Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75682
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.682, "Baylac Juan Pablo contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Pettigiani, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por el señor Juan Pablo Baylac y, en consecuencia, confirmó lo resuelto por la sentencia de primera instancia que -a su turno- denegó la procedencia de la acción promovida (v. fs. 344/348).
Disconforme con dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 5-IX-2018, 9:15:15 a.m.).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 356), agregado el memorial de la parte demandada (v. escrito de fecha 19-II-2019, 10:59:05 a.m.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- rechazó la pretensión anulatoria promovida por el actor contra la resolución 810.368, dictada por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), el 8 de abril de 2015.
I.1. Para así decidir, en primer lugar, repasó las actuaciones administrativas agregadas en autos (expte. n° 21557-111.742-08, a fs. 25), de las que se desprende que en fecha 10 de noviembre de 2008 el señor Baylac solicitó ante el IPS el beneficio de jubilación ordinaria en los términos de la ley 8.320, contando con 53 años de edad y trayendo a cómputo un total de 29 años, 9 meses y 18 días de servicios; de los cuales, 18 años, 9 meses y 8 días fueron ejercidos en el ámbito provincial y 11 años, 10 meses y 10 días en la órbita nacional (v. solicitud a fs. 25/27 y cómputo de servicios de fs. 44 de autos).
Que, en esas condiciones, y habiéndosele informado que no reunía los requisitos necesarios para acceder al beneficio solicitado -esto es, contar con 55 años de edad y 30 años de servicios-, el accionante se presentó ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), acompañando comprobantes de pago de aportes previsionales como personal doméstico, lo que motivó que la Caja nacional, mediante resolución RBO-E 1.724, de fecha 10 de junio de 2009 reconociera los servicios prestados bajo el régimen de relación de dependencia desde el 1 de marzo de 2007 al 30 de julio de 2007 (v. constancias de pago a fs. 124/131 y resol. agregada a fs. 155 de la causa).
De este modo, indicó que, tras el nuevo cómputo efectuado por el IPS, habiendo reunido 31 años y 17 días de servicios totales y 57 años de edad, en fecha 12 de agosto de 2008 comenzó a abonarse la jubilación transitoria (v. fs. 158/159).
Ahora bien, advierte que, luego de la solicitud presentada por la apoderada del beneficiario procurando se reajuste el haber jubilatorio en base al 82% móvil, el ente provincial ordenó reenviar las actuaciones al ANSES a los fines de que, en el marco de su competencia, ratifique o rectifique la resolución RBO-E 1.724, en lo que concierne al carácter fehaciente de los servicios domésticos allí reconocidos por el período 1 de marzo de 2007 al 30 de julio de 2007, dada la naturaleza excepcional del beneficio jubilatorio solicitado y la aparente discordancia con los demás servicios prestados por el titular (solicitud de fs. 169/170 vta. e informe de fs. 178).
Advirtió la Cámara que, ante esta situación y previa intimación al actor (v. fs. 184), el señor jefe de la Unidad de Atención Integral (UDAI) La Plata resolvió tener por no acreditado el derecho al reconocimiento de servicios formulado por el accionante durante dicho período, en virtud de no cumplir los recaudos exigidos por la ley 24.241 y normas complementarias (v. fs. 203/205).
Señaló que, bajo estos parámetros, previa opinión de los organismos intervinientes, el IPS dictó la resolución 810.368 de fecha 8 de abril de 2015, por medio de la cual dispuso rechazar la solicitud de jubilación en los términos de la ley 8.320, dar de baja el beneficio correspondiente y declarar legítimo el cargo deudor que se practique por haberes percibidos en forma indebida desde el día 12 de agosto de 2008 y hasta que se produzca la baja efectiva de la jubilación transitoria (v. fs. 217 y vta.), resolución cuyo pedido de nulidad ha suscitado la presente litis.
I.2. Sentados los antecedentes fácticos y evaluada la normativa aplicable, señaló el Tribunal a quo que debía tenerse presente que la ley 8.320 (entonces vigente y que regulaba el régimen jubilatorio de ambas Cámaras legislativas) en su art. 2 (texto según ley 8.577), establecía: "Será requisito indispensable para obtener jubilación móvil el tener 55 o más años de edad y el computar 30 o más años de servicios efectivos. A tal efecto podrán acumularse años de servicios de cualquier caja nacional, provincial, municipal o privada y tener como mínimo dos años de antigüedad en el ejercicio del mandato de legislador".
Bajo dicha óptica, consideró que los agravios expuestos por el recurrente que, en lo sustancial, reiteran los esgrimidos en su primera postulación (v. fs. 7/23 vta.), no poseían mérito suficiente para prosperar.
En ese sentido, indicó que la crítica dirigida a cuestionar la falta de reconocimiento de los servicios desempeñados en la órbita nacional durante el período comprendido entre marzo de 2007 a julio de 2007, sin haber aportado nuevos elementos de juicio que permitan desvirtuar las consideraciones desarrolladas en el pronunciamiento atacado, no podían tener andamiento.
Advirtió que, en efecto, si bien el accionante sostuvo que en virtud del régimen de reciprocidad el propio organismo provincial debió haberse abocado al análisis del cómputo de los servicios ejercidos bajo el régimen de la ley 25.239, lo cierto era que de los antecedentes reseñados no se advertía que el IPS haya obrado en forma ilegítima, pues, en su carácter de Caja otorgante, reenvió las actuaciones a sede nacional, limitándose a computar los servicios que fueran reconocidos en el ámbito donde efectivamente fueron ejercidos.
En esa inteligencia destacó que esta Suprema Corte precisó que el sistema de reciprocidad jubilatoria establecido en el ámbito nacional a partir del decreto nacional 9.316/46, y al que la provincia adhirió por ley 5.157, declaró computables para la obtención de las distintas prestaciones establecidas en los regímenes nacional y provincial los servicios prestados bajo el régimen de cada una de esos entes, previo reconocimiento de los mismos por la sección o Caja que corresponda (art. 1, dec. cit.). Y que, en efecto, el Instituto en su carácter de caja otorgante, no tiene competencia para reconocer servicios prestados en el ámbito nacional que no han sido reconocidos por la Caja Nacional de Previsión (causa B. 57.577, "Polizza", sent. de 28-V-2012).
En estas condiciones, advirtió que la circunstancia alegada por el apelante (esto es la falta de notificación fehaciente en el trámite llevado a cabo ante la ANSES, a efectos de que presente el descargo pertinente) sin haber manifestado las razones por las cuales omitió cuestionar la resolución RBO-E 1.806 dictada por el Jefe de UDAI La Plata, carece de sustento para desvirtuar las consideraciones desarrolladas en el pronunciamiento de instancia.
A ello agregó que tampoco expresó el accionante la vulneración que le podría causar la aplicación de la circular n° 50/12 (la que según el actor no estaba vigente al momento del cese), que establece las pautas para la tramitación y resolución de reconocimientos de servicios autónomos ante la ANSES con destino al IPS, o en su caso, el motivo por el cual no la había impugnado oportunamente ante el organismo nacional.
En este marco, estimó la Cámara que, toda vez que la línea de queja incoada por el actor a los fines de demostrar la nulidad de la resolución n° 810.368 del IPS, constituía una mera reedición de los argumentos expuestos en el escrito de inicio, limitándose a alegar que el organismo demandado debió reconocer los servicios ejercidos en jurisdicción nacional, omitiendo aportar nuevos elementos de convicción que permitan desvirtuar las conclusiones alcanzadas por el iudex , debía confirmar, en cuanto ha sido materia de embate, el decisorio atacado.
Asimismo, desestimó los agravios expuestos por el accionante vinculados a que el magistrado debió pedir, como medida para mejor proveer, un oficio al ente demandado para que informe el estado de la deuda o acompañe la liquidación final.
En efecto, indicó que de las constancias de la causa surgía que con fecha 14 de julio de 2015 se notificó al actor mediante carta documento de la suma debida en concepto de cargo deudor durante el período comprendido entre el 12 de agosto de 2008 y el 30 de junio de 2015 (v. fs. 232). Posteriormente, ante la impugnación efectuada por el interesado (v. fs. 234/236), el Instituto demandado, en fecha 28 de octubre de 2015, efectuó una nueva liquidación por un monto menor (v. fs. 244) que, habiendo obtenido dictamen favorable por parte de la Asesoría General de Gobierno y de acuerdo con el plexo probatorio incorporado, se hallaría a la espera del acto administrativo correspondiente que determine el monto adeudado, conforme la última liquidación realizada (v. dictamen a fs. 246).
