Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120553
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.553, "Maldonado, José L. contra Polibol S.R.L. y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Pettigiani, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida, con costas a la vencida (v. fs. 281/303).
Se interpusieron, por la accionada, recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 331/372 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 388/389 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen admitió la demanda promovida por José Luis Maldonado contra Polibol S.R.L., Leandro Maifredini, Carolina Maifredini y Mabel Collado y en su condena decretó el pago de la suma que estableció en concepto de vacaciones, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, con más una reparación por daño moral. Dispuso que dicho importe devengaría intereses a la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (activa) desde la fecha de exigibilidad del crédito (9 de febrero de 2006) hasta el día 19 de agosto de 2008 y a partir de este momento hasta su efectivo pago a la tasa que percibe la aludida entidad en sus operaciones de depósito a través del sistema de "Banca Internet Provincia" (v. fs. 281/303).
Para así decidir, señaló que las partes estuvieron de acuerdo en que el actor se desempeñó en favor de la sociedad demandada en la categoría de vendedor, no coincidiendo en cuanto a la fecha de inicio de la relación laboral. En ese orden, ponderando la prueba testimonial y atendiendo a la regla in dubio pro operario establecida en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 26.428), acogió la versión denunciada en la demanda respecto a que el ingreso del trabajador aconteció el día 2 de enero de 1999 (v. vered., fs. 281 vta./284).
Respecto a los accionados Leandro Maifredini, Carolina Maifredini y Mabel Collado, sostuvo que si bien como integrantes de Polibol S.R.L. eran los encargados de la dirección y organización de la empresa, al margen de ello, en esa condición, también asumieron un rol preponderante ejerciendo típicas funciones de empleadores directos (v. vered., fs. 285/286).
Por otro lado, juzgó acreditado que, en el último tramo de la relación de trabajo, el accionante desarrolló sus labores en un ámbito hostil hacia su persona, habiendo sido marginado de sus tareas habituales y sufriendo acoso moral por su condición sexual. Señaló que a partir de los dichos de los testigos podía percibirse la particular situación que se vivió dentro de la empresa y el trato dispensado a varios de los trabajadores, puesto que las distintas circunstancias relatadas evidenciaron un hostigamiento hacia algunos dependientes por diferentes motivos (en ciertos casos gremiales, por ejemplo, o como en el del actor por su condición sexual). Explicó, que además se verificó una indebida y abusiva utilización de micrófonos y cámaras de video que vulneraba la vida privada de los empleados. También precisó que el último día en que el actor cumplió sus labores sufrió un trato intolerable de un superior y que, aunque no pudo establecerse si se trató del señor Maifredini padre o hijo, sí quedó demostrada la existencia de un incidente que fue verbal, con gritos e insultos y hasta de tono cuasi amenazante y que culminó cuando el accionante fue "acompañado" por alguno de los dueños hasta la escalera "invitándolo" a que se retire (v. vered., fs. 286/291 vta.).
Con posterioridad, el a quo entendió configurado el acoso laboral o mobbing denunciado por el demandante bajo la figura de "acoso moral". En lo esencial, puntualizó que el actor acreditó el ambiente hostil y discriminatorio hacia su persona -más allá de que también quedó probado que la reprochada práctica empresaria afectó a otros dependientes-; que la presión sufrida por el accionante fue consecuencia de su actividad laboral y tuvo como finalidad lograr que se marchara de la empresa; y que se trató en el caso de una actividad planificada, continua y reiterada (v. fs. 294 vta./295 vta.).
Destacando que perdía virtualidad analizar los antecedentes disciplinarios del trabajador por tratarse de un despido indirecto, concluyó que su decisión de extinguir el contrato de trabajo con motivo de la conducta asumida por la accionada contraria a los deberes de un buen empleador conforme los arts. 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, resultó justificada (v. fs. 295 vta.).
Con apoyo en el principio iura novit curia , rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por las personas físicas codemandadas por considerar que éstas habían actuado "...como empleadores múltiples (directos) en sociedad de hecho conjuntamente con la firma Polibol S.R.L." incurriendo en graves irregularidades registrales y fraude a la ley (v. sent., fs. 295 vta./296 vta.).
Seguidamente, resolvió que además de las indemnizaciones derivadas del despido, era procedente una reparación por el daño moral a raíz del ilícito extracontractual en que incurrió la empleadora (con cita de los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 1 de la ley 23.592; v. sent., fs. 296 vta./300 vta.).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia la violación de los arts. 18, 75 inc. 22 y 114 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial local y 26 de la ley 11.653 (v. fs. 367/371).
Expresa que el a quo resolvió temas que no fueron introducidos en el proceso o, por lo menos, no en debida forma y que por ello la decisión de grado vulnera el principio de congruencia y acarrea la tacha de arbitrariedad, absurdo y subsidiariamente de nulidad.
Sostiene que los planteos formulados respecto a la improcedencia de la antigüedad reclamada, del pretenso daño sufrido el trabajador y la extensión de responsabilidad a los socios, no poseen asidero en los elementos de hecho de la demanda, ni fueron resueltos conforme a derecho o razonablemente abordados.
Con sustancial fundamento en el art. 26 de la ley 11.653, afirma que no se ha efectuado en la demanda el reclamo de todos los conceptos que fueron acogidos en el pronunciamiento, siendo que la liquidación no sustituye la carga de determinar el objeto litigioso.
Insiste en que el fallo no es congruente, pues no hay coincidencia entre lo resuelto y el objeto de las peticiones.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el Procurador General (v. fs. 388/389 vta.), considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. Sin perjuicio de la incorrecta técnica observada en la formulación subsidiaria del recurso en estudio (causas L. 75.914, "Lazarte", sent. de 2-VII-2003 y L. 79.332, "Mestre", sent. de 18-II-2004; e. o.), sus agravios se dirigen a objetar el modo en el que el a quo abordó y resolvió las cuestiones al definir el pleito, ello, atribuyéndole al tribunal de grado la eventual comisión de errores de juzgamiento que son propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y ajenos al de nulidad (causas L. 84.563, "Lagraña", sent. de 19-V-2010; L. 116.542, "Duarte", sent. de 15-VII-2015 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017; e. o.).
Sentado lo anterior, es dable recordar que los reproches relacionados con la violación del principio de congruencia, cuando no conciernen al vicio de omisión de cuestiones esenciales sino a la imputación de una decisión extra petita , así como el presunto quebranto de normas procesales o garantías consagradas en la Constitución nacional, también resultan extraños al presente medio de impugnación (causas L. 106.409, "Di Yorio", sent. de 8-V-2013 y L. 118.182, "Posteraro", sent. de 21-X-2015; e.o.).
III.2. Finalmente, y pese a su denuncia, no se advierte el desarrollo de agravios vinculados con una eventual violación del art. 171 de la Constitución provincial, por lo que no cabe su abordaje.
IV. Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, propongo rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia absurdo y violación de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 32, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 34 incs. 4 y 5, 36 inc. 2, 163 inc. 5, 362, 375, 382 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; apartamiento de distintas normas de la ley 19.550; arts. 730 del Código Civil y Comercial; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 331 y stes.).
Plantea lo siguiente:
I.1. Se agravia de la conclusión del tribunal de grado que juzgó verificada la fecha de ingreso denunciada por la parte actora.
Impugna el valor y alcance conferido a las declaraciones brindadas por los testigos ofrecidos por la parte actora, que -aduce- fueron tendenciosas, premeditadas y parciales. Añade que el tribunal pretendió asignarle precisión a un testimonio con elementos de una causa que no integra el plexo probatorio de las presentes actuaciones y que fue incorporada una vez cerrado el período de prueba, vulnerando su derecho de defensa.
Reprocha que no hubiera resuelto el planteo de negligencia formulado por la accionada respecto a la citación del testigo Saavedra Rojo. Sostiene también, que las manifestaciones del testigo Achinelly propuesto por la demandada y el resultado del careo realizado en la audiencia de vista de la causa, despejan cualquier tipo de duda que pueda haber tenido el juzgador.
I.2. Luego de aclarar que el correcto apellido de dos de los accionados es Maifredini (y no Manfredini como equívocamente surge de algunos segmentos del fallo), afirma que al condenar a los socios y gerentes de Polibol S.R.L., el tribunal incurrió en absurdo y se apartó de distintos preceptos de la ley 19.550.
Analizando lo argumentado por el sentenciante y las normas societarias que entiende aplicables, explica que la sociedad demandada se encuentra cabalmente regularizada, y que por su tipo goza de limitación de la responsabilidad para sus socios; a la par, que en su caso los administradores obligan a la sociedad y actúan por su cuenta y orden en lo que hace a su desarrollo y al cumplimiento del objeto social.
Con ello, destaca que carece de argumentos lo sostenido en el pronunciamiento en cuanto a la existencia de una relación laboral directa con los codemandados Maifredini y Collado, cuando el vínculo laboral se registró y entabló con la sociedad.
Alega que no tiene sustento y resulta dogmática la definición del juzgador relativa a que los accionados excedieron sus funciones gerenciales. Señala que organizar, dar instrucciones o direccionar a los dependientes de una sociedad de responsabilidad limitada son tareas asignadas a los administradores por la ley 19.550, sin que pueda derivarse de ellas la existencia de una relación laboral directa.
Argumenta que tampoco se advierte cuál es el razonamiento que llevó al sentenciante a tener por verificada la existencia de una sociedad de hecho entre los codemandados. Insiste en que los demandados Maifredini y Collado únicamente son socios de Polibol S.R.L. y en ese marco actuaron, lo que no los convierte en integrantes de otra persona irregular ni en empleadores múltiples o directos de los dependientes de la sociedad demandada.
A continuación, refiere que en el punto la demanda es infundada, y que el a quo intentó suplir ese déficit atribuible al actor.
I.3. Controvierte la decisión vinculada con el modo en que se extinguió la relación laboral.
Aduce que es evidente que el accionante generó su despido en función de las faltas graves que venía cometiendo al no concurrir a trabajar luego de fenecida su licencia por enfermedad. Menciona que, desde ya, no se han probado las causales alegadas por el trabajador para extinguir el vínculo, no siendo veraces los dichos aportados por los testigos Basilico y Alvarez.
I.4. Vinculado con lo anterior, aunque ahora centrado mayormente en el análisis efectuado en la instancia en orden al hostigamiento denunciado por el señor Maldonado y el mobbing receptado en el fallo, insiste nuevamente en descalificar la validez de los testimonios provenientes de los declarantes citados precedentemente. Además -y como en parte lo destacó en su primer agravio- señala que para ratificar los dichos de uno de ellos (Basilico), el juzgador, violando los arts. 26 inc. "g", 32 y 45 de la ley 11.653, se basó en un expediente judicial que no fue ofrecido como prueba por la parte actora y cuya sentencia "no está cargada en la MEV".
Afirma que en modo alguno su parte incurrió en las conductas que se le endilgan ni fue su intención injuriar al actor en ningún momento. Manifiesta que el fallo está plagado de valores referenciales y huérfano de pruebas concretas; y que el tribunal no sólo no ha sido imparcial, sino que se ha basado en pareceres de los testigos, cuyo relato denota un claro interés de perjudicar a la empresa accionada. Adiciona que no se ponderaron los antecedentes del demandante.
En ese orden, impugna que se hubiera admitido la existencia de un daño extracontractual y en consecuencia el progreso de una reparación en el marco del derecho común. Alega que el accionante no demostró el perjuicio invocado ni los factores de atribución de responsabilidad, resultando absurda la decisión de grado y excesiva la suma fijada en dicho concepto.
I.5. Objeta que el a quo desdoblara los intereses aplicados al monto de condena y empleara dos tipos de tasa diferentes (activa y pasiva digital), resultando ambas contrarias a la doctrina legal de este Tribunal que cita.
I.6. Finalmente, peticiona que se morigere el importe establecido por costas y honorarios, refiere que en el caso se encuentra vulnerado el art. 730 del Código Civil y Comercial.
II. El recurso prospera parcialmente.
II.1. Dejando a un lado el orden en que han sido expuestos los agravios, he de analizar liminarmente aquel vinculado con la condena impuesta a las personas físicas demandadas en su juzgada condición de empleadores.
II.1.a. Entendió el a quo , que al margen de ser los encargados de la organización y dirección de Polibol S.R.L. en su condición de socios, éstos también asumieron un rol preponderante ejerciendo típicas funciones de empleadores directos respecto de la relación laboral (v. vered., fs. 285/286).
En este sentido, ponderó que la señora Maifredini se había adjudicado voluntariamente ese carácter al responder "por sí" y en representación de la sociedad accionada a una misiva cursada por el actor (v. fs. 7); también, que de la prueba testimonial surgía que excediendo sus lícitas funciones gerenciales los socios abonaron a los trabajadores parte de la remuneración "en negro" y dispusieron la extensión de la jornada laboral rebasando el limite horario establecido; que asimismo se encargaban de asignar, organizar y controlar sus tareas, como también de los temas administrativos y de comprar los insumos y productos que se vendían en el establecimiento.
A partir de ello, rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los demandados Maifredini y Collado por considerar que éstos habían actuado "...como empleadores múltiples (directos) en sociedad de hecho conjuntamente con la firma Polibol S.R.L." que asimismo, integraban como socios (v. sent., fs. 295 vta.).
Puntualizó al respecto que, a su vez, a dicha conclusión arribaba según el principio iura novit curia , toda vez que la falta de fundamentación efectuada en el libelo de inicio en cuanto el actor no expuso las razones jurídicas por las que les atribuía responsabilidad indemnizatoria a los coaccionados, llevaba a concluir que aunque de modo deficiente lo hizo en su condición de empleadores directos. Adicionó que a fs. 19 vta. del escrito inicial se aseveró que aquellos "eran los encargados de la dirección y organización de la empresa" (v. sent., fs. 296).
Agregó, que la errónea y tardía fundamentación efectuada por el letrado apoderado de la actora, en ocasión de formular su alegato en la audiencia de vista de la causa, en cuanto invocó los arts. 54, 59 y 274 de la ley 19.550, en nada modificaba lo expuesto (v. sent., fs. 296 vta.).
II.1.b. Asiste razón al recurrente cuando afirma que lo resuelto merece ser revocado.
Sin dejar de resaltar las deficiencias que pueden observarse en el escrito de demanda a la hora de fundar la pretensión entablada contra Leandro Maifredini, Carolina Maifredini y Mabel Collado (v. fs. 19/27) -y bajo esa advertencia, observando que en el capítulo específicamente destinado a describir la relación laboral únicamente se le asignó a Polibol S.R.L. la condición de empleador-, cabe afirmar que la conclusión a la que arribó el a quo es fruto de un razonamiento absurdo y ajeno -en esencia- al régimen legal que regula a las sociedades comerciales, y desde ya, a aquel que atiende al contrato individual de trabajo.
Resulta claro que el dato que indica que la señora Carolina Maifredini al contestar una de las misivas enviadas por el actor lo hizo por sí y en representación de la sociedad, en modo alguno autoriza a sostener que haya "asumido" el carácter de empleadora del señor Maldonado.
Luego, tampoco las demás circunstancias que llevaron al sentenciante a sostener que las personas físicas arriba mencionadas excedieron las lícitas funciones gerenciales que tenían a su cargo (por ejemplo, se aludió al pago parcial del salario sin registración) conducen a adjudicarles el rol de empleadores del actor; ni de ellas surge la conformación por parte de dichos codemandados de una sociedad de hecho a través de la cual actuaran en esa condición conjuntamente -pero diferenciándose- con la sociedad de responsabilidad limitada demandada (arg. arts. 21, 22 y 26 de la Ley de Contrato de Trabajo; 21, 22, 58 y 157 de la ley 19.550).
Se configura en la decisión cuestionada el error grave, grosero y fundamental que caracteriza al vicio de absurdo, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 110.362, "Douton", sent. de 14-VIII-2013; L. 117.888, "Garrigou", sent. de 29-VIII-2017 y L. 119.966, "Diehl", sent. de 3-V-2018).
Aunque lo anterior es suficiente para acoger la impugnación, resulta provechoso señalar que el principio iura novit curia permite al juez enmendar el derecho mal invocado o suplir el omitido, pero en modo alguno autoriza a sanear otras deficiencias que pudiesen detectarse en el planteo de la acción (causas L. 88.143, "Barroso", sent. de 23-VII-2008 y C. 109.879, "Consorcio de Propietarios del Complejo Edificio Bristol Center", sent. de 15-VII-2015).
En virtud de lo dicho, debe revocarse este tramo del pronunciamiento y ordenar al tribunal de grado que, una vez devueltas las actuaciones, nuevamente integrado y teniendo en cuenta los hechos, el derecho aplicable y lo expuesto por las partes en sus escritos constitutivos, juzgue nuevamente la defensa de falta de legitimación pasiva
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.