. 102.276, "Cruz", sent. de 11-VII-2012 y L. 107.804, "Vatrella", sent. de 11-XII-2013; e.o.)
III.3.b. A todo evento, he de formular algunas aclaraciones respecto al uso de fórmulas actuariales a los fines de determinar un monto indemnizatorio (en el caso, el lucro cesante).
Tales algoritmos padecen de algunos vicios que mellan su pretendida racionalidad u objetividad; entre ellos, el estar constituidos por configuraciones aritméticas y económicas llevadas a cabo a partir de las personales y subjetivas apreciaciones de sus creadores, de los peritos actuantes y, por último, de los propios operadores, y ello desmiente su aspiración de absoluto equilibrio e imparcialidad.
Ciertamente que se ha dicho que es útil recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial, como las contenidas en las tablas de amortizaciones vencidas a interés compuesto de uso ocasional en los tribunales de trabajo (v., por ejemplo, mi voto en la causa Ac. 81.092, "Torre
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.