Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120576
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de nulidad incoado y se anula el veredicto de fs. 595/600 y la sentencia de fs. 601/607. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Asimismo, también por mayoría, se formula requerimiento a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo actuante en los términos establecidos en el punto III.3. del voto emitido en primer término.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.576, "Pérez, Juan Aníbal contra Molino Guglielmetti S.A.C.I.A. y otra. Indemnización por accidente enfermedad de trabajo y otros", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Pettigiani, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, por mayoría, rechazó la acción instaurada, con costas a la vencida (v. fs. 595/607).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 631/655).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 666/667), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa señalar, el tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por Juan Aníbal Pérez contra Molino Guglielmetti S.A.C.I.A. y Mapfre Argentina ART S.A. en cuanto perseguía -con sustento en los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil velezano- la reparación integral de los daños y perjuicios derivados del infortunio laboral que aquél padeciera el día 28 de mayo de 2009 (v. fs. 595/607).
Con apoyo en las pruebas producidas en la causa, el a quo , luego de juzgar verificado que la dolencia lumbar denunciada por el trabajador se relacionaba con una patología preexistente -hernia discal- hallada en el examen preocupacional, concluyó que no existía nexo de causalidad o concausalidad entre el evento dañoso y la minusvalía padecida (v. vered., fs. 596 vta. y 597).
A partir de lo resuelto en el veredicto, el sentenciante -en lo medular de su pronunciamiento- descartó que, en el caso, se encontrara configurada la responsabilidad de los demandados en los términos del Código Civil (v. sent., fs. 601/607).
II. En su recurso extraordinario de nulidad, la parte actora denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 633 vta./635).
II.1. En primer lugar, alega que en el fallo de grado no se ha observado el recaudo de la concurrencia de mayoría de opiniones que impone el citado precepto constitucional respecto de la existencia de responsabilidad objetiva derivada del riesgo creado por la cosa y la actividad en el caso.
Afirma que el voto en primer término efectuado por el doctor Taraborelli abordó dicha cuestión, pero no el de los otros dos magistrados integrantes del mismo órgano interviniente, quienes directamente se limitaron a resolver la responsabilidad subjetiva.
II.2. Por otro lado, denuncia que el tribunal de origen omitió expedirse sobre una cuestión esencial, cual es la indemnización por enfermedad laboral. Sostiene que del objeto de la demanda se advierte que el reclamo era la reparación por "accidente-enfermedad del trabajo", siendo solamente tratado el primero.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 666/667, estimo que el recurso extraordinario de nulidad debe ser acogido.
III.1. Dable es recordar que dicho remedio sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 79.789, "Olivera", sent. de 10-VIII-2005; L. 84.064, "Decile", sent. de 22-III-2006; L. 83.016, "Ardiles", sent. de 15-XI-2006 y L. 89.528, "Maldonado", sent. de 23-VII-2008; e.o.). Esta última circunstancia ocurre en el caso bajo examen y justifica la solución que aquí se propone.
III.2. En efecto, ello es así por cuanto el fallo carece de conclusiones hábiles sobre presupuestos esenciales de la litis vinculados con la viabilidad de las pretensiones deducidas, defecto que lo descalifica como acto jurisdiccional válido, en tanto al pronunciarse sobre la determinación de responsabilidad objetiva de la demandada, la respuesta dada por el tribunal se presenta como una hipótesis excluyente de la necesaria mayoría de opiniones de los miembros votantes, exigida por los arts. 44 inc. "f" de la ley 11.653 y 168 de la Constitución provincial (causas L. 87.546, "Kalcich", sent. de 29-VIII-2007; L. 100.658, "Ciotti", sent. de 7-VII-2010 y L. 107.395, "Sueyro", sent. de 25-IV-2012; e.o.).
III.2.a. En lo que resulta de interés para resolver el punto, cabe destacar que en la sentencia, al momento de resolver acerca de la existencia o no de la responsabilidad objetiva de la parte demandada, el juez Taraborelli -quien votó en primer término- propuso su rechazo conforme lo resuelto en las cuestiones tercera y cuarta del veredicto, donde se determinó el grado de incapacidad del trabajador y la ausencia de relación causal entre el accidente de trabajo y el daño padecido (v. sent., fs. 602 y vta.).
A su turno, el magistrado que emitió su voto en segundo orden (doctor Caimani), sin hacer referencia alguna sobre el referido tópico, disintió con el sufragio antecedente en lo relativo a la responsabilidad subjetiva, por cuanto -a diferencia de su colega-, juzgó que correspondía rechazarla (v. sent., fs. 605 y vta.).
Finalmente, el tercer juez en el orden de votación (doctor Fernández) manifestó su adhesión a la opinión expresada por el magistrado Caimani (v. sent., fs. 605 vta.).
III.2.b. En ese marco, es sencillo advertir que -tal como quedó expuesto- el pronunciamiento impugnado carece de la imprescindible mayoría de opiniones respecto de una cuestión esencial como lo es la existencia o no de la responsabilidad objetiva.
