Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75479
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos (arts. 279 y 289, CPCC y 31, ley 5.827). Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
A C U E R D O La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.479, "Anca, Jose Luis y otr. c/ Caja de jubil. Subs. Y Pens. Del Personal del Banco de la provincia de Buenos Aires. Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Kogan, Torres. A N T E C E D E N T E S La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que al caso interesa, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y desestimó el incoado por los co-actores, con el siguiente alcance: a) respecto de quienes adquirieron su haber previsional con anterioridad a la ley 11.761, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto declarara la inconstitucionalidad del art. 21 inc.
"e" de la ley 11.761, y confirmó el pronunciamiento en cuanto declarara la inconstitucionalidad de los arts. 22 segundo párrafo, 25, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 67 de la ley 11.761 y su inaplicabilidad a los actores y b) en relación a los accionantes que cesaron bajo la vigencia de la ley 11.761, confirmó aquel decisorio en cuanto fuera materia de agravios. De tal modo validó la sentencia de primera instancia que condenara a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires a abonar a los actores todas las diferencias impagas que surjan por considerar "remunerativos" -desde sus orígenes- los ítems identificados bajo los códigos 1123, 1124, 1132, 1133, 1225 y 1289, con aplicación del plazo bienal de prescripción a contar desde los reclamos efectuados en sede administrativa, con más los intereses que paga el Banco de la Provincia en sus operaciones de depósito a treinta días, devengados en cada período de vencimiento y hasta su efectivo pago.
Asimismo, desestimó la demanda respecto al planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, imponiendo las costas del proceso en el orden causado (v. fs. 541/547). Disconformes con dicho pronunciamiento la parte actora (v. fs. 554/577 vta.) y la demandada (v. fs. 583/587 vta.) interpusieron recursos de inaplicabilidad de ley, los que fueron concedidos por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 629/630. Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 639) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la parte actora a fs. 554/577 vta.? 2ª) ¿Lo es el interpuesto por la demandada a fs. 583/587 vta.?
V O T A C IÓ N A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo: I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en lo que al caso interesa, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y desestimó el incoado por los co-actores, con el siguiente alcance: a) respecto a quienes adquirieron su haber previsional con anterioridad a la ley 11.761, revocó la sentencia de primera instancia, en cuanto declarara la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, y b) en relación a los que cesaron bajo la vigencia de la ley 11.761, confirmó el citado pronunciamiento que desestimara la demanda respecto al planteo de inconstitucionalidad del citado precepto legal.
Finalmente impuso las costas del proceso en el orden causado (v. fs. 541/547). Puso de manifiesto que el planteo referido al descuento previsto en el art. 21 inc. "e" de la ley 11.761, constituía una cuestión que exhibía una configuración análoga a otros precedentes resueltos por el Tribunal, en los cuales se destacara el cambio de la doctrina legal de esta Suprema Corte, en la que se sostuvo la constitucionalidad de dicha norma legal (causa I. 2.024, "Velurtas", sent. de 10-VI-2009). Puntualizó que esa modificación pudo ser advertida ya en una causa anterior decidida por la Cámara -que tramitara por el carril del amparo-, en la que este Tribunal -en oportunidad de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto- se pronunció sobre el asunto (causa A. 69.664, "González", sent. de 6-V-2009).
Precisó que el voto que resultó mayoritario señaló que, si bien el precepto legal en cuestión implicaba una reducción del haber previsional al que la reclamante tiene derecho conforme la ley 5.678, no encontraba que se haya traspasado el límite que hace a la validez constitucional del ejercicio de toda potestad pública. Finalmente, estimó que no apreciaba razones jurídicas o fácticas que justificaren apartarse del aludido criterio. II. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 554/577 vta., la parte actora denuncia la violación de la doctrina legal sentada por esta Corte en la causa I. 1.904, "Martín", y sus acumuladas, sentencia de 8-III-2006; I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009; y la referida al principio de seguridad jurídica, derechos adquiridos, defensa en juicio, debido proceso, igualdad ante la ley y derecho de propiedad consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; resolución administrativa 74/07 dictada por la Caja previsional demandada; leyes 5.678 y 13.364; 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Aduce haber cumplido con la totalidad de los requisitos derivados de la doctrina de la causa "Martín" y que la exigencia de no superación del 33% de la remuneración del activo evidenciaba una falta total de valoración lógica de los antecedentes del caso, pues tal requerimiento derivó, a su entender, del criterio sostenido a partir del 10 de junio de 2009. Afirma que la aplicación de una nueva doctrina legal, tomando en consideración la edad de los actores, debía ser presidida por una especial prudencia a fin de impedir situaciones frustratorias de derechos constitucionales. Plantea la vulneración del instituto de la seguridad jurídica. Por último, denuncia omisión en el tratamiento de diversas cuestiones que considera esenciales para la resolución del caso y sostiene que el Tribunal de Alzada incurrió en arbitrariedad.
III. Los agravios esgrimidos en el recurso en tratamiento han sido analizados por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (causas A. 70.935, "Caminiti" y A. 70.936, "Silberman", ambas sents. de 22-V-2013), en los que se desestimó el planteo de inconstitucionalidad efectuado respecto del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761. El art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios con la sola invocación de esa norma, cuando en ellos se plantean agravios desestimados por el Tribunal en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación. Por tal razón, y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes citados, propongo rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279, CPCC y 31 bis, cit.).
Voto por la negativa. El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa. Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine, CPCC). A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo: I. El Tribunal de Alzada, en lo que al caso interesa y en relación a los accionantes que cesaron bajo la vigencia de la ley 11.761, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto condenara a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires a abonar a los actores todas las diferencias impagas que surjan por considerar "remunerativos" -desde sus orígenes- los ítems identificados bajo los códigos 1123, 1124, 1132, 1133, 1225 y 1289 con aplicación del plazo bienal de prescripción a contar desde los reclamos efectuados en sede administrativa, con más los intereses que paga el Banco de la Provincia en sus operaciones de depósito a treinta días, devengados en cada período de vencimiento y hasta su efectivo pago.
Al analizar el agravio de la demandada referido a que no todos los adicionales incorporados tienen el carácter de generalidad que le asignara el juez de grado, no observó en el escrito recursivo una crítica clara, concreta y razonada del fallo de primera instancia, que permita enervar los fundamentos expuestos por el magistrado. Expresó que la recurrente se limitó a mencionar que, si bien todos los adicionales fueron incorporados como remunerativos, en la mitad de los casos no tendrían el carácter de generalidad asignado, sin detallar cuáles serían los supuestos a los que se refiere, ni expresar de qué manera el fallo del juez que previno exhibía error de juzgamiento, debiéndose, por lo tanto, confirmar el pronunciamiento de grado en este tópico.
II. Contra el mentado decisorio la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 583/587 vta.). En primer término, denuncia que el Tribunal de Alzada se apartó del criterio que sostuviera en otras causas y de la doctrina legal de esta Corte emergente de las causas B. 57.216, "Donnarumma", sentencia de 17-VI-1997; B. 55.855, "Villalba Palacios de Ordoqui", sentencia de 16-VII-2003; B. 56.002, "Mucci", sentencia de 16-VIII-2006 y B. 55.328, "Bustos", sentencia de 26-IX-2012. Expresa que en los citados casos esta Corte rechazó pretensiones encauzadas a obtener el reconocimiento en los haberes previsionales de adicionales "sin aportes" o "no remunerativos" pagados al personal activo del Banco.
Señala que conforme el art. 54 de la ley 11.761, la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires estaba obligada a considerar en el cálculo de la prestación previsional sólo las sumas que en concepto de remuneración percibiera el activo al momento de obtener el beneficio, concepto que claramente no se integra con las sumas percibidas por los agentes en actividad "sin aportes" o "no remunerativas". Como consecuencia de ello, esgrime que los códigos 1123, 1124, 1132, 1224 y 1289 no fueron considerados para determinar el haber inicial de los afiliados que cesaron bajo la vigencia de la ley 11.761, en virtud de que el citado precepto legal no preveía el cómputo de las sumas exentas de aportes.
Por último, alega que el pronunciamiento impugnado es temerario para los intereses de la Caja previsional que se encuentra encargada de la administración de fondos públicos. III. Adelanto que el recurso no prospera, atento a la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC). III.1. La Cámara -tal como he señalado- consideró que el recurso de apelación deducido por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires no constituía una crítica clara, concreta y razonada del fallo de primera instancia. Destacó, en ese orden, que la apelante se limitaba a mencionar que, si bien todos los adicionales fueron incorporados como remunerativos, en la mitad de los casos no tendrían el carácter de generalidad asignado, y no detallaba cuáles eran los supuestos a los que refería, ni expresaba de qué manera el mencionado pronunciamiento exhibía error de juzgamiento.
III.2. Aprecio que en el recurso ahora bajo estudio, no se cuestiona la insuficiencia reprochada por la Cámara a la expresión de agravios del recurso de apelación, cuando fue ese el fundamento central del decisorio impugnado, por lo que llega firme a esta instancia extraordinaria (conf. art. 279, CPCC). Para más, esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho, ajena, en principio, a su conocimiento y sólo susceptible de ser revisada mediante denuncia y demostración de absurdo (doctr. causas A. 70.126, "Trillo", sent. de 21-V-2010; A. 71.558, "González", sent. de 4-VIII-2016; A. 72.095, "Rodriguez", sent. de 17-V-2017 y A. 74.085, "Tarchini", sent. de 29-VIII-2018).
En esas condiciones advierto que el impugnante, pese a que su misión consistía en demostrar el desvío lógico en la decisión puesta en entredicho en este aspecto, así como la suficiencia del recurso ordinario que oportunamente interpusiera, resumió ante esta Corte similares argumentos a los vertidos al formular su apelación, sin denunciar y demostrar un razonamiento absurdo del sentenciante respecto a la insuficiencia de la técnica argumentativa desplegada. Ha dicho este Tribunal que para tener éxito en el intento de revisión de una sentencia que declara desierta la apelación oportunamente deducida, es menester identificar los pilares argumentales del decisorio de primera instancia, precisar las parcelas de la expresión de agravios que permiten derribar dichos argumentos dirimentes y finalmente acreditar que la conclusión de la Cámara sobre el punto es fruto de un razonamiento absurdo, única hipótesis en la que puede esta Corte entrar a conocer en agravios vinculados a tales cuestiones.
Resulta preciso recordar, además, que el desarrollo de los agravios a la luz de los arts. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo y 260 del Código Procesal Civil y Comercial supone, como carga procesal, una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencie su injusticia. Requiere así una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia -punto por punto- y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (doctr. causa A.72.633, "P. M.", sent. de 18-X-2017 y sus citas). III.3. Lo expuesto pone de manifiesto la imposibilidad de esta Corte para ingresar en el análisis de los agravios ahora ensayados, lo que es suficiente para justificar el rechazo del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, lo que implica confirmar la sentencia de Cámara en lo que fue materia de agravio (cfr. arts. 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC). Voto por la negativa. El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la segunda cuestión también por la negativa. Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos (arts. 279 y 289, CPCC y 31, ley 5.827). Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine, CPCC).
Fin de la sentencia