Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64797
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.797, "Aloisio, Settimio contra Provincia de Buenos Aires (Dirección de Rentas)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Pettigiani, Soria, Kogan, Genoud Torres .
I. El señor Settimio Aloisio, por medio de apoderada, promueve demanda contencioso administrativa persiguiendo la anulación de la decisión dictada el día 6 de septiembre de 2002 por la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, en el expediente administrativo 2.306-351.469/97, por la que se confirmara la resolución 295/99 dictada por el Gerente Regional del Conurbano Norte de la entonces Dirección Provincial de Rentas (hoy ARBA).
Por esta última, de un lado, se determinó el impuesto de sellos que a criterio del órgano recaudador adeudaba el aquí accionante por la celebración de cuatro contratos de cesión de derechos federativos de jugadores de fútbol profesional a entidades deportivas de esta provincia, suscriptos dos de ellos en el ámbito de la misma y dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La autoridad tributaria consideró, en los dos primeros, que las entidades mencionadas no estaban exentas del pago del impuesto y, en los dos restantes, que no obstante haberse celebrado fuera de la Provincia de Buenos Aires estaban alcanzados por cumplirse sus efectos en ella.
Además, se impuso una multa por infracción del art. 52 del Código Fiscal (t.o. 1999), equivalente al diez por ciento (10%) del monto dejado de percibir.
Sostiene el demandante que en el primer supuesto debió hacerse aplicación de la exención normada en el art. 259 inc. 30 apartado "d" del Código Fiscal a favor de las entidades cocontratantes, por lo que considera correcta su forma de calcular e ingresar el tributo en cuestión al limitar la base imponible al 50% del monto del contrato.
Aduce, respecto de los segundos, que no abonó el gravamen toda vez que en ellos no se perfeccionó el aspecto territorial del hecho imponible, siendo que los contratos se firmaron en la Capital federal.
Ofrece prueba y deja planteado el caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado. Contesta la demanda sosteniendo la inatendibilidad de la misma y afirmando la legitimidad de la decisión del Tribunal Fiscal de Apelación. Para ello afirma que se encontraba vigente el Código Fiscal, ley 10.397, y con posterioridad rigió el art. 80 del Código Fiscal -texto ordenado 1994-, ordenamientos ambos donde las exenciones tenían virtualidad a partir del reconocimiento expreso de ARBA, las que debían ser gestionadas a instancias de la parte interesada.
Respecto de los contratos suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señala que sus efectos se producen en la Provincia y versan sobre bienes radicados en ella, conforme lo normado por el art. 215 incs. "a" y "b" del Código Fiscal, texto ordenado 1999.
Asimismo defiende la legalidad de la aplicación de multa en tanto basta la sola omisión en el ingreso total o parcial del tributo para tener por configurada la infracción.
Ofrece como prueba el expediente administrativo y hace reserva del caso federal.
III. Agregado sin acumular el expediente administrativo 2.306-651.097/00, no habiendo prueba pendiente de producción y anejado el alegato de la parte actora, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El actor persigue la anulación de la decisión de la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelaciones, de fecha 6 de septiembre de 2002, por la que, en lo que a esta causa interesa, se rechazó el recurso de apelación que oportunamente interpusiera contra la resolución 295/99 de la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, dictada en el expediente administrativo 2.360-351.469/97, confirmando así la determinación de oficio del impuesto de sellos respecto de los siguientes contratos suscriptos por el señor Aloisio Settimio:
a) El contrato de cesión de derechos celebrado con el Club Atlético Independiente, el día 16 de julio de 1992 en la ciudad de Buenos Aires, por el que se acordó la cesión del 50% de los derechos federativos del jugador profesional de fútbol Diego Cagna al mencionado club, por la suma total de ochocientos cincuenta mil dólares estadounidenses (USD 850.000).
b) El contrato celebrado en la ciudad de Avellaneda, con fecha 30 de diciembre de 1994, también con el Club Atlético Independiente, cediendo la totalidad de los derechos federativos que le correspondían por el mismo jugador de fútbol profesional; contrato que el Fisco consideró como de monto indeterminado (en virtud de que el club abonó una parte en dinero y la otra mediante cesión de derechos federativos de los jugadores profesionales Hugo Leonardo Pérez y Martín Raúl Vilallonga), tomando los papeles de trabajo del contribuyente y la declaración jurada del impuesto a las ganancias del año 1995, determinando un precio de la cesión por la suma de novecientos mil dólares estadounidenses (USD 900.000).
