Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121648
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.648, "Aguirre, Ángel Alberto y otro contra Berkley International ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, de Lázzari.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la vencida (v. fs. 481/496).
Se dedujeron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 506/511 vta. -demandada- y 512/514 -actora-), concedidos a fs. 518/519. El interpuesto por los accionantes fue desestimado por este Tribunal a fs. 539/540.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Ángel Alberto Aguirre y María Elena Mariluan contra Berkley International ART S.A., y condenó a esta última al pago de las prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 11 apartado 4 inc. "c" y 18 de la ley 24.557 (v. fs. 481/496).
Tuvo por acreditado que el 28 de agosto de 2013 se produjo el fallecimiento de Luis Ángel Aguirre -hijo de los actores- dependiente de Mar del Plata Naval S.R.L., afiliada a la aseguradora demandada. Precisó que ese día, minutos después de las 12 hs., luego de retirarse del establecimiento, el trabajador se dirigió a un kiosco ubicado a cuarenta metros de su lugar de trabajo y, estando allí, fue herido de bala en el abdomen por una persona armada que irrumpió con fines de robo; hecho que ocasionó su muerte instantes después.
Sobre esta plataforma fáctica, juzgó cumplidos los requisitos exigidos por el art. 6 de la ley 24.557 y calificó aquel suceso como un accidente de trabajo in itinere , tal como había sido reclamado por la parte actora.
A ese fin destacó como relevantes el breve lapso transcurrido entre el hecho dañoso (12:15 hs.) y el horario de salida laboral de Aguirre (12:05 hs.); así como el corto trayecto que éste realizara inmediatamente después de haber abandonado su lugar de trabajo, una vez concluido su turno matutino. Puso de resalto, además, la falta de demostración de las alegaciones formuladas por la aseguradora sobre la interrupción o desvío del recorrido habitual, por interés personal o razones extrañas al trabajo.
Con tales extremos y al amparo de distintos antecedentes jurisprudenciales, juzgó que la contingencia objeto de reclamo encuadraba en la hipótesis de accidente en el trayecto al domicilio. En consecuencia, condenó a la demandada a abonar la prestación establecida en el art. 18 de la ley 24.557 -en un único pago (conf. art. 2, ley 26.773 -vigente a la fecha del siniestro-) y la compensación dineraria adicional prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "c" del mismo cuerpo legal (conf. ley 26.773; resolución de la Secretaría de Seguridad Social 34/13), cuantificándolas de la forma que determinó. A las sumas resultantes adicionó intereses calculados conforme una tasa de interés pura del 6% anual.
Por otra parte, resolvió que la conducta observada por la accionada, como sustituta del empleador en el presente litigio, era subsumible en el supuesto del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 490 vta./492 vta.). Citó en su apoyo el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo en su articulación con las disposiciones de la ley 24.557.
Puntualizó que, ante la gravedad del hecho acreditado y las particularidades del caso en juzgamiento, la aseguradora había pretendido desentenderse de toda responsabilidad aduciendo que Aguirre, tras egresar del establecimiento laboral y en un trayecto de pocos metros, tuvo intención y dedicó sus últimos diez minutos de vida a interrumpir o desviar su recorrido habitual de regreso a su casa, por interés personal o por razones extrañas al trabajo.
Señaló que semejante defensa resultaba ofensiva al sentido común y solo evidenciaba su alto grado de temeraria insensibilidad frente al legítimo reclamo de autos. Sumado a ello y como agravante, ponderó que en su responde, la demandada se había limitado a desconocer la totalidad de la prueba acompañada por los actores, sin producir una sola en favor de su postura.
Estableció que la aseguradora no se había conducido debidamente en el proceso, es decir, en forma liberal, con espíritu amplio, criterio esencialmente humano y atento al marco de la trascendencia social, patentizado no solo por las características del caso, sino también por la naturaleza misma de la ley aplicable (v. fs. 491 vta.). Subrayó que, por el contrario, había sido deliberadamente indolente frente al reclamo de los deudos del fallecido trabajador.
Concluyó que la injustificada falta de pago en la que incurrió la aseguradora respecto de las indemnizaciones previstas en los arts. 11 apartado 4 y 18 de la ley 24.557 configuraba la conducta penalizada por el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 492).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia transgresión de los arts. 11 de la ley 24.557; 3 de la ley 26.773 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 506/511 vta.).
II.1. En primer lugar, afirma que en el caso no resultan procedentes las indemnizaciones adicionales de pago único establecidas en los arts. 11 de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773. Alega, esencialmente, que los accidentes in itinere -como el de autos- se encuentran fuera de los supuestos amparados por los mencionados dispositivos.
II.2. Luego, se agravia de la imposición de la sanción por temeridad y malicia prevista en el art. 275 de la ley 20.744.
Sostiene que la norma en cuestión rige el vínculo entre el trabajador y empleador, destacando que su parte no reviste esta última condición, más allá de que reemplace al principal en la cobertura de las contingencias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo. Propugna asimismo la inaplicabilidad de tal previsión en supuestos de infortunios como el de autos (v. fs. 510).
Desde otroángulo, afirma que no corresponde que se la penalice, puesto que sólo ejerció su derecho de defensa, manteniendo el rechazo del siniestro que había sido notificado oportunamente a los reclamantes.
Alega que, pudiendo verse afectada la garantía constitucional de defensa en juicio, la imposición de la sanción requiere que los jueces actúen con suma prudencia y no puede obedecer al solo hecho que las acciones o defensas hayan sido finalmente desestimadas. Más aún cuando ello pudiera traducir una fuente injustificada de enriquecimiento para el acreedor.
Ratifica la inexistencia de propósitos obstruccionistas, dilatorios o intencionalmente dañosos que avalen la condena en el "máximo de la pena prevista", sin mensurar adecuadamente la conducta de la demandada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde señalar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 117.723, "Sarmiento", sent. de 15-VII-2015 y L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015).
Con sujeción a tales límites corresponde examinar el caso.
III.2. El primero de los agravios traídos no merece respuesta favorable.
En efecto, las consideraciones expuestas en el recurso vinculadas a la errónea aplicación del art. 3 de la ley 26.773 que el impugnante le atribuye al juzgador y sobre las que estructuró su crítica, lucen extraviadas del contexto normativo en el que ha sido resuelta la causa.
Como surge de los antecedentes reseñados, el tribunal de origen condenó a la aseguradora demandada al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 18 de la ley 24.557 y de la compensación adicional prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "c" del citado cuerpo legal (con las modificaciones introducidas por la ley 26.773 y resolución de la Secretaría de Seguridad Social 34/13) cuantificadas de la forma que indicó, modo de cálculo que, en tanto no mereció objeciones, fue consentido por el recurrente.
La simple lectura del pronunciamiento en crisis revela que el a quo no analizó si, eventualmente, en el caso se encontraban reunidos los presupuestos de aplicación del art. 3 de la ley 26.773 ni brindó definición alguna al respecto, tampoco se observa que, sin perjuicio de ello, hubiera condenado a la demandada al pago de la indemnización adicional allí prevista.
Lo expuesto evidencia el desencuentro entre la línea argumental del recurso -denunciando la violación de preceptos legales que no fueron actuados en el fallo- y los fundamentos que estructuraron el pronunciamiento de origen.
Tal falencia, sin más, define la ineficacia de este aspecto de la impugnación pues, conforme reiteradamente ha declarado esta Corte, para que el escrito mediante el cual se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulan deben referirse, directa y concretamente, a los conceptos que estructuran la sentencia (causas L. 104.324, "N., D. O.", sent. de 13-VI-2012; L. 119.057, "Flores", sent. de 19-X-2016 y L. 115.497, "Palomo", sent. de 5-VII-2017).
Por otro lado, tampoco son hábiles las alegaciones dirigidas a objetar la condena al pago de la compensación dineraria adicional prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557.
El reproche carece de un desarrollo argumental tendiente a demostrar el error invocado. Y aunque tal deficiencia de por sí resultaría suficiente para desestimar el agravio, cabe destacar que el propio texto del art. 18 de la ley 24.557 -aplicado en la sentencia, sin mediar objeción al respecto- establece que los derechohabientes del trabajador accederán a las prestaciones establecidas en el segundo párrafo del apartado 2 del art. 15 de esa ley, además de la prevista en su art. 11 apartado 4.
Lo expuesto lleva al rechazo de este aspecto de la impugnación.
III.3. Tampoco es de recibo el planteo dirigido a cuestionar la imposición de la sanción establecida en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Como ilustra el relato de antecedentes, la crítica ha sido estructurada a partir de afirmaciones dogmáticas, desprovistas de una explicación eficaz que la sustente. En efecto, el recurrente solo exhibe su disconformidad con la solución alcanzada en la instancia de grado, sin aportar elementos que justifiquen la denuncia de errónea aplicación de la disposición que se aduce infringida (v. sent., fs. 490 vta./492 vta.).
Igual falencia se observa respecto de la predicada inaplicabilidad de la sanción para el accidente en el trayecto por el que aquí se ha reclamado.
En ese sentido, reiteradamente ha declarado esta Corte que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las reales motivaciones del fallo (causas L. 119.492, "Geiser", sent. de 29-XI-2017; L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019 y L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020).
Tampoco pueden tener cabida los cuestionamientos referidos a la valoración del comportamiento de la demandada llevada a cabo por el tribunal de origen.
Cabe señalar que el análisis de los presupuestos vinculados a la conducta obstruccionista o dilatoria a los que hace mención el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, remite inequívocamente al examen de cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya ponderación resulta privativa de los jueces de grado y ajenas -por regla- a esta casación, salvo denuncia y acreditación de absurdo (causas L. 112.631, "Borchi", sent. de 17-IV-2013; L. 117.358, "Isa", sent. de 26-III-2015 y L. 117.464, "Ruggeri", sent. de 20-XII-2017).
Sin siquiera denunciar la existencia del mencionado vicio, el impugnante elabora un discurso genérico y poco preciso, carente de referencias concretas sobre las constancias de la causa, que no hace foco en el examen realizado por el sentenciante para calificar su desempeño con los alcances que ya han sido expresados en el punto I de la presente (v. sent., fs. 491/492 vta.).
De ese modo -reitero- no logra concretar una réplica idónea a los fines de descalificar lo decidido en la instancia de origen (causas L. 115.969, "Espeche", sent. de 8-VII-2014; L. 117.899, sent. de 20-IX-2017 y L. 120.443, "Mascotena", sent. de 6-XI-2019).
Resta señalar, a propósito de la mención que se hace en el recurso, que la eventual graduación de la sanción también constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado, y para su revisión el interesado debe acreditar que la ponderación que aquellos efectuaron provino de un razonamiento absurdo. Carga que, una vez más, siquiera fue cumplida por el quejoso, y constituye la única vía apta para la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones fácticas y probatorias como las que pretende controvertir (causas L. 115.714, "Escobar", sent. de 12-VI-2013 y L. 105.229, "Jimenez", sent. de 15-VII-2015).
Cabe recordar que esta Corte ha señalado que una de las notas características de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (causas L. 117.667, "Romano", sent. de 24-VI-2015; L. 118.299, "L., J. A.", sent. de 31-V-2017 y L. 119.828, "Puszko", sent. de 4-VII-2018).
III.4. En suma, las deficiencias técnicas de la postulación recursiva revelan, sin más, su manifiesta insuficiencia que impide a este Tribunal la revisión de lo resuelto en la instancia de origen, sellando así su suerte adversa (art. 279, CPCC).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2020 11:54:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 16:40:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2020 18:44:37 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2020 14:51:11 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2020 10:54:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia