Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121085
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.085, "Barreto, Omar José contra Eleprint S.A. y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, de Lázzari, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 1.506/1.518 vta.).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.526/1.542 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo e hizo lugar a la demanda promovida por Omar José Barreto, condenando solidariamente a Eleprint S.A., Gustavo Alberto Weiss y Jorge Luis Weiss al pago de las sumas que especificó en concepto de vacaciones y sueldo anual complementario, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 2 de la ley 25.323; 9 y 15 de la ley 24.013 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. También admitió -aunque sólo contra Eleprint S.A.- el reclamo por falta de aportes a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. En cambio, rechazó la acción por el cobro de honorarios profesionales y de una reparación por los daños derivados de no poder acceder a la jubilación de la aludida Caja previsional (v. fs. 1.506/1.518 vta.).
Para así decidir, señaló que no estaba discutido en autos que el señor Omar José Barreto, de profesión ingeniero, ingresó a trabajar para Eleprint S.A. el día 1 de septiembre de 1992, ni tampoco que dentro de sus tareas se encontraban las de proyectista y representante técnico, "todas inherentes a la preparación y ejecución de obras públicas o privadas, incluido su estudio y oferta económica", para lo cual contaba con un poder especial con aptitud para comprometer a la firma accionada (v. vered., fs. 1.506 vta. y 1.507).
Luego, expresó que no resultaba del orden normal de las cosas que alguna de las referidas tareas las hubiera ejecutado el accionante en forma autónoma, al margen de la relación de trabajo con la demandada, en tanto según lo manifestara uno de los testigos (Medrano), quien realizaba similares labores a las del señor Barreto, ambos facturaban y firmaban contratos por exigencias legales para el inicio, avance y finalización de obras, pero no cobraban los honorarios profesionales correspondientes a esos actos profesionales, sino que sólo percibían la remuneración mensual, con la salvedad de que Eleprint S.A. se hacía cargo de los aportes a la Caja de Previsión de Ingenieros (v. vered., fs. 1.507).
Tuvo por acreditado que el trabajador era referente en el área "obras civiles" y que por encima de sus atribuciones en la organización de la empresa sólo estaban los coaccionados Jorge Luis y Gustavo Alberto Weiss, mientras que los restantes empleados eran sus subalternos. Refirió que dos de los testigos (Cavagna y Arbuatti) manifestaron haber sido contratistas de la firma demandada y que el señor Barreto se desempeñaba como "gerente" del sector y con él agotaban todas las tratativas y de su parte recibían el final de obra y los pagos. Señaló que dicha calidad o jerarquía de "gerente" también había sido refrendada por otro testigo (Pavone) que laboró con el accionante entre los años 2005 y 2011, y resultaba además avalada por la publicidad de la empresa en internet según surgía de la actuación notarial agregada a fs. 1.390 y por el informe de Tecma S.A. obrante a fs. 1.121 (v. vered., fs. 1.507 y vta.).
Por otro lado, consideró que las tareas que efectuaba el actor, excedían el encuadre convencional (art. 6, CCT 151/75) y tornaban inverosímil que hubiera percibido la remuneración mensual que constaba en sus recibos y en los libros laborales de la empleadora, sin perjuicio de que éstos -conforme lo informado en la pericia contable- no merecieran reparos formales (v. fs. 753 y vered., fs. 1.507 vta.).
Señaló que con el sólido y coherente testimonio del señor Pavone quedó demostrado que tanto él como el demandante y el resto de sus compañeros del sector "obras civiles" cobraban parte de sus haberes fuera de registración, que todos recibían pagos en efectivo en las oficinas de la empresa. Concluyó entonces que la registración laboral del trabajador y sus recibos de sueldo eran apócrifos en cuanto a la categoría laboral y el salario; consecuentemente, en virtud de lo normado por los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, tuvo por cierto que la mejor remuneración percibida por el accionante durante el último año alcanzaba la suma de $28.805, de los cuales $20.575 no constaban documentados (v. fs. 1.508).
Ya en la sentencia, habida cuenta que resultó demostrado que el trabajador se desempeñaba en una jerarquía superior a la reconocida por su empleadora y recibía informalmente parte sustancial de los haberes, el tribunal de origen consideró justificada la ruptura del vínculo dispuesta por aquel ante la contumaz negativa de la demandada a los requerimientos para que regularizara su real situación laboral (art. 242, LCT), por lo que declaró procedente la pretensión de cobro de las indemnizaciones derivadas del distracto, descontando la suma ya percibida por el actor en concepto de liquidación final ($13.716; v. sent., fs. 1.511 y vta.).
En este sentido, en virtud del planteo formulado al contestar el segundo traslado en torno a la validez constitucional del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y a fin de establecer la base para el cálculo de la indemnización prevista en la citada norma, puntualizó que la mejor remuneración a la fecha de la extinción ascendía a la suma de $31.205 ($28.805, con más el SAC correspondiente) y que el tope del Convenio Colectivo 151/75 en ese momento alcanzaba la cantidad de $10.246, 41 (v. sent., fs. 1.512 vta./1.514).
Consideró luego que debía apartarse de lo resuelto por la Corte nacional y por este Tribunal en los precedentes "Vizzotti" y "Bravo Elizondo", respectivamente, y declarar la inconstitucionalidad del art. 245 segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, sin atenerse al 33% establecido por la doctrina, por cuanto la norma en cuestión disminuía la onerosidad de la indemnización a cargo de la empleadora, afectando en forma regresiva la protección contra el despido arbitrario y los derechos a una justa reparación y de propiedad del trabajador (art. 14 bis y 17, Const. nac.), violando además el principio de progresividad (arts. 28 y 75 incs. 22 y 23, Const. nac. y 26, CADH -Pacto de San José de Costa Rica-). Agregó que, a mayor abundamiento, se apoyaba en la doctrina plasmada por la Corte Suprema en la causa "Ascua" (sent. de 10-VIII-2010; v. sent., fs. 1.513 vta. y 1.514).
Sentado ello, tomó la remuneración que tuvo por acreditada sin tope alguno como base para el cómputo de los rubros que declaró procedentes.
Por último, afirmó que la responsabilidad por el pago de la condena debía extenderse a los señores Gustavo Alberto y Jorge Luis Weiss en su condición de socios de la empresa demandada según los términos del art. 54 de la ley 19.550. Expresó que tampoco en este aspecto compartía la doctrina sentada por la Corte nacional en la causa "Palomeque" (sent. de 3-IV-2003) y por este Superior Tribunal en el precedente L. 81.550, "Ávila" (sent. de 31-VIII-2005), por cuanto -sostuvo- la evasión social que implica el sustancial pago de la remuneración sin registro constituye una "actuación de la sociedad" que encubre un "fin extrasocietario", cual es el enriquecimiento ilícito y "frustra derechos" del trabajador, por lo cual encuadra en lo normado por el citado precepto, por lo menos en una interpretación casi literal del mismo, contrariamente a la que emerge de lo fallado en los casos antes individualizados (v. sent., fs. 1.514 y vta.).
Agregó que no resultaba disvalioso, ni aun en una sociedad capitalista, que los socios respondan personalmente, frente a los trabajadores, por los actos u omisiones dolosas hechas por medio de las personas jurídicas que integran, en perjuicio de aquellos. Finalmente, expuso su adhesión a los argumentos vertidos en el voto minoritario de las causas de esta Suprema Corte identificadas como L. 112.851, "Calmens" (sent. de 28-VIII-2013) y L. 100.212, "Cockshott" (sent. de 19-XII-2012; v. sent., fs. 1.514 vta.).
II. La parte demandada -Eleprint S.A., Gustavo Alberto Weiss y Jorge Luis Weiss- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución nacional; 499, 505, 1.197 y 1.198 del Código Civil (ley 340); 1, 11, 29, 45, 46, 56, 62, 103, 104, 114, 196, 242, 243 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 8, 9, 10, 11 y 15 de la ley 24.013; 54, 59 y 274 de la ley 19.550; 68, 163 inc. 6 y 345 inc. 3 del Código Procesal Civil y Comercial; 19, 26, 29, 32, 39, 44 incs. "d" y "e", 45, 46, 47, 55, 56 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 1.526/1.542 vta.).
II.1. Cuestiona por absurda la decisión del a quo vinculada a la categoría y remuneración del actor.
Objeta que el juzgador considerara que no resultaba verosímil que el salario percibido por el trabajador fuera el consignado en los recibos de sueldo. También que aplicara al caso la presunción contenida en los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando en autos quedó demostrado que la demandada llevaba los libros laborales en legal forma.
Alega que no hubo controversia y fue expuesto por la propia accionada que el demandante se desempeñó en una categoría fuera del convenio 151/75, denominada "Técnico Principal" con un salario acorde a sus funciones. Señala que en el evocado convenio existen previsiones para el Personal Técnico de Primera Categoría (Auxiliar Técnico Principal), inferior a la asignada al actor, que incluyen tareas de responsabilidad, supervisión y control.
Postula que no pudo válidamente el juzgador sustentar sus conclusiones en las declaraciones testimoniales de personas que no trabajaron para la empresa junto al accionante, ni conocían el monto de su salario o el modo en que lo percibía. Refiere que sólo uno de los deponentes prestó tareas profesionales para la accionada y refirió que en su situación particular percibió sumas por fuera de los honorarios pactados con la empresa, de lo que no puede derivarse que el accionante cobrara sumas "en negro".
Aduce que los otros testigos ofrecidos por la actora tuvieron una vinculación comercial con la demandada (como proveedores o subcontratistas), pero no formaban parte del plantel de la firma ni percibieron remuneración alguna de esta, por lo que no vivenciaron la mecánica de trabajo y la forma de pago de los salarios, refiriendo sólo tangencialmente a la tarea del actor en la obra en la que ellos eran terceros. Afirma que en el caso los testimonios debieron apreciarse con mayor estrictez e insiste en sostener que no fueron eficaces ni suficientes para evidenciar una modalidad de pago clandestina ni la indebida registración del accionante.
II.2. Sentado ello, para el caso que resulte convalidado el salario tomado en el fallo como base de condena, plantea que la decisión se aparta de la doctrina que emana de la causa "Vizzoti" de la Corte nacional y de la elaborada por este Tribunal en distintos fallos que cita, entre otros, L. 79.366, "Bravo Elizondo", sentencia de 28-VI-2006 y L. 85.997, "Pricolo", sentencia de 7-II-2007. Sostiene que no cuestiona la declaración en el caso de la inconstitucionalidad del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino que reprocha que se calculara la indemnización por antigüedad debida al trabajador sin el límite del 33% establecido en los citados precedentes.
II.3. Objeta que se lo condenara al pago de la sanción contemplada en el art. 9 de la ley 24.013.
Aduce que tal como lo dijo el propio juzgador no existió controversia entre las partes con respecto a la fecha de inicio del vínculo laboral ni tampoco falsedad alguna en su registración por el empleador. Expresa que, si bien tal acreencia fue peticionada en la demanda, no se registra en autos el presupuesto fáctico para su procedencia, por lo que la decisión deviene absurda, arbitraria y autocontradictoria.
Agrega que tampoco puede hacerse lugar a la multa contenida en el art. 10 de la ley 24.013 porque no fue reclamada en el escrito inicial. Sostiene que la eventual inclusión de dicha sanción en la condena traduciría la violación de su derecho de defensa y del principio de congruencia.
II.4. En otro orden, controvierte que se haya declarado procedente el pedido de extensión de responsabilidad solidaria a los señores Gustavo Alberto y Jorge Luis Weiss, directores de Eleprint S.A.
Aduce que el tribunal de origen transgredió la doctrina legal que emana de los precedentes L. 81.550, "Avila", sentencia de 31-VIII-2005 y L. 85.471, "Cortina", sentencia de 25-IV-2007, en los que se estableció que "se inhibe la aplicación indiscriminada de la desestimación de la personalidad jurídica del ente societario, en aquellos casos en que sólo se compruebe la irregular registración de los datos del empleo". Refiere que, al fallar en dichas causas, esta Corte siguió el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas P.1013.XXXVI, "Palomeque", sentencia de 3-IV-2003 y T.458.XXXVIII, "Tazzoli", sentencia de 4-VII-2003.
II.5. En otro orden, reprocha la decisión recaída en materia de costas y denuncia la errónea aplicación del art. 19 de la ley 11.653. En tal sentido, cuestiona que la totalidad de las costas se haya impuesto a su parte por resultar vencida, cuando, en realidad, se trata de una situación de vencimiento mutuo.
Ello pues, acumuladas por el actor las demandas en su contra, la vinculada al reclamo por el pago de honorarios con más una reparación por daños y perjuicios que fue desestimada, debiendo haberse cargado al accionante con las costas del rechazo o bien fundar el a quo su eximición de acuerdo a lo previsto en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. El recurso prospera con el alcance que seguidamente he de exponer.
III.1.a. Como fuera señalado, con apoyo en las declaraciones testimoniales y la documentación obrante a fs. 1.121 y 1.390, el a quo consideró que las tareas cumplidas por el actor correspondían a una jerarquía superior a la reconocida por la empresa demandada, en cuanto aquel era un referente del área "obras civiles" y ocupaba un lugar de relevancia en la organización empresarial puesto que por encima de su autoridad sólo estaban los socios de la firma demandada (v. vered., fs. 1.507 y vta.).
En ese esquema, consideró que no parecía verosímil que percibiera el salario mensual que surgía de sus recibos y de los libros del empleador, sin perjuicio de que estos fueran llevados en legal forma. Ponderó que el testigo Pavone había declarado que tanto él como el demandante y el resto de sus compañeros del sector "obras civiles" percibían parte de su remuneración fuera de registración. Con soporte en dichas pruebas, declaró que cobraba vigencia la presunción contenida en los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y tuvo por cierta la remuneración invocada al demandar ($28.805), lo que lo llevó a tomarla como base para el cálculo de los rubros cuyo progreso declaró en la sentencia (v. vered., fs. 1.507 vta./1.508 y sent., fs. 1.515/1.516).
III.1.b. Tal definición no es conmovida por la compareciente.
En efecto, señalando la ausencia de controversia en autos respecto a que el trabajador se desempeñó en una categoría fuera del convenio colectivo 125/71, dirige esencialmente su crítica a cuestionar la aptitud de los testimonios brindados en la causa para acreditar las tareas cumplidas por el demandante, su remuneración y/o el modo en que la percibía. Sin embargo, el disenso planteado en torno al valor e idoneidad que debe asignarse a cada una de las declaraciones consideradas en el fallo permanece en el plano de su mera disconformidad y no satisface una réplica susceptible de modificar lo resuelto por el a quo en ejercicio de potestades privativas.
Cabe recordar que, con arreglo al régimen de la ley 11.653, esta Corte ha sostenido con reiteración que el examen y comprensión de la prueba testimonial es asunto reservado a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito y habilidad de las exposiciones, como a la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras, salvo el supuesto extremo de absurdo (causas L. 114.577, "Díaz", sent. de 24-VI-2015; L. 119.010, "Martínez", sent. de 28-II-2016 y L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; e.o.). Máxime cuando -como aquí ocurre- el interesado no requirió que la audiencia de vista de la causa fuera videograbada ni tampoco ejerció la facultad contemplada en la última parte del art. 46 de la ley 11.653 (causas L. 92.220, "Dupleich Villegas", sent. de 19-X-2011; L. 116.908, "C., G. J.", sent. de 3-IX-2014 y L. 117.997, "Martínez Ortega", sent. de 19-X-2016).
Por lo demás, he de agregar que no existe norma legal que establezca que la valoración de los pagos "en negro" deba ser realizada con mayor estrictez, o que la convicción que arroje la prueba producida deba ser más contundente que la necesaria para analizar cualquier otro hecho litigioso, pudiendo, en definitiva, tenerse por acreditados con cualquiera de los medios de prueba expresa o implícitamente admitidos por las leyes procesales y de conformidad al sistema de valoración de la misma en ellas establecido.
Luego, la interesada no logra descalificar el razonamiento que llevó al tribunal de grado a considerar que, en el caso, la prueba testimonial resultaba apta para debilitar la eficacia de las constancias documentales del empleador -aunque fueran llevadas en legal forma- y, en consecuencia, con fundamento en lo normado en los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653, a tener por cierto el salario denunciado en el escrito de inicio.
Recuerdo que esta Corte ha dicho que las registraciones contables y laborales del empleador, aun llevadas en legal forma, no hacen plena prueba de su contenido si existen otros elementos de juicio que las contradicen (causas L. 89.782, "Glenon", sent. de 25-XI-2009; L. 113.329, "Auzoategui", sent. de 20-VIII-2014 y L. 108.255, "Paz", sent. de 27-V-2015).
En definitiva, más allá de que la solución adoptada pueda resultar opinable o discutible, no alcanza el interesado a evidenciar la configuración del mentado vicio lógico, pues lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento; sino que, antes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 89.665, "Rodríguez Pimienta", sent. de 13-VII-2011; L. 109.927, "Banegas", sent. de 11-III-2015; L. 117.774, "Lavandera", sent. de 6-IX-2017 y L. 120.443, "Mascotena", sent. de 6-XI-2019; e.o.), que -como se dijo- no es evidenciado en la especie.
III.2. En cambio, debe prosperar el cuestionamiento vinculado al cálculo de la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. art. 153, ley 24.013).
En vista a lo manifestado por la propia actora a fs. 1.578/1.579 vta. y conforme reiterada doctrina de este Tribunal emanada -entre otras- de
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