Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73829
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.829, "De La Vega Miguel A. y otros contra Municipalidad de La Costa sobre restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata revocó la sentencia del juez de primera instancia del mismo fuero, del departamento judicial de Dolores, que había hecho lugar a la pretensión articulada.
Disconforme con aquel pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue concedido por el tribunal actuante.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Al hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionada, la Cámara con asiento en Mar del Plata revocó la sentencia del juez de primera instancia del departamento judicial de Dolores, que había acogido parcialmente la demanda promovida en relación a los actores De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas, rechazándola respecto a los actores Guzmán y Espinoza. Tal decisión había determinado asimismo la reinstalación de los primeros en sus puestos de trabajo, con los mismos cargos y funciones que cumplían al momento de la desvinculación, en la situación escalafonaria primigenia de planta temporaria, con más el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que prudencialmente estableció en el veinticinco por ciento (25%) de las remuneraciones que cada uno había dejado de percibir desde su cese hasta su efectiva reincorporación, con más los intereses a liquidarse conforme la tasa abonada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación, hasta el efectivo pago (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561; 622, Cód. Civ.).
En el fallo revocatorio (v. fs. 2.273/2.290) el Tribunal de Alzada puso de relieve, en primer lugar, la ausencia de actividad recursiva por parte de dos de los accionantes cuya pretensión fuera rechazada en todos sus términos, Guzmán y Espinoza.
Luego, señaló que en la apelación incoada por el resto de los agentes no se había cuestionado lo resuelto en referencia a que la relación de empleo con la Comuna era propia de un vínculo temporario sin estabilidad, ni se había objetado la declaración sobre que no correspondía la aplicación de lo previsto en el art. 7 de la ley 11.757, entonces vigente.
De esta manera, dijo que, en consideración a que el conocimiento de los tribunales de segunda instancia se hallaba confinado al alcance de los recursos concedidos, dejaba así delimitada su labor revisora.
En consecuencia, procedía a centrar su examen en torno al agravio expuesto por la accionada en su recurso de apelación, en punto a que la sentencia de grado, al interpretar erróneamente la ley, la jurisprudencia aplicable y la prueba de autos, había dado por acreditadas las tareas sindicales de los actores y, en razón de ello, había resuelto que, encontrándose amparados en la garantía prevista por los arts. 48 y 52 de la ley 23.551, procedía su readmisión en sus puestos -aún en carácter de personal temporario sin estabilidad-, toda vez que la Administración municipal no había ocurrido al procedimiento judicial de exclusión de tutela reglado en los arts. 47 y 52 de la norma citada.
Reconoció, a los fines de acotar el marco del debate que, si bien este Superior Tribunal de Justicia había sostenido que cuando la relación de empleo público estaba dispuesta bajo la modalidad de planta temporaria, prolongándose por sucesivos actos administrativos de mensualización, el dependiente carecía de acción -con base en la ley sindical- para reclamar la reinstalación en su puesto de trabajo sin estabilidad, pues dicha regulación no podía tener la virtud de transformar un vínculo jurídico acotado como personal de planta temporaria en uno de planta permanente, ya que en ese aspecto eran de aplicación las normas del derecho público administrativo, también había trazado otros lineamientos para cuando el objeto de la pretensión -al amparo de la tutela sindical- no se dirigía a obtener la conversión del vínculo temporario en uno permanente sino que se perseguía la reinstalación por el período de vigencia de la cobertura legal.
Posteriormente, el Tribunal de Alzada ingresó en el núcleo de su decisión. Expresó que de una detallada lectura de las piezas incoadas en la instancia de apelación, se advertía que la accionada había controvertido en autos la atribución de la tutela sindical a los actores y la legitimidad del proceso constitutivo de la asociación -Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM)-, así como señalado la inobservancia de otros recaudos previstos en la ley 23.551.
De inicio, descartó de plano la posibilidad de cimentar la objeción al reconocimiento de la tutela sindical a los accionantes en la mera circunstancia de que el SOEM carecía de personería gremial, contando solamente con "simple inscripción"; ello, en virtud que tal cuestión se encontraba saldada a partir de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos A.201.XL "Asociación Trabajadores del Estado" y R.1717.XLI "Rossi Adriana María".
Seguidamente, sostuvo que resultaba acertada la crítica vertida por el municipio referida a que irregularidades y falencias en los recaudos legalmente reglados impedían reconocer la tutela a los nombrados.
Al respecto, dijo que cabía subrayar que el SOEM estaba en una situación de irregularidad al no haber concluido su procedimiento constitutivo. Que ello era así toda vez que si bien el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), mediante resolución 890/06, le había otorgado la inscripción en el Registro de Asociaciones Sindicales, como entidad de primer grado, lo intimaba a regularizar su situación institucional convocando a elecciones de autoridades.
Y agregó que ninguno de los elementos obrantes en la causa permitía tener por satisfecho al 31 de diciembre de 2008, fecha de los distractos, el cabal cumplimiento de lo ordenado en aquella resolución.
Sostuvo que esto último no se saneaba con el informe obrante en autos, remitido por el MTEySS, de donde surgía la nómina de autoridades electas del SOEM con mandato a partir del año 2012.
Destacó que dichas falencias le permitían colegir el incumplimiento del inc. "a" del art. 49 de la ley 23.551, lo cual permitía descalificar la operación efectuada por el juez de grado, de aplicar al caso en tratamiento el precedente "Velázquez" (causa L. 114.887, sent. de 16-VII-2014), pues este antecedente supuso el recaudo de que la demandada tuviera acabado conocimiento de que los cargos electivos al que accedieran los demandantes se extendían en el tiempo más allá del término establecido en la última de las designaciones en planta temporaria.
Expresó que la carga dispuesta en la norma citada, que impone a los actores y al propio SOEM practicar una notificación al empleador del nombramiento en el cargo electivo y del plazo de mandato, como condición necesaria para que se pongan en funcionamiento los mecanismos de protección implicados en la tutela especial, no fue verificada en sede judicial con la prueba pertinente.
Apuntó que, habiendo analizado la documental obrante en la causa, era cuestionable lo resuelto en primera instancia en torno a que la demandada había consentido las funciones gremiales de los agentes con anterioridad al distracto.
Aseveró que, aún sin desconocer que de las constancias documentales escrutadas resultaban numerosas presentaciones del SOEM destinadas a acreditar el cumplimiento de actividades sindicales por parte de los actores, de ellas no era posible extraer mayores precisiones, por lo que cabía concluir que la Comuna no había tenido conocimiento certero -contrariamente a lo opinado por el juez de grado- acerca de que dichos mandatos excedieran el lapso fijado por el decreto 797/08 como plazo de extinción del vínculo temporario que los unía con aquella.
Recordó, con cita de este Superior Tribunal, que el mero despliegue de algún tipo de actividad sindical por quien pretendiera beneficiarse de la protección específica no reemplazaba el cumplimiento de los extremos previstos en la ley sindical.
Que, en definitiva, la ausencia de elementos que permitieran asegurar que la comisión directiva de la entidad, de la que los actores formaban parte, había sido conformada de acuerdo al régimen legal vigente, respetando las exigencias oportunamente estipuladas por la autoridad de aplicación en su resolución 890/06, la llevaba a la conclusión de que correspondía hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de La Costa, revocando el pronunciamiento de grado, rechazando íntegramente la demanda promovida, con costas de ambas instancias en el orden causado.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 2.294/2.303), los actores -De La Vega, Leiva, Maldonado, Pérez, Roldán y Vargas- plantean la violación y errónea aplicación de la ley con respecto a los arts. 163 incs. 5 y 6 y 164 del Código Procesal Civil y Comercial; 41, 42, 48, 49, 50 y 52 de la ley 23.551; 14 bis y 18 de la Constitución nacional; 9 de la Declaración del Mercosur; y a los Convenios 87, 98 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); así como la errónea aplicación de la doctrina legal del Tribunal sentada en el antecedente "Velázquez" (causa L. 114.887, sent. de 16-VII-2014).
Solicitan se revoque la sentencia de Cámara y, acorde lo resuelto en primera instancia, se los reinstale en sus puestos de trabajo.
A su vez, piden que modificándose lo resuelto en las instancias anteriores, se ordene abonarles el cien por ciento (100%) de los salarios caídos durante el período en que estuvieran fuera de sus empleos, con intereses, más un monto que se determine en concepto de daño moral.
En su cuestionamiento a lo decidido por la Cámara, esgrimen que esta, al revocar la sentencia de grado, se valió de una fundamentación arbitraria, absurda, sostenida en argumentos falaces, apartada del derecho vigente.
Afirman que ello se verifica en que luego de formular una pormenorizada reseña de los antecedentes que configuran la doctrina legal del Tribunal, pretende establecer diferencias con las circunstancias del presente caso, lo cual la lleva a sentenciar con error en la aplicación de la doctrina legal.
Se refieren a cuando luego de citar los precedentes L. 102.254, "Mansilla"; L. 113.787, "Sarasibar"; L. 108.222, "Márquez"; L. 114.103, "Ramírez" y L. 114.887, "Velázquez", los que -en su opinión- resultan asimilables a la causa en tratamiento, el tribunal de apelación intenta desandar el camino emprendido por el juez de primera instancia, quien había encontrado acreditadas las tareas gremiales de los recurrentes, reconocido que se encontraban amparados por la garantía establecida en los arts. 48 y 52 de la ley 23.551 y, en consecuencia, ordenado la readmisión en sus puestos de trabajo, dejando en claro que al momento del vencimiento del último de los vínculos en planta temporaria, relativos a cada uno de los agentes, estos gozaban de la protección de la tutela sindical, de la cual no habían sido excluidos judicialmente por la Comuna, de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 52 de la citada norma.
Asimismo, expresan que resulta revelador el hecho que la Cámara haya validado la voluntad impugnatoria de la demandada, respecto del proceso de constitución de la entidad sindical, cuyo órgano de dirección integraban los actores, cuestión que acarreaba la pérdida del resguardo sindical para los mismos, justamente cuando la Administración recién lo esgrimiera en el marco del trámite judicial al momento de contestar la demanda y no lo hiciera al tiempo en que los mencionados, en nombre del SOEM, solicitaban permisos gremiales, notificaban la realización de tareas sindicales en diversas jornadas o comunicaban actividades de la entidad, tal como lo indicaba abundante e invariable jurisprudencia al respecto. Todos elementos que -opinan- se hallaban perfectamente acreditados en autos.
Agregan que al fallar como lo hizo, cuando había quedado demostrada la falta de impugnación oportuna de la demandada -lo que enervaba la pretensión de hacerlo valer en la instancia judicial cuando la potestad se hallaba ya fenecida-, el a quo terminó avalando un actuar de la Administración comunal claramente reñido con el principio de la buena fe, el cual no solo resultaba fundante de las relaciones implicadas en el campo laboral, sean del ámbito privado o del empleo público, en el plano del derecho individual o colectivo, sino que se trataba también de un principio informador del derecho en general.
De este modo, piden al Tribunal que acoja el remedio articulado.
III. Por su lado, la Municipalidad de La Costa presenta el memorial (v. fs. 2.320/2.332) donde sostiene el rechazo del recurso extraordinario y la confirmación de la sentencia de la Cámara en todos sus términos.
En dicha pieza practica una reseña de los antecedentes de autos, lo resuelto en la sentencia de primera instancia y de el Tribunal de Alzada.
A su vez, reitera argumentos ensayados en oportunidad del recurso de apelación ante la Cámara.
Rechaza de plano los agravios esgrimidos por los accionantes en esta instancia extraordinaria.
En cuanto a la errónea aplicación de la doctrina legal, señala que no se verifica, pues la doctrina invocada no resultaba de aplicación al caso.
Que ello era así tanto respecto de la existencia de la tutela sindical argüida por los actores como del proceso de constitución y elección de autoridades del SOEM, precisando que la legitimidad de estos fue cuestionada en su primera intervención en autos, es decir, al momento de contestar la demanda.
Expresa que era preciso recordar que los accionantes no habían atacado la parcela del fallo de primera instancia donde se descartaba la posibilidad de reconocerles la titularidad de una relación de empleo de planta permanente, por lo que la pretensión de acceder a una indemnización por salarios caídos, basada en las normas protectorias de la ley 23.551, resultaba improcedente.
Finalmente, afirma que tampoco era posible el reconocimiento del daño moral, en razón de que no había habido un actuar malicioso o arbitrario de su mandante y que la propia decisión del juez de grado había determinado que los demandantes eran empleados temporarios sin estabilidad, con lo cual al carecer de reales expectativas de permanencia en sus cargos, no podía darse por configurada la afectación.
De este modo, solicitó el rechazo del remedio promovido.
IV. El recurso prospera parcialmente.
IV.1. Entiendo que tal como expresan los accionantes en su remedio, el Tribunal de Alzada, con su decisión, ha incurrido en un supuesto de absurdo con relación a los elementos que configuran el caso y una violación de la doctrina sentada por ese Tribunal en el punto.
Como he reseñado en los párrafos precedentes, la discusión implicada en esta instancia, en el marco del recurso de inaplicabilidad de ley incoado, se centra en resolver el derecho que les asiste a los actores al reconocimiento de los derechos que la ley 23.551 establece para los representantes gremiales, a través del instituto de la tutela sindical y con ello los efectos que nacen de dicho reconocimiento en el marco de la relación de empleo público de planta temporaria que los vinculara con la demandada.
Al respecto, la parte actora solicita que como resultado del acogimiento del remedio se los reinstale en sus puestos de trabajo, mientras que la demandada, sosteniendo el pronunciamiento de Cámara, esgrime la inexistencia de ese derecho.
IV.2. Ahora bien, en el contexto de lo señalado, es dable atender una cuestión preliminar a los fines de delimitar claramente el asunto a decidir.
Me refiero a las consecuencias que sobrevienen del carácter de "inscripta" en el Registro de Asociaciones Sindicales del MTEySS que tiene la entidad denominada SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de La Costa). En particular la relación que ello tiene con la protección especial para quienes resulten sus directivos y representantes; en este caso, los actores.
Al respecto, comparto lo señalado por el Tribunal de Alzada cuando siguiendo lo resuelto por la Corte nacional (causas A.201.XL "Asociación Trabajadores del Estado c/Mrio. de Trabajo", sent. de 11-XI-2008 y R.1717.XLI "Rossi, Adriana María c/Estado Nacional", sent. de 9-XII-2009) y por esta Suprema Corte (causas L. 93.122, "Sandes" y L. 79.331, "Ferulano", sents. de 5-X-2011), entendió que no era posible acoger esta parte de la pretensión del municipio dirigida a desconocer la cobertura que ampara a los representantes sindicales por la circunstancia de no contar la entidad de referencia con personería gremial sino con la llamada "simple inscripción".
A ello agrego lo que tuve oportunidad de referir en mi voto en la causa L. 89.861, "Piñero, Héctor R. c/Subpga S.A. Despido" (sent. de 22-III-2017), donde expresé que un profundo análisis de la materia en debate me había llevado a la revisión del criterio que sostuviera con anterioridad a la causa "Ferulano" de este Superior Tribunal.
Con lo dicho quiero expresar que, pese a su renovado sostenimiento por la demandada en su memorial, no corresponde volver sobre el punto, toda vez que el estado de la cuestión en la jurisprudencia, desde la solución provista por el Máximo Tribunal nacional, en consonancia con lo dicho por esta Suprema Corte provincial, así lo ameritan. Lo contrario significaría avalar de inicio la pretensión de la demandada por el mero hecho de que los actores pertenecían a una entidad sindical con simple inscripción.
IV.3. Despejado lo anterior, cabe puntualizar el otro planteo de la demandada vinculado con el carácter temporario de las designaciones de los actores, y la imposibilidad de que la tutela sindical pudiera tener por efecto transformar el vínculo en una relación de empleo permanente.
Se sostenía que la mera invocación de la cobertura de la norma sindical no podía tener la virtud de transformar el vínculo de los actores con la Comuna, convirtiéndolo en una relación de empleo de planta permanente.
Frente a ello, el Tribunal de Alzada resolvió, con cita de precedentes de este Tribunal, que si bien esta circunstancia resulta así, no es suficiente para que el Municipio pueda dar por concluido el vínculo, aun temporario, si los actores poseían la garantía de la tutela sindical por ser representantes gremiales.
IV.4. Acto seguido, y sin perjuicio de lo anterior, estimó que en el caso existían un conjunto de elementos que caracterizó como "irregularidades" en la constitución del sindicato, que impedían reconocer la tutela a los actores.
En concreto, la sentencia dio cuenta del planteo referido a falencias en su procedimiento constitutivo -trámite previsto en la ley 23.551-, lo cual -expresó- se constataba en las constancias documentales, específicamente la resolución 890/06 del MTEySS que otorgó la inscripción al SOEM como entidad sindical de primer grado, y le formuló un llamado a regularizar su situación institucional convocando a elecciones de autoridades.
Destacó que ninguno de los elementos obrantes en la causa desmentía el hecho de que al momento de los distractos -31 de diciembre de 2008- el proceso electivo de autoridades no se había cumplido.
Apuntó que si bien de la documental existente surg
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.