Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75655
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.655, "Ixtaina, Néstor Carlos contra Provincia de Buenos Aires (I.P.S.). Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata revocó la sentencia dictada por la jueza de primera instancia que, a su turno, había admitido la demanda deducida por el señor Néstor Carlos Ixtaina contra el Instituto de Previsión Social (v. fs. 218/223).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (escrito en soporte electrónico de fecha 15 de agosto de 2018, 13:04:17 en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 231), visto el memorial de la parte demandada (escrito en soporte electrónico de fecha 25 de marzo de 2019, 9:39:54 en el sistema Augusta) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión deducida y anuló la resolución 672.202 dictada por el Directorio del Instituto de Previsión Social con fecha 24 de septiembre de 2009. En consecuencia, le reconoció al accionante el derecho a reajustar su haber previsional computando los servicios simultáneos reconocidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de conformidad con lo previsto en el art. 47 del decreto ley 9.650/80. Impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 176/181).
Para ello sostuvo que, en el caso, no existe incompatibilidad alguna entre los cargos desempeñados por el actor por cuanto consideró que la ex empresa Astilleros y Fábricas Navales del Estado S.A. (AFNE S.A.) es una entidad distinta del Estado nacional, con sujeción a las normas que regulan las sociedades del Estado, leyes 20.705 y 19.550.
Con cita autoral señaló que ese tipo de sociedades son entidades descentralizadas que tienen patrimonio y personalidad jurídica propios, destinadas a desarrollar actividades de carácter industrial y comercial o a explotar servicios públicos, sometidas -en su constitución y funcionamiento- a las normas que regulan las sociedades anónimas, caracterizándose por ser íntegra y expresamente estatales sometidas, principalmente, al derecho privado.
Ponderó que, conforme las probanzas de autos, el marco jurídico aplicable al vínculo laboral del accionante con su empleador entre el mes de junio de 1975 y el mes de marzo de 1994 fue el de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744.
En consecuencia, para resolver la cuestión relativa a la existencia de una incompatibilidad entre los cargos que desempeñara el actor (art. 53, Const. prov.), afirmó que el vínculo laboral entre el accionante y la ex empresa Astilleros y Fábricas Navales del Estado S.A. (AFNE S.A.) no puede calificarse como una relación de empleo público perteneciente a la Administración estatal; concluyendo que no resulta aplicable la doctrina legal sentada -por mayoría- en la causa "Salas" (A. 71.913, sent. de 3-V-2015).
I.2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado (v. fs. 185/190) y revocó la sentencia de primera instancia (v. fs. 218/223). Impuso las costas en el orden causado (art. 51 inc. 2, CCA).
Para así decidir, sostuvo que las funciones desempeñadas por el actor como personal superior en la ex empresa AFNE S.A. desde el 1 de junio de 1975 hasta el 31 de marzo de 1994 fueron ejercidas en el marco de una relación de empleo público (v. fs. 221).
Afirmó que la circunstancia de que la relación jurídica sustancial entre el accionante y la ex empresa AFNE S.A. estuviese regida por la Ley de Contrato de Trabajo, no obsta a la situación de incompatibilidad, por cuanto las Sociedades del Estado integran los cuadros organizativos de la Administración y tienen a su cargo finalidades públicas.
Advirtió que los servicios desempeñados en jurisdicción nacional fueron ejercidos en su condición de agente público, cumpliendo tareas por y para el Estado, con independencia del régimen jurídico aplicable a la relación laboral.
Al respecto, se refirió a la prohibición constitucional de acumular dos o más empleos públicos a sueldo (art. 53, Const. prov.) para cuya incorporación como art. 41 en el texto constitucional del año 1873, la Convención Constituyente sostuvo que "los empleos que el pueblo paga no se deben acumular", conforme causa B. 51.960, "Bruzzone", AyS 1992 II, 649 (reiterada por este Tribunal en la causa B. 59.103, "Corsi", sent. de 13-IV-2011).
