Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121936
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.936, "Ilzarbe, Diego Ariel contra Servicios Integrados Bahía Blanca S.A. y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Genoud, de Lázzari , Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 339/356 vta.).
Se dedujo, por la codemandada Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A y G., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 368/382 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen admitió la demanda promovida por Diego Ariel Ilzarbe y condenó solidariamente a Servicios Integrados Bahía Blanca S.A. y Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A y G. al pago de la suma que estableció en concepto de haberes adeudados (once días correspondientes al mes de marzo de 2015), vacaciones y sueldo anual complementario proporcionales por el período 2015, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; y la sanción conminatoria mensual contemplada en el art. 132 bis de la misma ley sustantiva laboral (v. fs. 339/356 vta.).
Para así decidir, juzgó acreditado que desde el día 1 de febrero de 2012 el accionante trabajó para Servicios Integrados Bahía Blanca S.A. cumpliendo tareas como personal de limpieza exclusivamente en la planta de la empresa Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G., quien tenía contratada la prestación del evocado servicio con la codemandada. Asimismo, que el vínculo se extinguió el día 11 de marzo de 2015 por decisión de la firma empleadora que, a la postre, declaró no justificada (v. vered., fs. 340/341).
En ese marco, consideró que las tareas de limpieza desempeñadas por el actor en la sede de la mencionada cervecería resultaban al menos secundarias o accesorias a la actividad principal de esta, encontrándose permanentemente integradas al establecimiento y con las cuales se perseguía el logro de los fines empresariales. También que la coaccionada no acreditó con la prueba ofrecida (testimonial) que hubiera controlado el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte de su contratista Servicios Integrados Bahía Blanca S.A. (v. vered., fs. 342 vta./344 y sent., fs. 349 vta./351 vta.).
Sobre tal base, habida cuenta que la extinción de la relación laboral resultó injustificada, y tras tener por verificados los recaudos impuestos en los arts. 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el tribunal declaró procedentes los rubros salariales e indemnizatorios ya indicados (v. sent., fs. 347/349 vta.).
Luego, con sustento en lo dispuesto por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, condenó solidariamente a ambas codemandadas por el pago de los créditos reconocidos al actor, con la sola excepción de la entrega efectiva de los certificados estatuidos en el art. 80 de la ley antes citada por tratarse de una obligación personal del empleador (v. sent., fs. 349 vta./356 vta.).
II. La codemandada Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A y G. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 31, 33, 36, 75 incs. 12 y 22, 99 y 108 de la Constitución nacional; 1.1, 8, 21, 24, 25 y 29 apartado "a" del Pacto de San José de Costa Rica; 10, 11, 15, 25, 31, 39 incs. 1 y 3 y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 30, 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que cita (v. fs. 368/382 vta.).
II.1. En primer lugar, dirige su embate a censurar la conclusión de grado que tuvo por configurado el supuesto previsto en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sostiene que esta decisión resulta absurda, dogmática, irrazonable y contraria a la doctrina legal que cita.
Desarrolla los argumentos por lo que considera que las tareas de limpieza cumplidas por el accionante de ningún modo pueden encuadrarse en la actividad propia, normal y específica del establecimiento codemandado. Señala que dichas labores resultan totalmente ajenas al proceso productivo de la firma, cual es: la fabricación de malta para la elaboración de cerveza.
Refiere que para el caso de que se entendiera que su parte se encuentra alcanzada por las disposiciones del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, quedó demostrado en autos que -contrariamente a los sostenido en el fallo- ha cumplido con el deber de control impuesto en la referida norma. Ello, toda vez que -prosigue- según consta en el acta de fs. 336, la encargada de relaciones laborales de la empresa declaró que se controlaban "los recibos de sueldo, los formularios de cargas sociales, pago de aportes sindicales y nómina de ART" (fs. 375 vta.).
Denuncia además que nada dijo el accionante respecto al cumplimiento por su parte del evocado control, por lo que en el caso resulta vulnerado el principio de congruencia (v. fs. 370/376 vta.).
II.2. Se agravia de la condena al pago de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Aduce que la intimación realizada por el accionante a su empleador para que "en los términos del art. 132 bis LCT procedan a depositar lo oportunamente retenido con los correspondientes intereses" (carta documento, fs. 10), no reúne los recaudos exigidos en el art. 1 del decreto 146/01, en tanto no indica cuales serían los aportes ni los períodos en los que supuestamente se habría omitido el ingreso retenido.
Sostiene que tampoco la actora produjo prueba que acredite la falta de ingreso de los aportes retenidos (oficio AFIP), por lo que no puede admitirse el progreso de la multa prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Aduna que no pudo el juzgador sustentar la decisión en una presunción, dado el carácter restrictivo que debe primar en la interpretación de dicha norma (v. fs. 376 vta./379).
II.3. Se agravia de la extensión a su parte de la responsabilidad por el pago de las sanciones previstas en los arts. 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Manifiesta que la multa contenida en el citado art. 80 encuentra su fundamento en la falta de cumplimiento de una obligación del empleador que en modo alguno puede realizar el responsable solidario. Entiende entonces que su parte no puede ser condenada a abonar una multa por el incumplimiento de una obligación de carácter personal de la codemandada.
En igual sentido, reprocha que se le extendiera la condena por el pago de la sanción conminatoria mensual del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, dado que también en este supuesto le resulta imposible a la cervecería codemandada cumplir con el pago de los aportes y las contribuciones de un trabajador que pertenece a otra empresa. Solicita que se revoque la decisión, la extensión de la responsabilidad a su respecto o se morigere la extensión de la imposición de la sanción al momento del dictado de la sentencia (v. fs. 379/381).
II.4. Finalmente, y para el supuesto de que esta Suprema Corte acogiera el recurso deducido, peticiona que se modifique la imposición de costas con arreglo a la nueva sentencia a dictarse (v. fs. 381).
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde efectuar, en primer lugar, una consideración respecto de la concurrencia de los requisitos de admisibilidad.
Es menester destacar que en atención a que los cuestionamientos traídos por la recurrente versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), se constata que una de ellas -la vinculada a la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta de valor indeterminado (causas L. 117.450, "Etchegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 119.769, "Corbari", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.919, "Cabrera", sent. de 12-II-2020 y L.122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020). En cambio, las restantes no superan el umbral para la admisibilidad del recurso vigente a la fecha de su interposición (conf. art. 278, CPCC -texto según ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010- y Ac 3986/18 de esta Suprema Corte).
Como he hecho referencia, entre otras, en las causas L. 97.982, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011); L. 108.498, "C., B. D. " (sent. de 22-V-2013) y L. 111.996, "Centurión" (sent. de 4-XII-2013), a fin de examinar la concurrencia de tal requerimiento, entendí necesario el análisis de la normativa vigente y así determinar si resultan pasibles de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de recurso en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos.
La decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y sus modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), analizaré las impugnaciones referidas en el punto anterior -ante la ya indicada insuficiencia de la cuantía- en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causa L. 122.013, cit.; e.o.).
Consecuentemente, la función revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015; L. 118.332, "Messina", sent, de 29-XI-2017 y L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019).
III.2. Bajo tales premisas, el agravio inicial que exhibe el embate debe declararse inadmisible, en tanto se vincula a típicas cuestiones de hecho y prueba, las cuales se hallan excluidas de la acotada vía de revisión por la que transita este aspecto del recurso (causas L. 98.131, "Izaguirre", sent. de 25-IV-2012; L. 110.732, "Bustos", sent. de 1-VII-2015; L. 119.619, "Pastene", sent. de 15-VIII-2018 y L. 120.016, "Mozzi", sent. de 14-VIII-2019).
En esa línea se adscriben los planteos relativos a la existencia -o no- de los presupuestos fácticos determinantes de la solidaridad establecida en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, o los agravios relacionados con el eventual vicio de absurdo en el que pudo haber incurrido el juzgador de grado al apreciar la prueba (causas L. 102.656, "Bravo", sent. de 25-VIII-2010; L. 104.706, "Almada", sent. de 18-IV-2012; L. 116.857, "P., R. A.", sent. de 27-VIII-2014; L. 119.378, "Sarmiento", sent. de 5-VII-2017 y L. 120.774, "Mansilla", sent. de 4-IX-2019).
Luego, con relación a la denunciada violación del principio de congruencia he de señalar que, aun cuando participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), en el presente caso la recurrente no se ocupa de evidenciar que los precedentes que invoca resulten aptos a los efectos de habilitar la evocada vía de excepción o que guarden identidad alguna con las circunstancias debatidas en la presente.
Por lo demás, cabe recordar que la doctrina autoral y la jurisprudencia emanada de otros tribunales no constituye la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 119.599, "Silveira Ros", sent. de 11-IV-2018 y L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019).
III.3. Sin perjuicio de otras consideraciones que podrían formularse, en el estrecho carril en el que transita el recurso, tampoco es atendible el agravio dirigido a objetar la extensión de la condena a su parte por el pago de la multa contenida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Ello pues, el despliegue argumental de la recurrente prescinde de toda denuncia tendiente a demostrar el quebrantamiento de la doctrina legal alguna de esta Corte. En tales condiciones, el examen propuesto por el agraviado resulta extraño al ámbito de la casación por la vía que transita el recurso (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016; e.o.).
III.4. En cambio, y conforme lo señalé en el inicio, ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación vinculada al restante agravio traído, pues, tal como lo ha expresado esta Corte el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, circunstancia que torna el litigio, a los fines del recurso, de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653).
III.4.a. En la especie, con apoyo en los recibos de haberes obrantes en la causa (v. fs. 18/64), que fueran reconocidos por la empleadora (v. auto apertura a prueba, fs. 218/221, actuales 219/222 luego de la refoliatura) y el informe pericial contable (v. fs. 266/279, ahora 267/280), el tribunal de grado tuvo por acreditada la retención al dependiente de aportes y contribuciones con destino al sistema previsional; en cambio, juzgó que ninguna prueba se produjo a fin de evidenciar que las sumas efectivamente retenidas hubieran sido ingresadas a los organismos correspondientes (v. vered., fs. 341 vta. y 342).
Por ello, tras considerar que la empleadora había sido fehacientemente intimada al cumplimiento de la referida obligación por el trabajador conforme lo dispuesto por el decreto 146/01 (v. misiva de fs. 10), el sentenciante juzgó configurados en el caso los presupuestos establecidos en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y declaró el progreso de la sanción contenida en la norma (v. sent., fs. 348 vta./349 vta.).
La decisión antes descripta no es desvirtuada.
III.4.b. Inicialmente, habré de evaluar lo alegado por la interesada en cuanto a que la intimación efectuada por el actor no abastece los recaudos contenidos en el art. 1 del decreto 146/01.
El citado precepto normativo establece que, para la procedencia de la sanción conminatoria mensual en favor del trabajador, este "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores...".
En ese marco, no demuestra la recurrente que el alcance conferido por el sentenciante al requerimiento efectuado por el trabajador en el telegrama obrante a fs. 10, a partir del cual consideró cumplida la carga impuesta por el decreto 146/01, provenga de una absurda interpretación del contenido del referido instrumento, ni tampoco de la incorrecta exégesis del texto del art. 1 del citado reglamento.
III.4.c. Aclarado ello, cabe recordar que determinar -con arreglo a la prueba producida en la causa- si se verifican los requisitos a los que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo y las conclusiones que al respecto se formulen en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no son susceptibles de revisión ante esta Corte salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 116.633, "De Luca", sent. de 18-IX-2012; L. 119.786, "Gómez Jiménez", sent. de 27-VI-2018; e.o.).
Como quedó dicho, teniendo en cuenta las posiciones asumidas por las partes y los elementos de juicio adquiridos en el proceso (recibos de haberes y pericia contable), y ante la ausencia de producción de la prueba informativa ofrecida por la empresa empleadora (v. fs. 208 y vta.) y ordenada por el juzgador a fs. 222, el tribunal de grado tuvo por configurado el supuesto contemplado en la norma antes citada y declaró el progreso de la sanción allí prevista.
Ante esta decisión, es dable señalar que las manifestaciones que formula la compareciente no alcanzan para evidenciar que el juzgador hubiese incurrido en una errónea atribución de la carga probatoria o en una burda ponderación de las constancias de la causa.
En rigor, la recurrente se limita a contraponer su mera disconformidad con la decisión alcanzada en el pronunciamiento, sin concretar una réplica idónea susceptible de modificar lo resuelto. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las motivaciones del fallo (causas L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016; L. 120.443, "Mascotena", sent. de 6-XI-2019 y L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020).
Con todo, más allá que la solución adoptada pueda resultar opinable o discutible, lo expuesto por la recurrente no alcanza para evidenciar la absurdidad del pronunciamiento. Es sabido que no cualquier equívoco o disentimiento se exhibe idóneo a tales fines, pues es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 89.665, "Rodríguez Pimienta", sent. de 13-VII-2011; L. 117.774, "Lavandera", sent. de 6-IX-2017 y L. 121.087, "López", sent. de 14-VIII-2019), extremo que, en el caso, no logra acreditarse.
III.4.d. Por último, el embate dirigido a impugnar la extensión de la condena por el pago de la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y, en subsidio, a obtener una morigeración del alcance de la extensión, resulta inatendible.
La recurrente postula que no pudo el tribunal extenderle la responsabilidad por las consecuencias derivadas del incumplimiento de una obligación del empleador que su parte no puede satisfacer.
Tal planteo luce novedoso y, por tanto, improcedente para habilitar la vía recursiva.
En efecto, además de no hacerse cargo de que la extensión de la condena a su parte tuvo sustento en lo dispuesto por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, la codemandada intenta introducir ahora -tardíamente- una defensa no opuesta en la oportunidad procesal pertinente (v. contestación demanda, fs. 114/132).
Lo antes señalado evidencia la improcedencia del planteo que porta este tramo del recurso, pues tiene dicho esta Corte que las argumentaciones que conforman una defensa novedosa, por no haber sido some
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