Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74626
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.626, "Triaca Julio Abel y ots. c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Torres, Pettigiani.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocó la sentencia de primera instancia en cuanto había rechazado la demanda, con costas en ambas instancias ordinarias del proceso a la vencida (v. fs. 497/501 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 504/509 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 511/512.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 559), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Los actores iniciaron una pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires a fin de que se les reconozca el derecho a que el ajuste de sus haberes previsionales, que les fue conferido a partir del 1° de marzo de 2010 tenga eficacia desde el 1° de enero del mismo año, y se condene, en consecuencia, a la Caja accionada al pago de las diferencias emergentes de aplicar tal aumento a los meses de enero y febrero de 2010 (v. fs. 57/64).
El aludido reajuste derivó del Acuerdo Salarial alcanzado el día 15 de marzo de 2010 entre la Asociación Bancaria y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina, por el que se acordó un incremento del 23,50% sobre todas las remuneraciones.
Con posterioridad los accionantes ampliaron la demanda respecto del Acuerdo Salarial alcanzado el 24 de mayo de 2011 -que fijó un aumento del 29%-, para que se condene al pago de las diferencias derivadas de aplicar tal incremento en los haberes de los meses de enero, febrero y marzo de 2011 (v. fs. 110/113 vta.).
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda promovida contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 460/471 vta.).
Consideró con cita de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa "Donnarumma", sent. de 29-X-1996) y de este Tribunal (causa B. 55.328, "Bustos", sent. de 26-IX-2012, e. o.) que el concepto de remuneración debía extraerse de la ley de previsión que regulara el caso, la que constituía la fuente directa y principal de solución.
Luego de transcribir los arts. 21, 22, 54 y 57 de la ley 13.364, entonces vigente, se refirió a que entre las funciones de gobierno del Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires se encontraba la de fijar retribuciones expresamente liberadas de aportes como los suplementos requeridos en esta causa, los cuales han sido calificados de extraordinarios, no abonándose al conjunto de agentes en forma normal, habitual y permanente.
Entendió -conforme a las pruebas producidas en la causa- que la Caja ha dado cumplimiento al art. 57 de la ley 13.364 al haber trasladado los aumentos otorgados al sector activo a los pasivos en los meses de marzo de 2010 y mayo de 2011.
Finalmente, consideró que no se había conculcado la movilidad previsional en virtud de que la demandada había abonado a sus afiliados sólo las sumas que en concepto de remuneración percibieran al momento de jubilarse y no las que percibieran los activos exentas de aportes (conf. arts. 21 inc. "c" y 54, ley 13.364).
Contra dicho pronunciamiento la parte actora dedujo recurso de apelación (v. fs. 478/484 vta.).
III. La Cámara interviniente revocó el pronunciamiento de grado y, en consecuencia, admitió la pretensión deducida por los accionantes, reconoció el derecho a las diferencias reclamadas y condenó a la Caja demandada a abonarlas (v. fs. 497/501 vta.).
Para así decidir, consideró que los pagos no remunerativos efectuados a los trabajadores de la entidad bancaria en los meses de enero y febrero de 2010 y de enero a marzo de 2011 no reconocen otro fundamento que el de un aumento salarial y, como tal, se hallan provistos de caracteres suficientes que los hacen susceptibles de aportes al régimen de la seguridad social (conf. ley 13.364, vigente en ese entonces).
Entendió que la declaración por acuerdo colectivo (puntos 6° y 7° del convenio de fecha 15-III-2010 y puntos 4° y 6° del convenio del 24-V-2011), es ineficaz para quebrar la naturaleza de los aumentos salariales, como lo es toda enunciación formal que no se avenga a la realidad de los hechos.
A su vez ponderó que los incrementos convenidos no se han ofrecido como premio estímulo, u otro sujeto a rendición o compensación por gastos.
Sostuvo que no es posible, solo por mera convención, sustraer a los referidos aumentos de los aportes previsionales y del derecho de los pasivos a integrarlos en sus haberes. Consideró que la absorción del suplemento no remunerativo al salario regular previsto en los acuerdos salariales de fechas 15-III-2010 y 24-V-2011 acredita el carácter remunerativo de las sumas allí otorgadas.
Especificó que éstas importaron un incremento al sueldo del personal en actividad por una prestación efectiva derivada de la relación jurídica estatutaria, no sujeta a recaudos adicionales ni a rendición.
Expresó que lo decidido no se veía obstaculizado por la circunstancia de que la Caja demandada resultare ajena a la celebración de esos acuerdos, al no depender de su participación la transferencia de lo que de ellos resultare a los afiliados y que los principios de movilidad y proporcionalidad previsional son suficientes para determinar el traslado de los incrementos al sector pasivo.
Por último, rechazó la defensa de prescripción planteada por la demandada al considerar que al interponerse la demanda -18-XI-2010- no había transcurrido el plazo de dos años desde las solicitudes de reajuste presentadas en sede administrativa el 10 y el 16 de junio de 2010 (conf. constancias de fs. 18/34 y art. 60, ley 13.364).
IV. Contra el mentado pronunciamiento la demandada a fs. 504/509 vta. interpuso recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.
IV.1. En primer término, denuncia que el Tribunal de Alzada se apartó de la doctrina legal de esta Corte emergente de las causas B. 57.216, "Donnarumma", sentencia de 17-VI-1997; B. 54.196, "Quirico"; B. 54.194, "Mantovano"; B. 54.858, "Pintos"; B. 55.079, "Constantinovsky", sentencias de 16-IX-1997; B. 55.855, "Villalba Palacios de Ordoqui", sentencia de 16-VII-2003; B. 56.002, "Mucci", sentencia de 16-VIII-2006 y B. 55.328, "Bustos", sentencia de 26-IX-2012.
Expresa que en los citados casos esta Corte rechazó pretensiones encauzadas a obtener el reconocimiento en los haberes previsionales de sumas otorgadas a los empleados activos con carácter no remunerativas.
Señala que el Tribunal de Alzada al expresar que "...en nada obsta a que la demandada resulte ajena a la celebración de los acuerdos colectivos, pues no depende de su participación la transferencia de lo que de ellos resulte a los pasivos, lo que incluye por cierto tanto a éste como a cualquier otro complemento" interpreta en forma errónea la doctrina legal de este Tribunal, en virtud de que los convenios se implementaron por resoluciones del directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires que respetaron un mínimo garantizado, pudiendo ampliar a otros rubros a reconocer en cada paritaria.
IV.2. En otro orden, denuncia que la Cámara interviniente interpretó en forma errónea el concepto de "remuneración", el que debe extraerse de la ley de previsión que la regula y constituye su fuente directa y principal.
Esgrime que en el caso los accionantes obtuvieron su beneficio conforme a la ley 11.761, que estableció en su art. 56 que los adicionales y componentes no remunerativos percibidos por el personal bancario podrán ser incluidos progresivamente a la remuneración, y no serán computados para la determinación de los haberes previsionales otorgados con anterioridad a dicha incorporación.
A su vez expresa que la ley 13.364 -vigente en ese entonces- determinó en su art. 21 que el Estado provincial garantiza las prestaciones establecidas en dicho régimen, que se financiarán mediante fondos, entre otros, del aporte personal de los afiliados activos sobre las remuneraciones sujetas a aportes conforme el art. 22, precepto que dispone que los aportes personales se efectuarán sobre la totalidad de las remuneraciones percibidas por cada empleado, y se considerará remuneración a los sueldos percibidos por cada agente de acuerdo a la respectiva categoría de revista.
Por otro lado sostiene -tal como lo indicara el pronunciamiento de primera instancia- que el directorio del Banco puede fijar retribuciones liberadas de aportes conforme las funciones de gobierno y en ejercicio de la competencia que la Ley Orgánica le ha otorgado para proyectar el presupuesto anual de gastos (conf. art. 24).
IV.3. Por último, afirma que la Caja previsional ha cumplido con las previsiones del art. 57 de la ley 13.364 -conforme la prueba de peritos y de informes producida-, trasladando a los afiliados todos los porcentajes de aumentos que emergieron de los acuerdos paritarios de los años 2010 y 2011. Por ello sostiene que el reconocimiento del derecho de los accionantes resuelto por la Cámara es erróneo.
Finalmente, aduce que el pronunciamiento impugnado es temerario para los intereses de la Caja previsional que se encuentra encargada de la administración de fondos públicos.
V. El recurso intentado no puede prosperar en razón de la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
V.1. Observo que el escrito en el que se interpone y funda el remedio procesal en estudio no constituye una réplica idónea a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial posee, más allá del acierto o error de la decisión que adopta.
Sobre el punto esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz a las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurso se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas A. 72.950, "Gómez", sent. de 22-XI-2017; A. 73.025, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda", sent. de 10-X-2018; A. 74.262, "Capomaggi", sent. de 13-III-2019, e. o.).
V.1.a. En primer lugar, advierto que el reproche que propone el impugnante hacia la labor jurisdiccional se limita a disentir con el argumento descartado por el Tribunal de Alzada, referido a que no constituye un obstáculo para determinar la naturaleza de los incrementos que la Caja previsional resultare ajena a la celebración de los convenios salariales de fechas 15-III-2010 y 24-V-2011. Ello, con sustento en que allí se establecieron incrementos a las retribuciones del personal en actividad como contraprestación de la actividad desarrollada, no sujeta su percepción a recaudos adicionales, ni constituyeron premios al estímulo, u otros, supeditados a rendición o compensación por gastos.
Desde ese mirador, la Cámara interviniente entendió que quedaban incluidos en el concepto de remuneración y, como tal, se hallaban provistos de caracteres suficientes que los hacían susceptibles de aportes al régimen de la seguridad social (ley 13.364) y en consecuencia, correspondía su transferencia al haber previsional de los accionantes.
A su vez, el Tribunal de Alzada consideró que, conforme a la naturaleza de los aumentos, no era posible sustraerlos de los aportes previsionales y del derecho de los pasivos a integrarlos en su haber sólo por mera convención. De allí en más, concluyó que la falta de participación de la Caja demandada en la celebración de los acuerdos colectivos no incidía en la determinación de la transferencia al sector pasivo.
Esta parcela del pronunciamiento no ha sido objeto de impugnación por el recurrente que pretende hacer prevalecer su propio criterio interpretativo sobre el alcance de los convenios salariales de los años 2010 y 2011. También respecto a que la liquidación de los haberes previsionales corresponde efectuarla conforme a las remuneraciones con aportes abonadas a los agentes en actividad, informadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires (conf. arts. 22 y 57, ley 13.364).
El impugnante, a partir de esas consideraciones y en atención a la competencia asignada al Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires para fijar retribuciones liberadas de aportes (conf. art. 24 de la Carta Orgánica), insiste en que los incrementos concedidos a los activos por los convenios colectivos respecto de los meses de enero y febrero de 2010 y enero, febrero y marzo de 2011, poseen el carácter de no remunerativos y por lo tanto, al no efectuarse aportes a la Caja previsional, no está obligada a trasladarlos al sector pasivo.
Es indudable que los argumentos traídos a esta instancia se apartan de la línea reflexiva que llevó a los juzgadores a arribar a las conclusiones adversas a sus intereses y no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto a lo allí decidido.
Esta circunstancia resulta suficiente para el rechazo del embate formulado pues, como ha afirmado esta Corte, deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada, y se dedica a criticarlos con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (doctr. causas C. 109.175, "Morgenroth", sent. de 13-V-2015; C. 118.443, "La Chara S.A.", sent. de 12-VII-2017; e. o.).
Para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, debe demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley que denuncia. Función que no es debidamente cumplida si en esa operación se sustrae, como sucede en la especie, la réplica adecuada de las motivaciones esenciales que el pronunciamiento impugnado contiene (doctr. causas A. 69.983, "Maglione", sent. de 10-III-2011; A. 71.566, "Giovagnoli", sent. de 29-II-2012; A. 70.765, "Cabezali", sent. de 4-VI-2014 y A. 71.370, "Belardo", sent. de 20-V-2015).
V.1.b. Igual suerte corre el agravio esbozado por el recurrente con sustento en el art. 56 de la ley 11.761 -régimen legal bajo el cual los accionantes obtuvieron su beneficio previsional-, atento la insuficiencia que porta.
El impugnante no denuncia ni acredita las circunstancias que patentizaren la aplicación de tal precepto al caso respecto a los incrementos salariales emergentes de los convenios colectivos de los años 2010 y 2011.
Para más, la Cámara, para decidir como lo hizo, interpretó esencialmente los términos de los convenios colectivos a fin de determinar la naturaleza remunerativa de los importes allí reconocidos.
Es evidente que en esta parcela los agravios se refieren a cuestiones de hecho y prueba que, por regla general, resultan ajenas a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvedad hecha para el supuesto excepcional de absurdo (doctr. causas A. 74.407, "Andrade", sent. de 11-VII-2018 y A. 74.831, "Fontana", sent. de 8-V-2019; e. o.). Y tal vicio se configura, según ha expresado este Tribunal, sólo ante la presencia de un error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo con tergiversación de las reglas de la sana crítica, en violación de las normas procesales aplicables, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal e insostenible en la discriminación axiológica (doctr. causas A. 71.766, "Funes", sent. de 14-VIII-2013; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 74.916, "Fernández", sent. de 29-V-2019; e. o.).
En la especie, el impugnante no denuncia ni logra demostrar un vicio de esas características que justifique revertir lo decidido por los jueces de grado. En particular, en cuanto la Cámara decidió que conforme los acuerdos salariales de fechas 15-III-2010 y 24-V-2011 la consignación de la absorción del suplemento al salario regular es demostrativa de que los importes allí establecidos constituyeron incrementos a la remuneración normal y habitual de los agentes en actividad, no supeditados para su percepción a ningún recaudo.
Por el contrario, el recurrente se opone a la apreciación realizada por el Tribunal de Alzada sobre la base de consideraciones que se sustentan en un criterio propio, apoyadas en el estricto cumplimiento del art. 57 de la ley 13.364 -conforme a la prueba de informes y de perito producida en autos- sin demostrar el referido vicio, que se configura cuando el fallo incurre en un error palmario, grosero y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causa A. 74.433, "Clair", sent. de 8-V-2019).
No es tal el agravio cuyo contenido se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y merituación de la prueba (doctr. causas A. 72.844, "Estivariz", sent. de 17-VI-2015 y A. 72.297, "Paz", sent. de 29-III-2017).
En dicho contexto, la crítica es ineficaz, toda vez que expresa el disentimiento del impugnante con el razonamiento expuesto en la sentencia, sin denunciar ni aportar una explicación que compruebe la existencia de una desinterpretación palmaria o grosera de las constancias objetivas de la causa, con entidad suficiente para configurar el absurdo.
V.2. Por último, tampoco mejora la suerte de la impugnación la invocación de una pretendida violación de doctrina legal de esta Suprema Corte que cita la recurrente a fs. 506 vta.
Este Tribunal tiene dicho que sólo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia", sent. de 19-XII-2012; A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017; A. 75.277, "Albanese", sent. de 28-V-2019 y A. 74.916, cit. e. o.).
El impugnante no desarrolla la correspondencia fáctica y jurídica existente entre aquellos antecedentes y el presente caso.
De modo tal que el planteo luce insuficiente, pues es claro que el recurrente omite explicar de qué manera concreta los precedentes de esta Suprema Corte, que denuncia como erróneamente aplicados o transgredidos, se relacionarían con la supuesta actuación indebida de la Cámara interviniente.
VI. Por las razones expuestas, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial considero que el recurso interpuesto debe ser rechazado.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.