Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75477
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A 75.477, "Molina Lucio Abel contra Instituto de Previsión Social sobre pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Torres, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado (v. fs. 66/68); revocó la sentencia interlocutoria de primera instancia e hizo lugar a la excepción articulada por la demandada. En consecuencia, declaró inadmisible la pretensión anulatoria interpuesta por el señor Lucio Abel Molina contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS). Impuso las costas de ambas instancias en el orden causado, conforme lo previsto en el art. 51 del Código Contencioso Administrativo (v. fs. 82/84).
Disconforme con ese pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 89/95), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 97/98.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 104), agregada la memoria de la accionada (presentada electrónicamente el 3-VII-2019, 10:55:25 a.m.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado; revocó la sentencia interlocutoria de primera instancia que desestimó la excepción incoada por la demandada y, en consecuencia, declaró inadmisible la pretensión actora (conf. arts. 35 inc. 1 apdo. "i" y 36 inc. 2 apdo. "c", ley 12.008).
Para así decidir, consideró que la sentencia de primera instancia que rechazó la excepción de inadmisibilidad de la pretensión interpuesta por la demandada incurrió en error de juzgamiento.
Destacó que el embate del apelante se centró en la validez del aviso de recibo agregado a fs. 130 de las actuaciones administrativas, por el que el demandante quedó notificado, el día 12 de febrero de 2016, de la resolución 11.321 n° 2.163 por medio de la cual el IPS rechazó el recurso de revocatoria incoado contra la resolución del referido organismo denegatoria del pedido de pensión del señor Molina.
Afirmó que cotejando dicha fecha con la de interposición de la demanda (el día 6 de marzo de 2017) se desprendía que la acción judicial fue interpuesta en forma extemporánea, pues ya había expirado el término de noventa días previsto en el art. 18 de la ley 12.008, texto según ley 13.101.
Advirtió que la denegatoria tácita no fue predicada como sostén del conflicto y que la resolución 11.321 n° 2163 antes referida, constituye el acto administrativo que agotó la vía en esa sede y habilitó al actor a interponer la presente demanda.
En tal contexto, ponderó las constancias obrantes en las copias del expediente administrativo 21557-16487-10-000 agregadas sin acumular a la causa. Consideró que el acto de notificación cursado a través del Correo Argentino (v. fs. 130) cumplió con la finalidad a la que estaba destinado, al exhibir una recepción plena en destino, con constancia de recibo personal en el domicilio constituido por el demandante (v. fs. 119).
Observó que la aludida pieza postal comprendió el contenido íntegro del acto administrativo (v. fs. 129/130) y que el accionante no la cuestionó en términos de correspondencia, aunque adujo no haberla recibido.
Destacó que conforme lo dispuesto por el art. 67 del decreto ley 7.647/70, la nulidad que prescribe el pronunciamiento atacado queda desplazada cuando resulta indudable que el interesado ha tenido conocimiento de la providencia de que se trate.
En conclusión, la Cámara entendió que los valladares opuestos por el accionante y ponderados por la magistrada de grado, relativos a la validez y eficacia de la notificación del acto que agotó la vía administrativa, no poseen mérito suficiente para prosperar, circunstancia que demuestra el error de juzgamiento en la solución alcanzada en primera instancia.
De ese modo concluyó en que el referido acto administrativo denegatorio del pedido de pensión del accionante (resolución 11.321 n° 2163) se encontraba consentido, por lo que teniendo en cuenta la fecha de la diligencia de la notificación al interesado (el 12 de febrero de 2016), el plazo de caducidad previsto en el art. 18 de la ley 12.008 –texto ordenado por ley 13.101- había expirado al momento de promoción de la demanda, el 6 de marzo de 2017 (v. cargo obrante a fs. 27 vta.).
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, la parte actora denuncia arbitrariedad de la sentencia y absurdo en la apreciación de la prueba (v. puntos II, a fs. 89 vta., VIII y IX, a fs. 94). También acusa agravio irreparable por la aplicación errónea de una norma procesal, sin mencionarla (v. punto X, a fs. 94 vta.).
II.1. En esta oportunidad reitera el argumento expuesto en la contestación de la excepción de inadmisibilidad de la pretensión (v. fs. 46/48 vta.) referido a que no pudo ejercer el derecho de defensa en juicio con anterioridad a la fecha de inicio de las presentes actuaciones dado que su domicilio actual es en la Provincia de Córdoba y el de su anterior apoderado, doctor Funes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilios estos en los cuales nunca recibió fehacientemente la resolución 11.321 n° 2.163 de fecha 5 de octubre de 2015, debiendo deducir de la consulta de su trámite administrativo a través de la página WEB del IPS que su pensión había sido denegada, mediante la interpretación de la lectura del estado como "Archivado" que allí constaba.
Agrega que, al haber consultado al aludido profesional por el trámite previsional, este le contestó que nunca había recibido y mucho menos firmado la nota informativa de la denegatoria, pero que evidentemente la causa había sido archivada y denegada. Señaló que también le aconsejó que no hiciera ninguna presentación porque no podía acreditar lo normado en el inc. "b" del art. 2 de la ley 13.324, por lo cual el rechazo era correcto. Afirma que ello fue cierto hasta que la Suprema Corte se expidió en los precedentes "Luján" y "Kiles" (ver relato a fs. 90).
Expresa que luego solicitó en la página del Organismo Previsional la opción "certificado negativo de beneficio", consulta que realizó personalmente ante la falta de manejo de los medios informáticos.
Aduce que esa correlación de eventos aconteció un mes antes de ser iniciada la acción judicial, por lo que no transcurrieron los 90 días hábiles judiciales entre la toma de conocimiento espontáneo del decisorio y la interposición de la demanda.
Por otra parte, sostiene que la jueza de grado acertó al rechazar la excepción opuesta por no haberse demostrado fehacientemente la notificación de la resolución denegatoria de su pensión, argumentando que la constancia obrante a fs. 130 de las actuaciones administrativas no cumple con las formalidades legales impuestas.
Alega que la mera entrega a un sujeto indeterminado de una carta certificada (pudo ser, por ejemplo, el encargado del edificio) no acredita que la pieza hubiera llegado a manos de su letrado apoderado, puesto que en realidad fue remitida al domicilio de la calle Lavalle 1.557, 6° "A", conforme la carta poder suscrita por los señores Molina y Funes (v. fs. 119, exped. adm. cit.). Se agravia porque también, en renglón superior, constaba el domicilio originalmente declarado y constituido en el escrito del recurso de revocatoria, correspondiente a la calle Reconquista 385.
Además, resalta lo resuelto por la jueza de grado respecto a que la existencia únicamente de un acuse de recibo no basta para determinar el contenido de aquello que pretendía notificarse.
II.2. Invoca jurisprudencia de sentencias de diferentes instancias, que -según aduce- avalan la interpretación restrictiva de la excepción interpuesta por la demandada, cuando se trate del reconocimiento de derechos jubilatorios o de la seguridad social. Asimismo, refiere a fallos y notas doctrinarias vinculadas con el plazo de caducidad (v. puntos VI y VII, a fs. 92/94).
II.3. Por otra parte aduce que la sentencia de Cámara es arbitraria porque no tuvo en cuenta los argumentos esgrimidos en el escrito de elevación a ese tribunal y por no haber analizado correctamente los expuestos en la sentencia de grado. A su vez expresa que el fallo impugnado afecta la tutela judicial efectiva por aplicación de un formalismo procesal excesivo (v. punto VIII, a fs. 94).
III. El recurso no prospera (arts. 279 y 289, CPCC).
III.1. El recurso de inaplicabilidad de ley bajo tratamiento omite cumplir con la carga establecida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto se limita a afirmar lo opuesto a lo decidido en el fallo impugnado, sin contener en términos claros y concretos la mención de la ley o de la doctrina que se reputa violada o aplicada erróneamente. De igual modo, su insuficiencia se revela al desatender la premisa de demostrar en qué consiste esa violación o errónea aplicación, directiva que se encuentra contenida en la segunda parte del citado precepto (doctr. causas A. 74.575, "Aparicio", sent. de 27-XII-2017; A. 72.687, "Caldera", sent. de 9-V-2018; A. 73.569, "Fisco", sent. de 11-VII-2018; e.o.).
No obsta a ello lo alegado por el recurrente a fs. 92/94, toda vez que esta Suprema Corte tiene dicho que la doctrina legal cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de la Nación, ni la que emana de la opinión de los autores (doctr. causas A. 72.950, "Gómez", sent. de 22-XI-2017; A. 74.171, "Aguas Bonaerenses S.A.", sent. de 10-VII-2019; e.o.).
III.2. En otro orden, considero que la denuncia de arbitrariedad del fallo que ensaya el recurrente carece de entidad, en tanto se basa en afirmaciones genéricas técnicamente insuficientes para lograr la revisión pretendida (conf. causa C. 108.184, "Peralta", sent. de 22-XII-2010; e.o.).
Tampoco acredita el denunciado absurdo en la valoración de la prueba, pues no logra rebatir los argumentos de la Cámara que la llevaron a tener por demostrada la existencia de una notificación eficaz del acto definitivo denegatorio del pedido de pensión del accionante (resolución 11.321 n° 2.613, de fecha 5-X-2015). En particular, en cuanto el Tribunal de Alzada ponderó que la aludida comunicación fue efectuada en el domicilio constituido por el apoderado del actor, acompañándose en tal ocasión una copia de la resolución atacada (v. poder a fs. 119, notificación del día 12-II-2016 a fs. 129/130 de las copias del exped. adm. cit.).
Tiene resuelto reiteradamente esta Suprema Corte que cuando se pretende impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis , que en este caso atañen a desentrañar si el acto cuestionado fue debidamente notificado, no basta con presentar la propia versión del recurrente sobre el mérito de las mismas sino que es menester realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados en aquél y demostrar que padecen de un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias, incoherentes o inconciliables con las constancias objetivas que resultan de la causa (doctr. causas A. 74.775, "Ferella", sent. de 5-XII-2018; A. 74.220, "Dardanelli", sent. de 24-IV-2019; A. 74.577, "Suarez", sent. de 11-IX-2019; e.o.).
Empero ese vicio del razonamiento no ha sido acreditado en la especie, desde que la parte actora, reiterando argumentos antes expuestos opone a la apreciación efectuada por el tribunal consideraciones que se sustentan solo en su propio criterio.
Cabe recordar que las meras discrepancias con la decisión de la Cámara, tales como las que esgrime el recurrente, no son base idónea de agravios ni configuran absurdo que den lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica poner de relieve un error palmario y fundamental doctr. causas A. 72.338, "G., H.E. y ot.", sent. de 26-XII-2018; A. 74.036, "Sena Villanueva", sent. de 5-VI-2019; e.o.), circunstancia que no ha ocurrido en el caso.
IV. Por las razones expuestas, atento a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal ha sido insuficientemente fundado, corresponde su rechazo (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Torres y Genoud, por los fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, también votaron por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:14:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2020 17:36:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:21:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:27:50 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 13:01:43 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia