Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121389
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca el pronunciamiento impugnado en cuanto declaró la caducidad de la instancia. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que prosiga el trámite según su estado.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención a la forma en que se resuelve la contienda (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Finalmente, por mayoría, se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que en el dictado del pronunciamiento se ajusten a las exigencias legales y constitucionales.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.389, "Fernández, Alejandro Ariel contra Montani Hierros S.A. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Kogan, Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín declaró la caducidad de la instancia, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 255/257).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 260 vta./268 y reiteración de fs. 273/280).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El tribunal de trabajo declaró la caducidad de la instancia en las presentes actuaciones, iniciadas por Alejandro Ariel Fernández contra Montani Hierros S.A. y Oscar Mario Montani, procurando -con fundamento en disposiciones del derecho común- una reparación integral de los daños y perjuicios que invocó en el libelo de inicio (v. fs. 255/257).
Afirmó que la parte actora, si bien activó el proceso frente a una intimación previa cursada a tales fines, dejó transcurrir nuevamente el plazo de seis meses sin desplegar actividad útil para su prosecución (v. fs. 255 vta.).
Juzgó que ante la reincidencia en la omisión del deber de impulsión, de acuerdo a lo establecido en el art. 315 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 13.986), no era necesario volver a intimar al accionante (v. fs. 256). Arribó así a la solución en pugna (v. fs. 257).
I.2. La accionante impugnó la resolución por medio de revocatoria y, en subsidio, por conducto de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 259/268). Habiéndose denegado la revocatoria (v. fs. 270), la impugnante efectuó una nueva presentación en la que solicitó al tribunal que se expidiera acerca del recurso extraordinario anteriormente deducido, cuyo contenido reiteró (v. fs. 273/280).
I.3. Finalmente, el tribunal de grado concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 283 y vta.).
II. En el medio extraordinario de impugnación, el interesado denuncia arbitrariedad, absurdo, la violación y errónea interpretación de los arts. 12 y 43 de la ley 11.653 y 313 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; así como de la doctrina legal que cita.
Explica que no hubo desinterés de su parte en la prosecución del proceso. Afirma que al cumplir con la intimación ordenada por el a quo para realizar actividad procesal útil y dado el estadío procesal en el que se encontraban los autos, solicitó al tribunal que fijara una fecha para la celebración de la audiencia de vista de la causa.
A tenor de las constancias de la causa y conforme lo dispuesto por los arts. 12 y 43 de la ley 11.653, objeta que se le haya imputado una inacción a su parte cuando en verdad se encontraba pendiente una actividad exclusiva del órgano de grado. Con apoyo en doctrina legal de esta Corte, alega que la carga de los demandantes de instar el procedimiento, aunque en principio se extiende en todo su curso, desaparece cuando existe un deber del tribunal, porque la obligación del litigante termina donde empieza la del juez.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Cabe liminarmente aclarar, que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien concedido: de un lado, la decisión atacada debe considerarse definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pues la declaración de la caducidad de la instancia proyecta sus efectos sobre la prescripción de la acción (causas L. 58.466, "Mbaruque", sent. de 20-VIII-1996; L. 110.885, "Alonso", sent. de 22-VIII-2012 y L. 111.555, "Orfano", sent. de 20-III-2013). Del otro, aun cuando fue interpuesto en subsidio de la revocatoria denegada, el medio de impugnación cumple con el recaudo legal de fundamentación autónoma (art. 279, CPCC; causas Ac. 84.271, "Almada", resol. de 24-IV-2002; Ac. 91.187, "Salas", resol. de 18-VIII-2004 y Ac. 95.517, "Ose", resol. de 14-II-2007).
III.2. Sentado lo anterior, cabe al menos destacar que la resolución cuestionada -como otras provenientes del mismo tribunal- carece de la constancia de registro y de la firma del Actuario (v. fs. 257).
El defecto apuntado constituye una falencia de forma y no conduce por sí sola a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero tampoco pasa inadvertido en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.3. Toca ahora abordar el agravio traído.
III.3.a. Como se anticipara, el órgano judicial de grado intimó a la parte actora para que en el término de cinco días produjera actividad procesal útil bajo apercibimiento de decretar la caducidad de la instancia (v. fs. 243).
Frente a ese emplazamiento, el accionante adjuntó las cédulas de traslado de la pericia médica (desprolijamente agregadas con posterioridad, v. fs. 246 y sigs.) y solicitó al tribunal que, cumplida la etapa procesal y previa vista a la parte contraria, fijara la fecha de realización de la audiencia de vista de la causa (v. fs. 244).
A continuación, el tribunal mediante providencia firmada por uno de sus integrantes tuvo presente -a ello se limitó- lo manifestado en el referido escrito (v. fs. 245).