Por su parte se refirió al decreto ley 8.078/73, que expresamente prohíbe que se acumulen en una misma persona, dos o más empleos ya sean nacionales y provinciales, municipales y provinciales o provinciales, aunque algunos de ellos sean en reparticiones autónomas o autárquicas nacionales o provinciales, con la excepción de los cargos que correspondan a la enseñanza pre-escolar, primaria, media, superior y universitaria y los que ocupen los profesionales del arte de curar (v. fs. 221 vta.).
Sostuvo que la empresa Astilleros y Fábricas Navales del Estado S.A. sujeta a privatización mediante la ley nacional 24.045, fue transferida por el Estado nacional (Ministerio de Defensa) a la órbita provincial mediante el decreto 1.787/93, en el que se estableció que no se afectarían los derechos de terceros, por estar aseguradas las condiciones materiales para el cumplimiento de los contratos en ejecución y la continuidad de la responsabilidad patrimonial del Estado nacional.
Estimó que el accionante prestó servicios como personal superior de la ex empresa AFNE S.A., actuando en su condición de agente público e integrando por tal motivo los cuadros organizativos de la administración.
En virtud de ello, consideró aplicable al sub lite la doctrina sentada en la causa "Salas" (antes cit.), en la que esta Corte sostuvo -por mayoría- que, si el haber en pasividad ha de tener su reflejo con el de los empleos computables, ninguna incidencia habrán de tener sobre los mismos las tareas desempeñadas en forma irregular o al margen de la ley.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en el cual denuncia la violación del art. 53 de la Constitución provincial.
Asimismo, acusa que la Cámara interviniente realizó una incorrecta interpretación del art. 39 inc. 3 de la Constitución local e infringió los arts. 57 y 171 de la misma.
Denuncia que se han vulnerado los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional.
Aduce que el Tribunal de Alzada infringió la doctrina legal de la causa "Salas" (cit.), denunciando la errónea aplicación del art. 47 y concordantes del decreto ley 9.650/80.
En su escrito recursivo indica que la Cámara desacierta al considerar que la ex AFNE S.A. integre los cuadros de la Administración y cumpla finalidades estatales.
Considera incompleta la alusión a la raíz histórica del precepto constitucional, a fin de ponderar la supuesta incompatibilidad en cargos públicos (v. fs. 221 vta.).
Afirma que carece de lógica el razonamiento del Tribunal de Alzada cuando infiere que la garantía que asume el Estado nacional respecto de los contratos en ejecución (art. 8 del contrato de transferencia suscripto entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional con fecha 26-VII-1993), pueda traspolarse a una situación de continuidad temporal que permita concluir que el desempeño del actor como personal superior expresado en la asignación técnica escalafonaria lo invista como integrante de los cuadros organizativos de la administración.
Indica que bajo los principios y las pautas interpretativas del marco jurídico aplicable a la relación laboral (LCT) la prohibición del art. 53 de la Constitución provincial importaría un trabajo ilícito o prohibido (arts. 39 y 40, ley 20.744), en cuyo caso, la mayor responsabilidad pesa sobre el empleador y no sobre quién procura sustento con su trabajo.
Puntualiza que bajo la supuesta vulneración de un precepto constitucional se cercena un derecho de carácter alimentario que se traslada en el cómputo de los servicios desempeñados en simultaneidad, a fin de reajustar el haber previsional.
Afirma que la remuneración como contraprestación de los servicios desempeñados en una Sociedad del Estado surge del presupuesto operativo de la misma, sujeto a la aprobación de sus balances anuales; supuesto que se diferencia de los sueldos que perciben los empleados públicos de la Administración, que se encuentran previstos en el presupuesto general anual aprobado por la Legislatura.
Alega que en la causa "Salas", las tareas incompatibles fueron desempeñadas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), repartición que forma parte de la Administración Pública del Estado nacional, mientras que en el caso de autos se trata de una Sociedad del Estado, motivo que neutraliza el abordaje conceptual del ejercicio simultáneo de dos o más cargos públicos.
Por último, se agravia de la imposición de las costas. Señala que la ley 14.437 estableció como principio general la imposición a la vencida, puntualizando que aun cuando los jueces pueden determinarlas en el orden causado, la sentencia de la Cámara no ha fundado su criterio, por lo que corresponde sostener que si como lo estima esa parte le asiste razón al actor para encontrar fundamento a su derecho, la espera de más de diez años para obtener el reconocimiento de su pretensión en las instancias administrativas y judiciales permite afirmar que la representación fiscal debe ser considerada objetivamente vencida y, por consiguiente, corresponde imponerle las costas del proceso.
III. El recurso no prospera atento su manifiesta insuficiencia (art. 279, CPCC).
El Tribunal de Alzada consideró que los servicios desempeñados por el recurrente en la Empresa Astilleros y Fábricas Navales del Estado S.A. (AFNE S.A.) fueron ejercidos en su condición de agente público, aun cuando la relación jurídica sustancial se encontraba regulada por la ley 20.744. Del mismo modo, y luego de transcribir el plexo normativo atingente, juzgó que ese tipo de Sociedades del Estado integran los cuadros organizativos de la Administración.
En consecuencia, afirmó que en el caso existió una situación de incompatibilidad en los términos del art. 53 de la Constitución provincial y por lo tanto resulta aplicable la doctrina sentada en la causa "Salas" (A. 71.913, sent. de 3-V-2015).
Advierto que el recurrente no logra conmover el razonamiento elaborado por el Tribunal de Alzada para fundar su decisión, en la medida en que los argumentos que desarrolla en la pieza recursiva constituyen meras manifestaciones respecto de la naturaleza jurídica de la Empresa Astilleros y Fábricas Navales del Estado S.A. y del régimen legal que regía el vínculo laboral del actor con el mencionado ente estatal (v. agravios primero y segundo del punto VI), que de manera alguna satisfacen los recaudos que involucra el tránsito de la vía recursiva por ante esta Suprema Corte. Sus dichos no constituyen una crítica concreta y razonada que demuestre el yerro del pronunciamiento que se intenta desarticular.
Al respecto este Tribunal tiene dicho que en la instancia extraordinaria es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del Tribunal (doctr. causas A. 71.261, "Pagola", sent. de 3-XII-2014; A. 73.304, "Córdoba", sent. de 1-IV-2015; A. 71.595, "Páez", sent. de 28-X-2015; Q. 70.376, "Di Loretto", sent. de 17-VIII-2016; A. 73.169, "Liserre", sent. de 17-V-2017 y A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; e.o.).
Para más, con respecto a la naturaleza jurídica de la Empresa Astilleros y Fábricas Navales del Estado S.A. (AFNE S.A.) y al encuadre jurídico del vínculo laboral, el impugnante en escasos párrafos se limita a contraponer un punto de vista distinto al de la Cámara, sin evidenciar la errónea aplicación de la norma en que se funda la sentencia, la que de hecho siquiera ha sido citada en el recurso extraordinario objeto del presente pronunciamiento.
Cabe reiterar que en el caso sujeto a decisión, el cariz público que el Tribunal de Alzada le atribuyó a la Empresa Astilleros y Fábricas Navales del Estado S.A. no fue desvirtuado por el impugnante, circunstancia que sella la suerte adversa a la réplica deducida, en tanto no se hace cargo de la línea argumental del fallo y se dedica a impugnarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan a la sentencia sustento suficiente, más allá del acierto o error de la solución a la que se arriba (conf. causas A. 70.135, "Bernardo", sent. de 6-IV-2011; A. 70.070, "Murgolo", sent. de 22-VIII-2012 y A. 73.696, "Katz Jora", sent. de 29-VIII-2017; e.o.).
Por último, debo señalar que el incumplimiento de las cargas impugnatorias exigidas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial para rebatir el argumento de que el accionante ejerció funciones en su condición de agente público en un ente que integra los cuadros organizativos de la Administración, torna insustancial el tratamiento de los demás agravios expresados por el recurrente.
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso interpuesto (art. 279, CPCC y su doctr.). Con costas al recurrente vencido (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Registrada bajo el N° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:14:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:20:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:27:15 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 09:35:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 10:36:00 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia