Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121528
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto y se anula parcialmente la sentencia con el alcance indicado en el voto de primer término a la primera cuestión planteada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 298, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.528, "Trifaro, Rubén Daniel y otro/a contra VP Chem S.R.L. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 266/272).
Se dedujeron, por los actores, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 276/283 vta.).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 288/289), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen desestimó en todas sus partes la acción deducida por la señora Soledad Marina López, en tanto juzgó no acreditado que se hubiera desempeñado en relación de dependencia en favor de la empresa demandada VP Chem S.R.L.
Para así decidir, juzgó que las declaraciones testimoniales efectuadas en extraña jurisdicción -ofrecidas por su parte-, no resultaban convincentes para acreditar las tareas denunciadas por la señora López. Por el contrario -prosiguió-, consideró que habían resultado contradictorias con el escrito de demanda y con la prueba oral recibida en la audiencia de vista de la causa por el deponente Capobianco, quien supo dar acabada razón de sus dichos (v. vered. primera cuestión, fs. 266 vta. y sent., fs. 268 vta.).
Por otro lado, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Rubén Daniel Trifaro y condenó a la accionada al pago de los haberes del mes de la extinción contractual, del sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, de la sanción establecida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT); así como también a la entrega del certificado de trabajo, constancia documentada del ingreso de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social y a las respectivas instituciones, y certificación de servicios y haberes. La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba la percepción de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso y la integración del mes de despido, diferencias salariales, horas extras y los incrementos indemnizatorios previstos en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323.
Destacó -en lo esencial- que el señor Trifaro no logró acreditar el despido verbal invocado y que, a partir del reconocimiento efectuado en la audiencia de vista de la causa del telegrama -cuya copia fue desglosada a fs. 264-, se demostró que el reclamante había renunciado a su empleo el día 4 de julio de 2007 (v. vered. tercera cuestión, fs. 266 vta. y 267 y sent., fs. 268 vta.).
II. En su recurso extraordinario de nulidad, la parte actora denuncia que el órgano de grado soslayó pronunciarse respecto de una cuestión esencial sometida a juzgamiento, como lo es el pedido de aplicación de astreintes para el caso de que -como aconteció en la especie- se condenara a la entrega de los certificados del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 280 vta.).
Manifiesta que para hacer exigible la entrega de dichos instrumentos deviene necesario el apercibimiento a través de la citada sanción conminatoria para el caso de mora en el cumplimiento, toda vez que -explica- de lo contrario se trataría de una obligación natural (v. fs. cit.).
Aduce que el sentenciante no sólo omitió expedirse acerca de su aplicación, sino -además- de darle tratamiento, en tanto tampoco fundamentó jurídicamente su eventual rechazo (v. fs. cit.).
Denuncia que de conformidad con lo establecido en el art. 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la falta de tratamiento de la cuestión señalada trae aparejada la nulidad de la sentencia (v. fs. cit.).
III. Contrariamente con lo dictaminado por el señor Subprocurador General (v. fs. 288/289), entiendo que el recurso debe prosperar.
III.1. Ello así, toda vez que el caso bajo estudio guarda sustancial similitud con lo resuelto en la causa L. 89.744, "Córdoba" (sent. de 19-XII-2007) -que en su parte pertinente habré de reproducir-, en la que hube de intervenir, acompañando con mi voto la propuesta de mi distinguido ex colega doctor Negri, ya fallecido.
III.1.a. Reiteradamente se ha resuelto que las cuestiones cuya omisión habilitan la apertura del recurso extraordinario de nulidad son las esenciales a decidir, es decir, las que versan sobre la acción deducida e influyen preponderantemente en el pronunciamiento (causas L. 32.444, "Milanes", sent. de 24-VIII-1984 y L. 67.533, "De Trocchi", sent. de 19-X-1999; e. o.).
Esa condición de esencialidad -decisiva a la hora de definir la suerte del remedio en tratamiento- debe ser analizada y articulada a la luz de la categoría de las "acciones independientes y perfectamente separables", cuya omisión, de acuerdo con la doctrina emanada de este Tribunal (causas L. 70.654, "W., A.", sent. de 10-III-2004 y L. 80.137, "Garín", sent. de 6-IX-2006), también posee aptitud para generar la nulidad del fallo.
III.1.b. En la especie -al igual que en el citado precedente L. 89.744-, surge del escrito de inicio, que el planteo que se denuncia preterido, fue oportunamente sometido a consideración del tribunal de grado (v. fs. 27), dando contenido a la traba de la litis y conformando el esquema jurídico que la sentencia debía necesariamente atender para ser válida (causas L. 111.174, "Covelo", sent. de 11-IX-2013; L. 100.310, "García", sent. de 17-XII-2014 y L. 118.949, "Méndez", sent. de 13-IX-2017; e. o.). Empero, inadvertidamente, el sentenciante de mérito excluyó su tratamiento, pues no lo abordó -ni expresa ni implícitamente-, no pudiendo afirmarse, tampoco, que haya quedado desplazado en su resolución, en función de las conclusiones arribadas en el pronunciamiento (causas Ac. 91.971, "Rojas", sent. de 9-II-2005 y L. 92.359, "Cipolla", sent. de 16-III-2011; e. o.).
En ese orden, constituye una cuestión esencial, cuya omisión debe ser atendida por el recurso extraordinario de nulidad, sin perjuicio de que su solución ninguna gravitación tenga sobre las restantes falladas, pues su independencia no implica, sin embargo, su falta de esencialidad.
III.1.c. En consecuencia, encontrándose soslayada en el fallo impugnado toda resolución relativa a la aplicación de astreintes -ante la hipótesis de falta de entrega de la documentación prevista en el art. 80 de la LCT- deviene procedente el recurso extraordinario interpuesto.
III.2. La nulidad propuesta no ha de alcanzar a la totalidad del fallo de grado sino solamente a la parcela afectada por el vicio nulificante señalado, pues la omisión en que ha incurrido el tribunal de trabajo respecto de la referida pretensión no pesa en las restantes (causas L. 81.389, "Vanetti", sent. de 30-IV-2008 y L. 107.433, "Ríos", sent. de 11-IX-2013; e. o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad traído, disponiéndose la nulidad parcial de la sentencia de grado. La causa debe ser devuelta al tribunal de origen para que -debidamente integrado- dicte el pronunciamiento que corresponda con arreglo a lo que aquí se decide (art. 298, CPCC).
Con los alcances expuestos, voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la propuesta decisoria de la doctora Kogan, de conformidad con la postura que -en adhesión a mi distinguido ex colega doctor Negri- sostuve en la causa L. 89.744, "Córdoba" (sent. de 19-XII-2007).
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al sufragio emitido por la doctora Kogan. Sólo he de aclarar, que si bien no interviene en aquella oportunidad, comparto el criterio esgrimido por el doctor Negri (distinguido ex colega, ya fallecido) en la causa L. 89.744, "Córdoba" (sent. de 19-XII-2007) empleado aquí por la colega ponente para fundar su opinión.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto emitido por la colega ponente, por ser concordante -como allí se indica- al criterio que hube de sostener al sufragar en el precedente L. 89.744, "Córdoba" (sent. de 19-XII-2007), a cuyos términos -en lo pertinente- remito.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, los actores denuncian absurdo y la violación de los arts. 14 bis y 18 de la Constitución nacional; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 281/283 vta.).
I.1. En primer lugar, alegan que la limitación establecida en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial involucra una cuestión federal de acuerdo a la doctrina del Máximo Tribunal emanada de los precedentes "Strada" y "Di Mascio", en tanto -sostienen- obstruye la vía recursiva al exigir un monto mínimo para traspasar el umbral de la admisibilidad.
Por ello, plantean la inconstitucionalidad de la citada norma (v. fs. 278/279).
I.2. Por otro lado, denuncian que el fallo en crisis vulnera el principio in dubio pro operario establecido en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 281).
En tal sentido, manifiestan que el sentenciante de grado debió valorar la prueba producida -en caso de duda- en el sentido más favorable al trabajador (v. fs. cit.).
Sostienen que resulta absurda la valoración de la prueba testimonial realizada por el juzgador . Refieren que la declaración del testigo Reyes comprobaba las tareas realizadas por los actores, y que el sentenciante de grado no explicitó las supuestas contradicciones que atribuyó a los testimonios.
Tampoco se ponderó -prosiguen- la prueba informativa, de la que -entienden- surgiría la simulación del acto rescisorio (v. fs. 281/282 vta.).
I.3. Por último, aducen que -no existiendo prueba informativa del correo- en la audiencia de vista de la causa, sólo se le mostró al señor Trifaro una copia telegráfica de tipo papel carbónico que apenas era legible, y con ello se tuvo por reconocida la firma del actor, cuando -alegan- sólo resultaría hábil para la prueba de reconocimiento la documentación original (v. fs. 282 vta. y 283).
Entienden por esta razón, que dicho reconocimiento deviene nulo, de nulidad absoluta (v. fs. 283).
II. El recurso es inadmisible.
II.1.a. Liminarmente cabe resaltar que, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
II.1.b. Asimismo, y más allá de la impertinencia de lo alegado en torno al art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, es menester recordar -al influjo del planteo introducido a fs. 278/279- que este Tribunal reiteradamente ha declarado que las limitaciones determinadas por las normas procesales referidas al valor del litigio para la concesión de la vía en estudio no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto, sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002; L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007 y L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014).
II.1.c. En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 96.956, "Berestycki", sent. de 11-VII-2012 y L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013).
II.2. Bajo esa directriz, he de señalar que los agravios traídos respecto de la valoración de la prueba testimonial e informativa realizada por el órgano de grado (v. fs. 281 vta./282 vta.), no pueden prosperar.
II.2.a. En efecto, estructuradas bajo la denuncia de absurdo, las argumentaciones ensayadas se encuentran orientadas a impugnar la labor axiológica desplegada por el tribunal de grado, materia que -en tanto remite a cuestiones de hecho privativas de los jueces de grado- se encuentra excluida del acotado ámbito de revisión que contempla el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 120.357, "Fernandez", resol. de 19-IV-2017; L. 120.396, "Barizoni", resol. de 10-V-2017 y L. 120.291, "Benitez", resol. de 7-VI-2017; e. o.).
II.2.b. Asimismo, se advierte que la exclusión de la hipótesis habilitante mencionada se impone nítida, toda vez que -además- la doctrina sentada en los precedentes que invocan los impugnantes, no resulta idónea para fundar el recurso ya que o bien ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos disímiles de los que aquí concurren (causas L. 91.261, "Stieben", sent. de 10-II-2010; L. 110.706, "Barrenechea", sent. de 5-IX-2012 y L. 116.567, "Ayala", sent. de 27-IX-2017; e. o.); o se refiere a pronunciamientos definitorios del vicio de absurdo, que -sabido es- no resultan aptos para la habilitación del estrecho carril en tratamiento (causas L. 117.917, "Aranda", resol. de 18-VI-2014 y L. 119.770, "Perelstein", resol. de 26-X-2016).
II.3. Finalmente, tampoco puede tener cabida la queja por la que se denuncia la violación del principio in dubio pro operario , en tanto -aun soslayando que su análisis remite a cuestiones de naturaleza fáctica- no se comprueba la concurrencia de los extremos de la excepción prevista en la ley adjetiva, ya que los recurrentes prescinden denunciar la conculcación de doctrina legal alguna relacionada con el agravio que exponen (v. fs. 281 y vta.), razón por la que el recurso deviene inadmisible a su respecto (causas L. 117.638, "Malvendes", sent. de 10-VI-2015 y L. 118.219, "Pozzo", sent. de 4-V-2016; e. o.).
III. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto los fundamentos expuestos por la colega ponente en orden a desestimar las objeciones planteadas sobre las limitaciones procesales referidas al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (lo que deja sin fundamento la censura del art. 280 del CPCC, además inaplicable al caso); la ausencia de un agravio federal y la validez de las restricciones procesales puestas en tela de juicio.
Luego, en el marco de excepción en que debe examinarse la impugnación, adhiero a los motivos expuestos por la colega ponente para declarar inadmisibles los agravios traídos.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Subprocurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto y se anula parcialmente la sentencia con el alcance indicado en el voto de primer término a la primera cuestión planteada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 298, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2020 11:53:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 15:48:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 16:40:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/08/2020 14:51:17 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2020 11:10:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia