Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74603
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.603, "Bingos Platenses S.A. contra Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- desestimó la demanda promovida por Bingos Platenses S.A., en virtud de considerar legítimas las resoluciones dictadas por el interventor del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC), mediante las cuales se le impusieron a la firma accionante diversas sanciones pecuniarias por infracciones a las normas que regulan el funcionamiento y explotación de las salas de bingo. Las costas de la instancia fueron impuestas a la vencida -art. 51 del Código Contencioso Administrativo- (v. fs. 465/471).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 478/490 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 492/493.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 499), agregada la memoria de la demandada (v. fs. 504/515) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- desestimó la demanda promovida por Bingos Platenses S.A. mediante la cual pretendió: a) la nulidad de las resoluciones 862/08 -y su confirmatoria 1.075/08-, dictadas por el interventor del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, por las cuales se le aplicó a la accionante la sanción de multa por un monto total de doscientos setenta y dos mil seiscientos ochenta y dos pesos ($272.682), al tener por acreditadas las trasgresiones al decreto 2.195/06, reglamentario de la ley 13.063 y resoluciones 928/03; 3.002/05 y 3.453/05 y b) la devolución de aquella suma que le fue exigida como requisito previo a la interposición del recurso de revocatoria administrativo.
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- la mayoría del tribunal efectuó las siguientes consideraciones:
I.1. Liminarmente, reseñó la relación jurídica entre el Estado y el permisionario en materia de juegos de azar y destacó que -por los intereses involucrados- los permisionarios deben velar por la transparencia de la actividad que desarrollan, a fin de salvaguardar la buena fe del sistema y la función tuitiva de la población, que aporta con su financiamiento a la contribución de actividades de bien público.
I.2. Luego, puntualizó que a la firma actora se le endilgó la verificación de actividades ilegítimas, consistentes en la realización de movimientos -altas y bajas- y cambios de juegos sin contar con la debida autorización para ello, en el marco de la ley 13.063 y normativa reglamentaria, que fueran registradas en el acta labrada con motivo de la inspección llevada a cabo por el IPLyC el día 29 de mayo de 2008, en la sala de bingo n° 34 de la ciudad de La Plata.
I.3. Posteriormente, desestimó el agravio referido a la afectación de la garantía de defensa y debido procedimiento adjetivo, al ponderar la intervención de la parte interesada en el sumario administrativo.
En ese sentido, con base en las actuaciones administrativas (expte. 2.319-46787/08), no advirtió lesión o menoscabo al derecho a ser oído, ofrecer o producir prueba, ni a obtener una decisión fundada, máxime cuando juzgó que las argumentaciones expuestas en el recurso incoado no traslucían defensas o argumentos de hecho o derecho que la parte actora podría haberse privado de oponer o pruebas que no hubiera podido ofrecer o producir y resultaban una reiteración de planteos efectuados en ambas instancias que fueron debidamente valorados y tratados mediante un pronunciamiento fundado.
A partir de allí, descartó que la decisión haya sido arbitraria y que se le hubiera coartado la posibilidad cierta de defenderse, extremos que disiparon los cuestionamientos a las garantías involucradas.
I.4. Igual suerte adversa otorgó a los reproches vinculados con la tipicidad y alcance de las infracciones atribuidas.
Al respecto, consideró que las faltas reprochadas se encontraban debidamente verificadas y se ajustaron al marco legal imperante, por lo cual confirmó la legitimidad del obrar administrativo y la validez de la sanción aplicada, ponderando al efecto la existencia de antecedentes contravencionales registrados por la empresa demandante (conf. art. 8, ley 13.063).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 478/490 vta.), en el que reitera argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia la violación del art. 18 de la Constitución nacional, la errónea aplicación de las leyes 11.018 y 13.063 y regulaciones del IPLyC. Asimismo, alega la vulneración de la doctrina legal que cita.
Sostiene que en ambas instancias se produjeron errores de juzgamiento al omitirse el análisis de los planteos formulados por su parte en orden a la nulidad de las resoluciones impugnadas.
II.1. En primer lugar, señala que la sanción se fundó en hechos que al momento de su producción no configuraban infracciones.
