Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121086
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.086, "Prevettoni, Silvana Sabrina contra Telefónica Móviles Argentina S.A. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan , Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a las codemandadas vencidas (v. fs. 410/439).
Se interpusieron, por Telefónica Móviles Argentina S.A. (v. fs. 457/486) y Galeno ART S.A. -continuadora de Mapfre ART S.A.- (v. fs. 544/567), sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley. El órgano de grado desestimó el primero (v. fs. 490/491 y fs. 569 y vta.) y concedió el segundo de los remedios procesales citados (v. últ. fs. cit.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 544/567?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, admitió la demanda promovida por Silvana Sabrina Prevettoni y condenó solidariamente a Mapfre Argentina ART S.A. y Telefónica Móviles Argentina S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización integral por los daños y perjuicios derivados de la incapacidad provocada por la dolencia que contrajera la actora a consecuencia de las tareas prestadas a órdenes de la accionada (v. fs. 410/439).
Para así decidir, juzgó acreditado que las labores desarrolladas por la trabajadora implicaban la atención de reclamos por parte de los usuarios durante nueve horas diarias, pudiendo hacer solo una pausa de quince minutos, encontrándose sometida a una presión constante y asfixiante de la empresa para que cumpliera con los objetivos y tiempos de trabajo, como así también a frecuentes hostilidades de los clientes, quienes de ordinario llegaban al punto de la agresión física mediante el arrojo de objetos contundentes (v. fs. 411).
También tuvo por probado que, a consecuencia de ello, la señora Prevettoni padecía trastorno de angustia (trastorno de pánico) encuadrado -conforme Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales- como reacción vivencial anormal neurótica con manifestaciones depresivas grado III, que le provocan una incapacidad (sumados los factores de ponderación) del 13,1%. Por su parte, la perito médica laboral diagnosticó que era portadora de un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado depresivo, que la incapacita (también contemplando los factores de ponderación) en un 19,95%. Con todo, concluyó que tales minusvalías, en su conjunto, ascendían a un 33,05% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 410/412 vta.).
Indicó además que las tareas asignadas eran (por las condiciones en que se impuso su realización) riesgosas, y que, al diseñar de forma estresante la prestación del trabajo y evitar, a la vez, resguardarla de las agresiones que le formulaban los clientes, Telefónica Móviles Argentina S.A. faltó negligentemente a su obligación de adoptar las medidas necesaria para proteger la indemnidad psicofísica de su dependiente. También, que Mapfre ART S.A. inobservó sus deberes de prevención, control y vigilancia impuestos por la ley 24.557 y su reglamentación, hallándose causalmente vinculados los incumplimientos de ambas demandadas con el perjuicio causado en la salud de la trabajadora (v. fs. 411/412 vta. y 413/416).
Ya en la sentencia, el a quo determinó que se hallaban configurados en autos los presupuestos de atribución de responsabilidad civil subjetiva y objetiva de la empleadora (arts. 1.109 y 1.113, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield), y comparó el importe garantizado por la ley 24.557 ($106.169,77), con aquel otro al que la víctima accedería con sustento en el régimen común ($1.125.338,38), pronunciándose por la invalidez constitucional del art. 39 de la citada ley (arts. 14 bis, 17, 19, 28, 31, 39 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. sent., fs. 418 vta. in fine /434).
Luego, hallándose comprobada la existencia de un nexo de causalidad adecuado entre el daño sufrido por la actora y el obrar omisivo de Mapfre ART S.A. -al no cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad, control y prevención que la ley pone a su cargo (arts. 1, 4 y 31, LRT y 17, 18, 19 y 27, dec. 170/96)-, el tribunal de origen concluyó que resultaba solidariamente responsable con el principal por el pago del monto establecido en concepto de reparación integral, conforme los arts. 601, 902, 1.068, 1.074, 1.083 y 1.109 del Código Civil -ley 340-, vigente en la fecha en que sucedieron los hechos ventilados en la causa (v. sent., fs. 426/429 y fs. 434 y vta.).
II. Contra dicha decisión el letrado apoderado de Galeno ART S.A. -continuadora de Mapfre Argentina ART S.A.- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 699, 701, 1.074 y 1.109 del Código Civil (ley 340); 1, 4, 26 apartado 3 y 31 de la ley 24.557; 163 del Código Procesal Civil y Comercial; 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 544/567).
II.1. En primer término, cuestiona que el tribunal de trabajo haya tenido por acreditado que la promotora del pleito es portadora de dos patologías distintas, y que tales afecciones le provocan -en conjunto- una incapacidad del 33,05%.
Refiere que dicho órgano jurisdiccional arribó a tal definición por conducto de una valoración absurda de la prueba producida en la causa. Ello así, afirma, porque tanto el perito médico, como el psiquiatra, dictaminaron en base a una única dolencia psíquica sufrida por la trabajadora, aunque denominándola técnicamente de distinta manera.
En efecto, explica, la doctora Silvia Viviana Schoo (médica psiquiatra) describió el estado de la accionante mencionando que era portadora de "logorreica, cefaleas, dificultad para concentrarse, ansiedad, angustia, vértigo, taquicardia, irritabilidad, inseguridad, baja autoestima, en ocasiones se despierta durante la noche", y en base a ello diagnosticó "trastorno de angustia (trastorno de pánico)", encuadrando la afección -según Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales- como Reacción Vivencial Anormal Neurótica con manifestaciones depresivas Grado III. Por su parte, la doctora Edith Lilia Verde (perito médica) enumeró una serie de síntomas similares, y algunos idénticos, a los anteriormente enunciados, a saber: "cambios de estado de ánimo, intolerancia, agresividad inmotivada en su entorno familiar, sentimientos de minusvalía e impotencia, taquicardia, miedos inespecíficos, vértigo y mareos, pérdida de peso, dificultades para dormir, ataques de ansiedad, sudoración fría y palpitaciones", prescribiendo como consecuencia de todo ello que la señora Prevettoni padecía de un "trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo".
Con lo cual, insiste, se exhibe nítido que ambas expertas analizaron la psiquis de la actora, advirtieron la existencia de los mismos síntomas y diagnosticaron una patología a la cual, si bien técnicamente denominaron distinto, de ninguna manera puede entenderse -tal como erróneamente hubo de consignarlo el tribunal de grado en el pronunciamiento- como dos enfermedades diferentes.
II.2. Por otra parte, objeta uno de los parámetros utilizados por el juzgador para calcular el monto indemnizatorio en concepto de lucro cesante.
Señala que en la sentencia se tomaron en cuenta a los salarios que mensualmente le restarían percibir a la trabajadora desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la edad de setenta y cinco años, sin tener en consideración que ésta última obtendrá el beneficio jubilatorio a los sesenta años, por lo que no existe razón alguna que justifique un incremento de quince años para cuantificar el resarcimiento.
II.3. También controvierte que se haya condenado a las codemandadas de autos al pago de dicho rubro.
Argumenta que, en esta parcela del fallo, el tribunal de origen transgredió el principio de congruencia, porque la actora no hubo de reclamar tal resarcimiento. Explica que en la liquidación que practicó en la demanda peticionó una indemnización en concepto de integridad psicofísica y reclamó un resarcimiento por daño moral, no esgrimiendo consideración alguna vinculada al aludido rubro.
En tales condiciones, manifiesta que la pretensión por el pago de lucro cesante no integró el objeto del pleito, no teniendo en consecuencia su parte la oportunidad de defenderse, ni ofrecer prueba al respecto, incurriendo de tal modo el tribunal de grado en una arbitrariedad manifiesta.
II.4. Por último, censura la decisión de grado que condenó solidariamente a Mapfre ART S.A. en los términos del art. 1.074 del Código Civil.
Refiere que no pudo válidamente el juzgador arribar a la conclusión de que existió un adecuado nexo de causalidad entre la conducta que se denunció omitida y la producción del daño, porque si bien en el peritaje técnico se determinó que la aseguradora efectuó inspecciones y capacitaciones en diversas sedes de la demandada Telefónica Móviles Argentina S.A., pero no lo hizo en el local donde trabajaba la actora, no hubo de tenerse en consideración que dicha empresa se encontraba en el nivel 3 de cumplimiento de la normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Aduce que no existió una acción concreta que Mapfre ART S.A. podría o debería haber llevado a cabo y cuya omisión tuviera relación directa con el perjuicio sufrido por la trabajadora. En tal sentido, dice, luce evidente el absurdo en el que incurrió el sentenciante al atribuirle responsabilidad civil con sustento en meras consideraciones genéricas respecto de la inobservancia de los deberes de prevención, control y vigilancia impuestos por la ley 24.557.
Asevera por otra parte, que no esgrimió el juzgador explicación lógica alguna de los motivos por los que consideró que tales infracciones fueron la causa jurídicamente relevante en la producción del daño en la salud de la trabajadora, pues no se advierte de qué manera la realización de una visita, o una capacitación en higiene y seguridad, hasta incluso una denuncia ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, podían mitigar aquel incumplimiento.
Con sustento en lo normado por los arts. 609 y 701 del Código Civil (ley 340) desarrolla argumentos por los cuales entiende que no pudo el a quo imponer el pago de la condena en forma solidaria pues, en todo caso, las obligaciones que podrían generar la responsabilidad de ambas demandadas son concurrentes.
Explica que en el supuesto de una condena extrasistémica, como acontece en la especie, tanto el empleador como la aseguradora de riesgos del trabajo son deudores ante el trabajador damnificado o sus derechohabientes, pero sus respectivas "deudas" reconocen distintas fuentes jurídicas, a saber: el principal, en función del acto ilícito normado en el art. 1.072 del Código de Vélez; y la aseguradora, en virtud de las disposiciones de la ley 24.557 y del contrato de afiliación suscripto. Por ende, y toda vez que el art. 26 apartados 1 y 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo establece una cláusula limitativa de responsabilidad, Mapfre ART S.A. -hoy Galeno ART S.A.- solo debe responder en los términos de la norma que le da origen a su obligación.
Alega que su parte no asumió un deber específico de previsión, ni de provisión de prestaciones destinadas al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad según las disposiciones de la ley 19.587, tampoco de aquellas relacionadas con el éxito de los planes de mejoramiento a los que alude el art. 4 de la Ley de Riesgos del Trabajo, ni al programa de seguridad, ni -menos aún- que sean garantes de su cumplimiento.
En tales condiciones, aduce, no puede concluirse que la actividad de Mapfre ART S.A., o la eventual omisión de su deber de vigilancia y seguridad, haya sido la causa adecuada o condición relevante del resultado dañoso sufrido por la trabajadora.
En suma, manifiesta que su responsabilidad queda limitada a lo establecido por la ley 24.557 y el contrato de afiliación, pudiendo resultar obligada únicamente a responder por las prestaciones contempladas en dicho régimen especial de reparación de infortunios laborales.
Añade que, aun cuando la ley 24.557 y la resolución 51/97 habilitan a tales entidades a denunciar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo los incumplimientos de las normas de higiene y seguridad, incluido el Plan de Mejoramiento de sus afiliados (art. 31 apdo. 1, LRT), ello solo puede derivar para el empleador en el pago de una multa, si es que su inobservancia provocó un accidente o enfermedad, pero no puede por sí generar responsabilidad alguna de Mapfre Argentina ART S.A. frente a los trabajadores damnificados.
Finalmente, cita en apoyo de su postura jurisprudencia emanada de la Corte federal, así como de otros tribunales de justicia.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En relación al primer agravio traído, cabe recordar que esta Suprema Corte reiteradamente ha sostenido que determinar tanto las características de las tareas que realiza el trabajador, y la relación de causalidad entre ellas y la dolencia que padece y, como apreciar el material probatorio -específicamente lo atinente al mérito y fundamento de los informes médicos-, al igual que la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen cuestiones de hecho privativas de los jueces de la instancia ordinaria y exentas de revisión en casación, salvo absurdo en la valoración efectuada por los magistrados (causas L. 99.333, "Ramos", sent. de 10-VIII-2011; L. 100.910, "V. E., C. E.", sent. de 21-IX-2011; L. 106.959, "González", sent. de 8-II-2012; L. 117.581, "Cabrera", sent. de 20-V-2015; e.o.).
III.1.a. Encuentro acreditado el mentado vicio.
III.1.a.i. Al promover la demanda se reclamó el pago de una indemnización integral por la incapacidad provocada por la enfermedad que contrajo la actora a consecuencia de las tareas prestadas durante la relación laboral que mantuvo con Telefónica Móviles Argentina S.A. (v. fs. 15/36).
Indicó que comenzó a trabajar como recepcionista y administrativa (ambas funciones de atención al cliente) bajo la modalidad de puestos rotativos, cumpliendo una jornada laboral de nueve horas diarias, con una hora de descanso para almorzar. Destacó que tenían un sistema de pausas preestablecidas de quince minutos para tomar café, fumar, o ir al baño, estrictamente controlado por un supervisor (v. fs. 16).
Añadió que era sometida semanalmente a un examen que la empresa denominaba "Contacto Experto", siendo evaluada sobre los productos y servicios, repercutiendo negativamente en su salario si no lo sorteaba con éxito, lo cual generaba una presión en todos los trabajadores (v. fs. 16 in fine ).
Explicó que, además, dos veces por semana se realizaba un "monitoreo", que era un control personal acerca del cumplimiento del trabajo y del instructivo de atención a clientes, generando el incumplimiento de estas normas, otra rebaja de su salario (v. fs. 16 vta.).
Expuso que las tareas desarrolladas la perturbaron en el plano psicológico, afectando su estructura psíquica, viéndose obligada a concurrir a terapia para dar tratamiento a la situación anímica que presentaba (v. fs. 17).
Dio cuenta sobre lo conflictivo que resultaba su trabajo, ya que la mayoría de los clientes concurrían ofuscados a quejarse por el mal servicio de telefonía que brindaba la empresa. También del ambiente laboral hostil en el cual prestaba los servicios, ya que todo el personal se encontraba en una situación similar, recibiendo constantes amenazas de despido por parte de sus superiores jerárquicos (v. fs. 17 vta.).
Señaló que sufrió un grave daño a su salud producto del actuar de su empleadora, desarrollando una dolencia psíquica que la incapacita tanto para trabajar como para prestar todo tipo de actividad que implique atención a personas (v. fs. 18 vta.).
Dijo que si fuera sometida a un nuevo examen pre ocupacional, esta patología se volvería evidente para el profesional entrevistador (v. fs. 19).
Apuntó que la directa consecuencia de las tareas realizadas, los modos, las formas y la sobre exigencia reiterada en una trabajadora que ingresó en condiciones óptimas, en un ambiente estresante, con extenuantes jornadas de trabajo, requiriéndosele siempre más de lo que humanamente podía tolerar, provocaron causalmente la patología incapacitante cuya reparación pretende (v. fs. 19).
Por ello, concluyó, considerando la existencia de una dolencia expresa que ha sido aquí detallada, la relación de causalidad existente entre las labores y la enfermedad adquirida, sumado a la existencia de un daño en la persona de la actora, que la incapacita para realizar diferentes tareas, las demandadas deben ser condenadas por resultar responsables (v. fs. 19 in fine y vta.).
Cabe en el punto destacar que, en oportunidad de contestar a la oposición formulada por la accionada en relación a la designación del perito psicólogo (conf. art. 29, ley 11.653), la promotora del pleito expresó "...no advierte que en el caso se está reclamando sólo por una afección psicológica que hace necesaria su intervención" (v. fs. 143 in fine y vta.).
III.1.a.ii. El tribunal de grado, al responder al interrogante planteado en la primera cuestión del veredicto, arribó a la conclusión de que las patologías e incapacidad que porta la trabajadora se encontraban probadas con las experticias psicológica y médica producidas en la causa (v. fs. 410 y vta.).
Sostuvo en este aspecto que la psiquiatra había determinado que esta última padece de un trastorno de angustia (trastorno de pánico), encuadrado -según la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales- como una Reacción Vivencial Anormal Neurótica con manifestaciones depresivas Grado III, que le provoca una minusvalía del 11%, guarismo que -añadiéndole los factores de ponderación (1,1% por tipo de actividad y 1% por factor de edad)- se eleva al 13,1% (v. fs. 410 vta.).
Luego, refirió que con la prueba pericial médica obrante a fs. 339/341 tenía por probado que la accionante padecía -asimismo- un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado depresivo, que la incapacita (incluyendo también los factores de ponderación) en un 19,95% (v. últ. fs. cit.).
Con ese escenario fáctico juzgó demostrado que tales patologías, en su conjunto, incapacitan a la señora Silvana Sabrina Prevettoni en un 33,05% del índice de la total obrera (v. últ. fs. cit.).
III.1.a.iii. Le asiste razón a la interesada cuando afirma que la ponderación desplegada por el tribunal de trabajo en torno a los informes periciales se encuentra afectada del excepcional vicio de absurdo.
Al promoverse el juicio, la actora peticionó un peritaje sobre su estado que estaría a cargo de un perito psicólogo (v. fs. 31 vta. y 32). Por su parte, la aseguradora reclamó un peritaje médico, oponiéndose a que se produjera la peritación ofrecida por la contraparte. La demandada principal, por su parte, se opuso a diversos puntos del informe psicológico requerido por la demandante (v. fs. 130). Y ésta mantuvo su solicitud, aduciendo que su reclamo es por una afección psicológica (v. fs. 143 vta.).
Al disponer la apertura de la causa a prueba, el tribunal, en lo que nos interesa, desestimó las objeciones por el principio de amplitud de la prueba, y porque, en su caso, el propio perito se expediría sobre la pertinencia o factibilidad de lo requerido. En mérito a ello s
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