Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120540
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.540, "López, Edgar Horacio contra Provincia ART S.A. Enfermedad accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la aseguradora de riesgos del trabajo demandada en su condición de vencida (v. fs. 169/180 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 184/193 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen -en lo que aquí interesa por constituir materia de agravio- hizo lugar a la demanda promovida por el señor Edgar Horacio López contra Provincia ART S.A. y condenó a ésta a abonar la suma de dinero que indicó en concepto de la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16- y la contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice RIPTE previsto en la última de las leyes citadas (v. fs. 172/180 vta.).
Para así resolver, detalló que como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el día 25 de octubre de 2013, con motivo de las tareas prestadas en relación de dependencia para la Municipalidad de Junín, el promotor del juicio padece de una incapacidad del 7,85% del índice de la total obrera de carácter parcial, permanente y definitiva, a raíz de una "lumbalgia post-traumática, con moderadas alteraciones clínicas y radiográficas " (v. vered., cuestión única, fs. 169 y 170).
Puntualizó que a la fecha del infortunio se encontraba vigente la reforma instituida por la ley 26.773. Adunó que, mediante diversas resoluciones de la Secretaría de Trabajo, se había ido aumentando la base mínima de pago de las indemnizaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 175).
En ese orden, subrayó que "...las sucesivas reformas introducidas al sistema de riesgos del trabajo, en cuanto al monto dinerario de pago de prestaciones, debe aplicarse, a las contingencias acaecidas -aún con anterioridad- que a la fecha del decisorio se encontraren incumplidas...". Remarcó que sólo el pago quita virtualidad a la ley que rige en el momento de colocar las cosas en el lugar que se encontraban antes del daño, señalando que la mera aplicación de la ley actual no importaba retroactividad, puesto que se trataba de un hecho reparativo no consumado (v. sent., fs. cit.).
Agregó, que no se podía castigar al trabajador, con el pago histórico reparatorio del infortunio por él sufrido al amparo de la ley anterior, y que a la fecha de vigencia de la ley 26.773, aún no se le había efectuado, o se le hubiera efectuado en forma mermada, siendo ello concordante con el principio de progresividad. Adunó que la decisión en modo alguno resultaba perjudicial para las aseguradoras, debido a la actualización permanente de las alícuotas que perciben en base al salario (v. sent., fs. cit.).
Con ello, propició la aplicación al caso de la citada resolución 1/16 vigente al momento del pronunciamiento, toda vez que -adujo- esa decisión era la que se adaptaba con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, hallándose en sintonía con el principio de progresividad, sin que se vea alterado el principio de congruencia ni el derecho de defensa en juicio de la aseguradora. Ello, toda vez que la aseguradora de riesgos del trabajo demandada ejerció sin restricciones su derecho de defensa, articuló todas las excepciones o defensas que estimó convenientes, sin que el pronunciamiento la coloque en una situación de responsabilidad extra sistémica, ni la obligue más allá de las prestaciones previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias (v. sent., fs. 175 vta. y 176).
En este contexto, puesto a determinar el importe de la prestación dineraria que le correspondería al trabajador con arreglo al sistema asistencial especial, el a quo la cuantificó inicialmente en la suma de $24.667,49.
Empero, tras declarar aplicable al caso las pautas indemnizatorias fijadas en la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16, fijó el quantum de la referida prestación sistémica en la cifra de $74.034,84 ($943.119 x 7,85%). A dicho valor, adicionó -además- el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 (es decir, $14.806,96).
A continuación, a la suma resultante dispuso "agregarle" el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente y el último publicado (marzo 2016); arribando a un coeficiente de 1,96 por el que multiplicó el monto antes señalado, obteniendo un total de $174.129,92 por el que declaró procedente la demanda (v. sent., fs. 176 vta.).
Sobre dicho monto, adicionó intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (digital) en concordancia con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 118.615, "Zócaro", resolución de 11-III-2015 (v. sent., fs. 176 vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 16 del decreto 1.694/09; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 3, 21, 622, 656, 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil; 14 de la ley 24.557; 3, 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 2 de la resolución 414/99; y de la doctrina legal que cita (v. fs. 184/193 vta.).
Plantea los siguientes agravios:
En primer lugar, denuncia que el pronunciamiento de grado vulnera la doctrina legal de este Tribunal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-IV-2016), señalando que el a quo interpretó inadecuadamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 al utilizar el índice RIPTE sobre el mínimo determinado según la resolución 1/16 (v. rec., fs. 186/190).
En este camino, por un lado, apunta que el mentado índice RIPTE actualiza los mínimos indemnizatorios del art. 14 de la ley 24.557, así como también la prestación adicional prevista en su art. 11, pero -de ningún modo- puede utilizarse para actualizar el resultado de la aplicación de fórmulas que ya contienen mínimos actualizados pues, en tal caso, se estaría aplicando dos veces el referido índice, duplicando la indemnización sin razón alguna.
Por otro lado, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la citada resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16. Apunta que la precisa regla que emana del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 no puede dejarse de lado -como lo hizo el a quo - mediante la dogmática invocación de supuestas razones de equidad y justicia.
Seguidamente, critica la aplicación de intereses sobre el monto por el que prosperó la demanda -a la tasa pasiva "digital" fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires-, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina de este Tribunal elaborada a partir de la causa L. 94.446, "Ginossi" (v. rec., fs. 190 vta./193).
III. El recurso prospera.
III.1. Se impone destacar que el veredicto de fs. 169/170 carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 170 vta.) ni la sentencia (v. fs. 180 vta.), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. última fs. cit.).
Si bien los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2.a. Luego, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010), por lo cual la admisibilidad del medio de impugnación deducido, en principio, solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.2.b. Sin perjuicio de lo anterior, el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
En repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
III.3.a. Siendo ello así, a tenor de lo resuelto por esta Suprema Corte en el precedente L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) y ceñido al abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso, le asiste razón al recurrente en cuanto alega la violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, agraviándose del modo en que el a quo dispuso la aplicación del índice RIPTE.
En dicha oportunidad se señaló que el referido índice debe aplicarse a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones previstas en los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que alude el art. 11 apartado 4 de esta última ley; y a la base de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 para los casos de muerte o incapacidad total.
Tal conclusión encuentra fundamento en las reglas previstas en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, en las resoluciones 34/13 (aplicable a partir del 26 de octubre de 2012) y 3/14 (que establece los valores para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2014 y 31 de julio de 2014) -en una línea que continúa con las resoluciones 22/14; 6/15; 28/15 y 387/16- dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le encomendó la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias (art. 8, ley 26.773 en su texto original) y, finalmente, en el decreto 472/14 del Poder Ejecutivo Nacional, reglamentario del citado "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".
Adicionalmente, el criterio expuesto se condice con el adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 8° último párrafo).
III.3.b. Entonces, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso traído, y revocar la sentencia de grado en cuanto en ella se aplicó erróneamente el índice RIPTE previsto en la ley 26.773, el que deberá calcularse en la instancia conforme lo expuesto.
Sentado lo anterior cabe precisar que en el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones deberá ser empleado el índice publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social en el contexto definido por la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (citado por el recurrente) y reiterado en las causas L. 117.417, "Maidana" (sent. de 31-X-2016) y L. 119.011, "Tarducci", (sent. de 14-XII-2016), en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 -y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación- para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
En virtud de ello -y de lo expuesto en el punto anterior-, teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia del infortunio laboral, esto es, el 25 de octubre de 2013 -ella fue determinante en el pronunciamiento; v. fs. 175 vta.-, este no cae bajo la órbita de aplicación de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 1/16, sino de la resolución 34/13 del mismo organismo. En consecuencia, cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa normativa, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que -con nueva integración- practique una nueva liquidación de conformidad con lo aquí resuelto.
III.4. En cuanto a los intereses determinados en la instancia de grado, cabe manifestar lo siguiente.
III.4.a. El tribunal de trabajo dispuso que "atento al particular modo de concluir" tales accesorios debían ser calculados -desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago- a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de depósitos a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 176 vta. y 180).
El impugnante controvierte tal definición, denunciando violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte y solicitando la aplicación de la "tasa pasiva" del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. rec., fs. 190 vta./193).
III.4.b. Ahora bien, debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("...atento al particular modo de concluir [...] se le aditen los intereses a partir de la presente sentencia..."; sent. fs. 176 vta.), considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de calcular la indemnización correspondiente al trabajador aplicando el piso mínimo previsto en la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 1/16 y -además- "agregarle" el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente y el último publicado (marzo 2016) y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados desde la fecha de la sentencia.
Por lo cual, siendo que -conforme se propuso precedentemente- debe revocarse tanto el método de aplicación del índice RIPTE como así también la utilización de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación 1/16, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que no se ajusta a la normativa vigente; resultando oportuno recordar que esta Corte ha sentado doctrina legal sobre el punto -entre otras- en las causas L. 108.784, "Marengo" (sent. de 4-XII-2013) y L. 117.459, "G., J. L." (sent. de 21-VI-2017).
III.4.c. Por lo demás, cabe aclarar que no se suscita en la especie el presupuesto fáctico que torna aplicable la doctrina sentada en las causas C. 120.536, "Vera", sentencia de 18-III-2018 y C. 121.134, "Nidera", sentencia de 3-V-2018, en orden a la necesidad de aplicar una tasa de interés puro en aquellas hipótesis donde la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito. Ello así, toda vez que -en el caso- la fijación del quantum indemnizatorio no habrá de traducir la estimación de los valores actuales en los mismos, ni importará la utilización de mecanismos indexatorios, de ajuste o reajuste según índices o de coeficientes de actualización de montos históricos.
IV. En virtud de lo expuesto, y exhortando a los señores jueces para que extremen los recaudos a los fines de evitar en lo sucesivo las irregularidades que se advierten en el dictado del veredicto y sentencia de la presente causa, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto en los puntos III.3. y III.4. del presente.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponde de conformidad con lo que aquí se resuelve.
Con costas (art. 289, CPCC).
Con los alcances expuestos, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso debe prosperar.
I.1. Adhiero a lo manifestado por el doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
I.2. Asimismo, también comparto lo expuesto por dicho colega en el punto III.2., de modo tal que la cuestión, debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
I.3. Desde la perspectiva apuntada, y atento a que el infortunio ocurrió durante la vigencia de la ley 26.773 (25 de octubre de 2013), suscribo las consideraciones formuladas en el punto III.3.a. del sufragio que abre el acuerdo, con sustento en la doctrina legal emergente de la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017).
I.4. Sentado ello, también debe prosperar la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16, en tanto el tribunal ha vulnerado la doctrina citada por el recurrente.
Al respecto, acompaño la propuesta plasmada por el colega ponente en el apartado III.3.b. de su voto.
I.5. Por otro lado, entiendo que debe prosperar el embate contra la tasa de interés que hubo de fijar el tribunal de grado al capital de condena.
I.5.a. Como se dijo, el a quo dispuso que dichos accesorios debían liquidarse, desde la fecha de la sentencia, conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia".
I.5.b. En su recurso, el impugnante denuncia vulnerada la doctrina sentada por esta Corte -entre otras- en las causas L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013).
I.5.c. Al respecto, importando la aplicación de la ley 26.773 una actualización de los montos de condena, he de resolver el agravio conforme lo dicho en la causa L. 119.593, "Gaveglio" (sent. de 11-III-2020; e.o.).
I.5.c.i. En el caso bajo análisis se ha aplicado la tasa pasiva "digital" para calcular los intereses a devengar por un monto de condena cuya cuantía ha sido calculada por aplicación de las disposiciones del decreto 1.694/09 y la ley 26.773, por lo que, entiendo, ese aspecto del fallo debe modificarse. Para justificar tal propuesta debo hacer un poco de historia.
I.5.c.ii. Hace más de cuarenta años, distintos tribunales de nuestro país empezaron a hacer lugar a los reclamos por el reajuste de créditos por sumas de dinero por aplicación de diferentes índices y siempre que hubiera mora del deudor (CSJN causas "Fernández (s/Suc) c/ Prov. Bs. As. s/ cobro de alquileres"; "Camusso de Marino c/ Perkins S.A.", y "Valdez, J.R. s/ Gobierno Nacional", sents. de 23-IX-1976; SCBA causa Ac. 23.038, "Más", sent. de 21-VI-1977; la Cámara Nacional Civil, en acuerdo plenari
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