En ese sentido, relata que el día de la inspección (29 de mayo de 2008) se estaban realizando en la sala de bingo movimientos de máquinas, los cuales fueron registrados y comunicados al IPLyC con posterioridad, conforme lo autorizaba la resolución 923/03 que -a su entender- se encontraba vigente.
No obstante, indica que el IPLyC por aplicación de la resolución 705/08, consideró ilegítimos dichos movimientos al haberse efectuado sin solicitar el permiso previo al organismo de aplicación, tal como lo requería la nueva reglamentación, la cual -aduce- entró en vigencia un día después de que se verificaran dichos movimientos.
En ese contexto, considera que se ha efectuado una errónea valoración de las pruebas aportadas por su parte -documentación presentada ante el organismo en cumplimiento de la resolución 923/03 y agregada al recurso administrativo-, que daban cuenta de los cambios realizados en la sala y que -en su criterio- rebaten los incumplimientos endilgados y las supuestas inconsistencias detalladas en el acta de comprobación.
A partir de lo expuesto, cuestiona la conclusión de la Cámara por la cual sostiene que sus alegaciones, que -dice- recién pudo efectuar al momento de interponer el recurso administrativo, no podrían haber modificado la decisión del IPLyC de avanzar en la imputación y posterior sanción.
II.2. En segundo término, alega la violación de la doctrina legal referida a la necesidad del respeto al debido proceso en los sumarios administrativos.
Señala que esta garantía exige que las defensas que los administrados tengan para oponer se realicen en forma previa a la sanción, lo cual -aduce- no se verificó en la especie, ya que su parte recién pudo intervenir y aportar prueba de descargo al momento de recurrir la sanción impuesta.
Se agravia de que la Cámara intente justificar tal falencia con el argumento de que las defensas que su parte opuso en el recurso de revocatoria no habrían modificado el curso del sumario si se hubieran opuesto en la etapa de imputación. Sostiene que dicha conclusión violenta la razonabilidad del actuar administrativo.
En el mismo sentido, postula errado el criterio del a quo por el cual consideró suficientemente ejercido el derecho de defensa con la interposición del recurso administrativo y luego con la acción judicial entablada por su parte. Advierte que ello también violenta la doctrina legal enunciada, ya que se le privó de conocer las imputaciones antes del dictado del acto sancionatorio.
Asimismo, considera violatorio de la garantía del derecho de defensa, la exigencia del pago previo de la multa que debió efectuar para poder recurrir la sanción. Alega que tal requisito atenta contra la gratuidad del procedimiento administrativo.
Postula que las resoluciones impugnadas carecen de fundamentación y, en consecuencia, disiente con la conclusión del a quo en cuanto considera que la autoridad administrativa ha dado tratamiento y valorado las alegaciones de hecho y de derecho esgrimidas como defensa.
II.3. Finalmente, denuncia que la sentencia resulta nula en tanto omitió considerar el exceso de punición del IPLyC al imponer una multa por encima del límite legal regulado en el art. 8 de la ley 13.063, circunstancia que -entiende- se advierte de la sola comparación del importe de la multa impuesta por la resolución 862/08 y el límite fijado en la ley.
Indica que este exceso en la competencia del organismo invalida al acto administrativo, además de significar una desproporción entre la sanción y las supuestas infracciones endilgadas al bingo.
Insiste en alegar que en autos se violentaron los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones y sus consecuencias jurídicas, pues considera que el IPLyC no fue investido de facultades legislativas para fijar conductas que estime reprochables y sus consecuencias, correspondiendo ello al poder legislativo a través de las leyes que sanciona.
III. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
III.1. La facultad revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (doctr. causas A. 73.218, "Ríos", sent. de 25-X-2017; A. 73.943, "Gáspari", sent. de 15-VIII-2018; A. 75.836, "Perez", sent. de 20-XI-2019; e.o.).
En la especie, ninguno de los agravios expuestos por la recurrente conlleva una réplica eficaz a los fundamentos que estructura la sentencia de Cámara. Ello toda vez que en su pieza recursiva insiste en reiterar planteos que viene esgrimiendo desde el inicio de la causa y que han recibido solución adversa -con fundamentos suficientes- en las distintas instancias de grado tramitadas, sin que se evidencie en esta vía extraordinaria ningún vicio casatorio que justifique revertir lo fallado por los jueces de grado en el marco de su competencia, habida cuenta de que lo que se plantea como violación a la ley y doctrina legal no pasa de ser -en rigor- una mera disconformidad de la impugnante con el sentido de lo resuelto, circunstancia que no alcanza para tener por cumplidas las cargas técnicas que supone el tránsito por ante esta Suprema Corte.
III.2. El reproche que propone la parte interesada hacia la labor jurisdiccional se limita a citar las normas que considera trasgredidas. Mas en ese derrotero, no logra atacar de manera idónea los cimientos sobre los que se estructura la decisión impugnada, ni demostrar que haya existido errónea aplicación de la ley (art. 279, CPCC).
En efecto, el a quo puntualizó que a la empresa permisionaria se le atribuyó la realización de actividades ilegítimas, en el marco de la ley 13.063, resoluciones reglamentarias 928/03, 3.453/05, 3.002/05 y decreto 2.195/06, régimen legal imperante al momento de verificarse las infracciones reprochadas (realización de movimientos y cambios de juegos sin contar con la autorización del órgano de aplicación) que conllevaron incumplimientos a la normativa en cuestión.
Por su parte, la recurrente insiste en alegar que fue sancionada con base en la resolución 705/08 que -según afirma- no se encontraba vigente al día de la inspección y que los movimientos de las máquinas que se le endilgaron fueron comunicados al IPLyC con posterioridad a su realización, conforme lo regulado por la entonces resolución 923/03.
De ese modo, la impugnante se desentiende del iter lógico seguido por el tribunal, discurriendo sobre una norma que no ha sido aplicada por la autoridad administrativa ni por la Cámara para resolver la causa, sin hacerse cargo de impugnar concretamente la normativa que dio fundamento al fallo y en cuyo marco se encuadraron las infracciones endilgadas.
En consonancia con lo resuelto por la Cámara, cabe destacar que de la simple lectura de la resolución 862/08 por la cual el IPLyC dispuso sancionar a la empresa permisionaria, surge que los hechos verificados en la inspección realizada el 29 de mayo de 2008, no tuvieron como base normativa a la resolución 705/08 -que la recurrente reputa erróneamente aplicada- sino que fueron tipificados como infracciones a la ley 13.063 y normativa reglamentaria, consistente en las resoluciones 928/03, 3.453/05, 3.002/05 y decreto 2.195/06.
Sin perjuicio de señalar que las infracciones detectadas no sólo consistieron en cambios irregulares de máquinas, sino también en falta de asentamiento de eventos en debida forma en el libro rubricado y en el sistema de trámite web, lo cierto es que respecto a la sanción por cambio de máquinas sin requerir permiso previo, la misma fue catalogada como infracción a la resolución 928/03 en su parte II y a la resolución 3.453/05 en su Anexo II ítem 5 (v. considerando quinto de la resolución 862/08, obrante a fs. 43/44, expte. adm.), sin que la recurrente oponga reparos a su aplicación.
Lo expuesto, pone en evidencia que la impugnante dejó incólume el marco legal en el que el a quo encuadró las infracciones por las cuales la permisionaria fue sancionada.
En tal sentido, esta Suprema Corte tiene dicho que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que alega la violación de una norma que no fue la que dio fundamento legal al fallo, y no denuncia como violada la norma legal actuada en la sentencia, ni indica en qué consistiría la violación o el error en su aplicación (doctr. causas C. 115.245, "Diosma", sent. de 30-X-2013 y A. 72.807, "Méndez", sent. de 5-IV-2017).
También lo es aquel que elabora su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de los que dotan de contenido al fallo, a punto tal que en la pieza recursiva ni siquiera se denuncian violadas las normas actuadas por el órgano jurisdiccional de grado (doctr. causas A. 75.636, "Morales", sent. de 6-XI-2019; A. 73.218, ya cit.; e.o.).
III.3. Las razones que anteceden, ponen de relieve que tampoco puede tener favorable acogida el planteo por el cual la recurrente postula la errónea valoración de las pruebas aportadas por su parte y que darían cuenta de la presentación realizada por el bingo ante el IPLyC comunicando los cambios realizados en la sala, en cumplimiento de la resolución 923/03.
Al respecto, cabe destacar que conforme tiene dicho este Tribunal, la fijación de los hechos litigiosos y su valoración en función de las pruebas rendidas constituye una labor privativa de los jueces de la causa y su examen, en principio, no integra el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo cuando se violen las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas (doctr. causas A. 71.806, "Comolli", sent. de 7-IX-2016 y A. 74.054, "Baigorria", sent. de 21-XI-2018).
Este vicio consiste en un notorio desvío de las reglas de la lógica que derive en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o que resulte incompatible con las constancias objetivas de la causa (doctr. causa A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; e.o.).
Bajo tales premisas, la crítica resulta inhábil para demostrar su configuración desde que la recurrente, se limita a cuestionar la apreciación que el Tribunal de Alzada realizó de las pruebas aportadas por su parte, en un cometido que revela su mera discrepancia con la labor desarrollada por los magistrados en uso de potestades que les son privativas (causa A. 73.210, "Emar Salud S.R.L.", sent. de 18-IV-2018).
La acreditación del absurdo no se abastece con la reiteración de las razones que ya fueron rechazadas en la instancia anterior, ni con el planteo de una disconformidad o discrepancia con la línea argumental de lo resuelto en el fallo. Para que tal agravio resulte procedente es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, que evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado (doctr. causas A. 72.901, "Ordosgoiti", sent. de 26-X-2016 y A. 74.234, "Cobo de Gonzalez Fajore", sent. de 3-X-2018).
III.4. Igual suerte adversa debe correr el cuestionamiento ensayado con sustento en la denuncia de violación del debido proceso y el derecho de defensa, que la recurrente funda en su falta de intervención en el trámite del sumario administrativo en forma previa al dictado del acto sancionatorio.
Esta Suprema Corte tiene dicho que las nulidades por vicios procedimentales son establecidas a fin de evitar que el incumplimiento de las formas se traduzca en perjuicio para alguna de las partes o las coloque en estado de indefensión. Si no se ha acreditado la existencia de un perjuicio concreto, ni se ha puesto en evidencia la infracción a la garantía de defensa en juicio, no hay motivo para predicar la invalidez del acto. Las formas rituales no constituyen un fin en sí mismas, salvo supuestos excepcionales, que por su carácter esencial o por afectar derechos humanos o personalísimos indisponibles, conlleven por su sola infracción a la nulidad absoluta del acto (doctr. causa B. 65.185, "Y.P.F. S.A.", sent. de 20-IX-2017).
En la especie la Cámara, luego de la compulsa de las actuaciones administrativas, tuvo por acreditado que a lo largo del procedimiento sumarial no se reportó lesión o menoscabo del derecho de la accionante a ser oída, ofrecer o producir prueba y a obtener una decisión fundada.
Así, destacó que la inspección que originó el acta de infracción se llevó a cabo en presencia de las autoridades del IPLyC y del personal de la sala de juegos y que la empresa accionante tomó vista, extrajo fotocopias de las actuaciones e interpuso recurso de revocatoria en el que acompañó profusa prueba documental, como así también que dictaminaron la Dirección Jurídico Legal y la Asesoría General de Gobierno en el trámite del expediente (v. fs. 469 in fine y vta.).
En dicho contexto, señaló que lo expuesto daba cuenta de la actividad administrativa y recursiva desplegada por la empresa gerenciadora del bingo y despejaba toda duda en orden a su debida intervención en el procedimiento administrativo previo.
Por otro lado, puede observarse que, en la instancia judicial, la firma accionante dedujo demanda tempestivamente y la prueba ofrecida se refirió básicamente a las constancias obrantes en el expediente administrativo, sin agregar elementos novedosos que permitieran revertir lo decidido oportunamente en sede administrativa, ni demostrar cabalmente el perjuicio concreto derivado de las irregularidades denunciadas.
En dicho sentido, esta Suprema Corte también ha resuelto que no existe violación del derecho de defensa del actor cuando este, pese a su posición en el proceso, no ha ofrecido elementos de juicio idóneos para demostrar la inexistencia de las transgresiones imputadas o de la irresponsabilidad que en su comisión se le atribuye, tanto en sede administrativa como en sede judicial (doctr. causas B. 64.298, "Lo Gioia", sent. de 19-X-2016 y
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