Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120565
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.565, "Córdoba, Mónica Inés contra Provincia ART S.A. Diferencia indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 91/98).
Se interpuso, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 105/118 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen -en lo que aquí interesa por constituir materia de agravio- hizo lugar a la demanda promovida por Mónica Inés Córdoba contra Provincia ART S.A. y condenó a esta a abonar la suma de dinero que indicó en concepto de diferencias vinculadas con la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15-, con más el índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE, art. 17 apdo. 6) y la indemnización de pago único (art. 3) previstos en la ley 26.773.
En este sentido, previa declaración de la cuestión como de puro derecho (v. fs. 78 y vta.), el a quo evaluó que el día 19 de abril de 2013 la actora sufrió un accidente por el cual la Comisión Médica de Junín le otorgó un 23,5% de incapacidad del índice de la total obrera (13 de agosto de 2015; v. sent., fs. 91).
Seguidamente, consideró que no obstante lo ya abonado por la demandada ($97.979,26, según resolución de la Secretaría de Seguridad Social 34/13), correspondía evaluar la pretensión deducida conforme la norma vigente al momento del pago (indicó: 30 de julio de 2015). A partir de ello, concluyó que resultaba aplicable al caso la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15 y que, conforme el "piso" indemnizatorio establecido en esta, la prestación no podía ser inferior a $167.666,86. A dicho valor, adicionó -además- el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 (es decir, $33.533,37).
A la suma resultante dispuso "agregarle" el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente (abril 2013) y la correspondiente al momento del pago parcial (julio 2015); arribando a un coeficiente de 1,9 por el que multiplicó el monto antes señalado, obteniendo un total de $382.280,43 (v. sent., fs. 94 vta.).
Finalmente, dispuso descontar lo ya abonado por la aseguradora ($97.979,26), y luego, fijar los intereses conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" desde la fecha del evento dañoso (19 de abril de 2013) hasta su efectivo pago (v. fs. cit.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia violación de los arts. 16 del decreto 1.694/09; 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 3, 21, 622, 656 segunda parte, 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil; ley 25.561; y de la doctrina legal que cita; y errónea aplicación del art. 14 de la ley 24.557; 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; y resoluciones 414/99 y 6/15 (v. fs. 105/118 vta.).
II.1. Cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la ley 26.773, declarándose la inconstitucionalidad de su art. 17 apartado 5.
Sostiene, en lo esencial, que toda vez que el infortunio sufrido por la trabajadora acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 3 del Código Civil (art. 7, Cód. Civ. y Com.) y afecta el derecho de propiedad consagrado en la Constitución nacional.
Manifiesta que del art. 17 apartado 5 de la citada ley se desprende que su aplicación se proyecta respecto de aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir del 26 de octubre de 2012, esto es, la fecha de entrada en vigor de la normativa.
Sostiene, en lo esencial, que el ámbito de aplicación temporal de las normas atinentes a los riesgos laborales se define por el momento en que se produce el evento dañoso. En ese sentido, denuncia vulnerada la doctrina de este Tribunal sentada en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (v. rec., fs. 108/110).
Objeta la declaración oficiosa de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, toda vez que la actora no lo solicitó en su escrito de demanda, por lo que considera que el sentenciante transgredió el principio de congruencia.
II.2. En otro orden, cuestiona que el juzgador no haya tratado la objeción planteada al contestar la demanda referida a la aplicación del art. 3 de la ley 26.773.
II.3. Luego, señala que el a quo interpretó erróneamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, así como el art. 17 del decreto 472/14, que establecen que el RIPTE se utiliza para actualizar únicamente las prestaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos del art. 14 de la ley 24.557, pero de ningún modo debe aplicarse -como lo hizo el tribunal de origen- a fórmulas que ya contienen mínimos actualizados, pues, caso contrario, dicho coeficiente se utilizaría dos veces sobre el mismo monto.
Resalta que las reglas en juego no suponen, en modo alguno, un mecanismo de actualización de deudas ni de indexación de las indemnizaciones pendientes de pago, como resultaría de la modalidad empleada por el tribunal.
II.4. Critica la parcela del fallo por la que se la condena a abonar intereses conforme la tasa pasiva denominada "digital".
Afirma que lo resuelto no se ajusta a la doctrina legal que emerge de los precedentes L. 94.446, "Ginossi", C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), entre otros.
II.5. Controvierte que le hayan impuesto las costas, en tanto -sostiene- su parte cumplió con el pago de la indemnización correspondiente conforme la normativa aplicable al momento del infortunio laboral.
III. El recurso admite una procedencia parcial.
III.1.a. No es de recibo el argumento del recurrente por el cual objeta la aplicación de la ley 26.773, afirmando que en el caso se trata, de un hecho ocurrido en el mes de agosto de 2009 (v. fs. 108 vta.).
Ello solo constituye una mera manifestación subjetiva que contrasta con la posición asumida por la accionada al contestar la demanda (v. fs. 52/53), donde, además de reconocer haber abonado a la trabajadora la prestación indemnizatoria a partir de lo establecido en la mentada ley -y según resolución de la Secretaría de Seguridad Social 34/13-, afirmó que el accidente aconteció el día 19 de abril de 2013, expresiones que llevaron al tribunal de grado a juzgar que no había sido motivo de controversia que el infortunio había tenido lugar en esta última fecha.
III.1.b. Sentado ello, de conformidad con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016; invocada por la propia quejosa), donde se señaló que en lo que respecta a su ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773, ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo solo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, ha de concluirse que sus disposiciones son aplicables al caso, luciendo inocua la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el a quo , sin perjuicio de encontrarse estructurada en torno a argumentos cuestionados por este Tribunal en casos análogos (ver causa L. 119.371, "Bustamante", sent. de 14-II-2018; e.o.).
A tenor de lo hasta aquí señalado, y -reitero- teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral se encontraba vigente la ley 26.773, corresponde rechazar, en este aspecto, las críticas traídas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en estudio.
III.2. Tampoco es de recibo el planteo en el cual la recurrente afirma que el tribunal no trató la oponibilidad a la aplicación del art. 3 de la ley 26.773 formulada al contestar la demanda, en tanto -como es sabido- resultan ajenas al ámbito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -y propias del de nulidad- las cuestiones referidas a la omisión de tratamiento de planteos oportunamente introducidos por las partes (causas L. 99.604, "Hoffstetter", sent. de 14-VII-2010; L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014; L. 117.025, "Q., J.A.", sent. de 4-III-2015; e.o.).
III.3. Luego, acierta la recurrente en cuanto alega violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, agraviándose del modo en que el a quo dispuso la aplicación del índice RIPTE.
Como lo sostuve al dar mi opinión en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), en criterio que conformó la doctrina allí establecida, el examen conjunto de las normas que integran el sector del ordenamiento jurídico laboral que regula la materia objeto de este litigio, indica que el índice RIPTE ha de aplicarse a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones previstas en los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que alude el art. 11 apartado 4 de esta última ley; y a la base de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 para los casos de muerte o incapacidad total.
Tal conclusión encuentra fundamento en las reglas previstas en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, en las resoluciones 34/13 y 3/14 -en una línea que continúa con la resolución 6/15- dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le encomendó expresamente la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias (art. 8, ley 26.773) y, finalmente, en el decreto 472/14 del Poder Ejecutivo nacional, reglamentario del citado "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".
Adicionalmente, cabe señalar que el criterio expuesto se condice con el adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 8°, últ. párr.).
En este marco, le asiste razón a la impugnante cuando afirma que el tribunal aplicó erróneamente el mentado índice sobre un "piso" que ya se encontraba ajustado. Lo decidido al respecto ha de ser revocado, debiendo volver los autos a la instancia para que el tribunal dicte un nuevo pronunciamiento analizando la defensa esgrimida por la aseguradora de riesgos demandada en orden al pago oportunamente efectuado.
III.4. Sin perjuicio que lo expuesto podría llevar a considerar inoficioso analizar el tópico, cabe decir que lo señalado por la impugnante en torno a la tasa de interés no luce acertado.
Es que, en definitiva, la tasa cuestionada (la pasiva en su variante denominada "digital", la más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires) concuerda con aquélla que emerge de los lineamientos sentados por este Tribunal -entre otras- en las causas L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016 y L. 118.858, "Pincini", sentencia de 26-X-2016.
Para más, tampoco se suscita en la especie el presupuesto fáctico que torna aplicable la doctrina sentada en las causas C. 120.536, "Vera", sentencia de 18-III-2018 y C. 121.134, "Nidera", sentencia de 3-V-2018, en orden a la necesidad de aplicar una tasa de interés puro en aquellas hipótesis donde la indemnización se ha estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito.
III.5. Finalmente, y a tenor de lo aquí resuelto, no corresponde tratar el agravio vinculado con las costas.
IV. Por lo expuesto, debe hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo que aquí se ha decidido, atendiendo la defensa esgrimida por la demandada en orden al pago oportunamente efectuado.
Las costas se imponen por su orden, en atención al modo en que se resuelve el recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance expuesto, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso debe prosperar parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. A la vez, atento a que el infortunio ocurrió durante la vigencia de la ley 26.773 (19 de abril de 2013), suscribo las consideraciones formuladas en su punto III.3., con sustento en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017).
I.3. En cambio, entiendo que debe prosperar el embate contra la tasa de interés que hubo de fijar el tribunal de grado al capital de condena.
I.3.a. Como se dijo, el a quo dispuso que dichos accesorios debían liquidarse desde la fecha del evento dañoso, conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia".
I.3.b. En su recurso, la impugnante denuncia vulnerada la doctrina sentada por esta Corte en las causas L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), entre varias.
I.3.c. Al respecto, importando la aplicación de la ley 26.773 una actualización de los montos de condena, he de resolver el agravio conforme lo dicho en la causa L. 119.593, "Gaveglio" (sent. de 11-III-2020; e.o.).
I.3.c.i. En el caso bajo análisis se ha aplicado la tasa pasiva "digital" para calcular los intereses a devengar por un monto de condena cuya cuantía ha sido calculada por aplicación de las disposiciones de la ley 26.773, por lo que, entiendo, ese aspecto del fallo debe modificarse. Para justificar tal propuesta debo hacer un poco de historia.
I.3.c.ii. Hace más de cuarenta años, distintos tribunales de nuestro país empezaron a hacer lugar a los reclamos por el reajuste de créditos por sumas de dinero por aplicación de diferentes índices y siempre que hubiera mora del deudor (CSJN, "Fernández (s/Suc) c/Prov. Bs. As. s/cobro de alquileres", "Camusso de Marino c/Perkins S.A.", y "Valdez, J.R. s/Gobierno Nacional", sents. de 23-IX-1976; SCBA, causa Ac. 23.038, "Más", sent. de 21-VI-1977; la Cámara Nacional Civil, en acuerdo plenario dictado el 9-IX-1977 en la causa "La Amistad S.R.L. c/Iriarte, Roberto", por citar las más conspicuas). Se aclaró, sin embargo, que una vez reajustado el capital en virtud de la depreciación del signo monetario, la tasa a la que debían calcularse los intereses que tales deudas producirían debía ser una tasa pura, que oscilaba entre el 6% y el 8% anual.
Tal tendencia se mantuvo a partir del año 1984, reiterando tanto la Corte federal ("E.N.Tel. c/Prov. de Neuquén", sent. de 13-XII-1984) como este Tribunal (causa B. 49.062, "Nardini", sent. de 30-X-1984), la procedencia del reajuste en caso de mora del deudor, y la fijación de un interés puro que se generalizó en el 6% anual.
La ley 23.928 (la llamada Ley de Convertibilidad), en su art. 8, prohibió toda forma de reajuste, indexación o repotenciación de deudas, hubiera o no mora del deudor, a partir del 1 de abril de 1991. Ello no impidió que sentencias posteriores a esa época, donde se resolvían casos antiguos, reconocieran la actualización monetaria hasta tal fecha, y adicionaran un interés calculado a la tasa del 6% anual (pueden verse mis votos en las causas Ac. 85.796, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-VIII-2004 y C. 99.066, "Blanco de Vicente", sent. de 11-V-2011, en los que tuve la compañía de mis distinguidos colegas).
I.3.c.iii. Esta reseña no ha tenido otro fin que demostrar que los precedentes más reconocidos (algunos de los cuales aún conforman la doctrina legal de este cuerpo) establecen que, en caso de autorizarse la actualización de una deuda por aplicación de cualquiera sea el índice corrector, los intereses a devengarse no pueden ser ya calculados a las tasas bancarias oficiales, sino que deben serlo a una tasa pura. Esta tasa pura es la que resarce exclusivamente la indisponibilidad del capital y no contiene ningún otro componente o prima compensatoria por variables tales como la inflación, el riesgo crediticio, los gastos operativos, etcétera.
Pues bien: si -como queda establecido en el capítulo anterior- hemos de reconocer la posibilidad de aplicar a casos como el de autos las previsiones de la ley 26.773 en tanto esta autoriza a "ajustar" (término usado en el art. 8 de la misma) o "actualizar" (en los distintos apartados de su art. 17) las sumas adeudadas, no podemos apartarnos de la línea jurisprudencial anotada y ello no solo por la regla de sujeción al precedente sino por la ínsita equidad que ella entraña. Esto porque "actualizar", para la Real Academia Española, quiere decir (segunda acepción) "poner al día datos, normas, precios, rentas, salarios, etc.", siendo sinónimo contextuado de "ajustar" o "reajustar", mientras que "indexar" se usa para significar la relación ordenada de datos o informes con la finalidad de elaborar un índice (y tiene su origen en el oprobioso Index Librorum Prohibitorum de la Inquisición española).
De allí que, debiendo utilizarse las variaciones del índice RIPTE para ajustar -durante el lapso que va desde el hecho dañoso hasta el pago insuficiente- el monto de la base indemnizatoria, proponga que la tasa para el cálculo de los intereses devengados por el capital -durante tal período- sea del 6% anual.
I.4. Finalmente, comparto lo expuesto en el punto III.5. del sufragio inaugural.
II. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con el alcance indicado y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada con el alcance aquí establecido.
La causa deberá volver al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor Soria en los puntos III.1. y III.3. de su exposición.
Al amparo de las directrices que emanan de los precedentes L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 y L. 118.532, "Godon", sentencia de 5-IV-2017 -citados por el colega ponente- corresponde casar la reparación mensurada y sus consecuentes acrecidos.
Luego, no mediando controversia sobre los extremos fácticos del reclamo instaurado (fecha y circunstancias del infortunio, grado de incapacidad, cobro de la indemnización por incapacidad parcial y permanente) a tenor de las constancias obrantes en autos y lo resuelto por el tribunal actuante (conf. dictamen de la Comisión Médica de fs. 10/14, constancia de fs. 29, resolución de fs. 78 y vta.), el nu
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