Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121412
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.412, "Peiró Aparisi, Silvina Victoria contra REJ S.R.L. y otro. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 507/515 vta.).
Se interpusieron, por la actora, recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 546/556) e inaplicabilidad de ley (v. fs. 557/577 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 632/633 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Silvina Victoria Peiró Aparisi, condenando a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de diferencias en concepto de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba que se condenara a dicha aseguradora de riesgos del trabajo y a REJ S.R.L. al pago de la reparación integral de la enfermedad profesional denunciada (v. sent., fs. 507/515 vta.).
En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de esta litis, el tribunal interviniente juzgó no acreditados en autos presupuestos de atribución de responsabilidad civil, tanto en su vertiente objetiva como subjetiva (v. vered. cuestiones sexta y séptima, fs. 509/510 y sent., fs. 512 y 514).
II. Contra este último aspecto del pronunciamiento se alza la actora con recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 546/556 y 557/577 vta., respectivamente).
En apoyo de la primera vía de impugnación citada invoca la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 546/556).
Afirma que el sentenciante omitió brindar tratamiento a cuatro cuestiones que resultaban esenciales para la resolución de la causa.
En ese orden, señala que no resolvió sobre la responsabilidad civil que le fuera endilgada a la empleadora con sustento en la transgresión del deber de seguridad por incumplir con el necesario diseño ergonómico del puesto de trabajo, no capacitar al trabajador, ni brindarle indicación alguna en materia de prevención (v. fs. 553 y vta.); así como tampoco, respecto de los daños en la salud de la dependiente a consecuencia de prestar éstas tareas que se identificaban con el concepto de cosa riesgosa al que hace alusión el art. 1.113 del Código Civil (ley 340; v. fs. 553 vta./585).
Por otro lado, sostiene que también omitió toda consideración respecto de la responsabilidad civil de la aseguradora de riesgos del trabajo según el esquema delineado por el art. 1.074 del citado ordenamiento (v. fs. 555 y vta.).
Finalmente, asegura que tampoco se pronunció sobre el planteo de inconstitucionalidad de diversas normas de la Ley de Riesgos del Trabajo formulado en su escrito de promoción de la demanda.
III. El recurso no prospera.
III.1. Como lo señala el señor Procurador General en su dictamen (v. fs. 632/633 vta.), las cuestiones que se denuncian omitidas y que se vinculan con los presupuestos condicionantes de la responsabilidad civil subjetiva y objetiva de la empleadora (arts. 1.109 y 1.113, Cód. de Vélez Sarsfield); como así también respecto de aquella atribuida a la aseguradora de riesgos del trabajo por incumplimiento de los deberes de prevención y control (art. 1.074, Cód. cit.); han sido expresamente tratadas por el tribunal de grado.
III.1.a. Así, respecto de REJ S.R.L., señaló el juzgador al responder al interrogante planteado en la sexta cuestión del veredicto, que no se había logrado demostrar en autos que el daño padecido por la reclamante hubiera sido provocado por el riesgo o vicio de alguna cosa de propiedad de la empleadora, ni que obedeciera a un obrar negligente o culposo de ésta (v. fs. 509).
Explicó que no podía dejar de destacarse que, de conformidad con las declaraciones efectuadas en ocasión de celebrarse la audiencia de vista de la causa, las tareas descriptas por los testigos distaban bastante del relato contenido al respecto en el escrito introductorio de la instancia y que, en su imputación, no describió la promotora del pleito el riesgo o vicio de cosa alguna o de las labores que en relación causal o concausal hubieran sido susceptibles de ocasionar el daño que sufre, del mismo modo que no identificó los deberes que debió cumplir el principal cuya inobservancia resultara generadora de la minoración de su salud (v. fs. 509 vta.).
Luego, en relación a Federación Patronal Seguros S.A., indicó en la séptima cuestión del fallo de los hechos que no se probó -más allá de la genérica imputación que se le efectuara respecto de la inobservancia de las obligaciones impuestas por los arts. 1, 4 y 31 de la ley 24.557- que incumpliera con tales deberes en los términos del art. 1.074 del Código Civil (v. fs. 509 vta. y 510).
En la sentencia, expresó que de conformidad con las conclusiones establecidas en las cuestiones sexta y séptima del veredicto, no podían prosperar las pretensiones de reparación integral contra ambas codemandadas en los términos del derecho común por carecer de causa jurídica que las sustentara (v. fs. 514).
En tales condiciones, forzoso es concluir que la lectura de los argumentos que estructuran el fallo en crisis revela que los magistrados de origen se mostraron atentos a las pretensiones y defensas articuladas por las partes, brindando expreso tratamiento y resolución sobre las materias cuya omisión se denuncia.
En este sentido, tiene dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad es improcedente si las cuestiones que se denuncian como preteridas han sido examinadas y resueltas por el órgano jurisdiccional de origen, aunque en sentido adverso a las pretensiones de la recurrente, sin que importe a los fines del citado remedio procesal el acierto o mérito de la decisión (causas L. 111.216, "López", sent. de 18-IX-2013; L. 109.926, "Mouriño", sent. de 27-VIII-2014 y L. 118.182, "Posteraro", sent. de 21-X-2015).
III.1.b. En lo que concierne al agravio vinculado con la preterición de tratamiento del planteo de inconstitucionalidad de diversas normas de la ley 24.557, su rechazo también se impone, dado que el tema ha quedado desplazado por la solución a la que arribó el sentenciante.
En efecto, respecto de su art. 12, la actora argumentó que resultaba descalificable constitucionalmente porque para la determinación del valor mensual del ingreso base dicha norma no toma en cuenta el salario real según la categoría y el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable (v. dem., fs. 69 y vta.).
En el pronunciamiento, tras hacer referencia en los antecedentes al planteo constitucional de diversas normas de la ley 24.557 (v. fs. 511), el tribunal de grado expuso que para establecer el monto de la prestación dineraria correspondía atenerse a lo dispuesto por dicho dispositivo, ya que, con motivo de la medida para mejor proveer dictada a fs. 483, el perito contador había aclarado que a la actora sólo se le liquidaron conceptos remunerativos, por lo que el valor mensual del ingreso base ascendía en el caso a $969,39 (v. fs. 492 y vta.).
Con lo cual, al no encontrarse integrado el salario de la trabajadora con rubros de carácter no remunerativos, la cuestión constitucional planteada quedó -como lo anticipé- definitivamente desplazada.
Otro tanto cabe decir en respuesta a la tacha de inconstitucionalidad de los arts. 14 a 19 de la misma ley, pues, tal como lo pone de manifiesto el señor Procurador General a fs. 633 vta., la cuestión a la que hace alusión dicho articulado -en el marco del planteo introducido por la parte actora- refiere a prestaciones periódicas por incapacidad del trabajador, habiéndose dispuesto en la sentencia la condena a un pago único de la prestación dineraria debida a Peiró Aparisi.
Resulta, entonces, de aplicación en la especie la doctrina de este Tribunal que establece que el art. 168 de la Constitución provincial sanciona con la nulidad del fallo a aquellas omisiones incurridas por el juzgador por descuido o inadvertencia, más no cuando la materia aparece expresamente desplazada de consideración por las razones expuestas en la sentencia (causas L. 86.747, "Cha", sent. de 4-VII-2007; L. 110.976, "Ariza", sent. de 21-II-2013 y L. 117.236, "Casini", sent. de 29-IV-2015; e. o.).
III.1.c. Cabe agregar, teniendo en cuenta el modo como ha sido diseñada la crítica, que -en rigor- la compareciente le adjudica al tribunal de la instancia ordinaria la comisión de típicos errores de juzgamiento, los que, con arreglo a consolidada doctrina de esta Corte, constituyen materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 104.325, "Roldán", sent. de 22-VIII-2012; L. 117.273, "Delias", sent. de 24-IX-2014 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017).
III.2. Finalmente, y pese a la denuncia inicial, no se advierte el desarrollo de agravios vinculados a una eventual falta de fundamentación legal del pronunciamiento (art. 171, Const. prov.), siendo dable destacar -por lo demás- que en éste se exhibe suficientemente explicitado el sustento jurídico de la decisión cuestionada.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad traído; con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Soria y Pettigiani, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Contra el pronunciamiento del tribunal de trabajo también se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la transgresión de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 75 incs. 19, 22 y 23 de la Constitución nacional; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo de San Salvador; 1, 3, 10, 12, 15, 36 y 39 de la Constitución provincial; 9, 11, 17, 62, 63, 65, 75, 76 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que cita.
I.1. En primer lugar se agravia del porcentaje de incapacidad reconocido en el fallo de grado.
Refiere que en autos se produjeron los peritajes médico y psicológico, habiéndose fijado en el primero una incapacidad del 23,16% del índice de la total obrera, derivada del síndrome del túnel carpiano sufrido por la trabajadora; mientras que en el segundo se recomendó un tratamiento psicológico focalizado, breve, de aproximadamente seis meses de duración y a razón de una sesión semanal, no fijándose un grado de minusvalía incapacitante.
Explica que, ante la impugnación llevada a cabo respecto de la pericia médica, el experto concluyó que no coincidía con el otro informe pericial porque la actora en la actualidad no era portadora de ninguna patología de orden psicológico.
Frente a tal discrepancia de criterios, continúa, el tribunal no se expidió, ya que si bien en la quinta cuestión del veredicto sostuvo que "Corresponde asimismo hacer mérito del psico-diagnóstico que se agrega a fs. 400/404 y que fuera analizado por el perito médico a fs. 406/408", no valoró en modo alguno dicho informe y, mucho menos, la disparidad existente entre lo argumentado por la licenciada en psicología (quien posee la incumbencia específica en la materia) y lo dicho por el perito médico actuante, dejando por ende sin resolver este aspecto de la contienda.
En suma, afirma, el tribunal ha omitido considerar y resolver la cuestión, soslayando el análisis de elementos probatorios incorporados al expediente que resultaban útiles para modificar en favor de la actora la determinación del grado o porcentaje de incapacidad, incurriendo así en absurdo (v. fs. 567/568 vta.).
I.2. Por otra parte, denuncia que en autos se impone la anulación de oficio del veredicto y la sentencia, ya que la decisión plasmada por el tribunal de trabajo no es el resultado del necesario análisis de los planteos formulados por las partes.
Señala que dicho órgano jurisdiccional no ha comprendido la verdadera integración de la litis, ya que lo único que se encontraba en discusión -por haber reconocido la Comisión Médica en sede administrativa las tareas realizadas y su relación de causalidad con el daño ocasionado en la salud de la trabajadora- era la real dimensión de la incapacidad contraída y no el origen de la misma.
Alega que además de haber incurrido el juzgador en el yerro de considerar cuestiones de derecho en el veredicto, también se contradijo al tener por no probado el riesgo o vicio de las cosas que provocaron la minusvalía de la actora, ya que en la sexta cuestión del veredicto juzgó acreditado que manipulaba cosas peligrosas (utensilios de cocina) y que la tarea prestada era riesgosa por el uso intensivo de los brazos y las manos (v. fs. 568 vta./570).
I.3. Indica que resultó erróneo imputarle a la promotora del pleito no haber descripto los deberes que incumplió la empleadora para considerarla civilmente responsable, ya que no es carga de la víctima del hecho dañoso señalar puntual e inequívocamente cuales son las medidas concretas que el principal debió adoptar para evitar la comisión del perjuicio sufrido.
Insiste en sostener que en los términos del art. 1.113 del Código Civil (ley 340) quedó suficientemente configurado que las cosas riesgosas se vincularon con los elementos de cocina que la actora manipulaba diariamente y, respecto de la actividad peligrosa, ésta quedó identificada al describirse en el propio pronunciamiento el uso intensivo de brazos y manos en el cumplimiento de las tareas; todo ello en relación causal con el daño padecido.
Luego, afirma que el deber de seguridad se corresponde con una obligación de resultado, y que, por ende, representa una responsabilidad de carácter objetivo. Siendo ello así, explica, no es carga de la víctima de un infortunio o enfermedad del trabajo identificar las omisiones o incumplimientos en que incurrió la empleadora, sino que sólo le basta con probar la existencia del daño, el hecho del cual provino y la adecuada relación de causalidad, presupuestos todos acreditados en autos.
En este último aspecto, señala que resultan elocuentes las conclusiones plasmadas por el perito ingeniero en su informe, donde identificó los cuadros de riesgos, agentes causantes y medidas de control; como así también en cuanto consignó que la actora no recibió capacitación alguna ni se le realizaron exámenes médicos periódicos (v. fs. 570 vta./572 vta.).
I.4. Controvierte la definición de grado que rechazó la acción de reparación integral dirigida contra la aseguradora de riesgos del trabajo por incumplimiento de los deberes de prevención y control que la ley 24.557 pone a su cargo.
Aduce que, como lo expuso en el agravio anterior, la obligación de dicha entidad es de resultado. De allí que, continúa, al disponer la normativa que rige la materia que el deber impuesto es el de adoptar las medidas necesarias para prevenir eficazmente los daños derivados del trabajo, al producirseéstos surge inevitable la responsabilidad (objetiva) de reparar.
Cita nuevamente a la pericia técnica en apoyo de su postura, manifestando al respecto que con dicho medio de prueba quedó plenamente comprobado que Federación Patronal Seguros S.A. no desarrolló un modelo ergonómico del puesto de trabajo, no capacitó a la dependiente y no cumplimentó las tareas mínimas de prevención (v. fs. 572 vta./573 vta.).
I.5. Censura que el juzgador de origen no extendiera la responsabilidad a los socios administradores de la sociedad demandada.
Manifiesta que el razonamiento del sentenciante , afincado en la premisa de que "...la parte actora no ha producido prueba idónea que permita tener por probado que los integrantes y/o representantes de 'REJ S.R.L.' incurrieran en mal desempeño, conducción temeraria o cualquier otro incumplimiento al deber de diligencia legalmente impuesto...", además de resultar prematuro, constituye un aserto meramente dogmático, desprovisto de todo fundamento que no se condice con las constancias obrantes en la causa.
En tales términos, argumenta que los socios gerentes de la empleadora inobservaron las obligaciones que, en conjunto con la aseguradora de riesgos del trabajo, le adjudica el art. 4 de la ley 24.557, habiendo sido acreditados tales incumplimientos con la pericia técnica producida en la causa, así como el daño provocado en la salud de la trabajadora y su relación de causalidad con las tareas desempeñadas (v. fs. 573 vta./575).
I.6. Finalmente, objeta el monto determinado en la sentencia en concepto de prestaciones dinerarias a cuyo pago fuera condenada Federación Patronal Seguros S.A. en los límites de la tarifa prevista en el régimen especial de la ley 24.557.
Expone que la irrisoria suma establecida no constituye una adecuada reparación del perjuicio sufrido, por lo que en la especie cabe declarar la inconstitucionalidad del art. 15 de la Ley de Riesgos del Trabajo, reconocer la existencia, vigencia y aplicación del principio de progresividad y de justicia social y otorgar una solución similar a la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispusiera en los autos "Lucca de Hoz" a fin de que la indemnización resulte suficientemente resarcitoria (v. fs. 575 y vta.).
II. El recurso no prospera.
II.1. No merece favorable recepción el agravio dirigido a cuestionar el porcentaje de incapacidad atribuido a la actora.
II.1.a. Tiene dicho esta Corte que la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo, así como el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y ajenas a la casación, salvo que se demuestre absurdo en la labor axiológica de los magistrados (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 113.301, "O., V. A.", sent. de 3-VII-2013; L. 97.343, "Z., D. A.", sent. de 20-XI-2014 y L. 117.101, "Herrero", sent. de 9-IX-2015; e.o.).
Asimismo, es doctrina reiterada del Tribunal que la tarea de valorar los peritajes médicos y asignarle entidad convictiva, también constituye una cuestión fáctica exenta de censura en casación, excepto que se denuncie y verifique el vicio citado (causas L. 102.219, "G., E. M.", sent. de 29-VI-2011; L. 95.512, "Zabala", sent. de 21-XII-2011; L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013 y L. 118.733, "Merlo", sent. de 17-VIII-2016; e.o.).
Ahora bien, sabido es que para que proceda la casación de la sentencia con relación a cuestiones fácticas o probatorias, el absurdo no sólo debe ser invocado sino también cabalmente demostrado (causa L. 81.219, "Zupanc", sent. de 10-V-2006), lo que exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa, desde que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para considerarlo efectivamente evidenciado (causas L. 91.976, "Sartirana", sent. de 20-XII-2006; L. 94.964, "Schwedt", sent. de 5-XI-2008 y L. 94.693, "G., C. A.", sent. de 25-XI-2009; e. o.).
II.1.b. A partir de tales premisas, es posible anticipar que la crítica traída en el recurso no luce hábil par
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