En este sentido, manifestó que tal como se expresara en la sentencia de primera instancia y no había sido desvirtuado por el accionante, resultaba improcedente en este estadío el tratamiento de la legitimidad o no del cargo deudor declarado por resolución 810.368, cuando aún se encontraba pendiente el dictado del acto que lo determine, circunstancia que, por otra parte, no había sido controvertida en el caso.
Finalmente, concluyó que los argumentos expuestos por el actor en la pieza recursiva, en lo sustancial, constituían una reiteración de los esgrimidos en su postulación inicial y no lograban enervar los fundamentos dados por el magistrado de grado para rechazar la pretensión.
II. Contra el pronunciamiento de la Cámara la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 5-IX-2018, 9:15:15 a.m.).
En lo medular el actor alega que la sentencia de la Cámara incurre en los siguientes vicios que, según entiende, la descalifican: 1) Errónea valoración del expediente administrativo y de la normativa aplicable al caso; con la consecuente vulneración de su derecho de defensa en juicio conforme los términos del art. 15 de la Constitución provincial; 2) Equívoca aplicación de la doctrina legal sentada en el fallo "Polizza" y violación de la doctrina legal de la Corte nacional; 3) Ausencia de tratamiento de cuestión esencial vinculado al derecho aplicable con relación al art. 3 del decreto 9.316/46; 4) Vulneración del principio in dubio pro operario , contemplado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
II.1. En primer lugar, alega que la Cámara soslaya evaluar correctamente los antecedentes del expediente administrativo y cotejarlos con la normativa aplicable, lo que habría abastecido la solución del caso y dejaría sin sustento la falta que se le endilga, relativa a no haber incorporado nuevos elementos a juicio para obtener el reconocimiento de los períodos 3/2007 al 9/2007.
Aduce que se desconoció el cumplimiento de los requisitos que la normativa aplicable impone, atento que los servicios correspondientes al año 2007 fueron efectivamente certificados por el organismo nacional. En concreto, señala que éstos no solo se informaron prestados, sino que los aportes se encuentran reconocidos en la cuenta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -conforme régimen establecido por la ley 25.329-, lo que fue oportunamente informado por la resolución de la ANSES, y -asimismo- reconocido por la UDAI La Plata.
En esta lógica afirma que el acto primigeniamente dictado fue perfecto, lo que así fue interpretado por la demandada al momento de otorgarle el beneficio.
Denuncia que, sin ninguna explicación, tres años después de estar percibiendo el haber y sin imputarle vicio alguno, el IPS decidió erróneamente remitir las actuaciones al ANSES para que ratifique o rectifique los servicios del año 2007, lo que generó que dicho organismo nacional los desconozca, teniéndoselos por no acreditados en el marco de reciprocidad aplicable.
Se agravia que este hecho fue erróneamente valorado por la Cámara, quien consideró que la actuación llevada a cabo en el procedimiento ante la ANSES estaba fuera de su competencia, cuando en rigor de verdad, a la fecha del cese, ninguna norma exigía el cumplimiento de dicho extremo.
Reitera que el Tribunal de Alzada realizó un análisis equivocado del expediente, atento que el ente provincial no tenía ningún motivo para que el órgano nacional (ANSES) analizara los servicios reconocidos hacía más de cinco años.
Insiste, asimismo, en que toda esta errónea valoración omitió considerar que lo resuelto por el órgano nacional -cuestión que estima esencial para resolver el caso- no le fue notificado y que, advertida tal falencia en la instancia, debió ordenarse una medida conducente a fin de esclarecer la verdad de los hechos, extremando las funciones que le son propias para resguardar el derecho de defensa en juicio. Cita la causa "Guevara de Peralta JA c CNPIC y AC" de fecha 30-VIII-1989.
II.2.a. Por otra parte, se agravia de que el Tribunal de Alzada afirmó que el IPS no estaba autorizado a computar los servicios efectivamente prestados en otro ámbito. Nuevamente, reitera que el acto que denegó esa prestación en el ámbito de la Nación no estaba firme porque no había sido notificado (alude a la resolución de la ANSES NRBO-E 1.806 de fecha 14-XI-2013). Para fundar su postura cita y refiere a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
II.2.b. Expresa también que se omitió el dictamen jurídico previo, lo que acarrea la invalidez del procedimiento atento que la decisión tomada en esas condiciones no resulta susceptible de subsanación posterior ante el ejercicio eventual de una pretensión anulatoria por parte del afectado. Argumenta con cita en las causas B. 56.626, "Suárez", sentencia de 17-XII-2003 y B. 64.413, "Club Estudiantes de La Plata", sentencia de 4-IX-2002.
Agrega que, desde la perspectiva tutelar de los derechos fundamentales, la parcela del fallo impugnado no resulta una derivación del derecho vigente, lo que vulnera el principio de legalidad. Asimismo, señala que, en el régimen provincial aplicable, el adecuado cumplimiento del procedimiento constituye un elemento inherente a la legitimidad del acto administrativo (conf. art. 103, dec. ley 7.647/70).
II.2.c. Acusa que erróneamente se le aplica la doctrina emergente del fallo "Polizza" (antes cit.), atento que los hechos allí ventilados difieren de los que se abordan en su caso. En esa línea aduce que no se trató correctamente la cuestión planteada ante la Alzada.
II.3. También denuncia que la Cámara omitió tratar cuestiones esenciales, tales como la aplicación al caso del art. 3 del decreto ley 9.316/46. Señala que, conforme dicha normativa, los aportes no pueden ser desconocidos y deben tenerse en cuenta los servicios y remuneraciones por las cuales se han satisfecho -en el momento de percibirlas- los aportes fijados a un régimen de la sección o caja enroladora que correspondan.
En esta lógica, la recurrente entiende que la Cámara realizó una lectura equivocada de su situación, por cuanto desconoció que el beneficio fue solicitado bajo la vigencia de la ley 8.320 y en cumplimiento de los recaudos allí exigidos: edad y servicios con aportes, al momento del cese.
Seguidamente afirma que bajo en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, la única ley aplicable para definir qué se entiende por años de aportes, tanto para trabajadores autónomos como en relación de dependencia, es la ley 24.241. Refiere asimismo al decreto 679/95 que reglamenta la norma nacional citada.
II.4. Finalmente, aduce que la sentencia impugnada vulnera el principio contemplado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, el que obliga al intérprete a realizar un análisis en favor del beneficiario de la seguridad social cuando se trate de cuestiones alimentarias.
III. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
III.1.a. En el caso, el impugnante aduce que la Cámara no valoró correctamente las constancias obrantes en la causa y la normativa aplicable al caso. Sus argumentos redundan en que no debió iniciarse un procedimiento de ratificación ante la ANSES (del que no habría sido notificado) y que el IPS sí estaba facultado para reconocer los servicios prestados en aquella jurisdicción, atento la acreditación por él tramitada oportunamente, lo que insiste fue reconocido y aceptado para concederle la jubilación.
Al respecto, cabe señalar que esta Suprema Corte ha establecido, a los fines de la revisión de cuestiones de hecho y prueba mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, que no constituye agravio idóneo la simple discrepancia con las motivaciones brindadas por los jueces en el fallo que se cuestiona ya que es necesario algo más: la denuncia y acabada demostración del vicio de absurdo entendido como error palmario y fundamental en el discurrir del magistrado. Por más respetable que sea la opinión de los recurrentes, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación, y esto es así aun cuando este último pueda aparecer como discutible, objetable o poco convincente (arts. 279 y 289, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Es que se constituye como un requisito ineludible -más allá del acierto o error del decisorio atacado- la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurso se limita a exhibir discrepancias con el criterio del sentenciante (doctr. causa A. 74.744, "Vizcaino", sent. de 26-XII-2019; e.o.).
Por otra parte, este Tribunal tiene dicho -en innumerables casos que se le han planteado- que si lo que pretende el impugnante es la corrección de una injusticia con base en la errónea valoración de las pruebas y el derecho aplicable, deberá mostrar que la Cámara incurrió en un error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa. La demostración debe ser fehaciente, su percepción ostensible y debe articularse por la vía del absurdo, vicio que no obstante no haber sido denunciado, tampoco logró acreditarse en la especie (conf. doctr. causa A. 75.455, "Coulturi", sent. de 26-II-2019).
Idéntica suerte corre la denuncia referente a que la Cámara debió ordenar una medida conducente a fin de esclarecer la verdad de los hechos, extremando las funciones que le son propias para resguardar el derecho de defensa en juicio. Siendo que en autos no logró acreditarse el absurdo ni la errónea valoración de las constancias agregadas a autos, deviene inoficioso el tratamiento de esta denuncia por no encontrarse acreditado su presupuesto condicionante.
Para más, tampoco puede prosperar el agravio teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve el proceso administrativo, en el que las partes cuentan con amplias facultades probatorias, por lo qu
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