Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121138
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.138, "Sindicato de Luz y Fuerza Gral. Pueyrredón contra Cooperativa de Electricidad Maipú Ltda. Amparo Sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Dolores hizo lugar a la acción de amparo deducida, con costas por su orden (v. fs. 390/402 vta.).
Se dedujo, por la tercera citada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 420/428).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente admitió la acción de amparo intentada por el Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón contra la Cooperativa de Electricidad de Maipú Ltda., disponiendo que esta última deberá, ante la existencia de una vacante requerir a ambas entidades sindicales con representación en su ámbito, la presentación de una nómina de postulantes de su bolsa de trabajo para cubrirla, debiendo ser la idoneidad el único requisito determinante en la selección del personal a designarse para ocupar el cargo, independientemente de que la asociación que propone los candidatos cuente o no con personería gremial. Asimismo, declaró inaplicable el texto del art. 3 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 reformado por acuerdo de empresas (conf. arts. 40, 47, 48, 49, 50, 52 y 53, ley 23.551; 14 bis, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.; 3, CCT 36/75 y Convenios 87 y 98, OIT; v. fs. 390/402 vta.).
Para así decidir, señaló que no había sido controvertido entre las partes que la accionante es un sindicato simplemente inscripto y que, en la misma zona y actividad, la personería gremial la ostenta el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Tampoco que la cooperativa demandada contrata trabajadores de la actividad eléctrica sólo provenientes de la Bolsa de Trabajo de este último sindicato, por ser el que tiene la personería gremial, sin dar participación a la entidad simplemente inscripta (v. vered., fs. 390/391).
Luego, con apoyo en la prueba pericial contable (v. fs. 313/318), tuvo por demostrado que desde enero de 2010 hasta junio de 2011 se incrementó en la planta de trabajadores de la demandada el número de afiliados al sindicato de Mar del Plata (de trece a diecinueve) y, correlativamente, disminuyó el de los pertenecientes a la entidad de General Pueyrredón (de ocho a cinco). Sin embargo, entendió no probado que la Cooperativa accionada hubiera rechazado el ingreso de personas por estar sus familiares afiliados al sindicato de General Pueyrredón, ni que el sindicato de Mar del Plata realizara actos discriminatorios en la administración de su bolsa de trabajo (v. vered., fs. 391/393).
Con este soporte fáctico, en la sentencia sostuvo que si bien existía consenso entre las partes respecto a que en el ámbito de la empresa y al tiempo de iniciarse el presente juicio se aplicaba el Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 que en su art. 3 establece el procedimiento para incorporar nuevo personal: "...a) Las entidades solicitaran a la bolsa de trabajo de cada Sindicato, todos los trabajadores que necesite para ocupar cualquier tarea o cargo previsto en el convenio...", no existía acuerdo en su interpretación, desde que para el sindicato accionante la norma no discrimina entre entidades gremiales, es decir no da preeminencia a la bolsa de trabajo del sindicato que ostenta la personería gremial; mientras que para la Cooperativa demandada, por aplicación del citado artículo, sólo deben requerirse postulantes a la asociación con ese atributo, fundando su proceder en la mentada norma y en los derechos constitucionales de propiedad, libertad de iniciativa privada y de contratar (arts. 14 y 17, Const. nac.; v. sent., fs. 397 vta.).
Consideró el a quo que en el caso la cuestión a dilucidar era el alcance de la cláusula del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 en lo relativo al tipo de asociación gremial a que se refiere.
En ese cometido, con apoyo en lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 99.945, "Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón" (sent. de 4-VII-2012), juzgó que la interpretación que realizaba la accionada del citado art. 3 del Convenio 36/75 vulneraba el bloque constitucional federal y excedía la letra de la propia norma y del art. 31 de la ley 23.551, violando la libertad sindical. Señaló que, dicha hermenéutica, limitaba gravemente a la entidad simplemente inscripta el ejercicio de la libertad sindical reconocida en el art. 14 de la Constitución nacional y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, dificultando además la posibilidad de disputarle la personería a la otra entidad que la posee (v. sent., fs. 397 vta.).
Luego, ante el aumento de afiliados de la entidad con personería gremial en desmedro de la otra simplemente inscripta, presumió que tal circunstancia obedecía al modo de selección del personal que, precisamente, dio lugar al reclamo de autos. Entonces, con cita del fallo de la Corte nacional "A.T.E." (sent. de 11-XI-2008), concluyó que la exégesis del mentado art. 3 del Convenio 36/75 que realizaban la cooperativa y el sindicato citado como tercero, excedía los privilegios que corresponden a la personería gremial de conformidad con la ley 23.551 (art. 31), interpretada de acuerdo al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia citada, como así también vulneraba los incs. "d" y "j" del art. 53 de la ley 23.551 y, consecuentemente, afectaba la libertad sindical de la actora, ya que la empresa -con su accionar- estaría promoviendo la afiliación de trabajadores al sindicato con personería gremial (v. sent., fs. 398 y vta.).
En ese orden, evaluó que la cooperativa había introducido como hecho nuevo (v. fs. 221/223 y 272/276 vta.), un acuerdo paritario, celebrado ante el Ministerio de Trabajo de Mar del Plata, entre la asociación citada como tercero y un grupo de cooperativas de electricidad, mediante el cual se modificaba el mencionado art. 3 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75, el que quedaba redactado de la siguiente manera: "a) la entidad empleadora solicitará a la Bolsa de Trabajo del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, todos los trabajadores que necesite para ocupar cualquier tarea o cargo previsto en el convenio..." (sent., fs. 399).
Al respecto, entendió que si bien el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, por ser el titular de la personería gremial, tenía -con exclusividad- el derecho de negociar colectivamente, tal atributo no lo legitimaba, mediante el aludido acuerdo de empresa, de ámbito menor, a pasar por alto la normativa constitucional e internacional que tutela la libertad sindical (v. sent., fs. 399 y vta.).
Sostuvo que al modificar el art. 3 del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 para otorgarse a sí mismo derechos que la ley 23.551 no le confiere, había ejercido abusivamente su poder para negociar. Adunó que ello implicaba también una práctica desleal por parte de la cooperativa accionada. Luego, juzgó que en tanto la evocada cláusula no establecía condiciones más favorables para el trabajador y vulneraba la jerarquía que debe prevalecer entre las normas, resultaba inválida; debiendo aplicarse el texto original del mencionado artículo (v. sent., fs. 399/400).
Por todo lo dicho, declaró que no estando el tema de las bolsas de trabajo previsto en el art. 31 de la ley 23.551 como atributo exclusivo de la asociación con personería gremial, la interpretación acorde con la norma implicaba reconocer a la entidad simplemente inscripta el derecho de participar mediante su propia bolsa de trabajo en la cobertura de vacantes de la empresa demandada (v. sent., fs. cit.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el sindicato citado como tercero, denuncia absurdo y violación de los arts. 11, 15 y 27 de la Constitución provincial; 16 y 18 de la Constitución nacional; 8 del Pacto de San José de Costa Rica; 47 de la ley 23.551 y de doctrina legal que cita (v. fs. 420/428).
Sostiene que la demanda promovida debió rechazarse porque la actora no logró probar los hechos que sometió a debate, tales como que la cooperativa accionada hubiera rechazado el ingreso de personas por tener familiares afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón ni que la entidad recurrente hubiera realizado algún acto de discriminación al administrar su bolsa de trabajo.
Alega que el juzgador de grado no expresó cuál fue el comportamiento antisindical probado en autos ni el derecho impedido u obstaculizado a la actora en el marco del ejercicio regular de la libertad sindical garantizada por la ley 23.551 que amerite la acción de amparo deducida. Con apoyo en doctrina de este Tribunal, impugna que se hubiera admitido la vía elegida por la demandante.
Insiste en señalar que no fueron acreditadas las circunstancias fácticas alegadas en sustento de la acción interpuesta. Refiere que, el a quo sólo tuvo por probado un aumento de trabajadores de la cooperativa demandada afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata y, correlativamente, una disminución de los pertenecientes al gremio demandante, a partir de lo cual -sostiene- el juzgador de origen infirió, supliendo el incumplimiento de la carga de la prueba de la parte actora, que dicha circunstancia se debía a la forma en que la accionada seleccionaba el personal.
Manifiesta que si en el fallo se procuró interpretar una cláusula convencional (sin perjuicio de que el amparo sindical no era la vía idónea) el tribunal se apartó de un principio básico de la hermenéutica cual es la búsqueda de la finalidad perseguida por la norma. Afirma que, la bolsa de trabajo no es un mecanismo para conseguir afiliados a una determinada organización sindical, sino una conquista de la clase trabajadora para administrar los pedidos de personal. Por ello -aduce-, la inferencia realizada fuerza la interpretación de la libertad sindical realizada por la Corte nacional.
Postula, además, que la sentencia beneficia a una entidad que para inscribir trabajadores en su bolsa de trabajo requiere la previa afiliación al gremio, contrariando la doctrina del fallo "Outón" de la Corte nacional y las normas sobre libertad y democracia sindical. Aduce que no fue probado que la normativa convencional afectara la libertad de afiliación de los ingresantes por bolsa de trabajo, o de los sindicatos que se desempeñan en el mismo ámbito territorial. Agrega que no hay elementos que demuestren que la administración de la bolsa de trabajo garantiza la afiliación al sindicato que la lleva adelante.
Refiere que no sólo la agravia la interpretación de la norma convencional efectuada por el tribunal de grado, sino también la nueva redacción que confiere a la cláusula del convenio colectivo aplicable, al crear nuevas bolsas de trabajo conforme la cantidad de sindicatos de actividad que operen en el mismo ámbito territorial y haciendo competir a los postulantes de las diferentes bolsas para que la empresa elija al "más idóneo". Sostiene que lo resuelto en el fallo avasalla derechos reservados a las organizaciones sindicales, vulnerando los alcances que tiene la interpretación judicial de una norma.
Argumenta sobre las implicancias de las prerrogativas reconocidas a aquellas entidades con personería gremial. Manifiesta que en este caso su parte es el único sindicato con capacidad para modificar o crear normas convencionales en la jurisdicción de la Cooperativa de Maipú no por retener la personería gremial, sino por su condición "más representativo", pues no se trata de un privilegio, sino de un derecho reconocido por los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo.
Aduna que el sindicato simplemente inscripto no puede modificar el convenio vigente porque carece de capacidad para hacerlo y, por ende, tampoco participar en la bolsa creada por un convenio que fue oportunamente celebrado por el sindicato o federación con capacidad para negociar. Señala que la bolsa de trabajo es una cláusula de las denominadas de seguridad sindical.
Denuncia finalmente que la decisión transgrede el principio de congruencia al otorgarle a la actora un beneficio mayor que el que fuera requerido por ella, ya que al demandar se limitó a peticionar que se otorgaran ingresos a ambas bolsas sindicales con representación en el mismo ámbito territorial, respetando las proporciones de afiliación existentes al momento de la incorporación.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Como fuera anticipado, el tribunal de grado consideró que la cuestión a resolver en el presente caso se circunscribía a establecer el alcance que correspondía asignarle al art. 3 del Convenio Colectivo 36/75 en su texto original, en lo relativo al tipo de asociación sindical a que se refiere la norma.
En lo sustancial, entendió que la interpretación brindada a la cláusula en discusión, tanto por la empresa demandada como por la entidad con personería gremial citada en calidad de tercero, excedía los privilegios que se reconocen a esta última de conformidad con la ley 23.551, interpretada a la luz del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En ese contexto, concluyó que no encontrándose el tema de la gestión de las bolsas de trabajo previsto en el art. 31 de la ley 23.551 como atributo exclusivo de la asociación con personería gremial, una interpretación acorde con la norma implicaba reconocer a la entidad simplemente inscripta el derecho de participar mediante su bolsa de trabajo en la cobertura de vacantes de la empresa demandada.
III.2. La decisión de grado no es conmovida por la recurrente.
