Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120538
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.538, "Medina, Sandra Soledad contra Cencosud S.A. Enfermedad accidente", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Pettigiani, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 236/264 vta.).
Se dedujeron, por la parte actora y Provincia ART S.A., sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 290/298 vta. y 300/311 vta., respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 290/298 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar con relación al de fs. 300/311 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Sandra Soledad Medina y condenó a Cencosud S.A. y a Provincia ART S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización por la incapacidad derivada de la afección que padece a causa del maltrato y hostigamiento recibido por parte del personal jerárquico de la empresa empleadora. Dispuso, a su vez, que el capital de condena devengaría intereses calculados, desde la fecha de toma de conocimiento de la minusvalía (abril de 2013) hasta su efectivo pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación.
Con sustento en la experticia médica y las respuestas dadas por el perito a las sucesivas impugnaciones, el a quo juzgó acreditado que la actora padece una "reacción vivencial anormal depresiva con manifestación de angustia de grado III y evolución crónica" que le genera una incapacidad parcial y permanente del 25,6% del índice de la total obrera; guardando sólo un 20% de ese porcentaje vinculación causal con el maltrato sufrido por la trabajadora en el marco del vínculo laboral, por ello determinó que la minusvalía indemnizable era de un 5,12% del índice de la total obrera (v. fs. 239 vta./241).
Respecto de la fecha en que la trabajadora tomó conocimiento de la minusvalía, el órgano de grado la estableció al momento en el cual aquella fue anoticiada de la pericia psiquiátrica producida en los autos "Medina, Sandra Soledad c/ Cencosud S.A. s/ despido", el día 12 de abril de 2013 (v. vered., fs. 241 y vta.).
Sobre tal base fáctica, el sentenciante analizó la pretensión resarcitoria fundada en normas del derecho común, en ese cometido, verificada la concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad civil subjetiva del empleador, calculó la reparación por los daños y perjuicios padecidos en la suma de $132.944,45 (v. fs. 252 vta./253 vta.; 256/257 vta.).
Seguidamente, entendió que no correspondía tratar el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 en tanto dicha norma había sido derogada por la ley 26.773, la cual, atento "la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad" resultaba aplicable al caso (v. sent., fs. 258).
Al determinar el importe de la prestación dineraria contemplada en la Ley de Riesgos del Trabajo, por aplicación del "piso indemnizatorio" establecido en la resolución 1/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, fijó su quantum en la cifra de $48.287,70, que por aplicación del art. 3 de la ley 26.773 aumentó al monto de $57.945,25 (v. sent., fs. 258 vta.).
En consecuencia, condenó a la aseguradora a abonarle a la actora el importe señalado en el párrafo anterior; y al empleador el "remanente" de $74.999,20 (v. sent., fs. 258 y vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación del principio de congruencia y de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 243 de la Ley de Contrato de Trabajo; 902, 903, 904 y 1.074 del Código Civil; 9 y 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que identifica.
Se agravia del porcentaje de incapacidad determinado por el sentenciante de grado.
Afirma que el tribunal incurrió en absurdo al establecer que la actora padecía una incapacidad psíquica del 5,12% del índice de la total obrera en relación causal con el maltrato sufrido, haciendo una apreciación parcializada y apartándose de sus conclusiones sin argumentos científicos.
Manifiesta que en la causa "Medina, Sandra Soledad c/ Cencosud S.A. s/ Despido", n° 11.346 (tramitada en el mismo tribunal) el perito estableció idéntica incapacidad (25,6%), la que -alega- atribuyó exclusivamente al hostigamiento laboral sufrido por la trabajadora, y que por ello, lo juzgado en la especie luce incongruente con dicho dictamen.
III. El recurso no prospera.
III.1. En la pericia psiquiátrica obrante en autos se fijó el porcentaje de minusvalía parcial y permanente en un 25,6% del índice de la total obrera, incluidos los factores de ponderación, estableciendo que la accionante padece de una "reacción vivencial anormal depresiva con manifestación de angustia de grado III y evolución crónica", también se expresó allí que dicho trastorno integra el grupo de patologías que reconocen como factor etiogénico el "mobbing" (v. fs. 166/170).
Explicó el perito, que para que haya acoso laboral debe -en principio- existir continuidad, es decir, no se trata de un maltrato ocasional, sino "...que puede desarrollarse durante seis meses, uno o dos años". Asimismo, manifestó que para la aplicación de los criterios temporales se debe ser bastante flexible, teniendo en cuenta las circunstancias y todos los factores personales de vulnerabilidad de quien es acosado; añadiendo que, en el caso, desconocía las condiciones en que la accionante desarrollaba sus tareas laborales (v. fs. 169/170).
Por su parte, el tribunal de grado, en el veredicto, tras analizar las pruebas testimonial y confesional, y las constancias obrantes en el expediente "Medina, Sandra Soledad c/ Cencosud S.A. s/ Despido", juzgó acreditado que -entre los meses de julio y agosto de 2010- la trabajadora padeció acoso laboral por parte de su supervisora (v. vered., fs. 237 vta./239 vta.). Además, expresó que la prueba pericial (dictamen y contestaciones efectuadas por el experto a las impugnaciones formuladas por la aseguradora) se encontraba científicamente fundada, dando por reproducidas sus consideraciones y conclusiones médico legales (v. vered., fs. 239 vta./241).
Finalmente, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción intentada, el período en el cual había quedado acreditado el hostigamiento padecido por la trabajadora y la "flexibilidad" a la que aludió el perito médico para aplicar los criterios temporales, el a quo sostuvo que sólo el 20% del porcentaje total de incapacidad correspondía al maltrato laboral, y que el resto "...se debió a otros factores, extralaborales e incluso quizá laborales pero no reclamados según se desprende de los términos de la demanda" (fs. 241).
III.2. Tiene dicho esta Corte que establecer la existencia de relación causal -o concausal- entre la dolencia y el trabajo, y en su caso fijar el porcentaje de incapacidad que padece el dependiente, así como determinar la eventual procedencia de la acción de daños y perjuicios y su reparación constituyen típicas cuestiones de hecho inabordables, en principio, en sede extraordinaria, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 112.692, "B., N. N.", sent. de 25-IX-2013 y L. 117.599, "Escobar", sent. de 27-V-2015), yerro que el recurrente no logra acreditar.
La crítica se limita a enunciar un criterio valorativo discordante con el de los jueces intervinientes, en una estructura de razonamiento que traduce el mero intento de disputarle al juzgador el uso de facultades que por regla le son privativas, técnica reiteradamente calificada como inhábil para evidenciar el vicio de absurdo (causas L. 104.602, "Breda", sent. de 29-II-2012; L. 112.532, "Sánchez", sent. de 3-VII-2013 y L. 111.695, "Villanueva", sent. de 8-IV-2015).
Corresponde destacar una vez más que aun cuando el análisis efectuado por el tribunal sobre lo fáctico pueda resultar opinable o discutible, esa sola circunstancia no es suficiente para tener por demostrada aquella anomalía, pues lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento. Antes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 107.435, "Obreque", sent. de 11-VII-2012; L. 104.779, "C., S. S.", sent. de 30-X-2013; L. 116.496, "Q., C. S.", sent. de 25-II-2015 y L. 118.241, "Tarelli", sent. de 15-VI-2016), tales extremos -cabe reiterar- no son evidenciados por el impugnante.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Genoud , Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley Provincia ART S.A. denuncia violación del principio de congruencia y de los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 3 del Código Civil velezano; 7 del Código Civil y Comercial de la Nación; 18 de la Constitución nacional; 4 de la ley 25.561; la ley 26.773; resoluciones 1/16 y 34/13 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; decreto 472/14; y de la doctrina legal que cita (v. fs. 300/311 vta.).
Plantea los siguientes agravios:
I.1. Manifiesta que la parte actora en ningún momento solicitó la aplicación de las leyes 24.557 y 26.773, por lo que el tribunal de grado falló de manera extra petita , vulnerando el derecho de defensa en juicio y el principio de congruencia (v. fs. 305 vta./306 vta.).
I.2. Cuestiona la fecha determinada por el a quo para justificar la aplicación al caso de la ley 26.773.
Sostiene que el sentenciante debió considerar el momento de "ocurrencia de los hechos sufridos por la trabajadora"; argumenta que aplicar el mecanismo de ajuste contemplado en una normativa que no se encontraba vigente en esa época (art. 17 apdo. 6, ley 26.773), no sólo transgrede el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 3 del Código Civil, sino además sus derechos constitucionales de defensa en juicio, igualdad de las partes y debido proceso.
A partir de ello, alega -además- que lo resuelto se aparta de la doctrina establecida por esta Suprema Corte en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
I.3. Por otro lado, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la citada resolución 1/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Sostiene, nuevamente con apoyo en la doctrina que emerge de "Staroni", que el infortunio que originó la incapacidad de la actora (o como sucede en autos, la toma de conocimiento de la invalidez) acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia del referido dispositivo, correspondiendo realizar el cálculo conforme la resolución 34/13 de la citada cartera.
I.4. Finalmente, objeta la forma en que el tribunal calculó los intereses moratorios.
Señala que los computó desde la fecha de toma de conocimiento de la invalidez y sobre la base del monto de capital con inclusión de la suma en concepto de índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), por lo que -afirma- la decisión viola el art. 4 de la ley 25.561 e incurre en una doble actualización de valores.
II. El recurso admite una procedencia parcial.
II.1. En primer lugar, es dable advertir que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010). Entonces, la admisibilidad del recurso deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
II.2. En dicho marco, el agravio vinculado con la transgresión del principio de congruencia resulta inadmisible.
Sin perjuicio que el recurso carece de toda denuncia en este aspecto, ha declarado esta Corte que la invocación de doctrinas referidas al indicado principio procesal no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, toda vez que constituye una cuestión ajena a las mentadas normas sustanciales (causas L. 104.795, "Brega", sent. de 21-XII-2011; L. 98.699, "Juárez", sent. de 21-XII-2011; L. 82.926, "Nieva", sent. de 13-VII-2011 y L. 87.212, "Antonucci", sent. de 16-IV-2008).
II.3. En lo concerniente a los restantes planteos referidos a la aplicación de la ley 26.773 corresponde señalar lo siguiente.
II.3.a. La recurrente sostiene que el tribunal de grado se equivocó al considerar la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad para justificar el marco normativo aplicable, cuando -sostiene- lo correcto era atender al momento de ocurrencia de los hechos denunciados.
En el excepcional marco de revisión contemplado en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la crítica tampoco resulta atendible, toda vez que la impugnante no ha denunciado en este concreto aspecto la violación de doctrina legal alguna (causas L. 100.582, "Rimoli", sent. de 30-XI-2011 y L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012).
II.3.b. A tenor de las consideraciones que anteceden, no habiendo la recurrente logrado conmover la fecha determinada en el fallo para aplicar las normas que le dan sustento, cabe desestimar el agravio fundado en la errónea aplicación de la ley 26.773, pues no evidencia la impugnante la transgresión que denuncia con apoyo en el citado precedente L. 118.695.
II.4. En cambio, debe prosperar el cuestionamiento focalizado en la aplicación retroactiva de la resolución 1/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en tanto el tribunal ha vulnerado la doctrina citada por el recurrente.
Corresponde aplicar el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el índice publicado semestralmente por la Secretaría de la Seguridad Social en el contexto definido por la doctrina legal que emerge del mentado precedente L. 118.695 y reiterada en la causa L. 119.011, "Tarducci" (sent. de 14-XII-2016) y L. 117.417, "Maidana" (sent. de 31-X-2016) en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación, siendo en el caso, la resolución 34/13 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a tenor de otras consideraciones plasmadas en el pronunciamiento que permanecen incólumes conforme se señaló en párrafos anteriores.
En consecuencia, cabe revocar la sentencia en este aspecto.
II.5. Luego, por las mismas consideraciones expuestas en el segundo párrafo del punto II.3.a. del presente sufragio, el agravio referido al momento a partir del cual el a quo dispuso aplicar intereses también debe ser rechazado.
II.6. Finalmente, y ante la petición formulada a fs. 302 in fine y vta., se hace necesario puntualizar que la anulación de oficio de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte, sin que le corresponda a las partes el derecho de propiciar su ejercicio (causas L. 114.449, "López", sent. de 27-XI-2013; L. 116.797, "Heredia", sent. de 23-X-2013; L. 96.241, "Montoya", sent. de 9-V-2012 y L. 105.176, "Bravo", sent. de 29-II-2012).
III. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en la resolución 1/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que practique una nueva liquidación de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al modo en que se resuelve el recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. En primer lugar, adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos II.1., II.2., II.3.a. y II.6., de su voto.
I.2. A la vez, quedando firme la fecha determinada en el fallo para aplicar la ley 26.773 (abril 2013), suscribo las consideraciones formuladas en su punto II.3.b.
I.3. Luego, también coincido con lo manifestado por el colega ponente en el punto II.4., de su voto en cuanto debe prosperar la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la resolución 1/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en tanto el tribunal ha vulnerado la doctrina citada por la recurrente.
I.4. Respecto de la tasa de interés (pasiva digital) fijada por el tribunal de grado sobre los rubros de condena, habré de realizar las siguientes consideraciones.
I.4.a. Inicialmente, considero necesario subrayar que la doctrina de esta Suprema Corte (sostenida en pronunciamientos como el de las causas Ac. 85.796, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 11-VIII-2004 y C. 99.066, "Blanco de Vicente", sent. de 11-V-2011) ha sido usar la tasa pura siempre y cuando el monto de la condena hubiera sido reajustado por el juzgador, aplicando para ello alguno de los índices de actualización publicado por organismos especializados. En estos casos, a fin de evitar el doble cómputo de la depreciación, los intereses se establecían por dicho período a la tasa del 6% anual.
Sin embargo, en el presente caso el importe indemnizatorio previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, alcanza la suma de $32.574,75 ($4.801,70 x 53 x 5,12% x 2,5; v. sent., fs. 258 vta.) superando el piso de $21.347,48 ($416.943 x 5,12%), al que se llega aplicando la resolución 34/13 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, vigente al momento del accidente. En la especie, entonces, no corresponde ninguna forma de ajuste o actualización y, consecuentemente, no resulta aplicable aquella solución.
I.4.b. En dicho contexto, adhiero a lo manifestado en el punto II.5. del voto que abre el acuerdo.
II. Por lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III del sufragio inaugural.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segu
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