Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75616
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.616, "Dr. Dalbón, Gregorio Jorge contra Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín declaró nulos los actos dictados por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro y el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, ordenando la devolución de las actuaciones a fin de que se emitiera un nuevo acto administrativo que fijase al doctor Gregorio Dalbón una categoría de sanción de menor entidad a la suspensión de tres meses en la matrícula profesional que le había sido aplicada (v. fs. 189/209).
Disconformes con dicho pronunciamiento, la Vicepresidente Primera y el Secretario General del Colegio de Abogados de San Isidro interpusieron recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad (v. presentación electrónica de fecha 6-VII-2018, 10:35:48 a.m.), de los cuales solo este último fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 234/235 y 243/244).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 246) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín anuló los actos a través de los cuales el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro y el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires aplicaron y confirmaron, respectivamente, una sanción de suspensión en la matrícula por el término de tres meses al doctor Gregorio Dalbón. A su vez, dicha Cámara ordenó la devolución del expediente administrativo para que se dictara un nuevo acto que le estableciera al profesional nombrado una categoría de sanción de menor entidad.
En sustento de la decisión adoptada, consideró acreditados los hechos ventilados (negativa del abogado, en una audiencia, a apagar su teléfono, pese al pedido de la magistrada actuante; negativa a tomar asiento en el lugar asignado; invitación al público en general a ingresar en la sala de audiencias, luego de que se le negó el acceso a la prensa; y preguntas injuriosas al procesado), los que entendió que constituían conductas reprochables que tornaban ajustado a derecho el establecimiento de una sanción.
Sin embargo, estimó que la suspensión decidida traducía un exceso de punición que invalidaba los actos impugnados. Advirtió que los arts. 1, 5, 19 y 21 de las Normas de Ética Profesional del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires enumeran y describen las conductas prescriptas sin establecer prelación o grados de gravedad entre los distintos incumplimientos. Añadió que el art. 28 de la ley 5.177 contempla con carácter general sanciones de diferente entidad (advertencia individual o en presencia del Consejo Directivo, según la importancia de la falta; multa, hasta un importe equivalente a cien ius arancelarios; suspensión en la matrícula profesional, hasta dos años; y exclusión definitiva de esta última). Dedujo que la facultad de aplicar dichas penalidades cuenta con un margen de discrecionalidad amplio, pero negó que ello habilite la arbitrariedad y sostuvo que corresponde ejercer un adecuado control sobre tal actividad, que asegure -entre otros- el respeto de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
Manifestó que no existe un criterio único para determinar la existencia de un acto irrazonable por exceso de punición, sino que se trata de una cuestión de hecho, ya que todo depende de las circunstancias del caso concreto. En el particular, observó que los organismos profesionales adujeron tener en cuenta la existencia de una previa sanción de apercibimiento impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, pero expresó que en ningún momento se precisó cuál habría sido la conducta reprochada en dicha oportunidad ni los pormenores de tal penalidad y que esto tampoco surgía de los elementos aportados.
Agregó que como agravante se había considerado "...la mayor exposición de la magistrada denunciante al haberse suscitado los hechos en el ámbito de una audiencia pública...", pero entendió soslayado el hecho de que el acto procesal no se frustró por los desmanes provocados, sino que culminó favorablemente para la representación del particular damnificado ejercida por el profesional sancionado, en razón de haberse alcanzado la aceptación de culpa del acusado y la conformidad para la tramitación del juicio en un proceso abreviado.
De la inobservancia de los extremos apuntados y la existencia de categorías de sanción de menor entidad para castigar hechos como los analizados extrajo que mediaba en autos un exceso de punición que tornaba irrazonables y nulos los actos impugnados por vicio en su finalidad (no así en su motivación, ya que los hechos que justificaban el temperamento adoptado habían sido expresados y constatados). Aclaró que devolvía el expediente a efectos del dictado de un nuevo acto, con el objetivo de no sustituir al ente colegial en el ejercicio de funciones propias.
II. Mediante el escrito presentado, la recurrente denuncia violación de garantías propias, esenciales y constitucionales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y los organismos que lo integran.
Sostiene que, al indicar qué tipo de sanción corresponde aplicar en el caso (advertencia o multa), la Cámara ejerció una función valorativa que ajena, afectando el principio de división de poderes propio del régimen republicano de gobierno (conf. arts. 1, 41, 45, 103, 144 y 166, Const. prov.; 1 y 5, Const. nac.).
Expresa que dicho tribunal se encontraba facultado a efectuar el control de legalidad de las sanciones, sometiéndolas a un análisis de razonabilidad, proporcionalidad y arbitrariedad, mas no a examinar cuestiones discrecionales que son resorte exclusivo del órgano colegial. Entiende que, en el caso, el poder disciplinario ejercido y la graduación de la sanción practicada encuadran dentro de las facultades derivadas de los arts. 28 de la ley 5.177 y 69 del Reglamento para el Funcionamiento de los Colegios de Abogados Departamentales, en tanto conceden cierta libertad para evaluar la gravedad de la falta y los antecedentes del imputado y -en función de ello- determinar la penalidad a imponer. En su apoyo, cita jurisprudencia y doctrina de autores sobre la cuestión debatida.
A continuación, denuncia que el fallo atacado quebranta lo dispuesto por los arts. 11, 18, 19, 24, 25, 28, 29 y 45 de la ley 5.177. Aduce que, si los colegios departamentales no tuviesen la potestad exclusiva de apreciar y fijar la sanción disciplinaria correspondiente, el art. 19 inc. 3 de la ley citada no les reconocería poder disciplinario sobre los abogados y procuradores que actúan en su ámbito. Interpreta que ello constituye la expresión concreta de una investidura que no puede desconocerse, porque hacerlo traería gravísimas consecuencias.
Afirma que la sanción impuesta en autos por el Tribunal de Disciplina guardó proporción con la gravedad de las faltas cometidas. Niega que los hechos relatados en las actas agregadas a la denuncia formulada por la titular del Juzgado en lo Correccional n° 3 de San Isidro constituyan "...incidencias que normalmente suceden en los juicios orales..." o que resulten formas válidas de defender los intereses de los clientes, tal como -asegura- lo planteó en su oportunidad el profesional sancionado. Estima que se trata de conductas inadmisibles en un abogado, máxime en el desarrollo de un juicio oral, donde los legos presentes pueden apreciar el desempeño ante un tribunal de justicia. Considera que el letrado incurrió en una conducta deliberada tendiente a provocar a la jueza interviniente, con el objetivo de que aquella le obligase a retirarse de la sala o lo hiciese sacar con la fuerza pública, convirtiendo el juicio en un "show mediático". Concluye que la gravedad de las faltas discutidas y la existencia de antecedentes disciplinarios debidamente ponderados llevaron al órgano colegial a la necesaria aplicación de la sanción de suspensión en la matrícula.
Tacha de imprecisos, generales y abstractos los argumentos de la Cámara según los cuales los actos impugnados no padecen de vicio en su motivación, pero tampoco registran proporción entre los hechos de autos y la penalidad debatida. Puntualiza que -a su entender- el fallo atacado no especificó los fundamentos por los cuales reputó excesiva dicha sanción. Tilda de meramente dogmáticas las afirmaciones en ese sentido y reprocha arbitrariedad a la sentencia objeto de embate.
III. El recurso no prospera.
III.1. En la causa A. 68.436, "Giannino, Domingo Pablo c/ Colegio de Abogados de Buenos Aires", sentencia de 25-VIII-2010, la mayoría de esta Corte sostuvo, al expedirse sobre el recurso de inaplicabilidad interpuesto, que la atribución a los colegios o consejos profesionales de la facultad de ejercer el control de la matrícula profesional -sea ésta una atribución deferida por la ley o la Constitución- de ningún modo es puesta en riesgo ni retaceada por la circunstancia de que los actos de gravamen que tales instituciones emitan sean pasibles de un amplio control judicial, ni ello implica transferir las potestades que les fueran otorgadas al ente por la legislación al juez del caso.
Dichos conceptos, vertidos tras analizar lo dispuesto por el art. 41 de la Constitución provincial, resultan aplicables al presente, donde también se ha invocado tal norma y, al igual que en aquella oportunidad, el proceso promovido tiene por objeto la impugnación de una sanción disciplinaria confirmada por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
III.2. Aunque ciertas expresiones de la impugnante resultan por momentos confusas, en autos ella reconoce que la Cámara interviniente contaba con facultades para controlar la legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y arbitrariedad de las sanciones establecidas por el Colegio de Abogados. Con pretendido sustento en lo dispuesto por los arts. 11, 18, 19, 24, 25, 28, 29 y 45 de la ley 5.177 y 69 del Reglamento para el Funcionamiento de los Colegios de Abogados Departamentales, arguye, sin embargo, que el tribunal no podía examinar aspectos discrecionales propios de los colegios profesionales, como el relativo a la sanción que correspondía aplicar.
Tal como tuve oportunidad de recordarlo al votar en la causa A. 68.436, ya citada, este Tribunal ha sostenido la viabilidad -sin restricciones- del control judicial de las facultades disciplinarias de la Administración Pública, no solo en cuanto a su "legalidad" sino también en lo atinente a su "razonabilidad" aun cuando se trate de potestades discrecionales, sin que ello implique que los jueces tengan la posibilidad de inspeccionar la "oportunidad, mérito o conveniencia" de dichas facultades, misión que les es ajena (doctr. causas B. 57.508, "Luna", sent. de 27-II-2008; B. 58.128, "Iuliano", sent. de 5-III-2008; B. 62.838, "Rugolo", sent. de 19-III-2008, entre otras).
La fiscalización jurisdiccional de la actividad administrativa que traduce el ejercicio de la potestad disciplinaria no presenta ningún elemento estructural que justifique efectuar un análisis distintivo, acotando las causales de invalidez invocables a la hora de establecer su impugnabilidad respecto de otros tipos de actos de la Administración.
Bien que bajo la observancia de la regulación material que les sea aplicable, tales actos también se encuentran comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa; ellos traducen un quehacer que, como tal, está sujeto a control y eventual invalidación judicial al comprobarse no solo arbitrariedad o irrazonabilidad, sino también la concurrencia de cualquier otra causal de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (arg. arts. 103, 108 y concs., dec. ley 7.647/70; conf. mi adhesión al voto del doctor Soria en las causas B. 59.986, "Caselli", sent. de 16-II-2005; B. 55.971, "Pulvermacher", sent. de 29-VIII-2007 y B. 62.559, "Pennella", sent. de 3-IX-2008; e.o.).
Por lo demás, la actuación de entes públicos no estatales no exhibe ninguna característica que permita eximirla de los recaudos a los que se sujeta la juridicidad de la actuación de los entes públicos que desempeñan función administrativa en cualquiera de los tres poderes del Estado (conf. causas B. 62.308, "Clemeno", sent. de 3-XII-2003; Ac. 79.728, "Silvestre", sent. de 24-III-2004 y A. 68.436; cit.).
III.3. Concretamente, la sentencia atacada endilga a los actos administrativos impugnados exceso de punición.
Al respecto, prestigiosos autores han advertido que la ausencia de proporcionalidad es causal de invalidez cuando existe un exceso entre lo que el acto decide y los hechos que lo motivaron (Gordillo, Agustín; Tratado de Derecho Administrativo , T. 3, cap. VIII-16) y que el vicio de un acto afectado por exceso de punición determina, a su vez, la irrazonabilidad del respectivo acto, lo que se concreta en la falta de concordancia o proporción entre la pena aplicada y el comportamiento que motivó su aplicación (Marienhoff, Miguel S.; "El exceso de punición como vicio del acto jurídico de derecho público", El Derecho , 1989-E-969; cit. en causa B. 63.286, "Pérez", sent. de 4-V-2016).
Si bien he sostenido que es en la determinación de la sanción a imponer donde radica la discrecionalidad o libertad de apreciación de las faltas por parte de la Administración (doctr. causas B. 61.772, "Giraldez", sent. de 11-V-2005 y B. 58.240, "Ruiz", sent. de 12-III-2008), también he postulado que la falta de proporción entre la pena dispuesta y el comportamiento que motivó su aplicación determina la irrazonabilidad de la medida disciplinaria (doctr. causas B. 59.122, "Huertas Díaz", sent. de 22-X-2003; B. 62.837, "Conde", sent. de 8-VIII-2007; B. 62.897, "M., D. H.", sent. de 9-IX-2009; e.o.).
Ahora bien, establecer la existencia de un acto irrazonable por exceso de punición constituye en definitiva una cuestión de hecho (así lo declaró la Cámara interviniente a fs. 206 vta.), que en principio resulta irrevisable en la instancia extraordinaria, salvo el supuesto excepcional de absurdo (conf. causas Ac. 96.025, "Giannico", sent. de 19-IX-2007; C. 95.666, "Capece", sent. de 2-IX-2009; A. 71.485, "Amaya", sent. de 4-VI-2014; e.o.), que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (doctr. causas C. 101.626, "Casas", sent. de 11-II-2009; C. 110.476, "M., M. d. C.", sent. de 24-IV-2013; A. 74.036, "Sena Villanueva", sent. de 5-VI-2019; e.o.).
Cabe recordar que, en la acepción dada por esta Corte, el concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida. No cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema (conf. causa A. 73.173, "Frías", sent. de 29-V-2019; e.o.).
Para tener por configurado el absurdo es necesario demostrar la concreta desinterpretación de la prueba, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate, no siendo suficiente para abrir la vía extraordinaria la exteriorización de un punto de vista discrepante con el de los sentenciantes y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por el recurrente (conf. causas A. 70.148, "Cocci", sent. de 28-III-2012; A. 73.864, "Lattini", sent. de 25-IV-2018; A. 74.467, "Gagliero", sent. de 28-XI-2018; e.o.).
En tales condiciones, el vicio en cuestión no puede tenerse por acreditado, pues aquí la entidad impugnante se ha limitado a describir los hechos involucrados, brindando su propia interpretación sobre ellos y afirmando que, en dicho contexto, la sanción impuesta resultaba proporcionada, sin siquiera denunciar absurdo ni mucho menos atacar los fundamentos esgrimidos por la Cámara en apoyo de esta parcela de su decisión.
En efecto, la recurrente insiste genéricamente con la supuesta existencia de antecedentes disciplinarios debidamente ponderados por las autoridades colegiales, sin hacerse cargo de lo manifestado sobre el punto por el tribunal a quo , de acuerdo con el cual ellas no precisaron en ningún momento las conductas previamente reprochadas, lo que tampoco surgía de los elementos aportados. Por otra parte, en la pieza procesal bajo tratamiento no se critica puntualmente el argumento de la Cámara relativo a la necesidad de ponderar la no frustración del acto procesal controvertido.
Lo anterior obliga a recordar que, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume -en la parcela considerada- la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. causa A. 74.785, "Monsanto", sent. de 15-VIII-2018 y sus citas).
III.4. En lo atinente a los restantes preceptos constitucionales invocados, esta Corte ha resuelto que resulta estéril la generalizada denuncia acerca de su infracción cuando ella queda subordinada a una no probada violación de normas de derecho común, sin que se haya acreditado la errónea aplicación de estas (conf. causas A. 71.802, "Emma", sent. de 22-X-2014; A. 72.478, "Scarimbolo", sent. de 30-III-2016; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017; e.o.), tal como sucede en el caso.
III.5. En cuanto a la arbitrariedad denunciada y atendiendo a la reserva del caso federal formulada, he de recordar que la invalidación de una sentencia sobre tales bases es de carácter excepcional, además de que su articulación no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en cuestiones que les son privativas, ni corregir en ulteriores instancias fallos equivocados o que se reputen tales en orden a temas no federales. Semejante invocación solo cabe ser admitida frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no puedan adquirir validez jurisdiccional (CSJN Fallos: 329:3761; 329:2206; 330:133, 717 y 339:1066).
Bajo tales premisas, la argumentación desplegada en esa dirección por el colegio recurrente remite a la valoración de circunstancias de hecho y a la interpretación de normas de derecho público local. Y en tanto se limita a una recitación jurisprudencial sin hacerse cargo de los fundamentos brindados por la Cámara para morigerar la sanción impuesta al demandante, ella se traduce en no más que el desacuerdo con el criterio adoptado por el tribunal superior, insuficiente a los fines de tener por acreditado el defecto endilgado (CSJN Fallos: 331:477; 330:4211 y 340:1089).
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos f
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