Los antecedentes transcriptos, permiten advertir que la réplica carece de aptitud para descalificar la línea de razonamiento seguida en el pronunciamiento impugnado.
En el caso, apoyada en un despliegue argumental que -en gran medida- innova respecto del planteo realizado en la instancia de grado, la interesada dirige su crítica a cuestionar la idoneidad de la vía elegida por la reclamante y, en ese marco, el análisis de los hechos efectuado en el fallo, como así también la interpretación y el alcance otorgado a la norma convencional (art. 3, CCT 36/75).
Sin embargo, a partir de su propia apreciación de las circunstancias de autos y de la visión que aporta acerca de la interpretación que, a su juicio, debió efectuar el a quo sobre lo que fue materia de controversia, no logra evidenciar que las motivaciones del fallo luzcan apartadas de las constancias de la causa, o que el juzgador hubiera transgredido el art. 47 de la ley 23.551 o excedido los límites de la congruencia.
En efecto, el impugnante sólo exterioriza un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento impugnado, sin hacerse cargo de objetar las consideraciones que brindó el tribunal al ponderar las circunstancias del caso bajo el explícito influjo de lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 99.945, "Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón" (sent. de 4-VII-2012), cuya violación o errónea aplicación al caso siquiera denuncia.
En rigor, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz de las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 107.520, "Russo", sent. de 21-VI-2012; L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015 y L. 119.492, "Geiser", sent. de 29-XI-2017; e.o.).
Luego, igualmente ineficaz resulta la invocada violación del principio de congruencia, en tanto limitada a manifestar su disconformidad con respecto a la ponderación de los términos de la demanda, la recurrente no alega la existencia de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, ni denuncia la violación de las normas procesales que se vinculan al principio que se estima vulnerado (causas L. 109.758, "Fort", sent. de 12-XII-2012; L. 108.335, "Ali", sent. de 9-X-2013; L. 118.544, "Liberti", sent. de 22-VI-2016 y L. 119.556, "Costa", sent. de 22-VIII-2018).
III.3. Sin perjuicio que lo hasta aquí expuesto es suficiente para sellar la suerte adversa de la impugnación, cabe señalar que la decisión de grado se ajusta a la línea reflexiva seguida por este Tribunal en la causa L. 99.945, "Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón" (sent. de 4-VII-2012), citada en el pronunciamiento de origen.
En efecto, la temática debatida en el referido antecedente es asimilable a la planteada en el caso de autos, pues en dicha causa el debate giró en torno al alcance que debía conferirse al art. 8 inc. "a" del acta convenio 3/94 (ESEBA-FATLyF), cláusula ésta que -aunque concertada en otro marco de negociación- contiene idéntica disposición a la prevista en el texto original del art. 3 del Convenio 36/75, en cuanto impone a la empleadora el deber de acudir a la bolsa de trabajo sindical a fin de solicitar los trabajadores que necesite para ocupar cualquier tarea o cargo.
En dicha tarea, en el citado antecedente, esta Corte declaró que no resultaba aceptable interpretar que la gestión de la denominada "Bolsa de Trabajo Sindical" prevista en el art. 8 inc. "a" del acta convenio 3/94 (ESEBA-FATLyF), correspondiera exclusivamente a la organización sindical con personería gremial, en tanto dicha definición importaba despojar a las entidades sindicales simplemente inscriptas -con idéntico ámbito de representatividad- del derecho que también les asiste en ese orden, conforme el principio de libertad sindical reconocido y garantizado por la Constitución nacional (art. 14 bis), las normas internacionales de esa misma jerarquía (art. 75 inc. 22) y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de jerarquía superior a las leyes. A la vez que señaló que debía reconocerse a la entidad actora, el derecho de presentar postulantes para cubrir vacantes que pudieran producirse.
En razón de lo dicho y demás precisiones efectuadas en el evocado precedente aplicables en la especie, soy de la opinión que la decisión de origen se adecua a la doctrina de esta Corte.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Por lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2020 16:25:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/08/2020 16:28:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2020 18:43:04 - GENOUD Luis Es
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.