Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74628
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (arts. 299, 300 y conc., CPCC). Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc.1, CCA; 68 y 303 in fine , CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.628, "Mastandrea Rubens V. y otros contra Provincia de Buenos Aires sobre pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Pettigiani, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (v. fs. 903/918) y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto fue materia de agravio (v. fs. 981/986 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, el coaccionante Francisco Vicente Parra interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 992/1.007), los que fueron concedidos a fs. 1.009/1.010.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 1.029/1.032), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 1.033/1.033 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 992/1.007?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley o doctrina legal a fs. 992/1.007?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el coactor Francisco Vicente Parra y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos por él promovida (v. fs. 981/986 vta.).
Señaló que correspondía remitir al criterio sentado en casos análogos resueltos por dicho Tribunal de Alzada -causas n° 14.131, "Actis Goretta" y n° 15.301, "Conde".
Reprodujo los fundamentos consignados en tales precedentes y puntualizó que la parte actora se desentendió del principio general referido a que el régimen legal aplicable al beneficio previsional correspondía al vigente a la fecha de cese (conf. arts. 53, dec. 9.650/80 y 25, ley 13.364, entonces vigente) y del carácter contributivo del sistema, en función del cual deben entenderse los alcances de las prestaciones reconocidas, determinadas al momento de su otorgamiento y que carecían de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así alcanzados siempre guarda relación directa con los requisitos de acceso a ellos.
Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un bloque que incluye la base de cálculo del haber y así el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad, ésta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras.
Estimó que no se demostró que la diferencia de texto -en relación con los conceptos comprendidos en la determinación de la base de cálculo (conf. arts. 34 y 35, ley 11.761 y 54, ley 13.364, entonces vigente) suponía un trato diferente, para una exigencia contributiva que siempre se reportaba a componentes remunerativos y cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar.
Concluyó que el pronunciamiento de primera instancia no padecía error de juzgamiento, en la medida que receptaba la aplicación de principios generales sobre los cuales se vertebran, no sólo el derecho a las prestaciones sino también el sistema contributivo en su totalidad, impidiendo que las situaciones consumadas al amparo de un régimen puedan sufrir impacto futuro por disposiciones que modifiquen la concepción integral, para un mecanismo que debe comprenderse como totalidad.
II. Contra tal pronunciamiento el coaccionante Francisco Vicente Parra interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 992/1.007).
Se agravia porque la Cámara al resolver omitió la aplicación de los casos "Badaro" y "Sanchez" fallados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por ende, no interpretó la ley 11.761 conforme a la doctrina federal constitucional de índole previsional.
Alega que impugna el cuerpo legal mencionado en orden a la forma de liquidar su haber jubilatorio y no respecto a la vigencia de la ley al tiempo del cese, y tal planteo debió ser analizado por la Cámara a tenor de lo previsto en la Constitución nacional y tratados internacionales.
III. El recurso interpuesto no prospera.
III.1 Este Tribunal tiene dicho que por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad sólo cabe cuestionar la validez de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales frente a disposiciones de la Constitución provincial (conf. arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 299, CPCC; doctr. causas Q. 71.994, "Zara Argentina S.A.", resol. de 4-VII-2012; Q. 71.952, "Lardelli", resol. de 1-VIII-2012; Q. 72.011, "Bernuzzi", resol. de 2-V-3013; A. 71.833, "Papi", sent. de 12-III-2014 y A. 71.776, "Cementos Avellaneda S.A.", sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
Ello no acontece en autos.
Si bien la magistrada de primera instancia abordó la validez constitucional de la ley 11.761 (v. fs. 862/873 vta.), el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre tal tópico. Ello con motivo de que se expidió en el marco de la argumentación que estructuró la crítica del recurrente afincada exclusivamente a la sanción, vigencia y aplicación al caso de la ley 13.364, alegando para ello las previsiones del art. 3 del Código Civil, entonces vigente (v. fs. 903/918 vta.).
En tales condiciones, falta un requisito indispensable para su admisibilidad, cual es que exista decisión del juzgador de última instancia relativa a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad en un confronte con las normas de la Constitución provincial (doctr. causas Ac. 81.951, "Cejas", sent. de 19-IX-2001; Ac. 96.164, "Fiscalía de Estado", sent. de 8-II-2006; Q. 72.011, cit.; A. 71.563, "Ferro", sent. de 28-XII-2016; A. 73.666, "Parma", sent. de 21-XI-2018; A. 73.655, "Fernandez", sent. de 7-III-2019 y A. 74.298, "Greig", sent. de 28-XI-2018; e.o.).
III.2 Por otra parte, no resultan audibles por este remedio los cuestionamientos vinculados con la invalidez de la sentencia misma en cuanto a criterio del recurrente la interpretación de la ley 11.761 debió efectuarse conforme a la Constitución nacional y tratados internacionales, cuestión por cierto ajena a este canal.
Sobre tal aspecto, esta Corte ha señalado reiteradamente, tanto frente a recursos de nulidad como en el caso de recursos de inconstitucionalidad, que los agravios vinculados con supuestos errores de juzgamiento resultan ajenos a la vía intentada y propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (doctr. causas A. 71.403, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 29-III-2017; Q. 70.953, "Moron", sent. de 14-X-2015; A. 73.666; A. 73.655 y 74.298, cits.).
IV. Por lo expuesto, oído el señor Procurador General, y ante el incumplimiento de las cargas técnicas exigidas por el ordenamiento procesal aplicable (arts. 299, 300 y conc., CPCC), juzgo que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto debe ser rechazado.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 992/1.007 el señor Francisco Vicente Parra denuncia la violación de los arts. 14, 16, 28 y 33 de la Constitución nacional y su preámbulo; 11 y 39 inc. 3 de su par provincial; 3 del Código Civil -entonces vigente, hoy art. 7- y doctrina legal de esta Corte emergente de las causas B. 68.331, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resolución de 12-XI-2008; B. 57.842, "Antonetti", sentencia de 23-V-2001 -punto V del voto del doctor Pettigiani, párrafos 4 y 5-; B. 52.061, "Marchesi", sentencia de 4-VIII-1992; B. 56.205, "García", sentencia de 22-IV-1997; Ac. 77.944, "Corredato", sentencia de 1-IV-2004; I. 2.024, "Verlutas", sentencia de 10-VI-2006 y el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Arcuri Rojas, Elsa c/Anses", sentencia de 3-XI-2009.
Indica que el Tribunal al resolver la cuestión declaró aplicable la ley 11.761 para la determinación de su haber jubilatorio y no las leyes que la derogaron 13.364 (cfr. art. 79) y su modificatoria 13.873, ello por imperio del art. 3 del Código Civil, entonces vigente.
Destaca que las dos últimas normas legales mencionadas deben ser aplicadas en virtud de la doctrina sentada por esta Suprema Corte en las causas B. 68.331, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resolución de 12-XI-2008 -en la cual este Tribunal dirimió un conflicto de poderes y puso en vigencia el régimen jubilatorio allí previsto, inclusive la liquidación previsional de los haberes- y B. 57.842, "Antonetti", sentencia de 23-V-2001.
Aduce que la Cámara desconoce el principio de progresividad contemplado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial y el de razonabilidad, plasmados por este Tribunal en la causa B. 63.442, "Larroque", considerando VIII, relacionado con la regla de no lesividad de derechos previsionales. Cita la causa "Sánchez", sentencia de 17-V-2005, resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Considera que el fallo impugnado, al aplicar la ley 11.761, le produjo un perjuicio patrimonial y violó el principio de igualdad consagrado en los arts. 16 de la Constitución nacional y 11 de su par provincial. Ello, en tanto los afiliados jubilados por la ley citada sufren una merma sustancial en relación a otros pasivos que alcanzaron la misma categoría pero con una fecha de cese distinta que los exime de la aplicación de la referida norma legal.
Alega que la ley mencionada lesiona el principio de razonabilidad establecido en el art. 28 de la Constitución nacional, en virtud de que sus disposiciones no pueden alterar los derechos y garantías constitucionales.
Señala que en materia previsional la ley vigente al cese sólo se refiere a los requisitos que deben cumplirse para que nazca el derecho, pero no para la determinación del régimen jurídico que rige la subsistencia de la prestación previsional, por lo que entiende que las nuevas leyes deben aplicarse a las situaciones jurídicas existentes conforme lo normado en el art. 3 del Código Civil, entonces vigente.
Aduce que la Cámara, al mantener la aplicación de la ley 11.761, convalidó su ultraactividad y especialmente la de su art. 54 de cuyo mecanismo se desprendería que el haber previsional sólo representa un 65% de lo que percibe un activo. Añade que por los principios de justicia social contemplados en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de su par provincial y progresividad establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos -art. 26- no puede confirmarse el sistema de liquidación de haberes al que alude aquella normativa, ello conforme la doctrina de la causa "Arcuri Rojas", resuelta por la Corte federal.
Entiende que a la luz de los preceptos citados resultan ineficaces los argumentos dados por el Tribunal de Alzada respecto a la fecha de cese de la actividad y el carácter contributivo del sistema previsional, en tanto que no puede exigirse a un grupo de jubilados afectados por la ley 11.761, realizar un mayor esfuerzo que el resto de los pasivos.
Se agravia porque la Cámara omite analizar el concepto de movilidad de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte nacional y yerra en la interpretación de la ley de cese según el criterio sentado por este Supremo Tribunal, limitando el marco cognoscitivo del recurso. Ante ello, entiende que el fallo carece de motivación.
Puntualiza que el pronunciamiento impugnado no comprobó los hechos controvertidos y la decisión adoptada no ha efectuado una correcta interpretación de la ley 11.761.
Finalmente, alega que el fallo atacado se desentiende de derechos de carácter alimentario y hace referencia a diversas causas sin indicar los pasajes o fundamentos que serían pertinentes, circunstancia que no le permite efectuar de manera concreta el ataque al pronunciamiento, afectando su defensa.
II. El recurso no prospera.
El art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando en ellos se plantean agravios que hubieran sido desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
En esas condiciones, advierto que los agravios esgrimidos por el recurrente resultan sustancialmente análogos a los ya resueltos y desestimados por este Tribunal en la causa A. 72.826, "Actis Goretta", sentencia de 16-VIII-2017.
Por tal razón y en virtud de los argumentos brindados en el precedente citado, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC; 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (arts. 299, 300 y conc., CPCC). Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc.1, CCA; 68 y 303 in fine , CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:14:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2020 17:37:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:28:10 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 09:35:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 10:36:13 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia