Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 72267
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 72.267, "Mitchell, Mary y otros contra Municipalidad de Junín sobre Inconstitucionalidad ordenanza 6187/12", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani .
I. Los actores promovieron la presente acción originaria de inconstitucionalidad contra la Municipalidad de Junín (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs., CPCC), con el objeto de que se dejen sin efecto la ordenanza 6.187/12 y el decreto 1.783/12 que la promulgó, instrumentos a través de los cuales se autorizó la venta del inmueble donde se emplaza la terminal de ómnibus de dicha localidad.
II. A fs. 127/130 vta. la parte actora amplió su demanda contra la ordenanza 6.210/12, que alteró singularmente los usos, índice FOT y densidad neta de habitantes para dicha parcela. A fs. 133/134 hizo lo mismo con relación al llamado a licitación pública n° 20/12 (dec. 2.520/12), tendiente a adjudicar la construcción de una nueva terminal de ómnibus y simultáneamente vender el terreno donde se emplazaba la anterior.
III. A fs. 163/175 contestó el municipio, cuestionando tanto la legitimación de los accionantes como la proponibilidad de la acción originaria, para luego contestar sobre el fondo del asunto y requerir a esta Corte su rechazo.
IV. A fs. 290/297 se hizo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenándose la suspensión de los efectos de la ordenanza 6.210/12 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las actuaciones.
V. A fs. 395/405 se denunció como hecho nuevo la sanción de la ordenanza 6.445/13, a la vez que se requirió la ampliación de la demanda contra ella también, por la cual se facultó al Intendente municipal a constituir un fideicomiso a fin de llevar a cabo la mentada adjudicación. A fs. 410/413 y 499 se resolvió su incorporación al proceso, pero se denegó la ampliación del despacho cautelar sobre la base de lo denunciado.
VI. Oída la entonces señora Procuradora General, quien dictaminó recomendando hacer lugar a la demanda (v. fs. 543/558) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Mary Idelba Loris Mitchell, Ricardo Ernesto Biasella y Osvaldo Acerbo, los tres, vecinos de la localidad de Junín, promueven acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, contra la ordenanza 6.187/12 y el decreto 1.783/12 que la promulgó.
Explican que a través de estas normas el municipio autorizó la venta del inmueble donde se emplaza la terminal de ómnibus de dicha ciudad, ubicado en el perímetro conformado por las calles Winter, Belgrano, San Martín y Rivadavia, mediante el mecanismo previsto en el art. 55 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM). Asimismo, derogó toda disposición que se opusiere a ello.
I.2. Los demandantes, tras fundar su legitimación para actuar en defensa de los intereses colectivos de la sociedad vinculados a la conservación del medio ambiente, consideran -en lo medular- que aquella normativa local viola el art. 28 de la Constitución de la Provincia, que garantiza a los habitantes en general el derecho a gozar de un ambiente saludable. Aunque también aluden al derecho de información consagrado en los arts. 12 inc. 4 y 38 del texto fundamental, la pretensión se focaliza en la cláusula referida en primer término.
De este modo, señalan que la venta del terreno con el declarado propósito de financiar la construcción de una nueva terminal de ómnibus en las afueras de la ciudad con el objetivo de reducir el impacto urbano ambiental negativo que ocasiona la existencia de esa dotación en medio del ejido urbano, tiene como contrapartida la proyectada ejecución de un "megaemprendimiento edilicio de doscientos departamentos en torre y anexos comerciales" en una ubicación que consideran "de privilegio", en el seno de un entorno preservado, susceptible de quebrar la "armonía arquitectónica y paisajística del sector" (fs. 95/96).
Respecto a lo anterior, la oposición a la ordenanza 6.187/12, que se limita a autorizar la venta del inmueble (art. 1) y a derogar toda norma que se le oponga (art. 2), se dirige a la amplitud de esta determinación, que escondería lo que surge del proyecto original agregado a fs. 30, en cuanto modifica los valores individuales de la parcela en cuestión, llevando el indicador FOT a 6.5 y la densidad neta (DN) de habitantes a 3.000 por hectárea, muy por encima de los máximos fijados para la Zona Área Centro (AC), coincidentes con los topes fijados en el decreto ley 8.912/77. Ligado a ello, denuncian que en el expediente HCD n° 8443/12 tramita la modificación a la ordenanza 4.516/03 (Código Urbano y Ambiental), cuya regulación contendría los términos no incluidos en la norma aquí impugnada.
Por lo demás, alegan que la ordenanza 6.187/12 viola el derecho de acceso a la información y participación ciudadana en materia de ordenamiento territorial y medio ambiente, derivado según dicen del art. 28 de la Constitución, así como de los arts. 1 y 2 de la ordenanza 4.516/03 y 2 inc. "f" del decreto ley 8.912/77.