Ante ello, es dable concluir que tal anomalía configura una violación de lo preceptuado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que requiere el juicio individual de cada uno de los jueces intervinientes, desde que las decisiones deberán adoptarse por mayoría de opiniones expuestas en los votos de los tres integrantes del Tribunal de Trabajo (art. 44 incs. "d", "e" y "f", ley 11.653), ya que la coincidencia o discrepancia de los magistrados en los tribunales colegiados del fuero laboral no puede establecerse por vía de implicancias (causas L. 89.252, "Cintora", sent. de 15-II-2006 y L. 84.401, "Bautista", sent. de 26-VIII-2009).
En el caso, entonces, el a quo incumplió con la exigencia contenida en el precepto constitucional indicado, omisión que no puede ser subsanada por la sola circunstancia de que los integrantes del tribunal rubricaran con sus respectivas firmas el final del acuerdo y la parte dispositiva de la sentencia, ni tampoco con la certificación del actuario, atento a que la exigencia constitucional se encuentra directamente dirigida a los jueces, obligación que no resulta delegable en ningún otro funcionario (causas L. 64.392, "Salvatore Care", sent. de 1-VII-1997; L. 74.704, "Pérez", sent. de 19-III-2003 y L. 90.023, "Coria", sent. de 11-X-2006; e.o.).
III.3. Finalmente, convencido de que la nulidad que conllevan este tipo de infracciones no resulta gratuita para los justiciables, al prolongar más allá de lo razonable los procesos judiciales, me veo en la obligación de requerir a los jueces del Tribunal de Trabajo interviniente extremo celo en el cumplimiento de los requisitos formales, constitucional y legalmente exigibles, en los pronunciamientos y decisiones que de aquí en adelante emita el órgano jurisdiccional que integran.
III.4. La solución a la que arribo me releva de pronunciarme del restante agravio traído ante esta sede casatoria.
IV. Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y anular el veredicto de fs. 595/600 y la sentencia de fs. 601/607.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la primera cuestión también por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso extraordinario de nulidad traído debe ser desestimado, pues sus agravios no lucen idóneos para evidenciar las supuestas incorreciones que en él se denuncian con fundamento en el art. 168 de la Constitución provincial.
I.1. Surge de la sentencia impugnada que en el sufragio emitido por el juez Caimani -al que adhirió su colega Fernández-, sin efectuarse distinción alguna en orden a los factores de atribución de la responsabilidad, se concluyó que la pretensión no podía ser acogida en tanto fundado el daño sufrido por el trabajador en ciertos padecimientos que le habría generado su incapacidad, no se había acreditado que ésta resultara "atribuible directa o indirectamente al trabajo" (v. fs. 605 y vta.).
Con tal definición, evidentemente el tribunal de grado -en su opinión mayoritaria- pudo descartar por falta de prueba la concurrencia en el caso de la relación o nexo de causalidad, entendida como presupuesto común de la responsabilidad civil.
Luego, no evidencia el recurrente que en el pronunciamiento se haya soslayado abordar "la existencia de la responsabilidad objetiva" (v. fs. 633 vta.) resolviéndose únicamente sobre la subjetiva.
I.2. En lo tocante a la crítica referida al modo en el que el tribunal delimitó lo expuesto en el objeto de demanda, lo señalado por el quejoso lejos de acreditar la preterición de una cuestión esencial, pretende poner de manifiesto un supuesto error de juzgamiento referido a la interpretación del escrito de demanda, como tal, ajeno al ámbito del recurso deducido (causas L. 76.879, "García", sent. de 12-XI-2003 y L. 87.696, "Garis", sent. de 28-XII-2010).
II. En virtud de lo expuesto, cabe rechazar el medio de impugnación deducido. Con costas (art. 298, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor de Lázzari.
Y sólo habré de aclarar -conforme lo he hecho en la causa L. 91.804, "Robert", sentencia de 13-VII-2011, en donde manifesté mi posición sobre esta cuestión con el mismo tenor que el dado por mi colega en la presente- que a igual solución he arribado en otras oportunidades sobre la base de un semejante desarrollo argumental que, en su versión completa, fue plasmado en mis votos en las causas L. 78.296, "Giacobbo", sentencia de 6-XI-2002; L. 74.704, "Pérez", sentencia de 19-III-2003 y L. 82.773, "Potenza", sentencia de 22-X-2008; entre otras.
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Atento al resultado a que se arriba en la cuestión anterior, y desde que el abordaje de la cuestión allí omitida (tal como se anticipara) podría cambiar los términos de la sentencia y de la situación de las partes, adentrarnos en el juzgamiento del recurso de inaplicabilidad de ley equivaldría a ingresar en una cuestión que ha de devenir abstracta. De allí que no corresponda su tratamiento.
Así lo voto .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En atención al resultado obtenido al abordar la primera cuestión, no corresponde el tratamiento de la restante planteada.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
En atención a lo resuelto -por mayoría de opiniones- en la primera cuestión, es decir, la anulación del veredicto y la sentencia, no corresponde pronunciarse sobre la presente.
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de nulidad incoado y se anula el veredicto de fs. 595/600 y la sentencia de fs. 601/607. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Asimismo, también por mayoría, se formula requerimiento a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo actuante en los términos establecidos en el punto III.3. del voto emitido en primer término.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2020 16:25:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/08/2020 16:28:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2020 18:43:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/08/2020 22:33:09 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2020 10:04:45 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2020 11:06:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia