Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 66902
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 66.902 "Empresa Distribuidora de Energía Atlántica SA (EDEA SA) contra Provincia de Buenos Aires sobre D.C.A" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Pettigiani.
I. La Empresa Distribuidora de Energía Atlántica SA (EDEA SA), promovió demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, impugnando los decretos 143/03 y 1.459/03 dictados por el entonces Gobernador el 17 de febrero de 2003 y el 21 de agosto de 2003, respectivamente. Mediante el primero se aprobó el procedimiento a seguir para la suspensión y corte del suministro de energía eléctrica en los supuestos de servicios esenciales; por el segundo, se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra aquél por la accionante.
Solicita que se declare la nulidad de los actos atacados y la inaplicabilidad a su respecto de las disposiciones del decreto 143/03.
II. Corrido el traslado de ley, se presentó la Fiscalía de Estado, contestó la demanda y solicitó su íntegro rechazo.
III. Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la actora, glosados los alegatos de ambas partes, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Relata la actora que con fecha 17 de febrero de 2003, el Gobernador provincial emitió el decreto 143/03 mediante el cual se instauró el procedimiento especial para la suspensión y corte del suministro de energía eléctrica en el supuesto de servicios esenciales.
Describe que ese decreto fue precedido de un informe elaborado por el Área de Coordinación del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), cuyo contenido no mereció objeciones de la Asesoría General de Gobierno y fue la base del referido acto de alcance general.
Expone haber interpuesto recurso de revocatoria contra este último, remedio que fue desestimado mediante el decreto 1.459/03.
Denuncia que el mecanismo aprobado por el decreto 143/03 fue establecido "...para habilitar el relajamiento y la dilación del cumplimiento de las obligaciones que asume el Estado frente a los sufridos ciudadanos y administrados" (fs. 147 vta.), a la vez que altera las normas contractuales que vinculan a la distribuidora de energía eléctrica con la Provincia.
Alega que el mantenimiento de la obligación de brindar el servicio a pesar del incumplimiento en el pago por parte de ciertos usuarios -públicos y privados- conducirá a la imposibilidad de honrar los compromisos que mantiene con los agentes generadores y transportadores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Destaca que, en ese escenario, podría llegar a enfrentar un estado falencial o requerir el subsidio estatal de su actividad.
Entiende que las normas impugnadas conforman una irrazonable regulación del art. 77 de la ley 11.769 que estatuyó el "Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires", en tanto le sirven de excusa al Estado provincial para incumplir con sus obligaciones convenidas, generando así una discriminación inaceptable respecto del resto de los usuarios del sistema.
Agrega que el precepto contenido en el art. 2 del decreto 143/03 importa una alteración de los términos del contrato de concesión del servicio suscrito con la demandada. Ello así, pues viene a modificar el régimen ya previsto para la suspensión y corte del servicio por falta de pago (cfr. arts. 2, 12, 14 y concs., subanexo "A"; 4.6, subanexo "D"; 6 y 7, subanexo "E").
Manifiesta que la Constitución provincial no asigna al Poder Ejecutivo facultades que lo habiliten a disponer regulaciones como las contempladas en el decreto 143/03. En ese sentido, expresa que esa norma fue emitida invadiendo potestades exclusivas del Poder Legislativo (cfr. arts. 45 y 144, Const. prov.).
Añade que, aun de tratarse el impugnado de un reglamento de los llamados "de ejecución", se hace evidente que no es respetuoso de los preceptos ni del espíritu de la ley 11.769, habiéndose gestado desbordando las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por los arts. 4, 5 y 53 del marco regulatorio eléctrico.
Agrega que todo lo anterior se verificaría, además, cuando se define que el incumplimiento de la metodología dispuesta importará una "falta grave" en la prestación del servicio.
Focaliza su crítica en el art. 2 del decreto 143/03 en tanto dispone que, a los efectos de la suspensión y corte del servicio de distribución de energía eléctrica, este último se considerará esencial cuando fuera brindado a hospitales, salas sanitarias, alumbrado público, estaciones de bombeo para la distribución y tratamiento de agua potable, desagües cloacales y pluviales, bomberos, dependencias de la administración pública provincial y municipal, así como "cualquier otra actividad calificada como tal por la Autoridad de Aplicación".
Sostiene que el tramo transcripto asigna a esta autoridad administrativa atribuciones que desbordan las que la ley 11.769 coloca en cabeza del Poder Ejecutivo.
Desde otro punto de vista, postula que el decreto 143/03 resulta arbitrario e irrazonable. En ese sentido, aduce que el procedimiento aprobado no conforma un medio adecuado para garantizar los objetivos anunciados en los considerandos de dicho acto. Sostiene que la protección de la vida, la salud y la seguridad de los bonaerenses debe procurarse garantizando la continuidad de las respectivas prestaciones estatales a partir del cumplimiento de las normas y obligaciones a las que debe ajustarse el Estado y no a través de mecanismos que le permitan omitir el pago de los servicios que consume sin necesidad de soportar las naturales consecuencias de aquella inobservancia.
Advierte que ello entraña, además, una violación al principio de igualdad y al derecho de propiedad.
Propone que la calificación como servicio esencial asignada en el decreto, en términos genéricos, a las dependencias de la administración pública nacional, provincial y municipal no se exhibe necesaria ni evidentemente útil para el cumplimiento de los objetivos de la ley 11.769, ni de aquellas finalidades descriptas en los considerandos que informan al decreto 143/03 -en especial, la protección de la vida, la seguridad y la salud de la población-.
Por otro lado, expresa que los actos impugnados carecen de una adecuada motivación, registrando un vicio en ese elemento esencial.
Finalmente, pone de relieve las dificultades para dar cumplimiento en la práctica con la previsión del art. 3 del decreto 143/03. Ello, en tanto prevé la necesidad de que previamente se notifique a la institución morosa y al OCEBA, con al menos sesenta días de antelación, toda interrupción del servicio por falta de pago cuando se trate de "un suministro de energía eléctrica susceptible de poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas y/o el funcionamiento indispensable de las instituciones de la Administración Pública". Alega que le resulta imposible cumplir con esa manda pues no existe a su alcance ningún medio o indicio que le permita determinar a qué instituciones se refiere la norma, ni cuándo el servicio reviste las notas allí mencionadas.
Hace reserva del caso federal.
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado preconiza la legitimidad de los decretos impugnados y pide el rechazo de la pretensión, con costas.
Afirma que la distribución y transporte de energía eléctrica fueron calificados como servicios públicos por la ley 11.769 (art. 2) y que, como consecuencia de ello, rige a su respecto el principio de continuidad que tiende a garantizar el mantenimiento de la prestación. Describe que la vigencia de tal regla se extrae de lo prescripto en los arts. 3, 30 y 37 de la referida ley y que el acogimiento de la pretensión implicaría su quebrantamiento.
Alega que el decreto 143/03, al definir los casos en los que debe considerarse esencial un servicio a los efectos de su suspensión o corte por parte de EDEA SA, se limita a reglamentar de un modo equilibrado las previsiones contenidas en el actual art. 77 de la ley 11.769 que refiere a esa clase de prestación y la consecuencia a su respecto de la falta de pago por los usuarios.
Desconoce que el procedimiento sancionado autorice a la Administración a abandonar el cumplimiento de sus obligaciones como usuaria del servicio de distribución de energía eléctrica. Expresa que, por el contrario, por su intermedio se prevé un procedimiento sencillo para efectivizar los derechos de la prestataria sin desmedro de la protección de ciertas necesidades e intereses públicos especialmente sensibles para la población.
Sostiene que por tal motivo debe descartarse la configuración de un supuesto de desviación de poder, cuya configuración se sugiere en la demanda.
Dice que los planteos de la actora parten del error de considerar que resultan aplicables al caso las reglas y principios propios de las contrataciones privadas, ignorando que la contratación pública responde a otros parámetros, propios de la persecución de objetivos de ese mismo orden.
Descarta que el Gobernador no tuviera facultades constitucionales para reglamentar la ley 11.769 y que las cláusulas del contrato de concesión funcionen como una limitación a su respecto en los términos propuestos en el escrito inicial.
Refiere que la circunstancia de hallarse precedido el decreto 143/03 de un conjunto de consideraciones conduce a descartar la existencia de un vicio en la motivación.
Hace también reserva del caso federal.
III. De las actuaciones administrativas agregadas al expediente judicial cabe destacar lo siguiente:
III.1. Del expediente n° 2.429-0066/03:
III.1.a. A partir del proyecto elaborado por el área de coordinación reguladora del OCEBA (v. fs. 194/197) y luego del dictamen de la Asesoría General de Gobierno (v. fs. 202 y vta.), el 17 de febrero de 2003 se dictó el decreto 143/03, suscripto por el entonces Gobernador de la Provincia y refrendado por el Ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos (v. fs. 204/209).
III.1.b. El 13 de agosto de 2003 el Directorio del OCEBA emitió la resolución 66/03 aprobando el procedimiento interno para la tramitación de los pedidos de suspensión y corte del suministro de energía eléctrica por falta de pago en los supuestos de servicios esenciales (v. fs. 118/120).
III.1.c. Contra esa última resolución, EDEA SA interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio (v. fs. 228/247).
III.2. Con relación al referido expediente administrativo n° 2.429-0066/03 tramitó el alcance n° 2.100-22.319/03 (agregado a la causa judicial a fs. 299/344), del que pueden extraerse los siguientes datos de interés para decidir en este proceso:
III.2.a. EDEA SA interpuso recurso de revocatoria contra el decreto 143/03 (v. fs. 300/307 vta.), fundándolo en líneas argumentales semejantes a las enarboladas en el escrito de demanda.
III.2.b. Tras el dictamen de la Asesoría General de Gobierno (v. fs. 335 y vta.), en fecha 21 de agosto de 2003 el Gobernador rechazó el remedio articulado (v. fs. 40/41). Así lo hizo en la inteligencia de que el acto de alcance general objetado, contrariamente a lo postulado por la aquí actora al fundar su recurso, se ajustaba a los términos de la ley 11.769.
IV. Relatadas las posiciones de las partes y expuestos los antecedentes más importantes de las actuaciones administrativas, cabe abordar la cuestión sometida a decisión consistente en determinar la validez del decreto 143/03 y su ratificatorio 1.459/03.
IV.1.a. Se plantea que el Poder Ejecutivo se habría excedido en el ejercicio de sus facultades al definir, en el art. 2 del decreto 143/03, qué ha de entenderse por "servicios esenciales" a efectos de la aplicación del procedimiento autorizado en ese mismo reglamento.
IV.1.b. Tiene dicho esta Suprema Corte que el art. 144 inc. 2 de la Constitución provincial confiere al Gobernador la competencia para dictar normas reglamentarias dirigidas a facilitar la ejecución o el desarrollo de las leyes, con el conocido límite de no alterar "su espíritu" y sin que quepa admitir la variación, modificación o derogación de disposiciones legales por su intermedio (arg. arts. 1, 3, primer párr., 45, 57, 110, 111, 144, inc. 2, y concs., Const. prov.). El ejercicio de tal potestad se ha reconocido en congruencia con el alcance y contenido propio de las competencias materiales que la Carta local le encomienda a la máxima autoridad administrativa. De ello se desprende que al Poder Ejecutivo le es dable reglamentar las leyes que a la vez puede y, en su caso, debe ejecutar, cumplir o hacer cumplir por los órganos de la administración pública (doctr. causas I. 74.048, "Asociación de Trabajadores del Estado", resol. de 24-V-2016 e I. 74.316, "Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses", resol. de 27-VI-2018).
Desde esta perspectiva es preciso establecer si el Gobernador, al regular las condiciones para la suspensión y corte de suministro a servicios reputados esenciales, ha llenado algún detalle para la correcta ejecución del marco regulatorio eléctrico o, por lo contrario, ha avanzado en una regulación sustancial de este último ejerciendo de esa forma una atribución reservada a la Legislatura. Adelanto que ha sucedido lo primero.
IV.1.c. El art. 77 (ex art. 74) de la ley 11.769 reza que "La falta de pago del suministro de energía eléctrica por parte de los usuarios, de los grandes consumidores, o de los concesionarios de servicios públicos de distribución de electricidad, habilitará al acreedor a proceder a la interrupción y/o desconexión de dicho suministro o servicio". Sin embargo, a continuación, expresa: "Esa interrupción y/o desconexión no eximirá al concesionario de la obligatoriedad, que respecto de la prestación del suministro estipule el contrato de concesión, y especialmente en lo que hace al mantenimiento de los servicios esenciales".
Es decir, el legislador previó una excepción al derecho del concesionario de interrumpir el servicio al usuario que incurriese en mora a la hora de pagar la tarifa eléctrica, cuando así esté establecido en el contrato de concesión y, también, cuando pudiera verse afectado un servicio considerado esencial.
Ante la falta de mayores especificaciones que permitan fijar en toda su extensión el alcance de este último concepto, no ofrece reparo jurídico que el Poder Ejecutivo, en el ejercicio de las atribuciones reglamentarias derivadas expresa e implícitamente de los arts. 4 y 5 de la ley 11.769 -entre otros-, de consuno con la más importante y amplia facultad consagrada a nivel constitucional en el art. 144 inc. 2, haya precisado que por tales deberán entenderse: "hospitales, salas sanitarias, alumbrado público, estaciones de bombeo para la distribución y tratamiento de agua potable, desagües cloacales y pluviales, bomberos, dependencias de la Administración Pública Provincial y Municipal y cualquier otra actividad calificada como tal por la Autoridad de Aplicación" (cfr. art. 2, dec. 143/03). Y a partir de esa definición, establecer un mecanismo especial para la desconexión del servicio, previéndose además una instancia conciliatoria ante el OCEBA (cfr. arts. 3 a 6, dec. cit.).
En tales condiciones, no es de recibo lo ensayado por la actora cuando describe lo anterior como el ejercicio liso y llano de facultades legislativas o, subsidiariamente, un abuso reglamentario por parte del Poder Ejecutivo. A mi criterio, a la luz de los contenidos del marco regulatorio eléctrico, resulta evidente que en la especie el Gobernador ha actuado dentro de los confines de la competencia que le confiere el art. 144 inc. 2 del texto fundamental, sin desbordarla.
IV.2. En línea con lo anterior, tampoco cabe acoger la denuncia según la cual el art. 2 del decreto 143/03 desconocería el principio de reserva legal o postulado de la no delegación (cfr. art. 45, Const. prov.), al disponer en su última parte que "Se considerarán como servicios esenciales, el suministro de energía eléctrica a [...] cualquier otra actividad calificada como tal por la Autoridad de Aplicación".
Vale advertir que el escueto desarrollo efectuado por la actora en su presentación luce harto insuficiente para dar sustento a su agravio constitucional, pues omite explicar de qué modo el precepto impugnado atentaría contra dicho precepto del texto fundamental (doctr. causas A. 70.305, "Ballast Ham Dredging BV", sent. de 3-VII-2013; I. 68.475, "Afirmación para una República Igualitaria (ARI)", sent. de 2-III-2011; B. 65.396, "Esso SA", sent. de 22-VI-2016; I. 72.447, "Procuradora General de la Suprema Corte", sent. de 29-V-2019; e.o.; arg. art. 330 incs. 5 y 6, CPCC).
Pero, más allá de lo señalado en el párrafo anterior, no puede soslayarse la facultad de la autoridad de aplicación para regular la materia en cuestión. El actual art. 54 inc. "f" (ex art. 53) de la ley 11.769 establece -antes y después de la ligera modificación en su texto implementada por la ley 14.068- que compete a aquel órgano dictar los reglamentos en materia de "interrupción y reconexión de suministros".
Dada la regla contenida en la norma trascripta, es lógico concluir que la autoridad de aplicación resulta asimismo competente para actuar del modo en que aquí es negado por la actora. Correlativamente, mayor debió ser su esfuerzo argumental para el éxito de su planteo, que no puede prosperar.
IV.3. Se arguye por otro lado que el Poder Ejecutivo habría sobrepasado el límite de sus facultades al disponer que el incumplimiento del procedimiento dispuesto en la norma cuestionada será considerado una "falta grave" en la prestación del servicio (cfr. art. 7, dec. 143/03).
Al margen del déficit argumentativo en esta parcela, no luce que en el sub lite se configure una violación al principio de legalidad en materia sancionatoria (arg. arts. 18, Const. nac.; 10 y 15, Const. prov.).
El incumplimiento de las pautas fijadas legal, reglamentaria, o también contractualmente en orden a la recta prestación del servicio, se encuentra previsto en la ley 11.769 como una conducta susceptible de sanción. En efecto, el marco regulatorio eléctrico establece que será responsabilidad del OCEBA "Aplicar las sanciones previstas en la presente ley, su reglamentación y en los contratos de concesión y las licencias técnicas correspondientes", con la sola condición de "...respeta(r) en todos los casos el debido proceso legal" (art. 62 inc. "q"). Asimismo: "Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales" (art. 62 inc. "p"). También, reenviando a la normativa secundaria, el art. 70 -de consuno con lo previsto en el art. 53 inc. "n"- dispone que "Las violaciones o incumplimientos de las obligaciones que surjan de los contratos de concesión, serán sancionados con el régimen de penalidades allí previstas". Sobre esto último, cabe destacar que del convenio que rige la concesión se lee que el organismo de control dispondrá la aplicación de sanciones cuando la empresa distribuidora no cumpliese con las obligaciones emergentes del régimen regulatorio aplicable (subanexo "D", punto 5.1 del contrato de concesión, v. fs. 105).
Finalmente, debe notarse que la ley 11.769, tras deferir al régimen sancionatorio plasmado en las reglamentaciones del servicio o de su contrato y documentos técnicos la fijación de las penalidades -mencionándose con carácter no taxativo los "apercibimientos y multas", pudiéndose establecer otras-, alude en términos genéricos al incumplimiento grave como una categoría infraccional posible, con la potencialidad incluso de derivar en la caducidad de la concesión en la hipótesis de reiteración (cfr. art. 70
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.