Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119908
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.908, "Asociación Trabajadores del Estado y otro contra Fisco de la Pcia. de Bs. As. Amparo sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, de Lázzari, Pettigiani, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata desestimó la acción de amparo sindical que la Asociación de Trabajadores del Estado, los señores Christian Darío Maldonado, Alejandra Lorena Torres y María Zulma Rebolo promovieron contra la Provincia de Buenos Aires, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 1.081/1.095).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.112/1.140), que fuera declarado bien concedido por decisión dictada -por mayoría- por esta Suprema Corte (v. fs. 1.186/1.188 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó la acción de amparo sindical (art. 47, ley 23.551) promovida por la Asociación de Trabajadores del Estado, los señores Christian Darío Maldonado, Alejandra Lorena Torres y María Zulma Rebolo contra la Provincia de Buenos Aires en cuanto pretendían: 1°) que se declarara como conducta antisindical el dictado del acto administrativo emanado de los ministerios y secretarías del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires identificado con los números 949 (Jefatura de Gabinete); 47 (Ministerio de Gobierno); 248 (Ministerio de Economía); 1.525 (Ministerio de Justicia); 4.930 (Ministerio de Seguridad); 447 (Ministerio de la Producción); 85 (Ministerio de Asuntos Agrarios); 4.575 (Ministerio de Salud); 898 (Ministerio de Infraestructura); 183 (Ministerio de Desarrollo Social); 288 (Ministerio de Trabajo); 199 (Secretaría General de la Gobernación); 701 (Secretaría de Derechos Humanos); 275 (Secretaría de Deportes); 269 (Secretaría de Turismo); 126 (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible); 1.166 (Instituto Cultural); 3.705 (Dirección General de Cultura y Educación); 2°) que se ordenara a la Administración Pública provincial el cese inmediato del comportamiento reputado por los codemandantes como antisindical, consistente en las deducciones salariales por días de huelga; 3°) que se declarara la inconstitucionalidad de las mencionadas resoluciones y; 4°) que se condenara a la Administración provincial a devolver a los trabajadores estatales provinciales toda suma que, al momento de promoción de la acción, se hubiere deducido de sus remuneraciones a causa de su participación en las medidas de acción gremial dispuesta por la ATE (v. fs. 1.081/1.095).
Señaló que no resultaba materia de controversia que en aquellas resoluciones se estableció que las inasistencias de los agentes de la Administración Pública provincial motivadas en el ejercicio del derecho de huelga, y que no fueran justificadas por alguna de las causales previstas en la normativa vigente, serían descontadas de los haberes mensuales (v. fs. 1.081 vta.) y que resultaba acreditado, además, que se habían descontado los días de remuneraciones por haber participado en las medidas de acción sindical a los trabajadores incluidos en el ámbito representativo de ATE (v. fs. 1.083 y vta.).
En otro orden, juzgó no demostrado que los coactores Torres, Rebolo y Maldonado fueran, al momento de promoverse la acción, agentes pertenecientes a la Administración Pública provincial (v. fs. 1.082 vta.).
En la sentencia, calificó al acto administrativo impugnado como unilateral y complejo (en razón de haber sido emitido simultáneamente por varios ministerios y secretarías de la Administración provincial), de alcance general, de carácter expreso y dictado en virtud de facultades discrecionales de las que goza la Administración. Juzgó luego que la resolución impugnada consagró una "obviedad jurídica" al establecer que los días en los que los trabajadores estatales no prestan servicios por adherir a una medida de acción sindical -huelga- no se remuneran. Asimismo, declaró que la deducción salarial -en el caso de inasistencia por participar de una huelga- no podía considerarse una sanción ni una represalia.
Así, con apoyo en precedentes jurisprudenciales y doctrina especializada remarcó que no devenga su salario aquel trabajador que, en ejercicio de su libertad sindical individual, decide adherir a una huelga y que, por ende, no pone su fuerza de trabajo a disposición de su empleador, independientemente de la calificación como legítima o ilegítima de la huelga (v. fs. 1.090/1.091).
Por tales razones, concluyó que el acto cuestionado no podía calificarse como inconstitucional o violatorio de la libertad sindical (v. fs. 1.091 vta.).
Resuelto este punto, entendió necesario abordar una cuestión que consideró subyacía en la petición actoral y era la presunta culpa del Estado empleador en la causación del conflicto. En ese orden, indicó que en la demanda se había aludido a que la controversia encontraba su origen en presuntos incumplimientos de acuerdos colectivos por parte de la Administración provincial (v. fs. 1.092).
Al respecto, señaló que no se había acreditado que el Estado provincial hubiera incurrido en incumplimientos de acuerdos alcanzados en el ámbito de la negociación colectiva, ni tampoco -obviamente- la entidad de tales hipotéticos incumplimientos (v. vered., fs. 1.084/1.085 vta.).
En esa línea, destacó el juzgador que era ésa la cuestión medular del amparo sindical promovido por la accionante en la medida en que la representación letrada de los actores sostuvo en la demanda que las medidas de fuerza dispuestas por la organización sindical no tuvieron por finalidad lograr la modificación de las condiciones de trabajo existentes (los denominados conflictos de intereses o económicos), sino que, a través de la concreción de las medidas de fuerza se reclamaba el cumplimiento de cláusulas de las convenciones colectivas (los denominados conflictos de derecho; v. vered., fs. 1.084).
Indicó que los incumplimientos que se le atribuían al gobierno provincial eran la falta de creación del "organismo imparcial" previsto en el art. 39 inc. 4 de la Constitución provincial; la ausencia de equiparación de las asignaciones familiares de los agentes provinciales respecto de las que perciben los trabajadores dependientes de la Nación; la no incorporación a la planta permanente del personal contratado o precarizado; la no concreción del estatuto-escalafón para los agentes públicos provinciales; la inexistencia de recategorización del personal que realiza interinatos en cargos jerárquicos; la inobservancia del compromiso de no jubilar de oficio al personal estatal provincial hasta que se incorporen al salario las sumas no remunerativas; el desconocimiento de compromisos de recomposición salarial; incumplimiento del acta paritaria general de octubre de 2007 (reincorporación de personal desafectado) y la no concreción de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad (v. vered., fs. 1.084 y vta.).
A continuación, observó -respecto a la falta de sanción de una ley de creación del organismo imparcial establecido en el art. 39 inc. 4 de la Constitución provincial- que la notoria demora incurrida en la implementación de la manda constitucional resultaría imputable, en todo caso, al poder legislativo provincial, lo que demostraba -a juicio del sentenciante- que en el caso no existió una conducta reprochable imputable al Ejecutivo provincial (v. vered., fs. 1.084 vta.).
Luego, con relación a las múltiples imputaciones de "incumplimientos paritarios" vertidas por la ATE en las actas obrantes en autos, declaró que tales expresiones solo implicaban manifestaciones de la propia parte interesada que carecían de entidad suficiente para patentizar -con el rigor que ameritaba- la existencia de las invocadas inobservancias (v. fs. cit.).
Más adelante, puso de resalto que tampoco se advertía que el Estado empleador hubiera admitido tales "incumplimientos de acuerdos convencionales". Señaló que no implicaba reconocimiento alguno el hecho que la representación del gobierno provincial hubiera admitido demoras en la implementación de ciertos acuerdos sectoriales o generales. Antes bien -dijo- la propia dinámica de la negociación colectiva del sector público provincial, con la natural complejidad que implica llevar a cabo paralelamente tratativas generales y sectoriales con la participación de múltiples actores (las distintas áreas y organismos descentralizados de gobierno; la significativa cantidad de entidades sindicales con aptitud jurídica para representar a los trabajadores públicos provinciales) es susceptible de provocar dilaciones en la implementación de los acuerdos, sin que ello significara necesariamente que hubieran existido "incumplimientos", noción esta última que conlleva un comportamiento doloso tendiente a incumplir o, al menos, una conducta culpable o negligente del empleador que -expresó- no se advertía en el caso (v. vered., fs. 1.085).
Por otro lado, afirmó que tampoco significaba reconocimiento alguno el hecho de que el Estado empleador hubiese admitido la existencia de "temas paritarios de tratamiento pendientes". Señaló que tal expresión podía manifestar no necesariamente que dichos ítems estuvieran pendientes de cumplimiento por parte del dador de trabajo, sino que, o bien nunca fueron tratados o lo fueron de modo insuficiente (v. vered., fs. 1.085).
Además, indicó que, si bien la asociación demandante había aludido constantemente a "incumplimientos de acuerdos paritarios", tal afirmación no había sido respaldada por la prueba necesaria, pues no obraban en autos los acuerdos colectivos pretéritos que los pretensores reputaron incumplidos. A modo de ejemplo, señaló que se había invocado la ausencia de equiparación de las asignaciones familiares que perciben los trabajadores provinciales respecto de sus iguales de la Nación, pero por no haberse agregado los acuerdos en los que tales pactos se celebraron, no había forma de conocer lo concertado al respecto y los plazos de cumplimiento efectivo, a la vez que destacó que tal conclusión resultaba extensiva al resto de las invocadas inobservancias de pactos anteriores (v. vered., fs. 1.085 y vta.).
En suma, expresó que las falencias apuntadas impedían conocer cabalmente si los incumplimientos se habían configurado y, en su caso, su entidad para justificar la retención de tareas (v. fs. 1.085 vta.).
Sentado ello, señaló que más allá de las dudas que provocaba la posibilidad de aplicar la figura de la excepción de incumplimiento (arts. 510 y 1.201, Cód. Civ. y 1.031, Cód. Civ. y Com.) al ámbito del derecho colectivo del trabajo, lo cierto y concreto era que, en el caso, no habían sido acreditados los presupuestos de hecho que dieran sustento a sostener que los invocados incumplimientos hubieran existido ni que hubieran tenido entidad suficiente como para justificar la retención de tareas por parte del colectivo representado por la ATE.
Subrayó que se trataba de una medida excepcional, de interpretación restrictiva y solo podía aceptarse que el trabajador retuviera válidamente su prestación frente a un incumplimiento grave por parte del empleador.
Dicho esto, señaló que lo que se evidenciaba en autos, en todo caso, era un supuesto de legítimo ejercicio del derecho de huelga (art. 14 bis, Const. nac.) -en tanto no se había siquiera planteado la hipótesis de ilegitimidad de la medida- y concluyó que el ejercicio de ese derecho no implicaba -por lo expuesto anteriormente- incumplimiento contractual susceptible de sanción alguna, aunque sí un obstáculo insalvable, por carecer del presupuesto fáctico sustancial, para acoger la demanda de amparo sindical (v. fs. 1.092 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 14, 14 bis, 28, 31, 75 inc. 22 y concordantes de la Constitución nacional; 39, 57 y concordantes de la Constitución provincial; de los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo; decreto ley 7.647/70 (v. fs. 1.112/1.140).
En sustancia, plantea los siguientes agravios:
II.1. Cuestiona la definición del tribunal de grado en cuanto determinó que no surgía de las constancias de autos que los actores Maldonado, Torres y Rebolo fueran "trabajadores del Estado". En ese sentido, controvierte la labor axiológica desplegada por el tribunal de grado y señala que se encuentra agregado en autos un informe de la Dirección General de Cultura y Educación que da cuenta del carácter de empleados que revisten los demandantes y de los descuentos operados en sus haberes por los días que se plegaron a la huelga (v. fs. 1.115 vta. y 1.116).
II.2. En otro orden, impugna el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de las resoluciones dictadas por los distintos organismos de la Administración provincial que establecieron que las inasistencias de los agentes, motivadas por el ejercicio del derecho de huelga serían descontadas de sus haberes.
Afirma que a través de tales resoluciones que ordenaron descontar los días no trabajados (deducciones que -agrega- se efectivizaron, además, con anterioridad a su dictado) se pretendió, en rigor, reglamentar el derecho a huelga por quien no gozaba de la capacidad jurídica para hacerlo y, por ende -sostiene- ese acto administrativo es inconstitucional (v. fs. 1.118).
En ese contexto, reconoce que, aunque el hecho de la falta de pago del salario por días de huelga constituye un principio general, afirma que el caso de autos aparece como una excepción a dicha regla porque la medida llevada a cabo por los trabajadores tuvo su origen en conductas culpables de la patronal (v. fs. 1.118 vta. y 1.119).
Precisamente, con relación a este punto objeta la conclusión del a quo que estableció no acreditado el incumplimiento por parte del Estado provincial de los acuerdos colectivos invocados por el recurrente. En ese orden, cuestiona el análisis de las constancias de la causa, puntualmente, de las actas de reuniones acompañadas por la demandada y la documentación emanada del Ministerio de Trabajo de la cual -afirma- surge la existencia de los acuerdos incumplidos. Invoca como tales, entre otros, los relativos al pase a planta permanente del personal de la Administración Pública que se encontraba precarizado, al pago de asignaciones familiares, al mejoramiento de condiciones laborales y al pago de urpes y bonificaciones.
Añade que la Administración debe cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones y señala que la demora en hacerlo se traduce en un incumplimiento que genera responsabilidad. Por ello, alega que la conducta asumida por los trabajadores ante los evidentes y reiterados incumplimientos de la patronal habilita la aplicación concreta de la excepción de incumplimiento a través de acciones colectivas, como lo es la huelga. De allí, concluye que no es posible, fáctica ni jurídicamente, aplicar los descuentos por día de paro, pues no se trata de que la patronal solvente la medida, sino que se haga cargo de las consecuencias de su accionar (v. fs. 1.135 vta.).
En suma, asegura que el conflicto ha sido provocado por actos y omisiones ilegales de la empleadora, entre los que menciona diversas formas de denegación y obstrucción del derecho a la negociación, incumplimiento de acuerdos suscriptos, reiterada imposición unilateral de condiciones laborales y salariales, exigencias de renuncia a derechos constitucionales, desconocimiento de la legítima representación personal del gremio, denegación por décadas de la garantía del órgano independiente e imparcial confiable para fomentar la negociación y resolver los conflictos y la usurpación de esas facultades por el empleador que -denuncia- se apropió ilegalmente de salarios devengados durante las huelgas y asambleas causadas por su propia culpa (v. fs. 1.136 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. La facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 117.723, "Sarmiento", sent. de 15-VII-2015 y L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015).
La suerte de la postulación recursiva dependerá entonces de que se baste a sí misma, para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda la sentencia recurrida (causas L. 89.439, "Lescano", sent. de 10-XII-2008; L. 100.239, "García", sent. de 18-VIII-2010 y L. 101.312, "Escobar", sent. de 28-XII-2011).
III.2. Bajo tales premisas, se avizora la manifiesta insuficiencia del recurso traído.
III.2.a. Invirtiendo por razones metodológicas el orden de tratamiento de los agravios expuestos por el recurrente, abordaré en primer lugar el cuestionamiento al rechazo del planteo de invalidez constitucional de las resoluciones emitidas por los distintos organismos de la Administración provincial.
El remedio se exhibe ineficaz para descalificar dicha conclusión del sentenciante.
El interesado desatiende los argumentos medulares del pronunciamiento y no logra vincular las confusas manifestaciones vertidas en el recurso -descontextualizadas incluso de las constancias de la causa- con las concretas circunstancias debatidas y probadas en autos sobre las cuales el juzgador estructuró su razonamiento para determinar que los actos administrativos emanados del Estado provincial que establecieron la aplicación de descuentos salariales a los trabajadores de la Administración Pública con motivo del ejercicio del derecho de huelga, y que fueran cuestionados por el interesado, no eran inconstitucionales ni representaban un comportamiento antisindical en los términos de la ley 23.551.
De este modo, las alegaciones traídas resultan por completo insuficientes para atacar de modo frontal, concreto y eficaz las motivaciones centrales del fallo, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 94.850, "Vargas", sent. de 3-III-2010; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014 y L. 119.096, "Centurión", sent. de 5-IV-2017).
III.2.b. Luego, tampoco consigue rebatir la definición que consideró no demostrados los denunciados incumplimientos por parte del Estado empleador de los acuerdos colectivos invocados que justificarían, a criterio del recurrente, la medida de huelga adoptada.
Como se anticipó, y surge del relato de los antecedentes expuesto en el primer punto de este voto, el a quo -en ejercicio de sus facultades privativas, tras el análisis de los escritos constitutivos de la litis y del material probatorio aportado por las partes- juzgó que el accionante no había logrado acreditar tales eventuales incumplimientos atribuidos al demandado ni que éstos pudieran tener entidad suficiente como para justificar la retención de tareas por parte de los trabajadores representados por la ATE.
El embate del recurrente está dirigido esencialmente a ratificar su convicción en torno a la existencia de tales incumplimientos. En efecto, aunque con un alcance más amplio que el desplegado en el escrito de inicio de estas actuaciones, insiste en denunciar las faltas imputadas al Estado provincial que, a su entender, justificaron la medida adoptada.
En ese cometido, se desentiende de la línea reflexiva y de la apreciación en conciencia que llevó a los magistrados a la solución expuesta en el pronunciamiento, y tan solo intenta un nuevo análisis d
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.