c) El contrato de cesión celebrado con fecha 4 de agosto de 1995, en la ciudad de Buenos Aires, por el que se transfirieron al Club Atlético Independiente los derechos federativos y la disponibilidad de los servicios laborales sobre el jugador de fútbol profesional Roberto Miguel Acuña Cabello, por la suma de un millón cien mil dólares estadounidenses (USD 1.100.000).
d) Por último, el contrato de cesión celebrado en la ciudad de Buenos Aires el día 23 de agosto de 1996, por el cual el contribuyente y el jugador de fútbol profesional Carlos Javier Mac Allister cedieron a Racing Club de Avellaneda el 50% indiviso de los derechos federativos del mencionado jugador que cada uno poseía, adquiriendo el referido club el 100% de tales derechos, por una suma de novecientos mil dólares estadounidenses (USD 900.000).
También solicita se deje sin efecto la multa que se le aplicó por incumplimiento, en los términos del art. 52 del Código Fiscal.
Contra dicho decisorio manifiesta genéricamente que las razones expuestas por el Tribunal Fiscal de Apelación resultan equivocadas toda vez que desconoce la exención que en el impuesto de sellos se prevé para los clubes o asociaciones deportivas, como también la errónea apreciación sobre los efectos que los contratos producen, para escapar así del principio general a partir del cual el tributo, estrictamente territorial, se paga en función del lugar donde el acto se formaliza.
I.2. Específicamente, y como primer fundamento para la improcedencia del ajuste practicado por la ex dirección de Rentas y consecuente anulación de la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación, señala que los contratos de fecha 16 de julio de 1992 y 30 de diciembre de 1994, ambos concertados con el Club Atlético Independiente, se abonaron calculando como base imponible el 50% del monto de la transacción a la luz de la exención dispuesta en el Código Fiscal de la Provincia, que beneficia a dicha entidad deportiva.
Aduce que la parte cesionaria reviste la calidad de asociación civil cuyas actividades son exclusivamente deportivas, encontrándose exenta de pagar el impuesto de sellos, conforme lo normado en el art. 259 inc. 30 apartado "d" del Código Fiscal. Así, señala que no puede negarse la exención del tributo por la sola circunstancia de que el contribuyente no realizó un trámite administrativo tendiente al reconocimiento de ese beneficio.
Argumenta que la exención resultaba clara y si faltaba un mero trámite para su reconocimiento, aquel no estaba a cargo del señor Settimio Aloisio, por lo que mal puede imputársele una suerte de responsabilidad solidaria por un gravamen que corresponde que se abone. En consecuencia, aplicó la exención en el impuesto de sellos para el cálculo del monto a ingresar.
A fin de justificar su posición, cita fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que también habían sido invocados en el recurso administrativo.
Asimismo, señala que el Fisco, al contestar el recurso de apelación del que le diera traslado el Tribunal Fiscal de Apelación, se allanó a la pretensión del contribuyente señalando que correspondía tener por exentas a las entidades deportivas, no siendo procedente el ajuste practicado para los contratos del año 1992 y 1994, debiendo ajustarse respecto del porcentaje exento los suscriptos en los años 1995 y 1996.
Indica también que existe una contradicción entre los considerandos de la sentencia del Tribunal y su parte resolutiva en tanto, a la luz de dicho allanamiento, dispone en el considerando II que: "...2.- Con relación a los contratos de fecha 16-07-92 y 30-12-94 [...] Que le asiste razón al quejoso en cuanto a la cuestión que es motivo de allanamiento"; y en la parte resolutiva, por el art. 1, rechaza en forma total, sin ninguna consideración, el recurso intentado.
Agrega, además, que la sentencia reconoce la modificación introducida al Código Fiscal por la ley 12.752, con arreglo a la cual las exenciones de gravámenes rigen a partir del momento en que el sujeto pasivo de la obligación fiscal reúna todos los requisitos exigidos por la norma, pero que malinterpreta la ley 12.752, entendiendo que no tiene efectos retroactivos, por considerar que ello debía estar dispuesto en forma expresa.
Se agravia de la interpretación efectuada respecto del art. 8 de la ley 12.837, vigente a partir del día 24 de enero de 2002, por cuanto establece que para que se produzca la liberación, el contribuyente debe haber obtenido la correspondiente exención del gravamen de que se trate, de conformidad con el sistema previsto por el art. 86 del Código Fiscal (ley 10.397 –t.o. 1999-) o durante la vigencia de la ley 12.752.
Puntualiza que el Tribunal, con tal sustento, y argumentando que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de extraña jurisdicción -por ende no vinculante-, estableció que corresponde aplicar el art. 68 del Código Fiscal -ley 10.397- para el contrato suscripto en el año 1992, y el art. 80 del Código Fiscal (t.o. 1994) al contrato firmado en 1994, de los que resulta que las exenciones de gravámenes, cuando correspondan, se otorgarán a pedido de parte interesada.
I.3. A continuación, y ahora respecto de los contratos de fecha 4 de agosto de 1995 y 23 de agosto de 1996, además de reiterar la deficiente liquidación en virtud de no tomar en cuenta la calidad de sujetos exentos que revisten ambos clubes contratantes, especifica la inexistencia de deuda por falta de vinculación territorial.
A tal fin advierte que la administración tributaria confundió el contenido económico de la relación y trastocó los elementos esenciales del hecho imponible.
Justifica lo expuesto señalando que el art. 214 del Código Fiscal entonces vigente, establecía que el ámbito espacial de aplicación del tributo se extiende solo dentro del territorio sobre el cual tiene poder de imperio el Fisco, lo que está dado por la formalización del acto de cesión dentro de la Provincia, no así en el territorio de la entonces Capital Federal.
Indica que, si bien el art. 215 admite circunstancias que permiten apartarse de la regla general, ninguno de los casos normados es aplicable a los contratos señalados.
Así, puntualiza que la previsión del inc. "a" de la citada norma no es aplicable. Ello en cuanto no se halla radicado en la provincia ningún tipo de bien objeto de los contratos, ya que se trató de cesiones de derechos formalizadas íntegramente en la ciudad de Buenos Aires.
Añade que la alusión a bienes radicados no puede ser interpretada como una suerte de atracción al territorio de todos aquellos bienes que constituyen el objeto de los contratos por cualquier tipo de conexión que ellos tengan con dicho territorio. Tampoco que se pueda entender que tal presupuesto se halle cumplido por tener las asociaciones civiles deportivas su domicilio en la Provincia de Buenos Aires, siendo que éstas son parte y no objeto propiamente dicho de los contratos.
Así arguye que no es aplicable el concepto de radicación de bienes a los derechos federativos, no debiendo considerárselo en sentido amplio (como hace el Tribunal Fiscal de Apelación). Para ello señala que tampoco hubiera correspondido tomar el lugar donde se asientan o residen los jugadores de fútbol (respecto de quienes se formalizó la cesión de derechos federativos) porqueéstos no vivían en la Provincia de Buenos Aires.
Ahora respecto al lugar donde se inscribe la cesión, señala que la misma es en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) que tiene su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Agrega que tampoco el jugador profesional presta efectivos servicios en la Provincia de Buenos Aires (si se entiende por ello la actividad de jugar al fútbol), dado que su participación en los eventos deportivos está sujeto al lugar donde el partido se juegue, siendo que semana de por medio el club de provincia es "visitante" y debe trasladarse al lugar donde se encuentra la cancha del equipo "local".
Entiende que el legislador quiso establecer un criterio de excepción al principio de territorialidad del impuesto de sellos (lugar de formalización) que fuera lo más estricto y rígido posible para evitar estos inconvenientes, resultando ajustado a derecho entender que cuando la norma alude al lugar de radicación del bien se está refiriendo a los bienes físicos situados permanentemente en la jurisdicción (bienes inmuebles) o registrados ante las autoridades de la jurisdicción (bienes muebles registrables).
En virtud de tales argumentos concluye que no se debe suma alguna a la Dirección Provincial de Rentas (ahora ARBA) porque no hubo ningún hecho generador de la obligación tributaria frente al impuesto de sellos por los contratos analizados y, por lo tanto, la determinación de la deuda efectuada por la repartición provocaría que la misma se atribuyera un crédito que derivaría en un enriquecimiento sin causa, resultando un proceder irrazonable y arbitrario.
I.4. En un segundo orden de ideas solicita se deje sin efecto la sanción aplicada, esto es la multa equivalente al 10% del tributo que habría dejado de pagar, por la infracción calificada como "omisión de tributos" por el art. 52 del Código Fiscal de la Provincia, confirmada por el Tribunal Fiscal de Apelaciones en su decisorio de fecha 6 de septiembre de 2002.
Ello, en tanto, de conformidad con los argumentos ya vertidos, no hubo en rigor incorrección en el ingreso del impuesto y, por ende, no se configuró la acción típica.
Asimismo, arguye que no hubo culpa ni dolo en las acciones desplegadas y sin la existencia del elemento intencional no puede existir una acción típica. Al respecto afirma que sin acción típica no hay contravención y sin ésta no puede haber sanción, conforme lo ha reiterado el Máximo Tribunal nacional al sostener que en materia de ilícitos tributarios rigen los principios generales contenidos en el Código Penal, inspirados en un perfil liberal de esta rama del derecho público lo que descarta la posibilidad de infracciones objetivas. Cita jurisprudencia del citado tribunal en dicho sentido.
Concluye así que no pudo haber elemento volitivo si no existió violación de ningún tipo descripto por la norma, por lo tanto, señala que no se puede tener conocimiento y voluntad de realizar el tipo descripto si la conducta allí definida no se ha llevado adelante.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
I.5. Previo al traslado de la demanda -aunque ya encontrándose ordenado el mismo (fs. 69)- se presenta la actora poniendo en conocimiento el plenario del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires de fecha 2 de septiembre de 2003 e invocando su aplicación al caso.
Pone de relieve que en dicha oportunidad se estableció la siguiente doctrina: "Las deudas impositivas por tributos devengados provenientes de actividades o situaciones que la ley fiscal o el Código de la materia consideran exentas, que surjan de determinaciones de oficio, efectuadas por la Dirección Provincial de Rentas, se encuentran alcanzadas por el beneficio de la condonación establecido en el artículo 8 de la ley 12.837, en concordancia con el artículo 86 del CF, reformado por ley 12.752, hayan los contribuyentes declarado o no tal situación o peticionado la exención ante la autoridad de aplicación".
Con sustento en dicha doctrina solicita se reconozca la exención de la que goza el Club Atlético Independiente y la consecuente condonación de sus deudas. Por ello, pide que se tenga por abonado en tiempo y forma de ley la totalidad del impuesto que corresponde a su parte con los importes oportunamente ingresados en concepto de impuesto de sellos por los contratos objetos de la demanda. Asimismo, teniendo en cuenta la condonación otorgada por la ley, solicita la expresa imposición de costas en el orden causado.
II.1. A su turno, la Fiscalía de Estado sostiene la inatendibilidad de la demanda y solicita el rechazo de la pretensión de la actora.
A tal fin y en miras de rebatir lo argumentado respecto a la calidad de exentos de los clubes, arguye que el Código Fiscal vigente al momento de la configuración de los hechos imponibles -esto es la celebración de los contratos-, se encontraban sujetos a tributación.
Señala que en la fecha del primero de los contratos (16 de julio de 1992) se hallaba vigente el texto del art. 68 del Código Fiscal, ley 10.397 (texto original) y al momento del segundo contrato (30 de diciembre de 1994) regía el art. 80 del mismo cuerpo normativo, texto ordenado 1994.
La redacción de ambas normas era idéntica y establecía: "...las exenciones de gravámenes cuando correspondan se otorgarán a pedido de parte interesada rigiendo a partir del año en que el sujeto pasivo de la obligación tributaria reúna todos los requisitos exigidos en cada caso [...] Las exenciones se otorgarán de oficio cuando se trate del Estado Nacional, Estado Provincial y Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires".
Así, entiende que no surge de las actuaciones administrativas agregadas que las entidades deportivas hayan solicitado la aplicación de tal norma, motivo por el que no corresponde el otorgamiento de la dispensa.
Reconoce que la ley 12.752, con vigencia a partir del día 14 de enero de 2001, produjo un cambio de criterio y el art. 86 del Código Fiscal (t.o. por resol. 173/99 del Ministerio de Economía) pasó a disponer que las exenciones de gravámenes regirán a partir del momento en que el sujeto pasivo de la obligación fiscal reuniera todos los requisitos exigidos por la ley y que la reglamentación determinaría en cada caso cuáles sujetos deberían tramitar el acto declarativo del beneficio o denunciar su situación mediante una declaración tributaria.
Señala al respecto que dicha reglamentación tuvo lugar por el decreto 3.014/02, el que estableció que las Asociaciones Civiles que tuvieran por objeto actividades deportivas debían desplegar dicha actividad para el reconocimiento del beneficio.
De todos modos, entiende que los cambios en la legislación que se fueron suscitando no tienen aplicación al presente siendo que no se encontraban vigentes al momento de perfeccionarse el hecho imponible y tampoco fueron concebidos con efecto retroactivo.
II.2. Respecto a la condonación de deudas tributarias dispuesta en los términos de la ley 12.837 (B.O. de 18-I-2002), insiste con que no consta que la entidad deportiva cesionaria de los derechos federativos haya obtenido la exención del modo establecido por la ley 12.837 para que opere la referida condonación, ni tampoco que se haya obtenido durante la vigencia de la ley 12.757.
Ahora bien, respecto del Acuerdo Plenario del Tribunal Fiscal de Apelaciones del día 6 de septiembre de 2002, a
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.