Nada aconteció hasta el dictado de la resolución por la cual se decretó la caducidad de instancia bajo los argumentos descriptos en el apartado inicial de la presente (v. fs. 255/257).
III.3.b. La caducidad de instancia constituye una medida de carácter excepcional y por lo tanto de interpretación restrictiva que está sujeta a la concurrencia de ciertos recaudos. Así, requiere que la paralización del trámite de la causa por el plazo legal no provenga -obviamente- del incumplimiento de un deber específico de impulsión a cargo del tribunal, sino del desinterés -manifiesto e inequívoco- de la parte interesada, según el resultado de la intimación que a tales fines debe ser efectuada. Dicho de otro modo, debe quedar evidenciada la voluntad del litigante de hacer abandono del proceso (arg. art. 12, ley 11.653; causas L. 83.196, "D. G., R. y otros", sent. de 13-II-2008; L. 90.819, "Basilio", sent. de 22-XII-2008; L. 118.868, "Beltrán", sent. de 2-III-2016; e.o.).
De los antecedentes del caso, no es posible considerar un desinterés en la continuación del proceso por la parte actora.
En respuesta a la intimación cursada, la accionante, adjuntando ciertas cédulas de notificación, solicitó que se fijara una fecha para la realización de la audiencia de vista de la causa; su presentación, idónea para obtener una respuesta jurisdiccional positiva o negativa, estuvo orientada a generar un avance del proceso.
En rigor, correspondía al órgano de grado expedirse acogiendo la petición o bien -en caso de estimar que existía prueba todavía no producida- denegándola. Sin embargo, dispuso sin más tener presente lo manifestado (v. fs. 245).
Luego, tal como sostiene el recurrente (v. fs. 275 vta.), la carga de impulsar el procedimiento desaparece cuando se halla pendiente -remarco- una determinación jurisdiccional insoslayable a cargo del juzgador (causa C. 120.928, "Becerra", sent. de 12-VII-2017).
En el contexto ya evocado, el sentenciante absurdamente soslayó las pautas rectoras de los preceptos citados en sostén de su propia resolución, no verificándose en la especie motivos que avalen la medida excepcional resuelta.
Los argumentos que anteceden resultan suficientes para admitir la impugnación deducida.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar el pronunciamiento de grado que declaró la caducidad de la instancia. Los autos deberán volver al tribunal de origen para que prosiga el trámite según su estado.
Costas de ambas instancias por su orden, en atención a la forma en que se resuelve la contienda (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Soria.
Solo he de agregar, en atención a los señalamientos formulados en el punto III.2. del voto inaugural respecto a las deficiencias del pronunciamiento que llega a revisión (v.gr. falta de intervención del actuario en incumbencias que le son propias), que estimo prudente, una vez más, exhortar a los jueces integrantes del órgano de grado que deben velar por el cabal cumplimiento de las normas procesales a fin de propender a una eficaz administración de justicia (art. 15, Const. prov.).
II. En tales condiciones, corresponde declarar procedente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con los alcances establecidos en el punto IV del sufragio que inicia el acuerdo.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero a la propuesta decisoria formulada por el doctor Soria.
Solo he de agregar que, atento las observaciones formuladas por mi colega en el punto III.2. de su voto, y teniendo en cuenta las reiteradas irregularidades que esta Corte viene advirtiendo en diferentes causas del Tribunal de Trabajo de Junín (a saber: L. 120.274, "Calderón", resol. de 8-III-2017; L. 120.955, "Biset", resol. de 31-V-2017; L. 121.043, "Figueroa", resol. de 27-XII-2017; L. 119.312, "Ponce", L. 119.635, "Milla" y L. 119.305, "Díaz", sents. de 11-IV-2018, por citar solo algunas), considero necesario e impostergable exhortar a los señores magistrados a cargo del tribunal de trabajo actuante conforme la propuesta de mi colega doctor de Lázzari y recomendarles el dedicado apego a la letra y espíritu de las disposiciones fundamentales para su eficaz desempeño.
II. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance indicado por el ponente en el punto IV de su opinión.
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria, con los alcances dados por el doctor de Lázzari en el suyo (causa L. 120.306, "Roncatti", sent. de 26-V-2020).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca el pronunciamiento impugnado en cuanto declaró la caducidad de la instancia. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que prosiga el trámite según su estado.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención a la forma en que se resuelve la contienda (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Finalmente, por mayoría, se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que en el dictado del pronunciamiento se ajusten a las exigencias legales y constitucionales.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2020 11:53:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 15:48:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 16:40:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2020 18:44:39 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2020 14:51:28 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2020 10:57:47 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia