Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121809
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.809, "Bontempi, José María y otro contra Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, de Lázzari, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 414/440 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 446/461).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por José María Bontempi y Carlos Bordón contra Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. y condenó a esta última al pago de indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso, recargo previsto en el art. 2 de la ley 25.323, salarios devengados desde el momento de la extinción de la relación de trabajo hasta la finalización del período adicional de protección de su estabilidad sindical (arts. 48 y 52, ley 23.551) y resarcimiento del daño moral (art. 1, ley 23.592; v. fs. 414/440 vta.).
Resolvió de ese modo, pues juzgó acreditado que la rescisión de los contratos de trabajo dispuesta por la empleadora el día 30 de marzo de 2009 había sido injustificada. En ese sentido, puntualizó que esta última no había acreditado las causales invocadas en la comunicación extintiva ni que éstas obedecieran a motivos ajenos a la actividad gremial de los actores y, a la par, consideró verificada una serie de indicios que demostraba que los despidos habían sido motivados precisamente por el desarrollo de la actividad sindical de los accionantes en el marco de un conflicto colectivo ocurrido dentro de la empresa.
Expresó que, si bien el análisis de las causales imputadas por la patronal refería a puntuales sucesos acaecidos durante la ocupación de la planta industrial de la empresa el día 18 de febrero de 2008, no podía desconocerse que dicho episodio resultó ser el desenlace de un extenso y grave conflicto que tuvo inicio entre marzo y abril de 2007. Destacó -como se anticipó- que la demandada no había logrado demostrar las razones invocadas, en particular, la alegada participación activa de los demandantes en la ocupación de la planta, con expulsión de las autoridades de la firma y del personal de seguridad e impidiendo el intento de un posterior ingreso.
Señaló que la actitud de los actores, por el contrario, en el escenario de un delicado y extenso conflicto colectivo que afectaba la actividad, lejos de calificarse como "irracional" o "desproporcionada" debía inscribirse como una conducta propia del rol de "apoyo" que le encomendaran, en su condición de delegados, aquellos trabajadores despedidos y suspendidos autoconvocados que permanecían exteriorizando el conflicto en las inmediaciones del establecimiento, con puntual concentración en el portón de ingreso.
Por ello, concluyó que la extinción instrumentada con retroactividad a los hechos del 18 de febrero de 2008 debía reputarse discriminatoria por el accionar sindical que desempeñaban los trabajadores.
Destacó también que tal decisión había sido prematura pues si bien la empleadora había requerido la exclusión de la tutela sindical ante el tribunal de trabajo n° 5 de La Plata, luego pidió que la cuestión se declarara abstracta y despidió a los actores dentro del año de estabilidad posterior a la finalización del mandato.
En ese sentido, explicó que la demandada comunicó los despidos el día 30 de marzo de 2009 por entender que en esa fecha había fenecido la garantía establecida en el art. 48 de la ley 23.551 de la cual gozaban los reclamantes, pues había transcurrido un año desde que la asamblea extraordinaria de los trabajadores de MAFISSA convocada por el Consejo Directivo de la Asociación Obrera Textil (el día 28 de marzo de 2008) había resuelto revocar el mandato gremial de la totalidad de la comisión interna de la empresa, integrada -entre otros - por los actores cuyos mandatos se extendían desde septiembre de 2006 hasta septiembre de 2008.
Sin embargo indicó, en lo que interesa, que en la causa en la que tramitaba el pedido de exclusión de tutela sindical, los magistrados habían descartado declarar abstracto el proceso -tal como lo había pedido la empleadora- por entender que la decisión de la asamblea que había revocado los mandatos no se encontraba firme toda vez que los trabajadores la habían impugnado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y que dicha situación, por lo tanto, no resultaba ajena a MAFISSA.
Finalmente, declaró procedente la reparación del daño moral -requerida en modo adicional a la tarifa del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo- derivada del acto ilícito y discriminatorio padecido (arts. 1, ley 23.592, 14 bis y 75 inc. 22, Const. nac.).
Para así decidir, entendiendo verificados en el caso los indicios que tornaron razonable la presunción del carácter discriminatorio y antisindical del despido de los accionantes, concluyó que la accionada no había logrado demostrar que la decisión rupturista hubiese estado sustentada en causas objetivas y justificadas, ajenas a toda motivación discriminatoria. En consecuencia, entendió que los despidos debían ser calificados como discriminatorios en los términos del art. 1 de la ley 23.592 que juzgó aplicable al caso.
En ese contexto, aclarando que los actores no reclamaron la reincorporación en el puesto de trabajo, sino la reparación plena del daño moral, hizo lugar a ese pedido pues juzgó que, por las circunstancias acreditadas, los despidos habían provocado en los trabajadores un sentimiento de angustia e impotencia que derivó en un daño espiritual que debía ser restañado por el responsable del acto ilícito.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia errónea aplicación de los arts. 48 a 52 de la ley 23.551; 1 de la ley 23.592 y 2 de la ley 25.323 y absurdo (v. fs. 446/461).
II.1. Cuestiona la definición del tribunal de grado que determinó que al momento de la extinción del contrato de trabajo los actores se encontraban amparados por la tutela gremial que establece el art. 48 de la ley 23.551.
En concreto, alega que la decisión del tribunal es absurda y conduce a una errónea aplicación de la protección establecida en los arts. 48 a 52 de la ley 23.551 pues, la revocación del mandato de los actores como delegados dispuesta en la asamblea de trabajadores de MAFISSA celebrada el 28 de marzo de 2008 y el transcurso del año posterior -a partir de esa fecha- implicaron el cese de la tutela gremial. En consecuencia -expresa- al momento de la extinción de la relación laboral, el 30 de marzo de 2009, los trabajadores ya no gozaban de dicha garantía.
Afirma que la decisión de aquella asamblea produjo todos sus efectos en forma inmediata y "no perdió nunca la firmeza" que tuvo desde el momento de la votación. Manifiesta que, más allá de las objeciones que los actores pudieron haber planteado, en concreto, no surge de prueba alguna que lo resuelto hubiera sido invalidado por decisión administrativa o judicial o suspendido como resultado de la interposición de una medida cautelar.
En esa inteligencia, aclara que el pedido de cese de tutela oportunamente presentado en sede judicial, se había tornado abstracto, siendo innecesario e inútil continuar un trámite cuyo objeto era lograr que "cesara lo que ya había cesado".
II.2. Sin perjuicio de lo expuesto en el punto anterior, se agravia por la admisión en forma conjunta del progreso de las indemnizaciones previstas en los arts. 52 de la ley 23.551 y 1 de la ley 23.592. Denuncia que lo resuelto transgrede el principio non bis in idem al imponer dos sanciones a un mismo hecho.
Sostiene que la ley 23.592 no es complementaria ni ampliatoria de la ley 23.551 y que ambos ordenamientos están previstos para amparar situaciones distintas. Por lo tanto -afirma- los trabajadores, eventualmente, podrían encontrar resguardo en uno u otro ordenamiento, pero no en ambos a la vez.
II.3. A la par, cuestiona la decisión del a quo al aplicar la ley 23.592.
Alega que, si bien en la demanda los actores denunciaron la existencia de despidos discriminatorios, no fundaron su reclamo en el marco de dicho ordenamiento, sino sólo en la ley 23.551 en el entendimiento que se encontraban amparados por la tutela gremial al momento de la disolución del vínculo. En consecuencia -sostiene- la decisión del tribunal de origen transgredió el principio de congruencia pues se valió de un régimen que se encontraba excluido por la ley específica (23.551), cuya aplicación sí había sido reclamada en el escrito de inicio.
En apoyo de su tesis, afirma que la ley 23.592 sanciona al acto prohibido (despido) con la nulidad y que la indemnización allí prevista es una consecuencia de tal anulación que debe ser expresamente pedida por el interesado y que, en el caso, los actores no solicitaron. Por el contrario, "despreciaron" el mecanismo previsto al no requerir su reinstalación.
II.4. Cuestiona la calificación de los despidos como actos discriminatorios.
Afirma que tal decisión es absurda pues los actores fueron despedidos por las razones expuestas en los despachos rescisorios y en virtud del desconocimiento que hicieron de la autoridad patronal a través de su participación en los graves acontecimientos ocurridos en la empresa -que describe extensamente- que les fueron reprochados y resultaron acreditados.
En sustancia, sostiene que el tribunal se desentendió de tales sucesos e interpretó lo ocurrido de modo capcioso, abordando el conflicto de manera parcial y equivocada, transgrediendo de ese modo el principio establecido en el art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial.
II.5. Subsidiariamente, se agravia del importe determinado en concepto de indemnización por daño moral por resultar exorbitante.
Denuncia que este aspecto de la sentencia está viciado por absurdo y que el a quo nuevamente transgredió la regla de la congruencia (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC). En ese orden, alega que el juzgador no explicó las razones por las cuales estableció la cifra cuestionada que -indica- no guarda consonancia con los salarios percibidos por los trabajadores ni refiere a sus eventuales circunstancias personales, y para más, resultó ser considerablemente más elevada que la pretendida por éstos, apartándose injustificadamente del reclamado en la demanda.
II.6. Finalmente, invocando violación de doctrina legal que cita, cuestiona la procedencia del recargo indemnizatorio establecido en el art. 2 de la ley 25.323.
Esencialmente, afirma que los trabajadores intimaron el pago de la referida indemnización pasada largamente la fecha en que había sido comunicado el despido, desnaturalizando de ese modo el sentido de la ley. Argumenta que tal conducta equivale a considerar ausente el requisito de la intimación previa establecido en la norma que -explica- debe ser contemporánea al despido.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde recordar que este Tribunal ha expresado reiteradamente que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (causas L. 116.571, "Pastrán Contrera", resol. de 21-VI-2012; L. 117.189, "White", resol. de 17-IV-2013; C. 121.592, "Hernández", resol. de 28-VI-2017 y L. 120.605, "Altuzarra", resol. de 13-IX-2017).
Luego, se impone señalar, que la interesada no ha cumplido con la carga de demostrar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia (en el caso, tratándose de un litisconsorcio activo facultativo, los rubros de condena individualmente determinados a favor de cada uno de los actores que constituyen materia de agravio) alcance el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010, Ac. 3.869/17).
En efecto, sin perjuicio de los términos en que fuera concedido por el a quo el recurso bajo examen, se observa que nada dijo la impugnante en torno al valor del litigio ante esta instancia tendiente a cumplir con dicho requisito de admisibilidad; por ello, toda vez que no corresponde a esta Corte indagar acerca de los guarismos que arroja el pronunciamiento a fin de suplir esa falencia, abordaré el recurso en el marco de la vía que establece el art. 55 primera parte in fine de la ley 11.653.
Al respecto, corresponde recordar que este Tribunal ha declarado expresamente -en el mismo sentido- que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el imperativo de acreditar que la cuantía económica de los agravios excede el mínimo fijado por la ley como recaudo de admisibilidad (causas L. 96.737, "Coccioli", sent. de 1-X-2008; L. 100.098, "Olazar", sent. de 3-III-2010; L. 101.498, "Speranza", sent. de 3-X-2010; L. 115.072, "Cipolletti", sent. de 28-VIII-2013; L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014 y L. 120.774, "Mansilla", sent. de 4-IX-2019; e.o.).
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando ésta ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018 y L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019).
III.2. Bajo tales premisas, no se observa configurada la señalada hipótesis de excepción.
III.2.a. La crítica orientada a rebatir las conclusiones de los magistrados de origen, en cuanto juzgaron aplicables al caso las previsiones de las leyes 23.551 y 23.592 -desarrollada en los tres primeros apartados del punto II-, no luce apta para lograr la apertura de esta sede casatoria en el acotado ámbito de excepción examinado.
Ello así, pues la impugnante no ha denunciado la eventual vulneración de doctrina legal de esta Suprema Corte en relación a los cuestionamientos desplegados, presupuesto inicial y esencial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la excepcional hipótesis habilitante prevista en el citado art. 55 primer párrafo in fine del régimen adjetivo laboral (causas L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013; L. 110.768, "Guzmán", sent. de 7-VIII-2013 y L. 108.167, "Guevara Velázquez", sent. de 12-III-2014).
Es oportuno recordar, además, que la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte y no de los fallos de otros tribunales o la doctrina de los autores (causas L. 96.241, "Montoya", sent. de 9-V-2012; L. 114.396, "Navarro", sent. de 25-V- 2013 y L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015).
III.2.b. Luego, el planteo formulado en el recurso que exhibe la particular opinión de la recurrente respecto al modo en que en el pronunciamiento impugnado se ponderaron determinadas cuestiones que, a juicio del sentenciante, revelaron el carácter discriminatorio del distracto, indudablemente remite a la evaluación de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, que resultan ajenas al supuesto que recepta la ley ritual.
Por lo demás, y a propósito de los argumentos de la impugnante mediante los cuales intenta poner a consideración de este Tribunal cuestiones vinculadas a la supuesta violación del principio de congruencia, cabe recordar que tal asunto se encuentra detraído de revisión en el acotado marco de conocimiento por el que transita la impugnación (causas L. 95.733, "Mouzo", sent. de 30-III-2011; L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012 y L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018).
III.2.c. Tampoco es atendible el cuestionamiento con relación a la cuantificación de la indemnización concerniente al daño moral, pues, además de carecer de toda denuncia orientada a evidenciar la eventual transgresión de doctrina legal vinculada al agravio que expone, remite -nuevamente- a un tópico extraño a la hipótesis habilitante antes mencionada (causas L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012; L. 117.121, "Carnevale", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.589, "Carnevale", sent. de 27-XII-2017).
III.2.d. Por último, no es admisible el planteo vinculado al incremento previsto en el art. 2 de la ley 25.323 que el a quo declaró procedente.
Si bien la interesada individualiza la doctrina que alega vulnerada proveniente de las causas que indica, no desarrolla argumentos idóneos tendientes a demostrar de qué modo el juzgador se habría apartado de las directrices que se desprenden de los precedentes invocados, observándose, por lo demás, que los presupuestos sobre los cuales se elaboró la jurisprudencia que se denuncia violada no guardan similitud con los del caso en examen (causas L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015; L. 118.756, "Stalldeker", sent. de 12-IV-2017 y L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018).
IV. Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Coincido con el doctor Genoud en cuanto indica que el recurso deducido sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653; aunque por fundamentos distintos a los expuestos por mi colega.
En efecto, tratándose de un litisconsorcio activo facultativo, a los fines de establecer el monto del juicio en relación a la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el valor de lo cuestionado se encuentra representado para la demandada -como señala el ponente- por los rubros de condena que constituyen materia de agravio en esta sede extraordinaria, cuyos montos individualmente determinados a favor de cada uno de los actores en ningún caso supera el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (ley 14.141, Ac. 3869/17; causas L. 109.747, "Setau", resol. de 29-XII-2009; L. 110.532, "Velásquez", resol. de 5-V-2010 y L. 116.760, "S.A.D.O.P.", resol. de 26-IX-2012).
Luego, no comparto la apreciación del colega en cuanto entiende que -en el caso- la interesada no ha cumplido con la carga de demostrar el valor de lo cuestionado ante esta instancia, desde que dicho importe surge del mismo pronunciamiento.
Consecuentemente, la función revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015; L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017 y L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019).
I.2. Bajo tales premisas, considero -como el ponente- que en la especie no se verifica la mencionada hipótesis.
A tal efecto, adhiero a la propuesta formulada por el doctor Genoud, a excepción de lo indicado en el último párrafo del punto III.2.b. y en el punto III.2.c.
Ello, toda vez que con relación a la denunciada violación del principio de congruen
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.