Sostienen adicionalmente que en la elaboración de estas normativas no se siguieron ciertos procedimientos previos, en particular, la intervención del Consejo Asesor de Planeamiento del municipio, creado en el art. 2 de la ordenanza 4.516/03, sustentado a su vez en informes de impacto ambiental.
Para concluir, le endilgan a la ordenanza 6.187/12 un vicio de motivación, puesto que habría omitido justificar las razones por las cuales resultaría conveniente llevar adelante la enajenación, a la vez que denuncian que lo actuado por el Concejo Deliberante persigue fines encubiertos, ya que si bien se declara que el propósito de la operación es la construcción de viviendas sociales para atender a los sectores más vulnerables, se ocultaría en realidad un "negocio inmobiliario" de gran magnitud.
I.3. El 9 de octubre de 2012 el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Junín dictó la ordenanza 6.210/12, con objeciones del Consejo Asesor de Planeamiento. Esa disposición modificó los indicadores urbanísticos correspondientes al predio donde se encuentra la antigua terminal de ómnibus. En lo sustancial, fijó su uso para "vivienda multifamiliar, equipamiento administrativo, comercial, financiero, institucional y de servicios", llevó el índice FOT de 2.5/3 a 6.5 y alzó la densidad neta (DN) de habitantes por hectárea de 2.000 a 3.000 personas.
A raíz de ello, a fs. 127/130 vta. los actores ampliaron la demanda a fin de impugnar también dicha ordenanza. Apoyándose en gran medida en el informe del organismo técnico agregado a fs. 110/124, ponen de relieve que la modificación singular de los valores generales para la Zona Área Centro (AC) relativos al espacio urbano de referencia excede los máximos permitidos legalmente. Apuntan que únicamente una autorización en los términos del art. 102 del decreto ley 8.912/77 -texto según decreto ley 10.128/83- por el Poder Ejecutivo provincial podría legitimar los nuevos parámetros dispuestos, circunstancia que no había ocurrido.
I.4. A fs. 133/134 se denunciaron más hechos nuevos. Se puso en conocimiento del Tribunal que la Municipalidad de Junín había publicado en los periódicos locales el llamado a licitación pública n° 20/12 "...de objeto múltiple, compuesto, concomitante y adjudicatario único", correspondiente al expediente 7.182/12 a fin de contratar obras "...para la construcción de la Terminal de Ómnibus, Gimnasio y Locales Complementarios, Pista de Atletismo y Edificio Administrativo" con un presupuesto oficial de $29.999.227,26, a la par de vender simultáneamente el inmueble municipal "...en donde se encuentra emplazada la actual Terminal de Ómnibus de la ciudad de Junín, y con afectación del producto de la venta al pago del precio por la ejecución de obras descriptas en el punto precedente" por la suma de $30.600.000.
II.1. A fs. 163/175 el municipio contestó la demanda.
Luego de efectuar una negativa genérica y particular de los hechos, reprocha la falta de claridad del escrito postulatorio. A su criterio, ello desdibujaría la configuración de un caso o controversia en tanto encuentra dificultoso vincular la lesión de las garantías fundamentales esgrimidas con las normas locales que se impugnan. Por otra parte, plantea la supuesta alineación política de los accionantes con un grupo contrario al gobierno local y desmiente los dichos que estos efectuaron sobre la poca transparencia de la operación.
Asimismo, reputa infundado el agravio relativo a la falta de participación ciudadana. En tal sentido, alega que el traslado de la terminal de ómnibus a las afueras de la ciudad había sido un tema recurrente desde hacía casi veinte años, cuando se incluyó en el "Plan Estratégico 2000".
II.2. En cuanto a la legitimación activa, el ente demandado formula su oposición toda vez que el reclamo de la actora se enmarcaría bajo el rótulo de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos y no en el de aquellos relativos a intereses individuales homogéneos, lo cual pondría de manifiesto la inhabilidad para accionar. Entiende que esa facultad, en la especie, la tendrían únicamente el Defensor del Pueblo y las organizaciones que propendan a la protección del medio ambiente (art. 43, Const. nac.). En su defecto, estima que los coactores carecen de idoneidad para representar al colectivo de vecinos de Junín.
II.3. Por otra parte, la comuna afirma que la demanda incoada sería improponible en la medida en que por su conducto se busca invalidar ordenanzas y decretos municipales no por su oposición a la Constitución provincial, sino por su alegada repugnancia con normas de rango inferior. Dice que ello se verificaría en el sub examine ante el pretendido confronte de las ordenanzas 6.187/12 y 6.210/12 con el decreto ley 8.912/77 y el Código Urbano y Ambiental local (ord. 4.516/03).
II.4. En cuanto al fondo, contesta las críticas a la ordenanza 6.187/12. Destaca que esta norma, en la medida en que se limitó a autorizar al Intendente a enajenar un inmueble, corresponde a las atribuciones constitucionales y legales del Concejo Deliberante (arts. 190 y 192, Const. prov. y 24, 25, 26 y 29, LOM). Añade que la disposición obedecería a la necesidad de trasladar dicho equipamiento a las afueras de la ciudad, ya que su ubicación causa trastornos en materia de seguridad y tránsito vehicular/peatonal, con serio empeoramiento de las condiciones de higiene y tranquilidad.
Sostiene que el planteo en torno al art. 28 de la Constitución provincial es infundado. Manifiesta que los actores parten de una idea falsa, consistente en que la operación inmobiliaria respondería al objetivo de construir un "megaemprendimiento". En cambio, considera que del pliego de bases y condiciones particulares correspondiente a la licitación pública n° 20/12 (dec. 2.520/12) se extrae que la venta del predio se propicia con fines de edificar un complejo habitacional, comercial y con espacio librado al uso público. En adición, refiere que relocalizar la terminal a una zona más alejada del centro no puede tener un impacto ambiental negativo, dado que ello conducirá a descongestionar el tráfico en esa área neurálgica.
Sobre la presunta violación al derecho a la información, vuelve a enfatizar que el traslado de la estación de autobuses ha sido un objetivo del gobierno desde hace años, exteriorizado a través de varios medios de comunicación y siendo de público conocimiento. A su entender, esto es suficiente para satisfacer la manda constitucional del art. 12 inc. 4. También descarta la presunta lesión vinculada al mismo derecho, pero en el marco de las relaciones de consumo y en los términos del art. 38, pues lo considera inoponible en la especie.
Concluye negando que la terminal de ómnibus pueda constituir un patrimonio cultural, histórico o arquitectónico y, por ende, esté protegido por el art. 44 de la Constitución provincial.
II.5. A fs. 264 y vta. el municipio acompañó la ordenanza 6.344/13 de 8-VII-2013, que contiene -entre otras cosas- normas relacionadas a los indicadores FOT y FOS. Según arguye, esta disposición habría derogado las ordenanzas anteriores por las que se agraviaban los actores. Con todo, en ningún momento plantea formalmente que la cuestión haya devenido abstracta.
Esta presentación fue resistida por los accionantes, quienes acusan una maniobra dilatoria del municipio en tanto que las disposiciones de la nueva ordenanza, con arreglo a su art. 2, no le serían aplicables a las parcelas ubicadas en ciertas zonas, entre ellas, la Zona Área Centro (AC) donde se sitúa la antigua terminal de micros (v. fs. 278/279).
III.1. A fs. 290/297 el Tribunal hizo lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando suspender los efectos de la ordenanza 6.210/12 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el asunto.
III.2. A fs. 395/405 los actores denunciaron otro hecho nuevo y requirieron ampliar la demanda de inconstitucionalidad -siempre en relación al art. 28 de la Constitución provincial- contra la ordenanza 6.445/13, promulgada por decreto 3.635/13.
A través de ella, se autorizó al Departamento Ejecutivo a constituir un fideicomiso al que se le transmitiría el dominio fiduciario del predio donde se emplaza la vieja estación de ómnibus, con cargo al administrador -una entidad bancaria- de ceder el dominio perfecto del lote a quien resultase adjudicatario de la licitación pública n° 20/2012 -a la postre, la firma Rowing S.A.-. Entienden que dicho acto no es sino un "instrumento de ejecución" de la ordenanza 6.187/12 originalmente impugnada en autos, razón por la cual también debe ser parte de la materia litigiosa. En consecuencia, pidieron la ampliación de la medida cautelar decretada a fs. 290/297.
III.3. A fs. 410/413 se resolvió incorporar lo anterior como hecho nuevo, conferirle traslado a la demandada y denegar la ampliación del despacho cautelar sobre la base de lo denunciado. Oído el municipio, esta Corte confirmó que el dictado de la ordenanza 6.445/13 representaba un acontecimiento que debía ser traído al proceso por guardar relación directa con la cuestión que se ventilaba (v. fs. 499).
IV.1. Conforme ha quedado reseñado en el relato de los antecedentes, la demanda promovida por Mary Idelba Loris Mitchell, Ricardo Ernesto Biasella y Osvaldo Acerbo llega a esta etapa luego de sucesivas ampliaciones y denuncias de hechos sobrevinientes.
Así las cosas, en este proceso se impugna la ordenanza 6.187/12 -y su decreto de promulgación- por la cual el Concejo Deliberante de Junín autorizó al Intendente a enajenar el bien inmueble de dominio municipal delimitado por las calles Winter, Belgrano, San Martín y Rivadavia, donde se encuentra la antigua terminal de ómnibus de dicha ciudad. A su vez, se cuestiona la ordenanza 6.210/12 que modificó los valores urbanísticos solamente para el inmueble involucrado, particularmente el índice FOT y la densidad neta (DN) de habitantes. También se ataca la ordenanza 6.445/13 por la cual se facultó al Intendente a constituir un fideicomiso a fin de instrumentar el traspaso del lote a la adjudicataria de la licitación pública n° 20/12 (dec. 2.520/12), contra la cual también enderezan su pretensión.
IV.2.a. Pues bien, a los fines de establecer la admisibilidad de la acción intentada, a la luz de lo dispuesto en el arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, corresponde precisar el alcance de la impugnación que es posible articular por esta vía (doctr. causas I. 1.502, "Castilla", sent. de 30-III-1993; I. 1.465, "Las Totoras SRL", sent. de 1-VI-1993; I. 1.322, "Industrias Ganaderas Inga SAICIF", sent. de 17-X-1995; I. 1.617, "El Libertador SRL", sent. de 16-VII-1996; I. 1.631, "Labinca SA", sent. de 17-II-1998; I. 1.607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999; I. 3.135, "Salvatierra", sent. de 7-VII-2010; e.o.). El citado texto dispone que la Suprema Corte de Justicia "...ejerce la jurisdicción originaria y exclusiva para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada".
Por este carril procesal pueden ser motivo de impugnación aquellos preceptos que establezcan mandatos generales, abstractos e impersonales (doctr. causas I. 1.612, "Barbieri", resol. de 8-V-1993; I. 2.204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008; I. 71.542, "De Amorrortu", resol. de 28-XII-2011; I. 73.601, "Instituto de Rehabilitación del Lisiado", resol. de 15-VI-2016; B. 73.996, "Atanor SCA", resol. de 29-VI-2016; I. 74.339, "Nextel Communications Argentina SRL", resol. de 7-XII-2016; e.o.). Aunque también es posible tramitar en esa vía pretensiones enderezadas a controvertir ciertas disposiciones que, si bien regulan una situación específica, proyectan efectos que trascienden a sus destinatarios directos y poseen una incidencia colectiva (doctr. causas I. 1.490, "Bargo", sent. de 5-VII-2000; I. 3.024, "Lavadero de Lanas El Triunfo", resol. de 8-VII-2003; I. 2.107, "O'Connor", sent. de 18-II-2009; I. 75.351, "Biesa", resol. de 17-X-2018; I. 75.727, "Gullo", resol. de 23-X-2019; I. 75.905, "Simonelli", resol. de 20-XI-2019; e.o.). Sin desconocer que determinadas leyes u ordenanzas, próximas a la "norma medida" o "ad hoc", se apartan de la generalidad y abstracción regulatoria predicables respecto del común de esa clase de normas, lo cierto es que la lectura del art. 161 inc. 1 tampoco descarta a aquellos supuestos de su campo de aplicación.
Por lo tanto y desde esa perspectiva, las disposiciones atacadas por los demandantes pueden ser objeto de la acción entablada, aun cuando aquella con aptitud para proyectar consecuencias normativas relevantes es la ordenanza 6.210/12.
IV.2.b. Sin embargo, incluso bajo esa noción más amplia a la hora de determinar la impugnabilidad por conducto de la acción originaria, parece claro que los cuestionamientos dirigidos contra la ordenanza 6.187/12 y su decreto de promulgación (autorización de venta), como contra la ordenanza 6.445/13 (creación del fideicomiso) y el decreto 2.520/12 (llamado a licitación pública), no son de recibo.
Esas reglas configuran un conjunto de dispositivos instrumentales, secundarios al núcleo del debate, que -según se ha dicho- está centrado en la compatibilidad de la alteración singular de los valores máximos de una parcela ubicada dentro del entramado central la ciudad de Junín con la cláusula del art. 28 de la Constitución de la Provincia. Ni la crítica a la decisión de vender y relocalizar la estación terminal, ni aquella que apunta a la conformación de un fideicomiso, poseen sustento constitucional autónomo. En tales condiciones, devienen insuficientes para instar un pronunciamiento jurisdiccional sobre el punto (arg. art. 688 in fine , CPCC; doctr. causas I. 1.597, "Wetzel", sent. de 28-III-1995; I. 1.252, "Ponce", sent. de 2-VII-2003; I. 2.070, "Video Cable Comunicación SA", sent. de 28-V-2010; I. 2.289, "Municipalidad de La Costa", sent. de 26-VI-2020).
Con todo, lo expuesto no altera la suerte de la posición sustantiva de los accionantes, puesto que la demanda, circunscripta al embate de la ordenanza 6.210/12, tiene la virtualidad de satisfacer sus declarados intereses de conservación urbano-ambiental.
IV.3. Sentado lo expuesto, es necesario atender a las objeciones formuladas por la demandada, referidas a la falta de legitimación de los accionantes y a los aparentes defectos formales de su presentación.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.